Alcances y retos del nuevo Estatuto de la Oposición

 

El Estatuto de la Oposición abre ventanas de oportunidad importantes para las organizaciones políticas y la ciudadanía. Obviamente no resuelve todos los problemas de la democracia colombiana y no tiene por qué hacerlo. Por ejemplo, no incluye a los movimientos sociales en sentido amplio y, en cierto sentido, es bueno que no lo haga, porque domesticar estos movimientos a través de una ley es desvirtuar en parte su sentido espontáneo y poco rígido, propio de su naturaleza.

 
Juan Carlos Escobar Escobar, Profesor Instituto de Estudios Políticos U de A. Integrante de la Plataforma de seguimiento político para Antioquia (SEPA); Aura Sánchez Parra, Politóloga y estudiante de la Maestría en Ciencia Política Universidad de Antioquia; Felipe Nieto Palacio, Politólogo Universidad de Antioquia
 
 

“Ningún gobierno puede contar con el apoyo de todos los ciudadanos”
(Robert Dahl)

La oposición política es fundamental para la democracia. Ejercer el derecho de oposición contribuye a la construcción de una sociedad que reconoce que el disenso puede manifestarse a través de la deliberación pública y el respeto a las diferencias.

En tal sentido, el presente artículo analiza algunos de los aspectos del Estatuto de la Oposición, recientemente sancionado por la Presidencia de la República, y que ha comenzado a funcionar en el nuevo gobierno. El texto está dividido en dos partes gruesas. La primera intenta aclarar, apoyado en alguna literatura existente sobre el tema, el concepto de oposición política. La segunda alude a la importancia de la promulgación del nuevo estatuto, producto de 27 años de frustraciones jurídicas y varias décadas de luchas políticas. Al final, como cierre, se ofrece una breve conclusión.

1. Acerca del concepto de oposición política

Antes de hablar y de definir el concepto de oposición política, conviene precisar dos términos que guardan estrecha relación con este, a saber: el pluralismo y el disenso. De acuerdo con Norberto Bobbio, 1988), la teoría pluralista considera que el poder distribuido es el remedio al poder centrado en una sola mano, lo cual se traduce en muchos partidos, movimientos o grupos que luchan entre ellos, a través de votos u otro tipo de medios, para obtener el poder en la sociedad o en el Estado. En las democracias modernas, el pluralismo debe ser una realidad, una situación objetiva que posiciona al disenso como algo posible, lícito y necesario.

Al considerar este marco, resulta necesario hablar del disenso como otro concepto ligado a la oposición política en una democracia. Lo anterior se entiende si se considera que en contextos democráticos se teje una interrelación entre el consenso y el disenso, siendo este último asociado con el respeto por la diferencia y las libertades civiles. Siguiendo esta línea, algunos extreman la posición diciendo que “la democracia requiere el consenso en un solo sentido, sobre las reglas de la contienda” (Alberoni citado por Bobbio, 1986: 48).

No obstante, aunque el consenso existe y es necesario (no sólo para pactar las reglas de juego), el disenso, entendido como competencia y concurrencia, es fundamental para que la democracia y la sociedad pluralista perduren. Justo en este punto se encuentran los dos conceptos mencionados hasta aquí: solo en una sociedad pluralista es posible y necesario el disenso.

La oposición política es una consecuencia directa de este encuentro, es decir, del valor del pluralismo y del derecho al disenso. Podemos esquematizar tres acepciones del concepto de “oposición política” que hacen parte de los momentos de su construcción:

a. Aquella que caracteriza la oposición política con la búsqueda de fines contrarios a quienes detentan el poder gubernamental (Bobbio, 1988). En palabras simples: oposición es todo aquello que no es gobierno En ese primer momento, la oposición pugna para que la autoridad en el gobierno admita su existencia.

b. El reconocimiento visto en el numeral anterior entraña una disputa posterior por definir un espacio suficiente para desarrollar su tarea de manera crítica y se concreta en la afirmación del derecho al disenso político que, como vimos, es central en el conjunto de los derechos políticos.

c. La tercera acepción guarda relación con la idea de Pasquino (1998) de considerar la oposición como alternancia en el gobierno, una alternativa clara con acciones concretas e incluso con una agenda de gobierno paralela. Se trata de una acción sistemática de un grupo de partidos o movimientos políticos que aspiran al poder.

Es tal vez una combinación de las tres acepciones descritas la que puede leerse en la Ley 1909 de 2018, cuando en su artículo cuarto dice que “La oposición política permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer el control político a la gestión de gobierno” (Congreso de la Republica, 2018: 1). En lo que sigue haremos algunas consideraciones sobre lo que ha pasado en Colombia con el Estatuto de oposición.

2. El estatuto de la oposición y la construcción de la paz en Colombia

Después de muchos intentos (11 proyectos de ley entre 1993 y 2011) y de una larga historia de lucha política por los derechos de la oposición, recientemente se ha concretado en el país la promesa de la Constitución de 1991 de promulgar un Estatuto de la Oposición, con el impulso de los acuerdos de paz firmados en 2016.

