Crisis carcelaria en Colombia, insostenible

 

Hacinamiento, ausencia de infraestructura, violación flagrante de derechos humanos, entre otros, son los problemas a los que diariamente se ven enfrentados los cerca 120 colombianos que –por una u otra razón– están privados de la libertad en Colombia. De ello dan cuenta la Corte Constitucional que ha declarado en tres oportunidades la existencia de un estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país, así como otras organizaciones de la sociedad que le han venido siguiendo los pasos a esta grave problemática.

 
Álvaro Ortiz Ramos
 
Editor Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

Son miles las historias aterradoras que suceden dentro de las cárceles del país, unas verdaderas y otras producto –seguramente– de la locura mental que implica estar tras las rejas. Historias que van engrosando el largo compendio de folios, libros, documentales, entrevistas, fotografías y otro tanto de documentos que, a lo largo de la historia de la nación, complementan la línea de tiempo –por llamarla de alguna manera– de lo que ha sido la historia penitenciaria y carcelaria del país1.

Nos recuerda la historia que “desde comienzos de la Primera República, fundamentalmente con el Decreto del Libertador expedido en 1828, se dispuso la creación en las capitales de provincia de presidios correccionales y casas correccionales para mujeres, para castigar a aquellos individuos que infringieran las normas de policía o cometieran delitos. De acuerdo con este se debía construir un establecimiento de castigo en la Capital y edificar una Casa de corrección solamente para mujeres”2

También señala –dejando entre ver que desde esa época ya se hablaba de hacinamiento– que el presidente José Ignacio de Márquez en el año de 1838, buscó fortalecer el Modelo Penitenciario, estableciendo como centros de trabajos forzados los presidios de Cartagena y la Fortaleza de Chagres en Panamá que a la fecha era territorio colombiano. Igualmente, se retoma y oficializa la clasificación de establecimientos para reos, con sus respectivos elementos administrativos en temas de alimentación vestuario y aseo, entre otros aspectos. Bajo el mismo mandato, en 1838, se inicia: “La construcción de espacios individuales en aras de cumplir lo estipulado en la Ley de Presidios Urbanos referente a la clasificación de los detenidos, siendo el fenómeno del hacinamiento el que impide lograrlo. Aparece también una serie de sanciones dependiendo del tipo de establecimiento de reclusión en las que se encontraban: determinado número de latigazos por día, la disminución de la ración, privación de la luz o el encierro solitario”3.

Mucho tiempo ha transcurrido desde esas épocas coloniales, tiempo en el que también se han incrementado los tipos de delitos, así como la “calidad” de los infractores y, por consiguiente, aumentan los problemas de hacinamiento y violaciones de derechos humanos, entre muchas otras perlas.

Ahora, en este año 2018 que va despuntando, justamente hace 20 años, mediante la Sentencia T-153 de 19984, la Corte Constitucional dio su primera voz de alarma sobre la grave situación que se presentaba con el sistema penitenciario y carcelario en Colombia.

Claro, para ese entonces, las tasas de hacinamiento eran mucho menores de las que actualmente tenemos (31,1%). Y, también hay que señalarlo, pese a que desde el 2000 –con ingentes esfuerzos– el Estado ha duplicado su capacidad para atender en alguna medida a la población privada de la libertad, la tasa de hacinamiento sigue por encima del 45%.

Señalaba la Sentencia T-153: “Las condiciones de hacinamiento impiden brindarles a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Con todo, la Corte quiere concentrar su atención en una consecuencia que considera de mucha gravedad, cual es la de que la sobrepoblación carcelaria impide la separación de los internos por categorías. En efecto, la ley ordena que los sindicados estén separados de los condenados; que los reincidentes de los primarios, los miembros de la Fuerza Pública, los funcionarios públicos y los indígenas de los demás reclusos, etc…”

Lastimosamente, pese al llamado de la Corte –que en tres oportunidades ha declarado la existencia de un estado de cosas inconstitucional frente al tema de las cárceles del país– y de otras organizaciones de la sociedad civil que han venido siguiendo de cerca la problemática carcelaria, la crisis del sistema va en aumento lo mismo que la indiferencia de la gente y del Estado con respecto a este problema.

Dramática realidad

Según cifras oficiales, tenemos en Colombia 120.057 personas privadas de la libertad por diferentes delitos, de esa cifra 76.042 son hombres, 35.143 de ellos están sindicados, 599 están en proceso de actualización, para una población total de 111.784 reclusos; en el caso de las mujeres reclusas, tenemos 5.382 condenadas, 2.851 están sindicadas y 40 de ellas están en proceso de actualización, para un total de 8.273 detenidas; las tasas de hacinamiento superan –horror de cifra– el 365% en algunos centros de detención; la calidad de atención primaria y el acceso a servicios especializados de salud es deficiente, en algunos casos paupérrima; en muchos de los centros de reclusión no existen espacios de esparcimiento y resocialización; y aún peor, las infraestructuras de los establecimientos penitenciarios es obsoleta –entre otras cosas– por falta de mantenimiento. Ver infografía preparada sobre este tema.

Otro asunto bien importante –del que no nos ocuparemos por ahora en este artículo– tiene que ver con las causas que desde 1993 han incrementado dramáticamente el hacinamiento en las cárceles. La guerra sin cuartel en la lucha contra las drogas, el combate contra la subversión y los paramilitares, la represiva política criminal de la época, multiplicaron por cuatro la privación de la libertad de cientos de colombianos involucrados en hechos delictivos, sumado todo esto a la lentitud e ineficacia de la justica y del Estado en general, causante en gran medida de las pésimas condiciones –y por consiguiente las violaciones de derechos humanos– que a diario afrontan las personas privadas de la libertad.

Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de febrero de este año, en 25 años las tasas de hacinamiento pasaron del 1,7 al 45%. Cifras que confirman lo que a gritos han venido pidiendo organizaciones de la sociedad civil, el sistema penitenciario y carcelario colombiano hace rato colapso y se requiere urgentemente una reforma para que los derechos de los reclusos y reclusas sean respetados.

Y, un dato adicional para no echar en saco roto, en Colombia tenemos 266 presos por cada 100.000 habitantes. Eso es el triple de la cifra que se maneja en Ecuador, menos del doble que en Venezuela y superior a lo que se vive en ciudades de Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

Y Mientras tanto… ¿Qué se está haciendo?

La Corte Constitucional, nuestra abanderada en la defensa de los derechos humanos y la carta política, citó el pasado 25 de octubre a la academia, a la sociedad civil y a varias entidades del Estado a la primera audiencia pública para discutir los avances sobre el estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas. De esa importante delegación, hizo parte la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, que recordemos, fue conformada el 9 de junio de 2015, por iniciativa de diversas personas y organizaciones motivadas –entre otras cosas– por su interés en el tema penitenciario y carcelario.

En este sentido, la Comisión elaboró una serie de observaciones y comentarios a la batería de indicadores para medir el estado y la magnitud actual de la crisis carcelaria, propuesta por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia. Esta batería actual incluye 1200 indicadores que tienen como objetivo medir el grado de cumplimiento de los 6 mínimos constitucionales asegurables consignados en la sentencia T-388:

- El derecho a la resocialización de reclusos y reclusas
- Derecho a una infraestructura adecuada en la que dignamente puedan purgar sus penas
- Acceso a servicios públicos domiciliarios
- Derecho a una alimentación adecuada
- Derecho a la prestación de servicios a la salud
- Acceso a la justicia y a la administración pública

Según el Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad – Dejusticia, organización que forma parte de la Comisión de seguimiento, “este tema es fundamental, pues parte del problema para la formulación de una estrategia de superación de la crisis se debe a que el seguimiento no ha logrado realizar una medición adecuada de la vulneración de los derechos de la población, ni una evaluación detallada del impacto de las medidas implementadas por las autoridades, incluyendo su efectividad para superar las condiciones estructurales que configuran el estado de cosas inconstitucional”5.

Para la Comisión, la medición propuesta por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia reduce las observaciones a una perspectiva formal, en la medida en que no permiten evidenciar la superación del estado de cosas inconstitucional ni la reducción gradual de las limitaciones que las personas privadas de la libertad enfrentan para ejercer y gozar de sus derechos. En términos generales, la Comisión concluyó que:

1. Persiste la ausencia de un enfoque en la garantía o goce efectivo de derechos en el seguimiento.

2. El seguimiento sigue sin reconocer y medir los problemas de las fases legislativa (primaria) y judicial (secundaria) de la política criminal.

3. No existe una estrategia de superación de la crisis que oriente el seguimiento.

4. Persisten problemas metodológicos en la formulación de los indicadores.

La Comisión recomienda

1. Que las normas técnicas y la batería de indicadores adopten e implementen el goce efectivo de derechos como criterio fundamental de medición del estado actual de los mínimos constitucionalmente asegurables. Lo anterior implica que cada indicador y cada norma técnica deberá identificar y establecer la relación entre la variable medida y el derecho objeto de medición.

2. Que la batería de indicadores implemente mediciones de la fase primaria (legislativa) y secundaria (judicial) de la política criminal, y no únicamente en la fase terciaria. Particularmente, se recomienda incorporar información relevante sobre la reforma de la política criminal hacia una forma sostenible, racional, proporcional, coherente y respetuosa de los estándares constitucionales y de derechos humanos. También se recomienda incluir la valoración de los servicios e instituciones involucradas en la fase secundaria, como la defensa pública, el uso de la detención preventiva intramural, entre otras.

3. Que la batería de indicadores y las normas técnicas integren: i) fuentes de información independientes, diferentes a datos oficiales de gestión de las entidades involucradas (INPEC, Defensoría del Pueblo, etcétera); ii) fuentes de información cualitativa, en especial, la percepción de la población privada de la libertad como titulares de los derechos afectados; iii) fuentes de información de incumplimiento, como lo serían el número de denuncias sobre abusos, los reportes de fallas en la alimentación, entre otros.

4. Que la batería de indicadores integre un enfoque territorial adecuado, el cual permita identificar variaciones por establecimiento o por unidades territoriales.

5. Que las entidades del Estado involucradas en el estado de cosas inconstitucional formulen una estrategia de unificación para la superación de la crisis en los diferentes ejes temáticos, sobre la cual la batería de indicadores pueda medir avances, retrocesos y estancamientos en la implementación de dicha estrategia, así como retroalimentar la formulación de estos planes de superación.

Así las cosas, esperemos que por fin se despeje el camino para que las personas que están pagando sus penas puedan hacerlo de una manera digna y así la sociedad y ellos mismos, puedan sentir que están resarciendo sus errores y, pagadas sus culpas, puedan reintegrarse a esa sociedad que hoy los discrimina.

Amanecerá y veremos…

1 Fuentes base de este artículo: Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad – Dejusticia; Humanas Colombia, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género; Corte Constitucional de Colombia, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC; El Espectador.

2 Tomado de: “Cien años de construcción de un sistema carcelario y penitenciario en Colombia” – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

3 “Cien años de construcción de un sistema carcelario y penitenciario en Colombia”. Página 16.

Edición 612 – Semana del 2 al 8 de noviembre de 2018
   
 
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