Iván Duque y los peligros
de la violencia maniquea

 

Duque está a punto de devolvernos a los estragos de la violencia política, con su obsesión revanchista y justiciera de ver primero condenados a los 10 miembros de la Farc antes que, en sus curules en el Congreso, como quedó consignado en el Acuerdo de Paz del Teatro Colón y en la Constitución Política en el Acto Legislativo 01 de 2017, que los somete a las penas alternativas de la JEP sin impedirles el ejercicio de la política.

 
Hernando Llano Ángel
 
Profesor Departamento de Ciencia Jurídica y Política, Universidad Javeriana
 
 

El más grave problema político de Duque es moral. Y lo más grave de ese problema moral es que es nacional. Su mejor exponente, en la arena política, es Álvaro Uribe Vélez. Básicamente consiste en una convicción de superioridad moral indiscutible –pero también indemostrable, como una especie de dogma de fe– que permite y tolera el ejercicio de una violencia considerada buena y justa contra otra violencia estigmatizada como absolutamente mala e injusta. La cuestión no es baladí y tiene un trasunto de larga data en la vida política y en el debate académico.

“La violencia considerada legítima”

Para no ir muy lejos, en muchos claustros universitarios se enseña todavía, sin ninguna reflexión crítica, como una verdad revelada, la célebre definición de Max Weber del Estado –en su no menos célebre conferencia “La política como vocación” – según la cual es “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima”, pero omiten que su autor advirtió más adelante, entre paréntesis, (“es decir de la que es vista como tal”). Y allí es donde radica el peligro y las consecuencias funestas del ejercicio de la violencia, pues dicha consideración de legitimidad deriva de muchas influencias y vertientes diferentes, siendo la religión y las costumbres las más poderosas. Por ejemplo, ningún cristiano auténtico, puede legitimar la pena capital o de muerte, pues la vida sólo deriva de Dios y no del Estado. Y lo anterior no es solo una convicción o un principio de orden político, entre otras consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución Política: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”, sino un dogma de fe para todo cristiano. Y, curiosamente, en un país como el nuestro, de profunda tradición cristiana, se suele tolerar y hasta auspiciar la violencia como una de las formas más eficaces para alcanzar la “paz y la seguridad”. Tal es el credo de la mal llamada “seguridad democrática” y sus crímenes de lesa humanidad, cínicamente denominados “falsos positivos”. Es más, hoy se aplaude que la violencia se descargue de nuevo contra la naturaleza, con todas las consecuencias nocivas y hasta fatales, propias del glifosato, para exterminar los sembradíos de coca, calificados como “cultivos ilícitos”. ¡Cómo si la naturaleza, en sí misma, fuera criminal e ilegal! Incluso la campaña oficial durante las administraciones de Uribe rezaba “La coca, la mata que mata”, ignorando la portentosa riqueza de esta planta, no gratuitamente considerada sagrada por los pueblos originarios que la llaman “Mama Coca”.

Mama Coca

Propiedades exaltadas por estudios científicos, entre otros de la Universidad de Harvard, que revelan, en una investigación realizada en 1975 sobre el “Valor nutricional de la Coca”, su aporte a la dieta alimenticia: “60 gr. de coca por día colman las necesidades de calcio”. Incluso nuevas investigaciones comprueban su utilidad científica en biomedicina y farmacia, que pueden ser consultadas en: Eurosur.org. Hace menos de 40 años se procedía igual, fumigando la marihuana con paraquat, entonces considerada la yerba maldita. Hoy es una yerba bendita por sus usos medicinales y, en lugar de fumigarla y exterminarla, se la cultiva y cuida como una rentable fuente de ingresos, aprovechada en su mayoría por empresas extranjeras. Y, así las cosas, gracias a una rigurosa regulación legal, la marihuana en cierta medida ha dejado de ser ilícita, fuente de violencia letal y de corrupción política, para convertirse en un filón de la industria farmacéutica. De planta criminal se convirtió en medicinal, en virtud de la alquimia política y legal, que comenzó por el abandono del maniqueísmo punitivo, promovido por el prohibicionismo federal y la DEA, su agencia antidrogas, hoy en retroceso en 29 estados que legalizaron su uso medicinal y en 8 donde es legal también su uso recreacional: Alaska, California, Colorado, Washington, Massachusetts, Nevada, Oregon y Washington D.C.

