Un grito desesperado

 

Luego de la segunda vuelta presidencial, el incremento de asesinatos al liderazgo social se disparó. Según estadísticas del Programa Somos Defensores, en lo corrido del año al menos 90 han sido asesinados. Es una cifra preocupante desde el punto de vista humano por el dolor que implica para sus familias, el impacto en sus comunidades y la desestructuración de sus organizaciones sociales.

 
Diana Sánchez
 
Directora Asociación MINGA, Coordinadora del Programa Somos Defensores
 
 

Ataques contra el liderazgo social colombiano

#NosEstánMatando es el grito angustiado que se escucha desde todos los rincones del país. Y no es para menos, luego de la segunda vuelta presidencial, el incremento de asesinatos al liderazgo social se disparó, y según las estadísticas del Programa Somos Defensores en lo corrido del año al menos 90 han sido asesinados. Es una cifra preocupante desde el punto de vista humano por el dolor que implica para sus familias, el impacto en sus comunidades y la desestructuración de sus organizaciones sociales. Pero también pone en cuestión la legitimidad del Estado colombiano frente a la calidad de la democracia colombiana. Aún más, pone en dificultades la ruta para alcanzar la paz.

Ad portas de terminar su segundo mandado el presidente Juan Manuel Santos, el mayor reconocimiento a su gestión, es sin duda, la búsqueda de la superación del conflicto armado, donde gastó su capital político; sin embargo, frente a la agresión sistemática contra el liderazgo social, el saldo está en rojo. De acuerdo a la tendencia de estos días, la cifra de asesinato a líderes y lideresas sociales, durante los dos periodos gubernamentales, puede alcanzar los 625 casos. Esto sin incluir las amenazas que abundan por la web y a pesar de la dificultad para contabilizarlas, en el mismo período al menos 2.500 panfletos amenazantes han circulado.

Ahora bien, esta tendencia creciente no es novedosa, durante los gobiernos anteriores la situación fue similar; sin embargo, los contextos eran distintos, así, mientras Álvaro Uribe legitimó la agresión contra los movimientos sociales y de DH con sus discursos estigmatizadores y políticas represivas, Juan Manuel Santos se caracterizó por su reconocimiento, legitimación e interlocución con ellos, además del contexto de diálogos de paz durante 8 años. Esto indica que la agresión contra estos activistas viene en una línea histórica, vale decir, es un asunto de Estado, de sistema, estructural. Por ello, centrar la política en protección física y material, sin dar un salto hacia las garantías y construcción de contextos favorables, para lo cual se deben remover actores y factores reales de poder que ven con incomodidad al liderazgo social, y no haya un cambio y depuración en el pensamiento de la institucionalidad estatal, las acciones emprendidas desde el gobierno nacional son menos que insuficientes ante la realidad.

Impunidad histórica

Colombia se caracteriza por tener unas élites económicas, políticas y sociales excluyentes y mezquinas que nunca han permitido cambios en las estructuras del Estado y la sociedad que pongan en dificultad sus privilegios. Eso lo han demostrado de diversas formas a lo largo de la historia, la llamada violencia de los 50, el Frente Nacional, el robo de las elecciones a Rojas Pinilla, la extrema represión en el periodo de Turbay Ayala, la guerra sucia en los sucesivos gobiernos, el paramilitarismo, las judicializaciones masivas, las ejecuciones extra judiciales, en fin. Ahora bien, todas esas estratagemas ejecutadas al límite de la violencia extrema, siempre fueron justificadas en razón del conflicto armado y de combatir al enemigo interno, valga decir, las guerrillas. Sin embargo, los movimientos sociales y derechos humanos, con gran esfuerzo, pero también con importantes resultados lograron demostrar que el establecimiento con dichas estrategias represivas, más allá de combatir a las insurgencias, lo que realmente buscaba era detener el ascenso y crecimiento de los sectores políticos alternativos a los partidos tradicionales, pues en ellos radican los gérmenes de los cambios y transformaciones políticas y económicas que tanto temen.

Hoy, en el marco del cierre del conflicto armado, y desaparecidas las Farc como guerrilla y el ELN sentado en una Mesa de Negociación con el Gobierno Nacional, se acabó la excusa para justificar dichos asesinatos. No obstante, para sorpresa de todos, este fenómeno tan deshonroso para Colombia, en lugar de disminuir ha crecido exponencialmente. Conclusión, más allá de las guerrillas, se evidencia que los movimientos sociales y populares y sus liderazgos, siempre han sido una Piedra en el zapato para los intereses económicos, políticos y de control territorial de poderes reales en las diferentes regiones del país.

Por tal razón, los defensores y defensora de DH no nos conformamos con los argumentos del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien afirma que a estos activistas los atacan principalmente las bandas asociadas al narcotráfico1, y que no existe sistematicidad alguna en tales asesinatos. A esto se suma que la Fiscalía, a pesar del universo tan grande de homicidios a líderes y lideresas sociales, sólo ha priorizado 178 casos desde el 2016, documentados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de los cuales argumenta tener esclarecidos un 50% con autores materiales identificados.

