¡¡¡La Tutela NO SE TOCA!!!

 

“De otro lado el Congreso de la República no tiene competencia para introducirle modificaciones al artículo 86 de la Constitución. Si hay algo que sintetice la noción de Estado Social y Democrático de Derecho establecido por el constituyente primario en 1991 es que los derechos se hagan efectivos, y es la tutela el mecanismo para reclamar cuando esto no suceda”.

 
José Luciano Sanín Vásquez
 
Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

La misma semana en que la Corte Constitucional anunció que se había llegado a los siete millones de tutelas tramitadas y decididas, en la Comisión Primera del Senado se estaban radicando tres proyectos de reforma a la justicia que buscan, entre otros temas, reformar la acción de tutela estableciendo varias limitaciones para su ejercicio. Una vez más la expresión reforma significa retroceso y restricciones, y no lo que debería significar, avances y mayores garantías para ejercer los derechos.

Para el gobierno, que siete millones de personas en los últimos 28 años acudieran a la tutela ha causado un grave daño a la justicia ordinaria, y allí fundamenta su propuesta de reforma, que defiende señalando que va dirigida a fortalecer la acción de tutela.

Muchos consideramos todo lo contrario, esos siete millones de personas acudieron a la tutela no abusando del derecho como se da entender en la exposición de motivos, sino por el gran déficit de protección y garantía de los derechos. Pero sobretodo, la cifra de siete millones de tutelas tramitadas y decididas, indican que la constitución, en este campo, ha sido efectiva, y, por tanto, lo mejor es no reformarla.

Los proyectos de actos legislativos para reformar la administración de justicia consagran una gran cantidad de temas y medidas, la inmensa mayoría de ellas dirigidas a cambiar las reglas de gobierno y gestión de la rama judicial, ninguna a mejorar el acceso a una justicia pronta y efectiva, y otras disposiciones orientadas a limitar el acceso a la justicia, en particular las que se refieren a establecer limitaciones a la acción de tutela y las que buscan eliminar la figura de los jueces de Paz.

Consideramos que la acción de tutela no necesita ser reformada, son 27 años de su consagración y uso por 7 millones de personas, que pudieron disponer de un mecanismo simple y efectivo para proteger sus derechos, la acción de tutela es un gran acierto de la constituyente de 1991 y quizá el más amplio y concreto beneficio que han recibido los colombianos de la Constitución, así que mal se haría introducirle limitaciones, pero sobretodo, las razones que se esgrimen para reformarla en general no son ciertas, y el Congreso además no tiene competencia para reformarla.

Se pretenden realizar cuatro cambios a la acción de tutela, que a todas luces no son necesarios porque las razones que se exponen no son ciertas y han sido ya superadas a través de la jurisprudencia, y en cambio se estaría produciendo un marchitamiento de este valiosísimo mecanismo dispuesto para proteger los derechos.

Se busca en la reforma a la justicia limitar la legitimación en la causa, para que en menos ocasiones pueda ser interpuesta, se pretende establecer un termino de caducidad, regular mediante ley la acción de tutela contra providencias judiciales y que sean jueces especializados los que tramiten las acciones de tutela de acuerdo con la materia, lo que afectaría las posibilidades de acceso a la tutela a las personas que no viven en ciudades capitales. En su conjunto estas reformas constituyen una gran restricción para el ejercicio de la acción de tutela, y en ningún caso podrían entenderse como lo está presentando el gobierno, como un fortalecimiento de este mecanismo.

De otro lado el Congreso de la República no tiene competencia para introducirle modificaciones al artículo 86 de la Constitución. Si hay algo que sintetice la noción de Estado Social y Democrático de Derecho establecido por el constituyente primario en 1991 es que los derechos se hagan efectivos, y es la tutela el mecanismo para reclamar cuando esto no suceda. Por tanto, el Congreso, como constituyente secundario al reformar la tutela estaría sustituyendo un elemento crucial de la constitución. La tutela que idearon los constituyentes de 1991 era para toda persona, a la que se le amenacen o vulneren derechos fundamentales, puede acudir ante cualquier juez, en todo momento y lugar, y de aprobarse la reforma no sería toda persona, ni ante cualquier juez, ni en todo momento. Sería otro mecanismo, muy diferente, que sin duda haría perder identidad a la Constitución, en su más importante aspecto: la efectividad de los derechos.

Esperamos que la próxima semana el tema de la acción de tutela sea excluido del proyecto de reforma a la justicia. El gobierno, los senadores ponentes, y los senadores que integran la Comisión Primera del Senado bien harían en escuchar las voces de la ciudadanía que gritan sin dudar: ¡¡¡La Tutela NO SE TOCA!!!!

Edición 608 – Semana del 5 al 11 de octubre de 2018
   
 
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