Contra el feminicidio…la Ley Rosa Elvira Cely

 

“Rosa Elvira expuso las múltiples formas de violencia a las que estaban expuestas las mujeres y para las cuales el legislador no tenía respuesta. Con el caso empezaron a haber voces en favor de una reforma legislativa, hablaban de pena de muerte, de cadena perpetua. Lo que hicimos fue leer ese llamado que hacía la ciudadanía, que quería acciones efectivas”, Isabel Agatón Santander.

 
Johana Villamil Avendaño – Trabajadora Social
 
Álvaro Ortiz R. – Comunicador Social
 
 

Hace seis años –mayo de 2012– un crimen sorprendió al país –aunque en honor a la verdad, a este país ya nada lo sorprende–, se trató del vil asesinato de Rosa Elvira Cely, una mujer que se ganaba la vida como vendedora ambulante y que en las noches se preparaba para sacar adelante su grado de bachiller. Rosa Elvira tenía 35 años y una hija de 12.

No vale la pena ya describir los escabrosos pormenores de los vejámenes a los que fue sometida Rosa Elvira y que han sido ampliamente conocidos y difundidos.

La muerte de Rosa Elvira desencadenó en una oleada de solidaridad y exigencia a las autoridades para que este crimen –como muchos otros– no quedara en la impunidad. Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de mujeres, promovieron marchas y plantones para manifestar su repudio y un rotundo “No más a las violencias contra las mujeres”.

Algo había que hacer. Y se hizo. Organizaciones, encabezadas por el Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho – Cisjusticia, y que ya venían estudiando el tema del feminicidio en Colombia, decidieron avanzar en un debate que –a pesar de las graves circunstancias– en el país no se había dado: reconocer que la violencia de género era un problema mucho mayor de lo que se había admitido.

“Rosa Elvira expuso las múltiples formas de violencia a las que estaban expuestas las mujeres y para las cuales el legislador no tenía respuesta. Con el caso empezaron a haber voces en favor de una reforma legislativa, hablaban de pena de muerte, de cadena perpetua. Lo que hicimos fue leer ese llamado que hacía la ciudadanía, que quería acciones efectivas”1, según Isabel Agatón Santander, directora de Cisjusticia y quien junto a Blanca Lilia González y Nidia Olaya, lograron estructurar el proyecto de ley que posteriormente –el 20 de julio de 2012–radicaran en el Congreso, justamente dos meses después de la muerte de Rosa Elvira. Proyecto que reconocía los asesinatos a mujeres, en ciertas condiciones, como violencia de género.

México, el país donde más mujeres morían de forma violenta, ya había reconocido el feminicidio como un tipo penal de asesinato desde el año 2007 mientras en Colombia se abordaban las primeras discusiones. Otros países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Chile, Perú y Nicaragua ya lo habían hecho entre los años 2007 y 2012.

Pese a los grandes esfuerzos de los colectivos feministas y de otras organizaciones que le apostaron al tema y de contar con el apoyo de la representante del MIRA Gloria Inés Díaz, y de otras congresistas como Ángela María Robledo y Angélica Lozano la iniciativa se hundió en el Congreso.

Así las cosas, el proyecto tuvo que ser presentado una vez más antes de que la Cámara y el Senado le dieran su visto bueno.

Finalmente, el 6 de julio de 2015 –luego de sortear varios obstáculos– nació la ley “por la cual se crea el tipo penal de feminicidio”, más conocida como la Ley Rosa Elvira Cely.

En su momento, Adriana Arandia, hermana de Rosa Elvira señaló: “Ha sido importante haber promovido la ley para generar conciencia en la sociedad y el aparato judicial. Se ha logrado visibilizar la violencia contra las mujeres, se ha logrado entender que es una problemática grande en nuestro país”.

Aportes del Estado a la Ley

Según la ley 1761 de 2015, o Ley “Rosa Elvira Cely” mediante la cual el Congreso decretó y dictó disposiciones desde hace 3 años en contra del feminicidio, hoy, sin lugar a dudas es un reconocimiento de Derechos y protección hacia las mujeres. Aún así, como complemento, desde el Estado se hicieron varias anotaciones. Aquí algunas de ellas:

- El Estado colombiano incorpora el feminicidio en el Código Penal Art 104A, el cual dicta medida de privación de la libertad al agresor desde los 20 años hasta los 41 años, restringiendo cualquier tipo de rebaja en la pena.

