Enfrentar la gran dificultad
para retomar el proceso de paz Gobierno – ELN

 

Una ruptura con el ELN, como se ha advertido, no es asunto que se circunscribe a la realidad actual de esa guerrilla, sino que derivaría en un factor negativo y de menoscabo para las posibilidades de la paz en general, y para una prolongación indeseable quizás no por años sino por más tiempo, de los escenarios ambiguos y complejos que hemos vivido en la tensión entre la paz y la guerra, con todas las profundas y graves implicaciones que ello implica.

 
Álvaro Villarraga Sarmiento
 
Fundación Cultura Democrática
 
 

Era previsible que con el gobierno del presidente Iván Duque la mesa de conversaciones Gobierno Nacional-ELN, con sede en La Habana, entrara en grave riesgo de entrar en crisis y de darse la posibilidad de la terminación de este proceso de paz. Esto porque en su campaña presidencial y al iniciar su mandato Iván Duque ha mantenido la propuesta de la política del gobierno Uribe –que resultó inviable– de desechar un proceso dialogado y concertado que defina un pacto de paz por el de exigirle a la guerrilla cese unilateral de hostilidades, concentración y desmovilización para el sometimiento a la justicia y la reintegración a la vida civil. Como se ha discutido, una propuesta de rendición incondicional que prescinde de una agenda temática para abordar propuesta de transformaciones sociales, políticas e institucionales como condición necesaria para la paz.

Si se parte de este presupuesto válido podría concluirse de inmediato que fracasó el cierre completo de la guerra y la posibilidad de la única paz pendiente con la insurgencia, el ELN, de manera que sería imposible conseguir alguna sinergia o sentido de complementariedad entre el pacto de paz en implementación con las FARC y el que podría lograrse con el ELN. Siendo claro es que en Colombia no hubo un proceso de paz integral y simultáneo con el conjunto de la insurgencia -como lo hubo en Salvador y Guatemala-, sino que en medio de vicisitudes se inició con las paces del M19, el EPL y varias agrupaciones menores, en el contexto de la Constituyente de 1991 y sus positivos efectos, y se podría cerrar ahora de manera definitiva con las paces secuenciales de las FARC y el ELN.

Entonces ¿cuál es la posibilidad que existe de que se salve la posibilidad de conseguir un pacto de paz definitivo entre el Gobierno Duque y el ELN? Retomando las discusiones y reflexiones que se han tenido en este trance puede afirmarse que se requieren, entre otros factores posibles este tipo de situaciones a favor de tal propósito. 1. La reformulación de la postura hacia la paz del gobierno nacional, mediante el desarrollo de una política realista y viable hacia la solución negociada con el ELN. 2. La disposición y las iniciativas del ELN en lo político y lo militar hacia facilitar la prolongación del entendimiento en las nuevas condiciones. 3. El apoyo activo de la comunidad internacional hacia el logro de la paz negociada entre el Estado y la insurgencia. 4. La movilización y la presión de la sociedad para que se mantenga y llegue a compromisos definitivos y finales este proceso de paz.

Sobre el primer punto, si bien el presidente Iván Duque y el Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia Miguel Ceballos reafirman el enunciado de la inviable política uribista, la realidad del proceso exige replanteamientos y nuevas respuestas al gobierno, si opta por conseguir la paz. Al respecto, se requiere el desarrollo de la política de paz en lo cual son de destacar la incorporación de dos elementos necesarios si se aspira al éxito de las conversaciones: 1. El ELN propuso desde 1998 –Acuerdo de Mainz– una Convención Nacional, orientada a la participación de la sociedad de lo local a lo nacional, para conseguir con convocatoria amplia y plural consensos sobre medidas y garantías requeridas por la paz, aspecto retomado como primer punto de la agenda acordada con el anterior gobierno y con avances entre las partes. 2. Como ha correspondido en todos los procesos de paz internos e internacionales y es propio de la resolución de conflictos, es preciso abordar una agenda temática sobre propuestas de transformación en lo social, político e institucional como soporte de la paz.

