La Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización, una tarea para el próximo Gobierno

 

El nuevo gobierno, tiene el reto de convertir, de finalizar el proceso de construcción de lineamientos y convertirlos en una Política Pública que deberá ser apropiada por diferentes entidades del Estado tales como los entes territoriales, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, y los mecanismos transicionales creados en el marco del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición.

 
Mónica Duarte
 
Asesora Lobbying y Presión Política, Viva la Ciudadanía
 
 

El pasado 27 de julio en el marco del Primer Encuentro Nacional de Consejeros y Consejeras de Paz, con presencia de 400 delegados y delegadas de los 32 departamentos del país, el Consejo Nacional de Paz y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz presentaron los resultados de la primera fase del proceso de construcción participativa de insumos y recomendaciones para la Política Pública de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización que se adelantó entre enero y julio de este año.

En este proceso participaron más de 900 personas de los diversos sectores de la sociedad civil, representantes de los Consejos Territoriales de Paz y de la institucionalidad territorial en seis encuentros de deliberación realizados en las regiones Caribe, Suroccidente, Nororiente, Chocó, Orinoquía y Sur del país. Adicionalmente, se llevaron a cabo espacios de diálogo con sectores interesados en aportar de manera más específica en el diseño de los lineamientos en los que participaron 180 delegados y delegadas de organizaciones de mujeres, fuerza pública, confesiones y organizaciones basadas en la fe, excombatientes, comunales, comunidad LGBTI y víctimas. Cabe resaltar que hubo participación paritaria, con un poco más del 50% de mujeres contribuyendo a la comprensión de los contextos territoriales, poblacionales y sectoriales que pueden convertirse en obstáculos u oportunidades para la reconciliación nacional, así como a la deliberación en torno a propuestas en clave de política pública.

Entre las más de 1400 propuestas recogidas y sistematizadas, se destaca la exigencia poner en marcha los mecanismos que brindan garantías de verdad y reparación a las víctimas del conflicto armado y la necesidad de ampliar el tiempo de vigencia de ley 1448 de 2011. También se rescata cierta unanimidad en los diferentes encuentros respecto de la importancia de crear espacios simbólicos que contribuyan a las garantías de verdad y no repetición, como la construcción de escenarios físicos y comunitarios de memoria y reconciliación en los municipios de mayor afectación por el conflicto armado.

Así mismo, se hizo énfasis en la importante de fortalecer los procesos comunitarios de reincorporación aprovechando los escenarios y mecanismos de planeación y participación existentes en los diferentes niveles territoriales, para desde estos desarrollar procesos de reconciliación y no estigmatización, que involucren no solo a la sociedad y a la población excombatiente, generar escenarios de encuentro donde el diálogo permita acercarnos a la verdad, y donde la reconciliación se vaya construyendo colectivamente.

Por otro lado, en materia de educación y pedagogía para la reconciliación y la transformación pacífica de conflictos, las propuestas giraron en torno a fortalecer los procesos educativos formales como la Cátedra de la paz, donde se reconoce la relevancia de la formación a jóvenes en la resolución pacífica de los conflictos. Se reflexionó sobre la importancia que el Gobierno Nacional y los Gobierno Locales garanticen los suficientes recursos para este tipo de procesos. También, se plantea la necesidad de generar ejercicios de formación a las organizaciones sociales y los servidores públicos, para fortalecer habilidades para la convivencia. Igualmente, se hizo referencia a la necesidad de fortalecer por medio de procesos de capacitación a los Comités de Convivencia de las Juntas de Acción Comunal y Casas de Justicia, así como al reconocimiento de las formas de justicia local propia de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Para construir una política pública conducente a generar transformaciones sociales que coadyuven a superar la estigmatización y la discriminación, se propone poner en funcionamiento mecanismos y escenarios para el reconocimiento de los derechos, libertades e identidades de las personas, grupos políticos, minorías étnicas y de diversidad sexual, y de ciudadanía en general, así como promover el respeto por la crítica, la libertad de opinión, la oposición y la diferencia. Entre las discusiones también se planteó la necesidad generar cambios en los contenidos de los medios de comunicación para que estos no contribuyan a la construcción o refuerzo de imaginarios que conducen a la discriminación y la estigmatización.

Por otro lado, se planteó que, como elemento fundamental para reestablecer la confianza entre la ciudadanía y el Estado, se requiere una presencia estatal real en todos los territorios del país, no de aumento del pie de fuerza sino garantizando derechos, desarrollando sus acciones de manera descentralizada y garantizando la seguridad de los líderes y lideresas sociales. Y en este sentido, cobra gran relevancia la protesta social y la consulta previa, asuntos que fueron especialmente enfatizados en el Chocó, Popayán y Barranquilla, donde se propuso la necesidad de no estigmatizar estos dos mecanismos y reflexionar sobre su relación con las apuestas de desarrollo estratégicas para el Gobierno Nacional.

De igual forma, en todos los encuentros se discutió la importancia de reconocer las experiencias de reconciliación y convivencia que históricamente han desarrollado las organizaciones y movimientos sociales del país, así como sus características territoriales y étnicas particulares. El Estado no parte de cero al diseñar esta política, sino que debe recoger los acumulados existentes como una forma de dignificación con las víctimas y la sociedad colombiana. Demanda particular de las mujeres y de las comunidades étnicas.

Otro asunto clave para las regiones y sectores que participaron en el proceso y que permitiría la materialización de la reconciliación, tiene que ver el ajuste al modelo de descentralización del país porque se percibe que las entidades territoriales no tienen suficiente autonomía política, fiscal y administrativa, la necesidad de realizar ejercicios de planeación participativa y de propiciar espacios de encuentro que permitan construir visiones conjuntas de desarrollo local, que recojan las necesidades y propuestas de las comunidades. Sumado a lo anterior, se resaltó la importancia de articular esta política, con otras que hacen parte del Acuerdo Final de Paz, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y en general con todas las medidas acordadas en el marco de la Reforma Rural Integral. La gente demanda cambios estructurales que permitan reducir la desigualdad y las exclusiones históricas como una condición imperativa para lograr la reconciliación.

Según el Plan Marco de Implementación, el Ministerio del Interior tiene la tarea de diseñar la política con asesoría del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia e implementar dicha política, teniendo en cuenta a grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los pueblos y comunidades étnicas, población LGTBI, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, las minorías políticas y las minorías religiosas. El Consejo Nacional de Paz, en su carácter de asesor, deja un insumo importante para cumplir con esta disposición.

El nuevo gobierno, tiene el reto de convertir de finalizar el proceso de construcción de lineamientos y de convertirlos en una Política Pública que deberá ser apropiada por diferentes entidades del Estado tales como los entes territoriales, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, y los mecanismos transicionales creados en el marco del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en particular, tiene el mandato de promover la convivencia en los territorios y crear un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de una cultura de paz (Acuerdo final, 2016), razón por la cual su involucramiento debe ser mayor.

Sumado a lo anterior, es importante reconocer que el éxito de la política pública dependerá de la capacidad del Consejo Nacional de Paz, Convivencia y Reconciliación de comprometer a los sectores que lo componen y a los Consejos Territoriales de Paz con su apropiación y construcción de abajo hacia arriba.

Para cumplir con este fin, será necesario continuar creando consejos de paz en los municipios y departamentos donde aún no se han creado, fortalecer los existentes, así como generar espacios de diálogo con el Gobierno Nacional que permitan, en primer lugar, que las agendas territoriales y sectoriales para la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización construidas en el marco de proceso se implementen, y segundo para que la política se convierta en una realidad.

Edición 599 – Semana del 3 al 9 de agosto de 2018
   
 
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