La financiación de las consultas populares

 

Es necesario definir mecanismos que no limiten la posibilidad del goce efectivo del derecho a la participación ciudadana ni los canales que tienen las comunidades para sentar su voz frente a decisiones que se toman en el gobierno central, a partir de diseños institucionales que garanticen de manera sostenible los recursos financieros para su realización.

 
Ricardo Jaramillo Rincón
 
Asesor – Estrategia de Lobbying y Presión Política Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Antecedentes

Dentro del pliego de modificaciones elaborado por las comisiones III y IV de Cámara y Senado al proyecto de ley 052/2018 (Cámara) y 059/2018 (Senado) “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”, se incluyó un artículo que no se encontraba en el proyecto radicado en julio por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que establece lo siguiente1:

ARTÍCULO NUEVO. En desarrollo del artículo 33 de la Ley 1757 de 2015 y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, cada Departamento, Municipio o Distrito, previo a la expedición del acto administrativo que convoque a una consulta popular del nivel territorial, deberá contar en su presupuesto con la apropiación necesaria para atender estos gastos.

De ser aprobado, este artículo significaría una limitación a las posibilidades reales de hacer uso de un mecanismo de participación ciudadana que ha mostrado ser muy útil para comunidades que se enfrentan a decisiones importantes sobre el devenir de sus territorios. Además, sentaría un precedente nefasto en relación con la limitación a la posibilidad del goce efectivo de derechos por condicionar su garantía a criterios prioritariamente financieros.

La consulta popular: participación y territorio

De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que sirve para plantear una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local. En todos los casos la decisión es de obligatorio cumplimiento y se configura como un mandato para que las corporaciones públicas, a través de algún acto jurídico, viabilicen la manifestación hecha por la ciudadanía en la consulta.

Puede ser convocada por las autoridades públicas o por la comunidad. Cuando es de alcance nacional se requiere el apoyo de al menos el 5% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el censo electoral; cuando se trata de entidades territoriales se necesita el apoyo de al menos el 10% del censo electoral correspondiente. Para que la decisión tomada en la consulta popular sea obligatoria se necesita que haya participado una tercera parte (33%) del censo electoral correspondiente y que la pregunta sometida a consulta haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos (mayoría simple).

Durante los últimos años la consulta popular se ha convertido en una de las principales estrategias de movilización ciudadana para incidir en decisiones acerca de la promoción de diversas visiones sobre el territorio, en particular para encauzar protestas relacionadas con las actividades extractivas2. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, en Colombia se han realizado nueve consultas populares (Carmen del Darién en 2009, Piedras en 2013 y Cabrera, Cajamarca, Cumaral, Arbeláez, Pijao, Jesús María y Sucre en 2017), y hay 54 pendientes3. La mayoría de las consultas realizadas han arrojado un mandato relacionado con la no realización o suspensión de un proyecto minero específico o de la minería en general, lo cual ha generado choques con el Gobierno Nacional y con las empresas extractivistas multinacionales, quienes señalan que la minería es un sector de interés público y nacional y, por tanto, las decisiones al respecto deben ser tomadas por el gobierno central.

Los responsables de la financiación

Uno de los principales argumentos que se han esgrimido contra las consultas populares por parte del Ministerio de Hacienda se refiere a que su costo debería ser asumido por las entidades territoriales. Como lo señaló en respuesta a un derecho de petición enviado por la Asociación Colombiana de Minería, esta cartera interpreta que “si el decreto de convocatoria para un comicio proviene de una entidad territorial, será responsabilidad de los alcaldes (...) la consecución de los recursos para garantizar esa jornada electoral”4.

Seguir esta interpretación, que queda incluida en el artículo propuesto para el Presupuesto General de la Nación, obligaría a los municipios a definir en sus presupuestos anuales las apropiaciones necesarias para el financiamiento de eventuales consultas populares lo cual desincentivaría su realización en la medida en que los recursos de los municipios están principalmente concentrados para garantizar derechos como la salud y la educación.

Adicionalmente, como señaló la Misión de Observación Electoral, “el ente competente para la realización y desarrollo de todos los procesos electorales en el país es la Registraduría Nacional del Estado Civil. (…) Si los entes territoriales tuviesen que financiar las consultas populares, se estaría violando el principio de especialización y se vulneraría la autonomía territorial”5.

Es necesario definir mecanismos que no limiten la posibilidad del goce efectivo del derecho a la participación ciudadana ni los canales que tienen las comunidades para sentar su voz frente a decisiones que se toman en el gobierno central, a partir de diseños institucionales que garanticen de manera sostenible los recursos financieros para su realización.

1 Pliego de modificaciones al proyecto de ley 052/2018 (Cámara) y 059/2018 (Senado) “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”, p. 51. Disponible en: Pliego Ponencia primer debate PGN 2019, consultado en octubre de 2018.

2 Dietz, Kristina [2018] “Consultas populares mineras en Colombia: Condiciones de su realización y significados políticos. El caso de La Colosa”. Colombia Internacional (93): 93-117. DOI: Revistas Uniandes, p. 95.

5 “Vía ley de presupuesto se corre el riesgo de acabar las consultas populares”, Misión de Observación Electoral, 2 de octubre de 2018.

Edición 608 – Semana del 5 al 11 de octubre de 2018
   
 
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