La posibilidad del desarrollo esperado de la política de paz gubernamental puede ser la consecuencia de la nueva situación política. En el curso de la campaña electoral Iván Duque se alejó de la oposición total al acuerdo de paz para plantear revisiones a los avances conseguidos por el anterior gobierno, lo cual lleva implícito el mantener elementos esenciales y poder hacer modificaciones y complementaciones. En la segunda vuelta presidencial Iván Duque recibió nuevos apoyos (Liberal, Cambio Radical, parte del Conservador) que incluyeron partidos de la anterior Unidad Nacional que apoyó el proceso de paz del anterior gobierno, de forma que si bien no hubo una negociación programática implica la aceptación de vertientes que aportan nuevas dinámicas y posturas a incorporar. Una vez electo el presidente, si bien cuenta con su programa y lo plasmará, a la vez tiene un compromiso de gobierno hacia el conjunto de la sociedad, de forma que el tema de la paz por su esencia es un asunto nacional y que exige la unificación de esfuerzos y convocatorias en tal norte, sin exclusión de la oposición. Por tanto, la movilización de ocho millones de votos ante los diez oficialmente escrutados, evidencian que la paz debe reflejar en el tratamiento de los asuntos una política nacional, estatal y hacia el conjunto de la ciudadanía. Interpretación además claramente plasmada como mandato legal para el gobierno en la Ley 434/1998.

El segundo punto, sobre las iniciativas política y militares del ELN para facilitar la posibilidad de la continuidad del proceso, podría pasar por elementos propositivos como los siguientes: En las condiciones actuales el mantenimiento inmediato de las hostilidades en lo referido a las acciones ofensivas, los sabotajes y las retenciones resultan un factor negativo para las expectativas de la paz. Es comprensible y a la larga necesario e ineludible que se consiga un cese bilateral de las hostilidades con supervisión internacional en los territorios. Pero resultaría altamente conveniente para el entendimiento una declaratoria inicial de un cese al fuego en el sentido de las acciones ofensivas por parte del ELN, lo cual le daría reconocimiento político, le exigiría reciprocidad al gobierno y le permitiría en la mesa trabajar la perspectiva de la reglamentación de los compromisos de las partes al respecto y de las formas de verificación. De hecho, evidente que el ELN evita en la actualidad acciones que resulten contraproducentes en el ambiente político y que además resultan contrarias a contextos de implementación de la paz con las FARC y conjugadas con la ola de violencia contra la población y sus liderazgos en los movimientos sociales.

Independientemente de que en la agenda con el anterior gobierno el asunto humanitario está contemplado, resultaría muy beneficioso que el ELN declarara el cese de la toma de rehenes, el no ataque a sectores de la población civil, el no reclutamiento de menores de acuerdo a los parámetros convencionales vigentes y la reafirmación de acogimiento de las normas humanitarias debidas. Así mismo, en lo referido a personal militar o que constituya ventaja militar en el contexto de las hostilidades, que pueda caer en manos del ELN, podría esta guerrilla con la cooperación del ELN, la comunidad internacional y las organizaciones civiles y humanitarias nacionales, conseguir un protocolo expedito y de aplicación inmediata, para facilitar su pronta liberación en condiciones de trato digno y seguridad. De no colaborar activamente el gobierno no podría oponerse a este propósito humanitario y la intermediación humanitaria del CICR podría evitar que se presenten riesgos a las acciones humanitarias por los operativos militares oficiales.

Sobre el tercer punto, sobre el apoyo activo de la comunidad internacional, existe consenso en reconocer que es quizás el elemento más importante que lleva a que se mantenga expectativa de continuidad de este proceso de paz, en medio del alto riesgo de que se precipite a la ruptura. La ONU todos los organismos intergubernamentales, entes de cooperación, países, países garantes y acompañantes y organizaciones e instituciones civiles del ámbito internacional respaldan la paz con las FARC, se pronuncian y actúan a favor de su implementación y llaman a conseguir la paz con el ELN. Aún los cambios y la ambigüedad con respecto a varias de las políticas y medidas propias de la paz en Colombia por parte del gobierno actual de EEUU, no logra revertir esta dinámica. Las advertencias del FMI, las recomendaciones y la supervisión de la ONU son de manera general claras al respecto. Por encima de las dificultades internas Colombia es ahora signo en el mundo de la posibilidad de la paz, en medio del recrudecimiento de varias guerras en otros continentes. El presidente Duque entiende esta posición y la política internacional del país no puede ser en contravía de tales circunstancias favorables para las posibilidades, las políticas y los proyectos de la paz a todo nivel.

