La urgencia de la puesta en funcionamiento de la Unidad de Búsqueda a Personas Dadas por Desaparecidas – UBPD en Colombia

 

Las acciones del Gobierno por omisión en los avances en materia de planes integrales de búsqueda ahondan aún más la desconfianza de las víctimas con el Estado cuando se hizo especial énfasis en que son la columna vertebral en la construcción e implementación del Acuerdo Final, y, en síntesis, fallarle a las víctimas del país, es revictimizarlas.

 
Corporación Jurídica Libertad
 
 

La firma del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc – EP) para dar terminación a la confrontación armada y materializar soluciones a los agravantes de la conflictividad social, económica y política que atizan la desigualdad en el país, dejó un claro mensaje a la sociedad colombiana que es el universo de víctimas en el marco del conflicto armado el objetivo primordial para abarcar medidas efectivas al reconocimiento y restitución de sus derechos. Siendo así, la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición (SIVJRNR), como parte del Acuerdo Final, señala su centralidad y exige a las partes especial atención y esfuerzos en reparar a las víctimas del país, creando el marco para la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda a Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en un país con alrededor de 60.630 casos de desaparición forzada, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

La expedición del Decreto Ley 589 de 2017 que organiza la UBPD, permitió que las familias víctimas de personas de desaparición forzada estuvieran expectantes de poder saciar sus necesidades en la búsqueda de la verdad y el encuentro con sus familiares, cuando por primera vez en el Estado colombiano se debe materializar una entidad con este propósito. Es necesario destacar, la especial atención dada por organismos internacionales de DDHH e interés por contribuir al esclarecimiento de los casos de desaparición forzada, la igual que un sinfín de organizaciones sociales, defensoras de DDHH, de víctimas y entidades del Estado como el Instituto de Medicina Legal que se han dado a la tarea de construir en Mesas de Trabajo aportes significativos para materializar sus propósitos.

Sin embargo, a pesar de la expedición de decretos, los llamados de atención de organizaciones sociales, de DDHH y de víctimas para la puesta en funcionamiento, la contratación del personal requerido y su inmediato despliegue y articulación con los trabajos construidos en los territorios en favor del esclarecimiento de los casos de desaparición forzada. El pasado 15 de julio de 2018 vencieron los cinco meses que se establecieron desde el Gobierno en el Decreto 288 de 2018, para la entrada en funcionamiento de esta. Dentro de este plazo debían adoptarse las medidas que permitieran tener lista la estructura interna y personal requerido, pero no fue posible, ya que no se emitieron los decretos que lo permitieran.

A los problemas de estructura interna y nombramiento de personal se suman las respuestas del Ministerio de Hacienda al afirmar que el techo de los recursos para la UBPD es de 35.000 millones, cuando la suma esperada para su funcionamiento era de 104.000 millones de pesos. Preocupa que nuevamente se presente el incumplimiento de los acuerdos y obligaciones que tiene el Estado con las víctimas de desaparición forzada. La poca voluntad política para viabilizar el funcionamiento de la Unidad permite ver que la búsqueda de los desaparecidos en Colombia aún no es una prioridad para el Estado, aunque en el contenido legislativo lo obligue a satisfacer las necesidades de las víctimas.

Urge entonces la entrada en funcionamiento de la Unidad de Búsqueda, el esclarecimiento de los hechos y la recuperación de todas las personas dadas como desaparecidas. Las acciones del Gobierno por omisión en los avances en materia de planes integrales de búsqueda ahondan aún más la desconfianza de las víctimas con el Estado cuando se hizo especial énfasis en que son la columna vertebral en la construcción e implementación del Acuerdo Final, y en síntesis, fallarle a las víctimas del país, es revictimizarlas.

Edición 599 – Semana del 3 al 9 de agosto de 2018
   
 
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