Sometimiento de organizaciones criminales: ¿qué es? ¿Cuáles son los avances y los vacíos?

 

Uno de los aspectos que se resaltan en la ley es que las amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos serán contempladas como un delito. Atentar contra personas que ejercen una labor social o política en ciertas comunidades acarrearía penas de 7 a 10 años de prisión.

 
Yair Alejandro Parada Díaz
 
Asesor de Lobbying y Presión Política – Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

¿En qué consiste la ley 1909 de 2018?

Esta norma tiene como finalidad propiciar el sometimiento de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO)1. La ley responde a las exigencias del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera, concretamente en el desarrollo del punto 3.4.13.

Este punto del Acuerdo establece que deben definirse estrategias integrales para contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales, fortalecer las garantías de seguridad en los territorios y facilitar la creación de condiciones favorables para la construcción de la paz. Para ello se hace indispensable que se adoptaran medidas que propiciaran el desmantelamiento de agrupaciones delincuenciales, organizaciones sucesoras del paramilitarismo y otras organizaciones delincuenciales que ejercieran control sobre algunos territorios del país.

Para llevar a cabo estas medidas eran necesarios algunos avances normativos que permitieran al Estado colombiano contar con instrumentos que le posibilitasen tomar acciones en contra de las organizaciones delincuenciales de las que habla el Acuerdo. El primero de los avances normativos en la materia fue el decreto 898 de 2017, qué, creo la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y sucesoras del paramilitarismo. Este decreto busca fortalecer la investigación y judicialización de estas organizaciones. Por otro lado, la ley 1909 de 2018 permite algunos cambios normativos que propician la sujeción a la justicia de estas organizaciones, específicamente la inclusión en el código penal de la figura de “sujeción colectiva a la justicia” por parte de los miembros de los GAO.

Es importante destacar que la ley no contempla que el sometimiento colectivo de estas agrupaciones signifique por ningún motivo, que estas tendrán un reconocimiento político por parte del gobierno nacional, y por tanto no tendrán la posibilidad de acceder a mecanismos de justicia transicional. Dado que estos mecanismos están reservados única y exclusivamente a agrupaciones con las que el gobierno nacional haya llegado a un acuerdo de paz y haya dado un estatus de reconocimiento político.

Procedimiento de sujeción a la justicia

La ley contempla dos momentos para el proceso de sujeción de las organizaciones criminales. El primero se centra en adelantar un proceso de acercamiento entre la organización delincuencial y el Gobierno Nacional, en cual se evidencie la voluntad de dicha agrupación criminal de aceptar el sometimiento a la justicia y cesar cualquier acción delincuencial.

Para este proceso la organización deberá hacer la solicitud de sujeción de manera escrita y dirigirla al gobierno. Además, el representante o los representantes de dicha organización deberán adjuntar con la solicitud de sometimiento las actas de sujeción a la justicia de cada uno de los miembros de la organización, en la cual deben hacer manifiesta su intención de deponer las armas y emprender el proceso de sometimiento. La Fiscalía podría suspender las órdenes de captura de los delegados por las GAO que los representan en la interlocución con el Gobierno.

Después de ser analizada y revisada dicha solicitud el gobierno podrá asignar mediante acto administrativo a uno o varios delegados que se encargarán de seguir los acercamientos con dicha organización. En este proceso solo podrán ser sujetos de los beneficios que contempla la ley, todos los miembros que hayan cometido delitos cometidos en razón y con ocasión a la pertenencia al grupo armado organizado. Los delitos individuales de los miembros en los que se demuestre que se actuó de manera individual serán tratados como delitos ordinarios y seguirán su curso por la jurisdicción ordinaria.

Posterior a este proceso los integrantes de la organización deberán: i) Entregar todos los elementos ilícitos y bélicos que tengan en su poder (armas, municiones, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, listado de testaferros, sustancias psicoactivas ilícitas, entre otros). ii) Adelantar la verificación e identificación de cada uno de los miembros por parte de las autoridades competentes para realizar los tramites correspondientes a la judicialización. iii) seguir con los procedimientos de asistencia técnica. iv) cumplir con los compromisos y actividades establecidos en la solicitud de sujeción individual.

Beneficios para la desarticulación de las organizaciones criminales

Este proyecto contempla beneficios para los grupos armados que confiesen delitos, salvo cuando son de lesa humanidad. Además, deben garantizar la reparación de las víctimas, entregar los bienes y revelar las rutas de narcotráfico. Algunos de los beneficios que expone el ponente de este proyecto y los retos que emprendería la institucionalidad son:

1. El INPEC deberá crear un programa de reintegración social y laboral en los seis meses siguientes a la entrada de vigencia de la ley, el programa deberá ser especial y con enfoque diferencial para quienes hagan sujeción a la justicia.

2. Las actas de sujeción individual equivaldrán a un allanamiento a cargos, y de esta manera se recibirán los beneficios contemplados, que consisten en la reducción en la pena de hasta el 50%.

Lo destacable de la norma

Uno de los aspectos que se resaltan en la ley es que las amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos serán contempladas como un delito. Atentar contra personas que ejercen una labor social o política en ciertas comunidades acarrearía penas de 7 a 10 años de prisión. Catalogar esta conducta como un delito que puede implicar acciones de pena privativa de la libertad, significa un avance en la persecución de quienes cometen dichas acciones. Sin embargo, este avance se encuentra en lo normativa es necesario que las instituciones del Estado y de gobierno pongan en marcha todas las medidas complementarias que garanticen la vida de los defensores y defensoras de DDHH, así como de los servidores públicos en el país.

Vacíos y deficiencias de la ley

Ahora bien, esta ley evidencia un avance en la desarticulación de organizaciones delincuenciales y especialmente aquellas que han demostrado tener un control bélico y territorial en el país. Sin embargo, existen algunas deficiencias en la norma. La primera corresponde al acceso de las víctimas en los procesos de judicialización de los GAO y los GDO, su participación no será decisiva en el proceso de judicialización y se limitará única y exclusivamente a la de rendir testimonio de lo ocurrido. La segunda tiene que ver con el acceso a la verdad de las víctimas de estos grupos, el proyecto establece en un parágrafo “que en todo caso se garantizarán los derechos de las víctimas”. Sin embargo, el proyecto no establece en ningún aparte el acceso a la verdad por parte de las víctimas de estas organizaciones, ni que su participación dentro de los procesos de judicialización de los miembros de dichas agrupaciones será en calidad de intervinientes.

1 Estas definiciones corresponden a lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario.

Edición 596 – Semana del 13 al 19 de julio de 2018
   
 
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