Y con respecto al cuarto asunto, la movilización de la sociedad como premisa necesaria para el logro de la paz si bien no asistimos a un momento de gran movilización por la paz, si existen acumulados y situaciones muy dicientes al respecto. En estricto sentido y en una interpretación no sectaria ni generalizadora, lleva a entender que la consigna de volver “trizas la paz” surgió de un sector radical del partido Centro Democrático, pero que desde el principio tuvo matizaciones al seno de este partido y de las vertientes de derecha y centro derecha. El precandidato conservador Ordoñez siendo el más próximo a esa postura de extrema derecha y guerrerismo a ultranza sufrió aplastante derrota, de forma que la postura de la fórmula Iván Duque y Martha Lucía Ramírez se soportó en explicar la no oposición radical a la paz, sino en la referida revisión de los acuerdos y de la política.

Por supuesto que, sin desconocer el peso de la política uribista adoptada en el discurso y las propuestas, dentro del marco de la situación política actual, las nuevas convergencias y las necesidades de la gobernabilidad del nuevo gobierno se podrían adoptar los desarrollos requeridos en política de paz. Esto porque puede afirmarse según las cifras oficialmente reconocidas que diez millones de personas no votaron contra la paz y sus aplicaciones y desarrollos sino por una paz que admitiera ciertas revisiones, mientras que ocho millones votamos porque se mantuvieran los acuerdos y los procesos de paz con las insurgencias, a la vez que se dimensionaran las posibilidades de la paz desde la voluntad ciudadana, los proyectos políticos y las medidas a su favor, incluso más allá de las posibilidades acordadas con las fracciones insurgentes prolongadas hasta el presente.

El debate está abierto y las propuestas y la movilización de múltiples formas por la paz al orden del día. Es así como puede discutirse. Por ejemplo, tiene razón el gobierno cuando le hace determinadas exigencias humanitarias al ELN, aunque a la vez se equivoca al no comprender la realidad del conflicto bélico y la precisión que se exige en la interpretación de ciertos asuntos del DIH como la diferenciación entre la proscrita toma de rehenes, el delito común del secuestro y la realidad de las retenciones de personal que constituya ventaja militar contraria en el contexto de las hostilidades de guerra1. Tiene razón el ELN al alegar coherencia de Estado para dar continuidad al proceso de paz2, aunque la realidad política también indica que el gobierno está obligado a retomar asuntos esenciales del proceso, pero también a desarrollar otros bajo su política que ojalá resulten viables con la posibilidad de éxito del proceso. Se equivoca de forma evidente el gobierno cuando pretende exigir de entrada al ELN respeto a la legalidad, cuando aún son insurgencia y no se han acogido a ella, lo cual será posible a la firma del pacto final. Tiene razón el ELN en que una política de paz no puede ser un ofrecimiento de derrota a título del DDR3, pero también esta guerrilla debe ser clara en el norte que tiene el proceso hacia el compromiso definitivo de la dejación de las armas, el paso a la vida civil y la responsabilidad de las partes con un positivo programa de reincorporación política, económica, social y laboral de los excombatientes amnistiados. Tiene razón el gobierno al plantearse un proceso de paz pronto que supere los tiempos dilatados y los pocos avances que ha tenido en particular en entendimiento y los acuerdos parciales con el ELN, pero una revisión objetiva de los asuntos también revela que en el proceso que se traía y en anteriores procesos, las responsabilidades y dificultades existentes no han sido solo de las guerrillas sino también con frecuencias y a veces principalmente del Estado y de sus gobiernos.

En todo caso, no hay que perder la perspectiva histórica de la posibilidad de cerrar la guerra y consolidar una paz integral, para lo cual de manera general se vienen dando las condiciones posibles, en medio de grandes dificultades, oposiciones y retos a asumir. Una ruptura con el ELN, como se ha advertido, no es asunto que se circunscribe a la realidad actual de esa guerrilla, sino que derivaría en un factor negativo y de menoscabo para las posibilidades de la paz en general, y para una prolongación indeseable quizás no por años sino por más tiempo, de los escenarios ambiguos y complejos que hemos vivido en la tensión entre la paz y la guerra, con todas las profundas y graves implicaciones que ello implica.

1 Entrevista con Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, Entérate, Caracol TV Internacional, 5 de octubre de 2018.

2 “Duque pasó el 7 de septiembre sin descartar la Mesa con el ELN” – Entrevista a Aureliano Carbonel, por Omar Roberto Rodríguez*, enviado especial.

3 Desde Cuba - “Duque está cumpliendo al pie de la letra el guion del expresidente Uribe”: Pablo Beltrán, entrevistado por Alfredo Molano Jimeno.

Edición 608 – Semana del 5 al 11 de octubre de 2018
   
 
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