El secreto de la democracia:
la participación ciudadana

 

En anterior edición nos ocupamos de la Consulta Popular, aprovechando la consulta Anticorrupción del pasado 26 de agosto, ahora trataremos de desglosar lo pertinente a esas otras “herramientas” que conforman los mecanismos de participación ciudadana y que están consagrados en el artículo 103 de la Constitución Colombiana: “son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”.

 
Álvaro Ortiz Ramos
 
Editor Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, consagra la Constitución Política de Colombia en su artículo 40. Un logro para la ciudadanía –sin lugar a dudas– fruto de las luchas populares y democráticas que, recordemos, se dieron como parte del proceso que llevó al país a ese cambio del ordenamiento institucional a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la posterior firma de la nueva carta política.

En ese orden de ideas, Colombia un país profundamente democrático –dicen, a mí no me parece– busca que sus ciudadanos sean quienes decidan el rumbo de la nación con la democracia más antigua de Latinoamérica1 con diferentes acciones, políticas y en general con decisiones democráticas que –esas sí– pueden y cambian el rumbo de los derechos mediante los diferentes mecanismos de participación ciudadana.

En anterior edición nos ocupamos de la Consulta Popular, aprovechando la consulta Anticorrupción del pasado 26 de agosto2, en la que mencionamos que la Consulta Popular es un mecanismo de participación ciudadana establecido en el Artículo 103 de la Constitución Política y regulado en la Ley 1757 de 2015 sobre mecanismos de participación democrática y se utiliza para elevar una consulta al pueblo con el fin de que se tome una decisión sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental o municipal.

Ahora trataremos de desglosar lo pertinente a esas otras “herramientas” que conforman los mecanismos de participación ciudadana y que están consagrados en el artículo 103 de la Constitución Colombiana: “son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”.

El voto

Sin lugar a dudas, el voto representa uno de los principales mecanismos de participación ciudadana, razón por la que al Estado le corresponde su compromiso y responsabilidad de proteger, auspiciar y fomentar el derecho del sufragio. El voto –traducido en comicios o elecciones– es el camino para que los ciudadanos participen en la conformación y control del poder político. En este sentido, le corresponde al legislador –por una parte– fijar las reglas que la desarrollen y hagan posible y por otro lado, obviamente, a las autoridades electorales, implementar los medios y organizar las estrategias que faciliten su ejercicio, en un ámbito democrático y de transparencia.

El voto es un acto personal y de voluntad política; además, es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. Veamos algunas características:

Es un deber y un derecho: Cuando un ciudadano ejerce su derecho constitucional al sufragio depositando su voto en una urna, cumple con uno de sus máximos deberes, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.

Libre: El voto es libre cuando su ejercicio no está sujeto a presión, intimidación o coacción alguna. El ciudadano, en ejercicio de este derecho fundamental, sufraga a su libre albedrío por un candidato o una lista que se ha puesto a consideración en un evento democrático, o por el contrario, sufraga a favor o en contra de una opción participativa que requiera su decisión.

El voto es secreto: Todo proceso electoral debe propender para asegurar que el sufragio y las votaciones se constituyan en la libre, espontánea y auténtica voluntad de los ciudadanos, razón por la cual el voto debe ser secreto y en consecuencia, las autoridades deberán garantizar que cuando un ciudadano sufrague lo haga libremente sin revelar sus preferencias.

Electivo y participativo: Los colombianos votamos para elegir presidente y vicepresidente de la República, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados, concejales y miembros de las Juntas Administradoras Locales. Adicionalmente, ejercemos el derecho al voto en actos de participación ciudadana como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa y normativa y la revocatoria del mandato.

El sufragio es individual y personal: Esto indica que los electores deben ejercer su derecho por sí mismos, sin que se permita, el voto por correo o por mandato. La citada característica corresponde a la expresión “un ciudadano, un voto”.