En ese sentido, la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la ex guerrilla de las Farc supuso no solo el fin de la confrontación armada como vía para la solución de las controversias políticas entre estos dos actores, sino también el inicio de un proceso social y de transición política que ha sido denominado de distintas formas: posconflicto, posacuerdo, posguerra, etc. En ese proceso, la participación política es central para garantizar la apropiación de la ciudadanía y la cualificación de los representantes.

La construcción de paz en este escenario supone la ampliación de la democracia por medio de múltiples estrategias que tienden a la diversificación de los actores en el escenario político, de tal manera que se enriquece la representación en la sociedad. No obstante, este proceso ha sufrido dificultades, pues la implementación de los acuerdos se ha encontrado con obstáculos de distinto orden. Uno de ellos tiene que ver con el trámite legislativo, como es el caso del punto sobre participación política, en el que se han frustrado y postergado algunas iniciativas importantes como la reforma política y las circunscripciones especiales transitorias de paz.

A pesar de esto, el panorama no es tan sombrío. La ley 1909 de 2018 Por medio de la cual se adoptan El Estatuto de Oposición y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes es un instrumento que, pese a la necesidad de reglamentación de algunas de sus disposiciones, se convierte en una gran posibilidad para la ampliación de la democracia, especialmente para la reorganización de la vida partidista –y del sistema de partidos– y la dinamización de las corporaciones públicas de los distintos niveles. Además, esta ley es considerada una garantía para la participación y la inclusión política en el país, en la medida en la que reconoce la importancia y legitimidad de los ejercicios de oposición a la hora de resolver conflictos en escenarios democráticos, al tiempo que manifiesta su capacidad para enriquecer el control y fiscalización a la gestión pública.

Frente a dicha posibilidad, conviene destacar que históricamente la oposición política en el país ha tenido un carácter personalista, por lo que su práctica ha estado en manos de individuos (como congresistas, concejales, líderes y políticos profesionales), sin que esto implique necesariamente una vinculación de los partidos como organizaciones políticas llamadas a proponer alternativas, disentir y ejercer control. Asimismo, cabe resaltar que el desarrollo del conflicto armado ha dejado huella y ha ocasionado fraccionamiento en las dinámicas sociales, conduciendo a una desvinculación de la participación política y a un distanciamiento frente a la oposición democrática por parte de la ciudadanía, por la manera en que aquella muchas veces se ha ejercido.

Esto implica retos importantes al menos en dos sentidos. En primer lugar, los partidos y movimientos políticos son centrales para el funcionamiento del nuevo entramado jurídico, de tal manera que no sólo tendrán que decidir su declaratoria –en oposición, independiente o de gobierno–, sino que también deberán pensar su organización interna en lo nacional y en lo subnacional. En segundo lugar, el estatuto parece una oportunidad importante para empezar a concretar lo que se ha llamado paz territorial. Surge de todos modos una pregunta que solo podrá resolverse con el tiempo: ¿qué efectos tendrá el Estatuto de la Oposición en el propósito de ampliar la democracia local? Por lo pronto, lo único que puede decirse es que la profundización de la democracia local pasa, en parte, por la preparación y apropiación que los ciudadanos, los políticos y los partidos efectúen del Estatuto de la Oposición que, valga decirlo, tiene aplicabilidad y herramientas importantes también para este nivel.

3. Conclusión

El Estatuto de la Oposición abre ventanas de oportunidad importantes para las organizaciones políticas y la ciudadanía. Obviamente no resuelve todos los problemas de la democracia colombiana y no tiene por qué hacerlo. Por ejemplo, no incluye a los movimientos sociales en sentido amplio y, en cierto sentido, es bueno que no lo haga, porque domesticar estos movimientos a través de una ley es desvirtuar en parte su sentido espontáneo y poco rígido, propio de su naturaleza. Creemos que ya es bastante con que el Estatuto de la Oposición tenga herramientas y garantías para ejercer sus funciones, y que eleve a derecho fundamental la oposición, pues podrá ser reclamada con acciones judiciales, en el caso que en el que no sea respetada.

Se requiere entonces reglamentar algunas de sus disposiciones y complementarlo con las otras dos promesas de los acuerdos, fundamentales para la ampliación de la democracia: la reforma política y la creación de las circunscripciones especiales transitorias de paz. Urge que esto se haga realidad. Y se requiere, sobre todo, que los actores políticos y los ciudadanos organizados se apropien del estatuto y lo pongan a funcionar en todos los niveles. Será interesante asistir a este nacimiento.

Referencias bibliográficas

Bobbio, Norberto (1988) Diccionario de Política. México, Siglo XXI editores.

Bobbio Norberto (1986) El futuro de la democracia. México, Fondo de Cultura Económica.

Pasquino, Gianfranco (1998). La Oposición. Madrid, Alianza Editorial.

Congreso de la República de Colombia (2018) Ley 1909 de 2018 Por medio de la cual se adoptan El Estatuto de oposición y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes. Bogotá.

Edición 608 – Semana del 5 al 11 de octubre de 2018
   
 
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