- Cuando las conductas violentas se cometan en niños o niñas menores de 14 años las penas se aumentarán al doble de la condena.

- Mediante la Defensoría del Pueblo se brindará la asistencia técnico legal a las mujeres victimas de violencia de género para lograr el acceso a la justicia.

- El Ministerio de Educación Nacional pide la incorporación en la malla curricular de los estudiantes, temas con perspectiva de género en instituciones educativas para evidenciar la protección de la mujer, considerada como base fundamental de la sociedad.

- Formación integral de género, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a servidores públicos de la rama ejecutiva o judicial o a quienes en sus funciones competa.

Son muchas las organizaciones sociales que trabajan el tema de la violencia de género y feminicidio, se ha creado legislación concentrada en leyes, normas y sentencias proferidas a través de la constitución política de Colombia y la Corte Constitucional con el fin de proteger y resguardar los derechos de las mujeres, se han creado campañas y la línea nacional gratuita de atención a la mujer 155 vista como una nueva herramienta de información, acompañamiento y apoyo a mujeres víctimas.

Datos internacionales

Latinoamérica en los últimos años ha registrado avances significativos con la aprobación en 18 países de leyes o reformas a los códigos penales en los que se tipifica el delito de asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer, bajo la denominación de femicidio o feminicidio (como un delito independiente de otros ya contemplados en las normas penales), o se lo califica como agravante de un homicidio.

En este sentido, es necesario enfatizar lo planteado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará – MESECVI de la Organización de los Estados Americanos – OEA, que advierte acerca de la necesidad de dar seguimiento a la aplicación del tipo penal y a los agravantes contemplados en las leyes por parte de los órganos de administración de justicia, garantizando mejores herramientas para la recolección de sus datos y la sanción de los crímenes.

De acuerdo con la información oficial proporcionada hasta el momento por los países, en 2016 un total de 1.831 mujeres de 16 países de la región (13 de América Latina y 3 del Caribe) fueron víctimas de femicidio o feminicidio.

Honduras sigue siendo, para todos los años de la serie histórica, el país de la región con el mayor número total de femicidios (466 en 2016), alcanzando una preocupante tasa de un 10.2 femicidios por cada 100.000 mujeres. El Salvador es el país que actualmente presenta la mayor tasa de feminicidios: 11.2 por cada 100.000 mujeres, lo que da cuenta de 371 muertes en 2016. Ver informe.

Visibilización

Hoy, a tres años de haber sido promulgada la ley, esta se ha convertido en una herramienta indispensable para visibilizar las violencias que anteceden al feminicidio: sexual, intrafamiliar y de pareja.

También es pertinente reconocer los siguientes avances:

- La creación del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género – SIVIGE, para la generación de indicadores que permitan disponer de información estadística sobre violencias de género.

- El trabajo de la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría Distrital de Salud entidades que han puesto en marcha como estrategia conjunta la implementación de la “Línea Púrpura Distrital”, a fin de prevenir el Feminicidio.

- El papel de la Defensoría del Pueblo, que cuenta con 33 profesionales en 20 regionales del país, conformadas por una profesional en derecho y una psicóloga que brindan atención y asesoría a mujeres.

- El Ministerio de Justicia y del Derecho también ha desarrollado algunos programas de capacitación a servidores públicos, a fin de sensibilizar y formar en rutas de prevención, y atención a víctimas de violencia de género.

Todo este compendio de “herramientas” generadas a partir de la promulgación de la Ley Rosa Elvira Cely, no podrán ser efectivas y garantistas si no promovemos el conocimiento de rutas de atención a las mujeres víctimas de violencia, si no fortalecemos y coordinamos actividades conjuntas entre entidades del Estado y sociedad para garantizar la protección de los derechos humanos, en virtud del principio de progresividad que permita avanzar y utilizar el máximo recurso estatal para atender y proteger la vida de las mujeres colombianas frente a cualquier manifestación de violencia de género.

Amanecerá y veremos…

Edición 596 – Semana del 13 al 19 de julio de 2018
   
 
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