Valores democráticos y protesta social pacífica

 

Las condiciones del largo conflicto armado colombiano, nos ha llevado a creer que la democracia se sostiene por el poder de las armas, y que como han declarado altos funcionarios, incluido el presidente Santos y en el pasado el expresidente Uribe, las Fuerzas Armadas son la “columna vertebral de la democracia”. No, la ciudadanía y la soberanía popular son la columna vertebral de la democracia.

 
Antonio Madariaga Reales
 
Asesor de Dirección Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Varios sucesos de la presente semana permiten inferir que, a pesar de estar consagrados en la Constitución de 1991, y de ser compartidos como quinta esencia de la contemporaneidad, los valores democráticos están lejos de ser incorporados a nuestro modo de actuar público y de manera especial en los círculos de la política y de gobierno.

En la conformación del gabinete ministerial de Duque, se nota claramente la convergencia fundamental del gobierno conformado, casi a partes iguales, entre representantes de los gremios privados y uribistas, con la condición de que los de los gremios también son uribistas, y que a unos y otros se les pretende disimular el corporativismo y el uribismo con sus credenciales tecnocráticas. Esos son, así son y con ellos tendremos que tender puentes para algunas cosas, la paz, la protección a líderes/as sociales, etc.

Lo que no parece primar es la sensatez para reconocer que, aunque sea una puerta giratoria, el señor presidente de Fenalco, que yo sepa aún no ha renunciado a esa presidencia, no puede, por decencia y por conflicto de intereses, anunciar un proyecto de ley para lograr un propósito que ha pedido antes en su calidad de dirigente gremial.

En efecto, en diversas declaraciones, sobre el paro de maestros y otras, el presidente del gremio de los comerciantes se quejó del supuesto perjuicio que les causaban las protestas ciudadanas pacíficas y la necesidad de regularlas. Aun sin posesionarse como ministro de defensa, porque todavía es presidente de Fenalco, anunció la presentación de un proyecto de ley para, “regular la protesta social”, declarando que “En el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos que debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”.

Aunque más adelante nos referiremos a la naturaleza misma del derecho a la protesta pacífica según el derecho internacional de los derechos humanos, quisiera detenerme inicialmente en lo que señala un importante retroceso para las garantías en Colombia. El que el tema de la protesta social sea abordado por el Ministerio de la Defensa y no por el Ministerio del Interior.

Admitir que la discusión de la protesta esté en cabeza del Ministerio de Defensa, significa volver a los tiempos de la guerra en que una de las primeras afectaciones en el terreno de la política es la que resulta de caracterizar a la conflictividad social, socio ambiental, étnica, como un problema de orden público o de estrategias de guerra y por lo tanto militarizar y hacer violento el manejo de la protesta social pacífica desconociendo su carácter de derecho protegido constitucionalmente. Por tanto, la primera reacción democrática es desconocer al nuevo ministro de la Defensa como interlocutor válido de las organizaciones y movimientos sociales y del movimiento de derechos humanos para efectos del tema de protesta social pacífica.

En segundo lugar, un valor democrático es el diálogo como proceso de construcción de políticas públicas. Al respecto le decimos a la nueva ministra del Interior que el mundo no va a comenzar el próximo 7 de agosto. Que ha culminado después de mucho trabajo con el Ministerio del Interior y el gobierno en su conjunto la construcción del Protocolo de Garantías para el Ejercicio del Derecho a la Protesta Social Pacífica, proceso desarrollado con el acompañamiento de la comunidad internacional, PNUD, OACNUDH, MAPP-OEA, Suecia, España y otros y que recoge importantes consideraciones derivadas tanto de ejercicios previos llevados a cabo en el Distrito Capital, como de la revisión de experiencias nacionales e internacionales como la de Buenos Aires.

Pero además señora ministra, según el derecho internacional de los derechos humanos la tarea de los Estados es garantizar, subrayo, garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. No tiene el Estado colombiano potestad ni atribuciones para “regular” la protesta social.

Pero además carece de toda vocación democrática y es por tanto inconstitucional, que el Estado asuma que tiene el poder para determinar que la protesta social solo se puede hacer si es ordenada y obedece al interés de todos los colombianos. Señora ministra. ¿Quién pretende poder determinar que una protesta es ordenada y cuál debe ser su dimensión cuantitativa? Sepa Ud. que mientras sea pacífica, cualquier ciudadano/a o grupo de ciudadanos/as puede ejercer el derecho a la protesta y que la obligación del Estado es la de garantizar ese ejercicio. De hecho, el artículo 218 de la Constitución señala que “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Señora ministra las condiciones del largo conflicto armado colombiano, nos ha llevado a creer que la democracia se sostiene por el poder de las armas, y que como han declarado altos funcionarios, incluido el presidente Santos y en el pasado el expresidente Uribe, las Fuerzas Armadas son la “columna vertebral de la democracia”. No, la ciudadanía y la soberanía popular son la columna vertebral de la democracia.

Coda 1: Toda la solidaridad con Pacho de Roux y con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, por los ataques y agresiones recibidos estos días, incluido el video perversamente editado.

Coda 2: Toda la solidaridad con Ariel Ávila, León Valencia y con la Fundación Pares, por el robo de información, los seguimientos, etc. y por el aleve ataque recibido de parte del abogado Abelardo de la Espriella, siniestro personaje que se jacta de parecerse a Mancuso.

Coda 3: Duele mucho llevar semana tras semana expresando mi solidaridad con las personas y organizaciones agredidas, trabajando para lograr mayor compromiso del Estado colombiano con la paz y con los derechos humanos y tener la sensación de que la llegada del gobierno Duque parece que les haya dado a algunos la licencia para expresar su odio a muerte a buena parte de lo decente de esta sociedad.

Edición 597 – Semana del 20 al 26 de julio de 2018
   
 
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