Es universal: Se entiende que el voto es patrimonio de todos. Pertenece a todos sin ninguna distinción que conlleve discriminación o visos de desigualdad, por lo tanto, esta característica no puede estar ligada a factores culturales, políticos, raciales, sociales y morales. Solo el ciudadano que cumpla los requisitos legalmente determinados y se halle en la plena capacidad de goce de sus derechos políticos puede elegir y ser elegido.

Plebiscito

El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo que mediante elecciones –luego de ser convocado por el presidente de la República– apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.

En este sentido, la Ley 134 de 19943 indica que “El Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, la cual no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del presidente”. Esta solicitud deberá ir acompañada con la firma de todos los ministros y la aprobación –tras estudio y debate– del Congreso de la República.

Es importante señalar que en un plebiscito sólo se pueden someter a votación, las políticas que no requieran de la aprobación previa del Senado, a excepción de las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes, así mismo, la elección para un plebiscito no puede coincidir con otra elección.

Recordemos que la historia señala que en el país sólo se ha llevado a cabo un plebiscito –claro esta, también cuenta la historia, que, aunque se le denominó plebiscito, lo que se aprobó fue una reforma constitucional, que realmente corresponde a un referendo– que se celebró el 10 de diciembre de 19574.

Es bueno recordar la historia para no tergiversarla ni repetirla: Con el plebiscito del 57, se inició el Frente Nacional en el que liberales y conservadores se alternaron el poder durante dieciséis años, cerrando cualquier brecha de alternativa democrática, hecho que obligó a otras ideologías –especialmente de izquierda– a tomar las armas como opción para expresar su inconformidad.

En esta era “moderna”, el “Plebiscito por la Paz”5, convocado por el expresidente Juan Manuel Santos y aprobado por el Congreso, es quizá el más importante de la historia colombiana. Los ciudadanos tuvimos la inmensa responsabilidad de decidir con nuestro voto afirmativo si queríamos para las futuras generaciones una nación –después de 60 años de guerra– en paz.

Referendo

Es la convocatoria que se hace a la ciudadanía para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente que puede ser de tipo nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local.

En ese orden de ideas, existen 2 tipos de referendo: el aprobatorio que es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de ley a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente; y el referendo derogatorio señala que una norma, aprobada por el Congreso, la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal, se someta a consideración de la ciudadanía para que ésta decida si se deroga la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.

Al igual que en el caso de las iniciativas legislativas o normativas, como primer paso se debe constituir un comité promotor, con apoyos equivalentes al 5 por mil del censo electoral y posteriormente se debe inscribir la iniciativa de referendo para proceder a recolectar las firmas que lo respalden, las cuales equivalen al 5% del censo electoral.

El documento sobre el cual firmarán los ciudadanos que apoyan la solicitud del referendo, de acuerdo con el Artículo 166 de la Ley de Mecanismos de Participación, debe contener al menos la siguiente información: a) “El número que la Registraduría del Estado Civil le asignó a la iniciativa legislativa y normativa o a la solicitud de referendo; b) La información requerida en el formulario presentado para la inscripción de la iniciativa legislativa y normativa o la solicitud de referendo, de conformidad con los Artículos 11 y 12 de la presente ley; y c) El resumen del contenido de la propuesta y la invitación a los eventuales firmantes a leerlo antes de apoyarlo”.

Una vez la Registraduría avala las firmas, el referendo pasa al legislativo y luego a revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. De ser declarado exequible se procederá a convocar a votaciones sobre el referendo a nivel nacional, departamental o municipal, según el caso.

Sobre este mecanismo de participación, señalemos dos ejemplos más o menos recientes. En 2003, el 25 de octubre, bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez7, se realizó un referendo constitucional. Si bien las 15 propuestas fueron aprobadas por los votantes, sólo una pregunta tuvo el número de votos para cumplir el 25% del censo, requisito de cuórum. En 2008 el mismo Uribe presentó una propuesta de referendo que buscaba avalar la reelección presidencial.

