Yo elijo, yo revoco

 

Revocatoria del mandato es el término que se le da al instrumento a través del cual un determinado número de ciudadanos puede solicitar que se convoque al electorado para que decida, en las urnas, si un representante elegido popularmente debe ser removido de su cargo antes que concluya su periodo.

 
Álvaro Ortiz Ramos
 
Editor Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

Los ciudadanos nos diferenciamos por las opiniones, creencias, intereses y hasta por los ingresos. También nos oponen grandes divisiones que incluso nos confrontan. Hombres y mujeres, empleados y desempleados, ricos y pobres, ancianos y jóvenes, etcétera.

De igual forma, debido a los distintos contextos que la sociedad impone, nos ubicamos en posiciones antagónicas: patronos y empleados, fuerza pública y civiles, terratenientes y campesinos, servidores del Estado y usuarios.

Y para sumarle a este compendio de oposiciones, existen otras diferencias que son –digamos– momentáneas, como por ejemplo: el que madruga y juiciosamente hace la cola en cualquier oficina pública para lograr un trámite y el patán “recomendado” o “ese usted no sabe quién soy yo” a quien atienden primero sin tener que hacer la horrorosa cola; el que va sentado cómodamente en el “transmi” o en la buseta y el que arriesga –por no tener para el pasaje– su vida para transportarse y no llegar tarde al trabajo; o el ejemplo más simple de los simples, aquel pretencioso con ínfulas de político que se “sienta” en la palabra y no deja que otros hagan uso de ella...así podríamos seguir enumerando un sin fin de diferencias y confrontaciones en todos los órdenes y en las más disímiles situaciones.

En fin, son muchos los matices que integran y enriquecen el concepto de ciudadanía. Esa ciudadanía que, gracias a la Constitución del 91, ha podido ganar un importante y merecido espacio en la composición del Estado.

Ese mismo Estado que está obligado a reconocer que las personas –ciudadanos del pueblo– tenemos una serie de derechos políticos y sociales que nos permiten intervenir, participar y hasta tomar algunas decisiones políticas del país.

También –tenemos que reconocerlo y señalarlo– una de las mayores conquistas de nuestra carta política, fue el gran salto que dimos al pasar de la Democracia Representativa a la Democracia Participativa.

Que todo ese preámbulo explicativo de nuestro ser como ciudadanos, nos sirva para entrar en materia y comentar sobre uno de los derechos que, como miembros de la sociedad, adquirimos gracias a la Carta Política que nos rige: la Revocatoria del mandato.

“Revocar es dejar sin valor o efecto una ley, una norma o una disposición…”

La palabra “revocar” proviene del latín revocare y se refiere al acto unilateral que emana de una voluntad que se rectifica. Según el Diccionario de la Real Academia Española, revocar es “dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución”, y por mandato se entiende “el encargo o representación, que por la elección se confiere a –en nuestro caso– alcaldes y gobernadores”.

Poder ciudadano

Recordemos un poco… Luego de la expedición del Acto Legislativo 01 del 9 de enero de 1986 que ordenó: “Todos los ciudadanos eligen directamente presidente de la República, senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales municipales y del Distrito Especial”, el 13 de marzo de 1988, se realizó la primera elección popular de alcaldes en Colombia, de eso hacen ya 30 años.

Fue en el gobierno del presidente Belisario Betancur, dos años después aprobada esa reforma, que nuestra democracia vio la luz de esa primera elección de alcaldes, en la que 11.700.000 colombianos estuvieron habilitados para votar. Fueron elegidos 1.009 alcaldes que ejercieron por un periodo de dos años.

Antes de entrar en funcionamiento la elección popular de alcaldes, los mandatarios locales eran nombrados y removidos por los gobernadores. Estos a su vez eran elegidos por el jefe político de la región –congresista– que, aprovechando su poder, presionaba al Ejecutivo y sus ministros para que –como contraprestación a la aprobación de los proyectos oficiales– hiciera el nombramiento de sus cuotas políticas, es decir, antes eran elegidos mediante mecanismos abusivamente clientelistas.

Y como solía suceder, en muchas ocasiones y para desgracia de los pueblos, los alcaldes eran personas desconocidas en las regiones, no residían en ellas y –para rematar– desconocían y eran completamente ajenos a los problemas de las comunidades.

A esta tamaña desgracia antidemocrática, se suma que los “nombramientos” de los mandatarios dependían del número de votos que les consiguieran a sus jefes políticos. Ni más ni menos…

Esta situación, en la que concuerdan muchos historiadores y analistas políticos, llevó al país a una crisis de gobernabilidad, que comenzó a expresarse hacia finales de los años 70 y en la primera mitad de los 80, y que –afortunadamente– terminó con la decisión política de abrir paso a la elección popular de alcaldes.

Posteriormente, con la Constitución de 1991 se extendió el periodo de los alcaldes a 3 años y se permitió, mediante voto popular, la elección de gobernadores. Luego, mediante el Acto Legislativo 02 de 20021 los alcaldes pasaron a tener periodos de 4 años2.

