A propósito de un Código Penitenciario y Carcelario que cumplió 25 años: 19 de agosto de 1993

 

«El que la hace la paga», se oye decir cada vez con más estridencia en muchos lugares comunes de la Colombia de 2018. Pareciera resonar en esta consigna mucha dosis de vindicta. Todo lo contrario de lo que ha ordenado la Corte Constitucional, y de las pautas que ha dado, en materia de política criminal.

 
David Martínez Osorio
 
Investigador social, escritor y consultor
 
 

En memoria de Juan Jaramillo (1958-2012), artífice de la sentencia T-153 del 28 de abril de 1998, en calidad de magistrado auxiliar de la Corte Constitucional.

Hace veinte años, la Corte Constitucional declaró la existencia de un orden de cosas inconstitucional en las prisiones del país1. En 2013, hizo la misma declaratoria respecto al sistema de encarcelamiento, pero arguyó razones distintas2. Y, en 2015, reiteró su segunda declaratoria, e instituyó un mecanismo de seguimiento orientado a garantizar el cumplimiento de sus órdenes3.

En la última ocasión, además, el alto tribunal declaró que la política criminal colombiana «ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad». De esta premisa general, derivó la consecuencia específica que tuvo en el sistema penitenciario y carcelario, dada la tozudez de las autoridades responsables de fijar la orientación de la administración de justicia punitiva:

“el manejo histórico de la política criminal ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide, en la actualidad, lograr el fin resocializador de la pena”.

Sin duda, esa declaratoria adicional condensa una explicación seria y consistente de la crisis estructural o emergencia permanente de las prisiones. Traducida a una metáfora burda: «la raíz del problema no está en las hojas del árbol, sino que reside en el arraigo del arbusto». Lástima que la Corte Constitucional, teniendo a mano todas las evidencias, haya perdido la oportunidad de hacerlo dos décadas atrás. Pero, bueno, lo hizo: se atrevió a meter el dedo en la llaga sobre el asunto; y al hacerlo le cerró la brecha discursiva al disco rayado de promesas inveteradas sobre inversiones sustanciales en la construcción de nuevas y más amplias prisiones4.

Un sistema de prisiones que nació (siglo XIX) colapsado

“como uno de los principales obstáculos para administrar la justicia criminal, sea el mal estado de nuestras cárceles y prisiones de las cabeceras de los cantones, haciéndose los gastos de propios si los hubiere, y si no a o costa de los vecinos del cantón interesados, en que no se fuguen los reos y se castiguen los delitos […] cuidarán también de que en cada una de las parroquias se asegure una cárcel que construirán los vecinos a su costa si no hubiere otros fondos”.
Artículo 10
Decreto ejecutivo expedido por el Presidente Libertador el 24 de noviembre de 1826, que ordena que la justicia se administre pronta y cumplidamente.

“El establecimiento de presidios no se llevará inmediatamente a efecto donde no haya renta de propios para sostenerlos. Pero se encarga a los gobernadores que escogiten medios para que se realicen tan pronto como sea posible”.
Artículo 5º
Decreto ejecutivo expedido por el Presidente Libertador el 14 de marzo de 1828, mediante el cual estableció los presidios correccionales para hombres y mujeres.

En la década de los 1830 unas cuantas decenas de normas comenzaron a darle forma al primer sistema carcelario del país. Y desde esos primeros días republicanos de nuestro país, las prisiones se volvieron un enredo. En la provincia de Antioquia (1837) había 49, pero su gobernador decía que se necesitaban más, y que las que existían eran precarias. La descripción que hizo de la cárcel de Medellín, en esa época, el diputado Pedro Antonio Restrepo Escobar, durante una sesión de la Cámara Provincial de Antioquia, se parece en mucho a las descripciones de las visitas realizadas por la Corte Constitucional a la cárcel Bellavista, entre 1997 y 1998:

“[…] es indigna de una ciudad rica, floreciente y civilizada como Medellín […] El piso bajo está distribuido en unas pocas piezas insuficientes para alojar el número de individuos que allí viven amontonados, los cuales producen una sensible corrupción del aire, y es evidente que se respiran en aquel recinto miasma deletéreos”.

Con la creación de esas nuevas primeras prisiones, también fue inventado el hacinamiento o la sobrepoblación carcelaria. Y como eran frecuentes las fugas, en 1838, los vecinos de Popayán propusieron la creación de presidios en las islas de Gorgona y San Andrés y Providencia. Y más adelante, en 1849, comenzó la construcción del célebre Panóptico de Bogotá (hoy, sede del Museo Nacional), la primera gran prisión urbana, que finalizó en 1878.