En la memoria reciente del país pesa el recuerdo de tres referendos más que no cobraron forma. El de la cadena perpetua contra violadores de menores de edad, el del acceso al agua como derecho fundamental y el de un nuevo intento de revocatoria del Congreso. Es bueno también recordar otras iniciativas, como lo demuestra un cuadro histórico de la Registraduría8, que no lograron su cometido.

Iniciativa popular legislativa

“Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente”, señala el Artículo 2 de la Ley 134 de 1994.

Para adelantar este tramite, se debe realizar primero la inscripción de un comité de promotores, el cual será respaldado por apoyos representados en firmas equivalentes al 5 por mil del censo electoral.

“Para ser promotor de una iniciativa legislativa y normativa o de una solicitud de referendo, se requiere ser ciudadano en ejercicio y contar con el respaldo del cinco por mil de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral. Podrán también ser promotores, una organización cívica, sindical, gremial, indígena o comunal del orden nacional, departamental, municipal o local, según el caso, o un partido o movimiento político, debiendo cumplir con el requisito de la personería jurídica en todos los casos”.

Sólo pueden ser materia de iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia de la respectiva corporación. No se podrán presentar iniciativas populares legislativas y normativas ante el Congreso, las asambleas, los concejos o las juntas administradoras locales, sobre las siguientes materias: Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los alcaldes, según lo establecido en los artículos 154, 300, 313, 315, 322 y 336 de la Constitución Política; Presupuestales, fiscales o tributarias; Relaciones internacionales; Concesión de amnistía o indultos y Preservación y restablecimiento del orden público.

Revocatoria del mandato

Este mecanismo de participación ciudadana es el derecho político que tienen todos los colombianos, para dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde, porque determinaron –por ejemplo– que el gobernante no cumplió con lo estipulado en su plan de gobierno. En caso reciente: “Por primera vez en Colombia, luego de 27 años de haberse consagrado en la Constitución la revocatoria del mandato para alcaldes y gobernadores y tras 287 intentos fallidos para hacerla efectiva, la gente de Tasco revocó el poder a su alcalde”9.

Entonces tenemos que un grupo de ciudadanos, en número no inferior al 40% de los votos que obtuvo el gobernador o el alcalde, según el caso, solicita ante la Registraduría Nacional del Estado Civil que convoque a votaciones para revocar el mandato del funcionario, mediante un formulario de firmas que además contiene las razones que fundamentan la revocatoria.

La Registraduría Nacional del Estado Civil10 procederá con la revisión de las firmas y determinará si cumple o no con el umbral requerido y, según el caso, convocará a votación sobre la revocatoria.

Para que la revocatoria proceda, debe ser aprobada por la mitad más uno de los votos de los ciudadanos que participen en la convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 55% de la votación válida registrada el día en que se eligió al mandatario. Si como resultado de la votación no se revoca el mandato del gobernador o alcalde, no podrá volver a intentarse, una revocatoria del mandato, en lo que resta de su período.

En la historia también quedará –ya como hecho meramente anecdótico– que a dos alcaldes de Bogotá11 trataron de revocarles el mandato sin que en los dos casos prosperara la iniciativa.

Cabildo abierto

Finalmente, tenemos el cabildo abierto –un mecanismo de participación ciudadana consagrado en el capítulo IV de la Constitución Política – que establece y estipula los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía para hacerse partícipe en asuntos públicos, a través de una reunión pública de los concejos distritales, municipales o juntas administradoras locales, en la que los habitantes pueden participar con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.

Son una instancia de participación de los ciudadanos y las ciudadanas, que brindan la oportunidad de conocer las propuestas realizadas, para llevar adelante acciones que pueden ser eficazmente atendidas a escala barrial y municipal. Los Gobiernos Municipales propician la democratización de las políticas ciudadanas, el involucramiento de los vecinos y las vecinas en asuntos de interés de la comunidad, y la construcción de un entramado social integrado y comprometido.

