¿Qué paso en el debate de control político sobre protesta y movilización social?

 

Resulta preocupante la postura represiva y criminalizante con la que el Ministro de Defensa, el Ejército y la Policía entienden el derecho a la protesta y hacemos un llamado a reglamentar la Ley de garantías de promoción de la participación ciudadana y garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social, que desde un enfoque de profundización de la democracia participativa prohíbe todo vestigio de criminalización y estigmatización de las movilizaciones y protesta sociales y de las organizaciones y movimientos que las promueven.

 
Cristhian David Paris González
 
Asesor Estrategia de Lobbying y Presión Política Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

El pasado martes 2 de octubre se llevó a cabo el debate de control político en la Comisión segunda del Senado sobre el derecho a la protesta y movilización social. El debate fue citado por los senadores Iván cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia debido a la nefasta declaración del Ministro de Defensa Guillermo Botero al afirmar que “dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social”.

El debate permitió reconocer las posturas de los partidos políticos, por medio de sus congresistas, además de la Defensoría del Pueblo, el Ejército y la Policía Nacional sobre el derecho a la protesta y la movilización social. Era, además, un escenario para pedir explicaciones al Ministro de Defensa sobre su tan escueta declaración.

Las posiciones políticas fueron en general dos: las protestas y movilizaciones en efecto están permeadas significativamente por dineros ilícitos y las declaraciones del ministro son irresponsables, genéricas y ponen en peligro a las personas lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en los territorios, especialmente cuando su situación es más crítica y no hay garantías claras para su protección. Ambas posturas coinciden en que se debe regular la protesta y la movilización social. La diferencia es el cómo.

Quienes consideran que la protesta está permeada por dineros ilícitos afirman además que esta no puede ir por encima de otros derechos, que no en todos los momentos deben ser reconocidas las manifestaciones como protestas y que lo más importante es la defensa del derecho a la propiedad. Entre estos el partido de la U, Cambio Radical y el Centro Democrático.

Los convocantes al debate llamaron a respetar el derecho a la protesta y la movilización social, recordando las alarmantes cifras de asesinatos de líderes y lideresas sociales en el último año; enfatizando en que las declaraciones irresponsables ponen en riesgo la vida de las personas que ejercen su derecho a protestar y elevan los riesgos para liderazgos y comunidades y recordando que en lo corrido del último año las protestas y movilizaciones sociales han sido pacíficas y sin altercados. Igualmente, consideran que las declaraciones de Botero incitan a la violencia estatal y no estatal y que el caso debe ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, la Policía y el Ejército manifestaron que usualmente hacen acompañamiento a las protestas, que tienen protocolos especiales para esto y que el ESMAD sólo es usado en ocasiones extremas. Completan afirmando que no se usan armas letales o que ponen en peligro la vida (olvidando los distintos gases, granadas y abusos físicos propiciados por sus uniformados) y que ha pasado en ocasiones donde hay irrespeto a la autoridad.

Este tipo de afirmaciones resulta irresponsable y olvida el prontuario de abuso de autoridad del ESMAD. Según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP en la revista 100 días # 80, entre 2002 y 2012, se presentaron 132 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales por abuso de autoridad atribuibles a efectivos de la Policía Nacional y durante el mismo periodo fueron documentados 512 casos de detención arbitraria, 596 heridos y 73 casos de tortura. Esto sin contar los casos entre 2012 y 2018 y el sin fin de casos que involucran a los escuadrones de la muerte.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret afirmó que la protesta y la movilización son derechos que deben ser respetados y recalcó el compromiso de la Defensoría con la protección y la promoción del mismo. Además, llamó la atención sobre la responsabilidad que tiene el gobierno nacional de cumplir con los acuerdos pactados producto de las movilizaciones.

El Ministro de Defensa, que durante las demás intervenciones no paraba de reír, manifestó que no está en contra de la protesta porque es un derecho consagrado en la Constitución del 91, pero que su materialización no puede atropellar los derechos de las mayorías, que se ven afectadas por las movilizaciones que pueden llegar a bloquear la vía pública, estropear la infraestructura, reportar heridos y, en algunos casos, muertes a los ciudadanos o a integrantes de la Fuerza Pública. No contento, reafirmó su posición sobre la infiltración del narcotráfico en la protesta y la movilización social.

Este debate fue fundamental, ya que permitió reconocer las posturas de los partidos y el gobierno nacional sobre un tema tan crucial como lo es la protesta y la movilización social. Sin embargo, resulta preocupante la postura represiva y criminalizante con la que el Ministro de Defensa, el Ejército y la Policía entienden el derecho a la protesta y hacemos un llamado a reglamentar la Ley de garantías de promoción de la participación ciudadana y garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social, que desde un enfoque de profundización de la democracia participativa prohíbe todo vestigio de criminalización y estigmatización de las movilizaciones y protesta sociales y de las organizaciones y movimientos que las promueven, así como de sus liderazgos; garantiza que se pueda ejercer este derecho sin autorización previa; asegura el acompañamiento institucional; crea protocolos para la actuación de la fuerza pública en ella garantizando que siga estrictamente pautas de actuación basadas en la convivencia pacífica y en el respeto a los derechos humanos, asegurando con ello la vida, la integridad física y la libertad de las personas que ejercen estos derechos; reemplazando ESMAD, por un programa de gestores de convivencia y garantizando las condiciones para que las organizaciones y movimientos sociales visibilicen y difundan sus agendas y demandas en ejercicio del derecho a la movilización y la protesta social.

Edición 608 – Semana del 5 al 11 de octubre de 2018
   
 
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