Reconociendo que al menos ahora investigan algunos casos, pues del 2015 para atrás todo es y seguirá siendo impunidad, es impresentable para una institución como la Fiscalía, con el musculo político, económico y orgánico que tiene, que no dé cuenta ni de autores intelectuales en los pocos casos esclarecidos y no asuma los miles de hechos de años anteriores. Esto sin duda pone al ente investigador en un lugar muy inferior frente a la dimensión del problema y deja serias dudas en relación con su verdadera vocación de romper con la impunidad histórica en casos de asesinatos contra defensores y defensoras de DH, y mucho más, pone en tela de juicio su genuino interés de contribuir con el desmantelamiento de los verdaderos y poderosos intereses detrás del fenómeno.

Razones más estructurales e históricas argumenta el ex ministro de agricultura y ex jefe de delegación de negociación del gobierno nacional, Juan Camilo Restrepo cuando expresa en un reciente trino:

Igualmente genera incertidumbre en los resultados de la Fiscalía, saber si los análisis de contexto que dicen realizar en las investigaciones, ponen a prueba todos los factores y actores que intervienen en los hechos, pues hasta el momento temas como despojo de tierras para la agroindustria y ganadería extensiva, intervenciones extractivistas de recursos naturales, luchas por el medio ambiente y megaproyectos –como el caso de Hidroituango y el Movimiento Ríos Vivos–, situaciones de corrupción, entre otros, no se evidencian, cuando son circunstancias evidentes en los territorios donde más crece el fenómeno.

Decir de paso, que el Fiscal General mira con desdén la situación del liderazgo social y cada vez que reacciona mediáticamente, lo hace más empujado por presión social nacional e internacional antes que responder a su voluntad y propensión democrática.

Estigmatización histórica

Al igual que otras agresiones, la estigmatización es una de las que más tiempo, trabajo y esfuerzo ha dedicado el movimiento de derechos humanos colombiano para lograr que el Estado y sus entes gubernamentales dejen de señalar y estigmatizar a las personas que defienden los derechos humanos. Y hoy día podemos afirmar que es mucho el terreno ganado en este sentido y los resultados se tornan evidentes, en relación a dejar de escuchar de altos funcionarios expresiones cuestionadoras de la idoneidad de los y las defensoras de DH. Tiempo ha pasado ya, por fortuna, en que teníamos que soportar al presidente de la República de entonces, Álvaro Uribe retumbar en los medios que éramos “áulicos de la guerrilla” o que teníamos una guerra jurídica contra las Fuerzas Militares, cuando nos referíamos al fenómeno de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo. Bueno, al menos esto desde el ente central y Bogotá, pues en los territorios, especialmente apartados aún se viven situaciones estigmatizantes explícitas.

Destacar que el presidente Santos marcó una nueva era frente al derecho y legitimidad de la labor del movimiento de DH, y el reconocimiento político como sujetos promotores de la democracia. Sin embargo, esto no es del todo cierto, si leemos con filigrana cada cierto tiempo las narrativas y afirmaciones de altos funcionarios que ponen en cuestión la validez de las razones por las cuales los líderes son asesinados, como la desafortunada mención de los líos de faldas hecha a finales del 2017 por el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, o las también afirmaciones del Fiscal Néstor Humberto Martínez al referirse a que detrás de los asesinatos a líderes no hay causas políticas; son mensajes preocupantes que esconden la naturalización o legitimación de tales crímenes contra estos activistas. Pero también el hecho de que las Fuerzas Militares hasta el momento se hayan negado a sacar o depurar de los listados de servicios de inteligencia los nombres de los defensores y defensoras de DH que históricamente han registrado ilegalmente, también es otro mal indicador.

En síntesis, si situaciones como estas no cambian, si el Estado en su conjunto no transforma su mirada y lectura del papel de los movimientos sociales y de DH, si la visión sospechosa de estos sectores que aún impera en el pensamiento institucional, si las élites privilegiadas no entienden que en Colombia, buscar los cambios y transformaciones son el sustento que legitima la democracia, y eso es lo que precisamente buscan estos sectores populares; difícilmente se pueden remover de los contextos territoriales, los factores que impiden las garantías para el ejercicio libre de defensa de los DH.

Por tanto, y a pesar de lo loable, pensar que, a través de decretos, directivas presidenciales y ministeriales, creación de comisiones de alto nivel y demás herramientas normativas, se puede proteger y garantizar la vida del sin número de líderes y lideresas sociales en el país, es pasarse de ingenuo, o seguir, como dice la canción de Silvio Rodríguez, en una jugarreta cruel.

1 Comunicado de Prensa, Los líderes sociales están siendo asesinados preponderantemente en los territorios donde operan ejércitos del narcotráfico, Fiscalía General de la Nación, Medellín (Antioquia), 6 de julio de 2018.

Edición 595 – Semana del 6 al 12 de julio de 2018
   
 
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