La principal razón que motiva la convocatoria de un Cabildo es para discutir, refrendar o dar a conocer puntos de vista divergentes sobre asuntos relacionados con temas como las políticas públicas, acciones de gobierno o la eventual toma de decisiones por parte de la administración pública.

Estas son pues las herramientas que, gracias a la Carta Política del 91, los colombianos y colombianas tenemos para hacer valer nuestros derechos.

Fuentes base de este artículo: Registraduría Nacional del Estado Civil, Constitución Política de Colombia, El Espectador, El Tiempo.

Edición 604 – Semana del 7 al 13 de septiembre de 2018

1 Primer argumento: la antigüedad El granadino José Miguel Pey fue elegido por voto popular como alcalde de Santafé el 20 de julio de 1810. Según ciertos historiadores, dicha elección fue el primer acto democrático que se celebró en la América liberada del imperio español. Segundo argumento: la tradición electoral Según afirma en su página web el Banco de La República, Colombia es el único país latinoamericano que cuenta con un legado electoral ininterrumpido desde 1830, año en que se dio la división de la República de la Gran Colombia. El país estuvo bajo una dictadura militar en el período del general Gustavo Rojas Pinilla tras una acción que fue calificada como un “golpe de opinión”, respaldada en mayor medida por los partidos, por la dirigencia política del país y por una amplia manifestación popular que pedía un cambio. No obstante, esta etapa sólo duró cuatro años, lo mismo que un período electoral, y durante su gobierno se produjeron avances en la cultura democrática, como el derecho al voto de la mujer en 1957. El 10 de mayo del mismo año, en el marco del Acuerdo de Benidorm, el general Rojas Pinilla entregó pacíficamente el mando a una junta militar, que junto con los partidos convoca a elecciones democráticas al año siguiente. Tercer argumento: la estabilidad institucional Otros autores argumentan que el hecho de que Colombia haya sufrido menos períodos de guerra civil y dictaduras militares que los demás países del continente la hacen merecedora de ese título.

4 Se convocó a los colombianos para que ratificaran el pacto de Benidorm –llamado así por la ciudad española en la que se dieron las conversaciones– celebrado entre los máximos representantes de la oligarquía dominante (Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo) en 1956, para derrocar al presidente Gustavo Rojas Pinilla, impuesto mediante un golpe de cuartel el 13 de junio de 1953, patrocinado por el ex presidente Mariano Ospina Pérez y un sector del partido liberal, con el único objetivo de salvaguardar los intereses mezquinos de esa misma oligarquía, amenazada por una brutal guerra civil patrocinada por el establecimiento en manos de Laureano Gómez. Sin embargo, Rojas Pinilla se le salió de las manos a la clase dominante, cometiendo el error de algunos políticos latinoamericanos: ayudar al pueblo desarrapado. De inmediato fue calificado de populista y dictador.

5 El plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia de 2016 fue el mecanismo de refrendación para aprobar los acuerdos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. Las votaciones, programadas para el domingo 2 de octubre de 2016, buscaban que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos de La Habana. El resultado, tristemente recordado, fue una victoria del “No”.

7 Una de las propuestas de campaña de Álvaro Uribe en 2002 fue la de reformar la justicia a través de un referendo en el que los colombianos modificaran algunos artículos de la Constitución Política de 1991. Luego del fracaso de la convocatoria el gobierno de Uribe presentó una nueva propuesta de referendo en el 2008 que buscaba avalar la reelección presidencial. En esa segunda ocasión la consulta no logró pasar el filtro de la Corte Constitucional por vicios de forma.

9 ¡Viva la gente de Tasco! Equipo Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos – ILSA.

11 El 18 de abril de 2013 el Congresista Miguel Gómez radicaba algo más de 640.000 firmas para convocar la revocatoria del entonces alcalde Gustavo Petro. Cuatro años y 2 semanas más tarde un comité llamado “Unidos Revocamos a Peñalosa” radicaba una cantidad similar firmas para convocar la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa.

   
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
 
 
 
comentarios suministrados por Disqus