La alquimia coquera: regular en lugar de criminalizar

Podría acontecer lo mismo con la coca, si Duque tuviese la osadía de abandonar esa mentalidad maniquea y represiva, que en efecto ha convertido a la coca en una mata que mata a muchos líderes sociales, considerados como blancos militares por la codicia de los narcotraficantes y de las organizaciones ilegales, que derivan gran parte de sus ingresos del control de los territorios donde se cultiva y procesa, como las disidencias de las Farc y algunos sectores del ELN. Pero Duque parece incapaz de pensar de otra forma distinta al credo prohibicionista, pues lo primero que hizo fue viajar a Estados Unidos y solicitar más ayuda punitiva para continuar depredando con glifosato nuestros bosques tropicales, amenazando la salud de la población campesina y, de paso, agudizando la persecución mortal de los líderes sociales opuestos a los intereses de toda esa parafernalia, legal e ilegal, aniquiladora de nuestra naturaleza, vida social y política. La alquimia legal podría regular la coca, en lugar de criminalizar su existencia, conteniendo así la estela de violencia, que incluso puede derivar en genocidio de líderes campesinos y en ecocidio irreversible de nuestros bosques tropicales. Obviamente que esa alquimia legal requiere un apoyo internacional considerable, al parecer completamente descartado por Duque, pues el prohibicionismo y su maniqueísmo es funcional a los intereses considerados correctos, legítimos, legales y buenos, promovidos por los Estados Unidos y toda su tramoya de beneficiarios: complejo industrial militar, agencias de inteligencia y antidrogas, mundo financiero e industria química productora de precursores. Para todos ellos, nada mejor que continuar la “guerra contra las drogas”, sustentada en esa creencia de superioridad moral que asiste al prohibicionismo, cuyo efecto indiscutible, como lo expresó Milton Friedman, premio nobel de economía en 1976, es que “si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”, ya que su precio aumenta en proporción directa a su mayor persecución y represión estatal.

El maniqueísmo de la violencia política

Pero además de la anterior violencia, derivada del maniqueísmo prohibicionista, Duque está a punto de devolvernos a los estragos de la violencia política, con su obsesión revanchista y justiciera de ver primero condenados a los 10 miembros de la Farc antes que en sus curules en el Congreso, como quedó consignado en el Acuerdo de Paz del Teatro Colón y en la Constitución Política en el Acto Legislativo 01 de 2017, que los somete a las penas alternativas de la JEP sin impedirles el ejercicio de la política. Pues de eso tratan todos los acuerdos políticos de paz, transitar del uso mortal de las armas al uso legal y vital de las palabras en los parlamentos. Lo cual no deja de ser curioso, pues en el referendo impulsado por el entonces presidente Uribe en el 2003, en su punto 6, se incluyó este extenso parágrafo, que tenía como finalidad exclusiva favorecer a los miembros de los grupos paramilitares:

“Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos al margen de la ley, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz, bajo la dirección del Gobierno, éste podrá establecer por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que se realizarán antes del 7 de agosto del año 2006, o nombrar directamente, por una sola vez, un número plural de congresistas, diputados y concejales, en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados. El número será establecido por el Gobierno Nacional, según la valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los congresistas, diputados y concejales a que se refiere este artículo, serán convenidos entre el Gobierno y los grupos armados, y su designación corresponderá al presidente de la República. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos para ser congresista, diputado y concejal”.

La generosidad y favorabilidad política del entonces presidente Uribe frente a los miembros de los grupos paramilitares, lo llevaba incluso a ofrecerles curules en todos los cuerpos representativos, Concejos Municipales y Asambleas Departamentales, y a no “tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos” para posesionarse, sin exigirles pagar previamente penas ante la justicia y mucho menos frente a sus víctimas, ni siquiera mencionadas. Seguramente porque valoraba dicha violencia como justa y necesaria, moralmente buena, pues garantizaba seguridad inversionista en su lucha contrainsurgente. Por eso ahora, frente a la participación política en el Congreso de los diez miembros de la Farc, la valoración del presidente electo y de todo el Centro Democrático es totalmente opuesta, pues sin duda la violencia de las Farc – EP era moralmente mala por ahuyentar la seguridad inversionista con sus extorsiones, secuestros y atentados criminales. De allí su oposición visceral a que ocupen las 10 curules en el Congreso el próximo 20 de julio, como si fue furibundamente aplaudida un 28 de julio de 2004 la presencia en ese recinto de Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque (casi tocayo del presidente electo, más conocido con su alias de Ernesto Báez, el secretario político de las AUC) y Ramón Isaza, el contra guerrillero más viejo del mundo, como heroicos protagonistas de la violencia considerada buena. La moraleja de esta historia inconclusa es obvia, en lugar de cerrar el ciclo mortal y vergonzoso de la violencia política, estamos a punto de abrir otro, todo ello supuestamente en nombre de la “justicia y de las víctimas, pero sólo las atribuidas a las Farc – EP, pues las causadas por miembros de la Fuerza Pública no son tal, porque a ellos los ampara la presunción de inocencia y a las víctimas la de culpabilidad: “no estarían cogiendo café”, dijo entonces el presidente Uribe sobre los primeros “falsos positivos”. Un ciclo que ampliaría la guerra contra las drogas y por la “democracia”, ya que Duque se cree predestinado a liderar el derrocamiento del “narcodictador” Maduro y pasar a la historia como el chico bueno, el demócrata de América, aupado por Uribe y Trump, haciendo una moñona inolvidable: extraditar el mayor número de dirigentes de la Farc y tumbar a “Maduro”. Poco importa el número de víctimas, pues son otros los que ponen la carne de cañón: heroicos soldados de la Patria contra malvados narcoterroristas y un número siempre impreciso, pero mayoritario, de civiles contabilizados como daños colaterales.

Edición 596 – Semana del 13 al 19 de julio de 2018
   
 
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