Derecho político

Ley 134 de 19943, por medio de la cual se dictan normas sobre los mecanismos de participación, es la herramienta con la que contamos los colombianos para ejercer el control y garantizar la eficacia en los actos del Estado.

En este sentido, la “revocatoria del mandato” –contenida en la Ley 134– es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos colombianos podemos dar por terminado el mandato que –mediante el desarrollo de unas elecciones democráticas– le hemos conferido a gobernadores y alcaldes. La ley, lastimosamente, es clara al señalar que no aplica para otros funcionarios de elección popular como congresistas, diputados, concejales, o presidente de la República.

Retomemos entonces, revocatoria del mandato4 es el término que se le da al instrumento a través del cual un determinado número de ciudadanos –que considera que el mandatario al cual eligieron no cumplió con lo que había propuesto en su programa de gobierno– puede solicitar que se convoque al electorado para que decida en las urnas si un representante elegido popularmente debe ser removido de su cargo antes de que concluya el periodo para el cual fue elegido.

Pero, señoras y señores, esta es Colombia…no nos digamos mentiras pues casi en todos los casos la “falsa inspiración” de revocar a un mandatario, está ligada a puros intereses políticos, frustraciones y hasta revanchismo nacido de los perdedores.

Para lograr ese objetivo, los comités promotores organizan en sus “cuarteles revocadores” todo tipo de argucias para polarizar a la gente –ahora más en estos tiempos modernos en los que las redes sociales están a la orden del día– dividir el consenso y allanar el camino al eterno disenso que es, en últimas, la materia prima de la oposición.

Pero ¿qué ha pasado con la figura de la revocatoria del mandato implementada como mecanismo de participación ciudadana en la Constitución Política de 1991? Que finalmente no ha obtenido los resultados esperados. Ver cuadros al final.

Veamos porqué…

En primera instancia debemos señalar que los requisitos exigidos para tramitar una revocatoria eran tan numerosos y engorrosos que hacer uso de ellos constituía una verdadera titánica tarea. Recordemos en los últimos años, en 166 casos opositores y detractores pidieron sin éxito la cabeza de alcaldes y gobernadores. Por esta razón, se dice que este es un mecanismo más cuestionado que efectivo.

También señalan los especialistas en el tema que en las revocatorias del mandato hubo inadecuado diligenciamiento de los formatos, tal vez por la omisión de información obligatoria o simples errores de procedimiento. A esto se suma la pobre información suministrada a la población –tradicionalmente apática– sobre los mecanismos que fue insuficiente para atraer el respaldo del electorado.

Adicionalmente, y tal vez lo más importante, en muchos casos los afectados con procesos de revocatoria, usaron todos los medios para impedir que los promotores lograran su cometido: ofreciendo prebendas, amenazando, presionando al electorado, movilizando a los empleados públicos para lograr su favorecimiento, poniendo trabas en la recolección de firmas, y un gran etcétera.

Pero, como dice el dicho: “tanto va el agua al cántaro que al fin se rompe” …

En efecto, el pasado 29 de julio los habitantes del municipio de Tasco (Boyacá) –que pasará a la historia del país por ser el primer municipio en el que esta herramienta democrática fructifica– optaron en las urnas por revocarle el mandato a su alcalde Nelson Javier García Castellanos, quien, por el Partido Alianza Verde, había sido elegido en el año 2015.

De los 1.658 ciudadanos que acudieron a las urnas, en las 5 mesas que fueron instaladas en Tasco, votaron 1.609 por el sí y 21 por el no, los demás fueron sufragios no marcados o nulos, alcanzando de esta manera el umbral necesario para dejar en firme la revocatoria.

“Final Feliz” así calificó Pedro Castañeda –en entrevista concedida a Contagio Radio5– impulsor de la revocatoria al alcalde de Tasco, Boyacá, al desenlace de este proceso democrático en ese municipio, luego de que el 90% de la comunidad decidiera sacar a Nelson García de este cargo.

De acuerdo con Castañeda, el alcalde, integrante de la Alianza Verde, no atendió los llamados que hicieron, en varias ocasiones los campesinos, frente a que pusiera en marcha su plan de gobierno, razón por la que fue elegido. Además, habría manifestado que él no estaba llamado a cumplir el plan de gobierno, y que este solo era una formalidad para ser elegido.

“El no atendió a los campesinos, dijo que no había dinero y nunca tuvo la gentileza de recibir a la gente del campo en su despacho, sino que tuvo una forma muy arrogante y prepotente; y los campesinos, nosotros que lo elegimos con el voto, no era para que recibiéramos ese desprecio” puntualizó Castañeda.

Caso curioso este de Tasco en el que se revocó al alcalde no por corrupto ni por ladrón sino por ANTIPÁTICO…esa es la democracia y todo se vale.

A todas estas: ¿qué pasó con la revocatoria de Enrique Peñalosa? ¿Alguien sabe?

Edición 599 – Semana del 3 al 9 de agosto de 2018

2 Los primeros mandatarios con período de cuatro años fueron elegidos en octubre de 2003 y se posesionaron el 1 de enero de 2004.

4 Dice el artículo 259 de la Constitución, que “quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato” y que “la ley reglamentará el ejercicio del voto programático”.

   
 
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