Desde entonces, la gente pedía castigo, y éste no se hizo esperar: fueron expedidos el Código Penal de 1936, el Código de Procedimiento Penal de 1938, y la ley de vagos y maleantes de 1938. La gente quería muchas cárceles, y entre más había, más hacían falta, y sus condiciones internas más o menos eran siempre las mismas: las propias de templos (o antros) de indignidad humana. No muy distintas a las sucias y desordenadas prisiones británicas del siglo XVIII, cuando la privación de la libertad empezó el camino hacia la conversión en la principal sanción punitiva: «Al ingresar en la cárcel, unos se enfrentaba con el ruido y la fetidez del lugar. […] La cárcel parecía una especie de albergue con una clientela muy variada, donde algunos vivían con cierta tranquilidad y otros lo hacían en la inmundicia» (McGowan).

Desde los tiempos decimonónicos hasta hoy, en suma, el principal razonamiento de las autoridades colombianas respecto a las prisiones podría sintetizarse así: «Se necesitan, pero no hay con qué construirlas o mantenerlas». Y cuando han sido indagadas por el inadecuado funcionamiento de los centros de reclusión, la consabida justificación: «es que… es que no nos ha sido posible».

En 1998, la Corte Constitucional todavía tenía la esperanza de que ese imaginario pudiera hacerse eficiente mediante un nuevo plan de construcciones y refacciones. Entonces, hubo nuevas prisiones, y hubo mucha algarabía y contento porque se parecían a las «cárceles de verdad» de los Estados Unidos, con sistemas de aislamiento celular incluido (Unidades de Tratamiento Especial, se llamaron, aunque cabe preguntarse: ¿eran de tratamiento o tortura? No importa, ambas empiezan por te). No obstante, los nuevos cupos rápidamente se agotaron, pues siguió creciendo la población sometida efectivamente a prisión (sin contar las personas sometidas a detención domiciliaria, ni las cautivas en prisiones municipales o estaciones de policía) en establecimientos administrados por el INPEC (véase gráfica).

La pregunta del millón: ¿se revisará la política
criminal en tiempos de «El que la hace la paga»?

«El que la hace la paga», se oye decir cada vez con más estridencia en muchos lugares comunes de la Colombia de 2018. Pareciera resonar en esta consigna mucha dosis de vindicta. Todo lo contrario de lo que ha ordenado la Corte Constitucional, y de las pautas que ha dado, en materia de política criminal. El 17 de agosto pasado la Policía Nacional la adoptó como nombre de su estrategia contra el crimen organizado. Con los antecedentes que hay en este país, surge una duda: ¿de verdad el límite será el crimen organizado?

Por lo pronto, vale la pena establecer a qué se remonta la consigna. Es la fórmula moderna de un viejo refrán mediante el que se justifica la penalización. Quien tal hace, que así lo pague corresponde a una de las frases “con que se finalizaba el pregón anunciador de la sentencia impuesta a un delincuente. Otras fórmulas empleadas eran Quien tal hace, tal prenda y Quien tal hizo, tal haya” (Etxabe). En el Libro de refranes de Mosén Pedro Vallés (1549) aparecen registradas dos de sus fórmulas antiguas: Quien tal haze, que tal pague y Quien lo hizo, que lo pague.

A propósito de la Inquisición en Colombia y la persecución de brujas, Diana Luz Ceballos Gómez se valió de la primera fórmula para titular el trabajo de investigación histórica con el que obtuvo el premio Nacional de Cultura de 1999, en la categoría Historia: Quyen tal haze que tal pague”: sociedad y prácticas mágicas en el Nuevo Reino de Granada. ¿Volvemos a tiempos remotos?

Mientras se intentan respuestas, el último informe (cuarto: respuesta al informe semestral del Gobierno) que la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia T-388 de 2013 le presentó a la Corte Constitucional no es nada alentador. Vale la pena leerlo.

“Informe CSS T388 de 2013” o “4to Informe CSS T388 de 2013”

1 Corte Constitucional, sentencia T-153 del 28 de abril de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

2 Corte Constitucional, sentencia T-388 del 28 de junio de 2013, M. P. María Victoria Calle Correa.

3 Corte Constitucional, sentencia T-762 del 16 de diciembre de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

4 Véase David Martínez, “Historia de promesas y bombas: el gobierno de las cárceles en Colombia”, revista Semana.com, Bogotá, 22 de septiembre de 2011.

Edición 603 – Semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2018
   
 
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