¿Un duro golpe a la verdad?

 

La verdad como derecho de las víctimas y como bien público, la inminencia de avanzar para construir una paz estable y duradera, ha sido vista como una amenaza, y recientemente, tal como se preveía en muchos análisis, se ha empezado a consolidar un escenario de dificultades presupuestales y de reformas que cercenan la esencia de lo acordado.

 
Leidy Johanna Sanjuan
 
Asesora Estrategia de Lobbying y Presión Política Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Los análisis electorales en relación con la implementación del acuerdo final para una paz estable y duradera han señalado eventuales condicionamientos al desarrollo de las medidas establecidas para el esclarecimiento de la verdad y la justicia, y una amenaza clara a las posibilidades del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, para satisfacer los derechos de las víctimas y de la sociedad, enmarcados en un proyecto político que no ha dado un apoyo contundente a la paz y, por el contrario, ha atacado los avances logrados hasta ahora.

La verdad como derecho de las víctimas y como bien público, la inminencia de avanzar para construir una paz estable y duradera, ha sido vista como una amenaza, y recientemente, tal como se preveía en muchos análisis, se ha empezado a consolidar un escenario de dificultades presupuestales, de reformas que cercenan la esencia de lo acordado y que de manera infame recortan posibilidades de esclarecimiento, de reconocimiento de responsabilidades y de develar lo ocurrido durante décadas de guerra en el país.

Es en este ambiente político hostil para el trabajo por la verdad y la justicia que se presenta por parte del representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez Pineda, el proyecto de acto legislativo 087 de 2018 que busca impedir el acceso a “información, datos, documentos de carácter reservado, documentos de altísima sensibilidad, expedientes de carácter reservado, información sometida a reserva, o cualquiera otra operación relacionada con información estatal o documentos de cualquier índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o especifique información relacionada con la seguridad nacional, tales como operaciones militares, operaciones estatales, operaciones de inteligencia, operaciones de contrainteligencia o cualquier otra información que atente o ponga en riesgo mínimo la seguridad nacional o de cualquiera de sus agentes.” Además de establecer como falta gravísima el hecho de que funcionarios del Estado permitan el acceso a información oficial.

Sobre este acto legislativo habría que señalar, en primer lugar, que deja entrever un gran temor de que se conozca la información de fuentes oficiales que pueda aportar a esclarecer responsabilidades del Estado, patrones de violencia y omisiones que sólo podrían identificarse si hay apertura oficial para construir la verdad.

En segundo lugar, es de señalar que este proyecto, claramente, va en contravía de la Sentencia de la Corte Constitucional que dio vía libre a los comisionados y comisionadas de la verdad y magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para conocer sin restricciones la información que radica en las entidades oficiales y que, sin duda, es fundamental en las tareas del SIVJRNR. Sin esta, no podría decirse que se ha hecho realidad el derecho a la verdad que tanto las víctimas como los millones de colombianos y colombianas tenemos derechos y necesitamos conocer como sociedad. Sin esta información el SIVJRNR serían mecanismos inocuos que contarían sólo con narrativas parciales de lo que hemos sufrido como sociedad.

Tercero, que el marco de discusión de este proyecto es temerario, estigmatiza e intenta deslegitimar las instancias del SIVJRNR por medio de señalamientos y afirmaciones como que “no es un secreto que al interior de la Comisión existen distintos matices ideológicos, donde la mayoría de sus miembros son de una tendencia de izquierda declarada por ellos mismos en diversos artículos y en sus propias redes sociales a lo largo de los años que duraron las conversaciones de paz en La Habana; incluso donde muchos han mostrado aquiescencia con algunos de lo más macabros hechos ejecutados por las guerrillas y con algunas de sus ideologías;  lo cual hace que se cree un manto de dudas sobre la utilización que se pueda derivar de la información a la cual puedan acceder”, poco sólidas y regresivas respecto del nivel que como sociedad veníamos avanzando en el reconocimiento de lo ocurrido en nuestro país, un conflicto armado con múltiples variables de análisis respecto de las responsabilidades, los impactos y el papel que jugaron los actores armados, entre ellos al Estado.

Y cuarto, pero tal vez, el asunto de reflexión más importante es que este proyecto que bien podría leerse como un ataque a la verdad, requiere de la acción ciudadana para defender la verdad como bien público. Que se está corriendo un riesgo en tanto el proyecto tiene posibilidades de lograr mayorías en la Comisión Primera de la Cámara, si no presionamos desde la Ciudadanía un voto comprometido con el esclarecimiento de la verdad. No debería dejarse pasar este acto legislativo sin ser lo suficientemente interpelado por las víctimas y la sociedad civil, es necesaria la acción ciudadana que (i) promueva con sus representantes regionales y de partidos como el de la U y Cambio Radical para identificar su postura frente al proyecto y apelar a las manifestaciones de apoyo a la paz por parte de estas colectividades para que se opongan a este proyecto; (ii) que se reconstruyan los argumentos para sustentar la necesidad de Colombia de conocer la verdad para construir una paz estable y duradera; (iii) establecer redes ciudadanas en sectores diversos con capacidad de incidencia que demanden el respeto por la labor de la Comisión para que esta pueda cumplir su tarea, por ejemplo, a través del desarrollo de audiencia pública con amplia participación; y (iv) hacer presión política sobre las representaciones en cámara desde las regiones.

Se trata pues de encarecer el costo político de la verdad para lograr así que se tomen decisiones en contra de un proyecto que sería un gran golpe a nuestro derecho a la verdad y, por ende, a vivir en un país en paz.

Edición 603 – Semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2018
   
 
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