Derecho al ambiente sano
(Artículos 11 y 12 del Pacto)

 

A pesar de ser un mecanismo legal avalado por la Corte Constitucional, las jornadas de participación que rechazan las actividades extractivas se ven atacadas y sin el respaldo gubernamental que corresponde. En lugar de apoyar y facilitar el desarrollo de este mecanismo constitucional de participación ciudadana, el Estado ha emprendido una estrategia de bloqueo, de presión para que autoridades locales y comunidades se abstengan de prohibir las actividades extractivas.

 
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
 
 

a. Derecho al ambiente sano y modelo económico

El VI Informe Estatal presentado al CDESC (E/C.12/COL/6) no hace referencia alguna a este derecho, ni a los impactos socio-ambientales de las políticas económicas. Aquí la infografía sobre este tema y la cuña promocional.

En contravía con la normativa ambiental, las políticas públicas impulsadas en los últimos años en Colombia han consolidado un modelo económico basado en la extracción de recursos no renovables que han originado o profundizado conflictos socio-ambientales. Tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República: “el extractivismo en los términos actuales sin control, sin institucionalidad y con las limitaciones de recursos humanos, técnicos y económicos corresponde a apuesta arriesgada en la que no se incorporan adecuadamente los impactos ambientales y sociales perdurables de largo plazo”1.

b. Expansión de los conflictos ambientales

De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, en 2016 se registraron 115 conflictos ambientales, de los cuales 92 (80%) se originaron en zonas rurales, afectando un área potencial de 12,4 millones de hectáreas2. En estos graves conflictos ambientales, el principal bien común afectado ha sido el agua (30% de los casos), seguido por el suelo (24%), el paisaje (24%) y la biodiversidad (22%). Los ecosistemas más afectados han sido los ríos (36%), los bosques (24%); los páramos y el mar (7% cada uno). Las investigaciones también señalan que el principal grupo afectado ha sido el campesino, (28% de los casos), seguido por los grupos indígenas (17%), los habitantes de las ciudades (16%), los pescadores (14%), los pequeños mineros con (9%) y pueblos afrodescendientes (6%)3.

En el sector de infraestructura se han establecido 29 Planes de Interés Nacional y Estratégico (PINES). Los PINES son proyectos considerados de “utilidad pública e interés social”, de ahí que posibiliten la expropiación de predios para su realización. Por lo anterior, tal regulación podría generar que las comunidades pierdan sus viviendas o sus tierras si se aplican estas figuras. Ejemplos de esta situación se reflejan en la construcción de la carretera sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta ubicada en el complejo de lagunas más grande de Colombia; en la construcción de la variante San Francisco-Mocoa (Putumayo), proyecto suspendido que requiere de una ampliación que afectaría directamente a los pueblos indígenas ubicados en zona de reserva forestal; la Ruta del Sol Tramo 1 proyecto que estuvo paralizado hasta abril de 2016 por inconsistencias en los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental; la construcción de la vía perimetral de Oriente en la cual se ha presentado inconformidad por parte de los pobladores, en su mayoría población campesina, por los procesos de expropiación de sus predios.

En materia de megaproyectos hidroeléctricos, pese a que diferentes investigaciones han demostrado que las hidroeléctricas y represas generan grandes daños ambientales como altas emisiones de gases de efecto invernadero4, los últimos gobiernos han impulsado la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos como El Quimbo (Huila), Hidrosogamoso (Santander), e Hidroituango (Antioquia). Algunos proyectos se han construido en territorios indígenas como El Cercado (Cesar) en la Sierra Nevada de Santa Marta y Urrá I y Urrá II en Córdoba. Estos proyectos han generado graves efectos socioambientales como el desalojo y desplazamiento de comunidades, afectación a los suelos, a la calidad de aguas, reducción de flora y fauna, entre otros5.

El sector de hidrocarburos cuenta con veinte PINES, es el sector que más inversión recibe con un promedio de 43 billones de dólares destinados a la ejecución de estos proyectos. En la actualidad el gobierno está buscando autorizar la exploración y explotación de crudos no convencionales6, algunos de los cuales requieren de técnicas como la fractura hidráulica o fracking que ha sido prohibida en varios lugares del mundo por sus graves impactos ambientales7. Dentro de los conflictos ambientales generados por la actividad petrolera desarrollada en ecosistemas vitales se destacan: los páramos del Almorzadero (Santander), Guacheneque (Cundinamarca-Boyacá) y Rabanal (Cundinamarca) y en el páramo de Miraflores (Huila); así como los generados por la adjudicación de bloques petroleros en vastas zonas de departamentos como el Caquetá, territorio amazónico habitado por pueblos indígenas y comunidades campesinas.

En el caso del sector minero-energético, el gobierno nacional identificó quince proyectos mineros y once energéticos en la categoría de PINES. De los conflictos investigados por los informes de la Contraloría General de la República y el Atlas de Justicia Ambiental8 se resaltan los proyectos mineros para la extracción de oro de Angostura en el páramo Santurbán (Santander) y La Colosa (Cajamarca-Piedras, Tolima). También se destaca la explotación de ferroníquel en Cerromatoso (Córdoba) y de carbón a gran escala en La Guajira y Cesar.

La norma que regula estas actividades es el Código de Minas, criticado por la ausencia de prohibiciones expresas de la actividad minera en ecosistemas estratégicos, razón por la cual la Corte Constitucional se ha pronunciado mediante las sentencias C-339 de 2012, que reiteró que el deber estatal de delimitación de áreas de especial importancia ecológica, como los páramos. En la sentencia T-766 de 2016, la Corte determinó que la delimitación de las Áreas Estratégicas Mineras requiere de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades étnicas. En la sentencia C-389 de 2016, se establece que la autoridad ambiental debe verificar mínimos de idoneidad laboral, ambiental y realización del derecho de participación, antes de entregar un título minero.

Se han identificado como efectos de la actividad minera a gran escala: “la contaminación de las fuentes de agua y los suelos, el aumento del nivel del mar, la disminución de las precipitaciones y la aparición de sequías, el cambio climático y los fenómenos climáticos extremos, y la afectación a la biodiversidad o la extinción de especies animales y vegetales, que conforman la riqueza natural de la Nación”9. Además de estas afectaciones ambientales, la minería a gran escala ha generado una reconfiguración o “captura” del Estado colombiano10, lo cual se refleja en una legislación favorable a la minería (Código de Minas, Ley 685 de 2001), una institucionalidad ambiental débil, poco operativa, y subordinada a los intereses del sector11 y una privatización de las funciones del Ejército Nacional, que presta servicios de seguridad a las empresas mineras en varias regiones12. Organizaciones sociales han denunciado el fenómeno de “las puertas giratorias”, esto es, estrechos vínculos entre altos funcionarios del Estado colombiano y empresas mineras, que se traduce en beneficios como entrega de títulos mineros, información geológica privilegiada, entre otros13.

c. Prácticas, técnicas y materiales agresivos contra el ambiente

El Estado Colombiano, en desconocimiento de los principios ambientales de prevención y precaución, ha permitido y fomentado prácticas, técnicas y uso de materiales peligrosos, particularmente en el sector petrolero, sin que exista una debida regulación, vigilancia y certeza de los riesgos que representan para la salud pública y el ambiente sano. Entre ellos se encuentra la exploración sísmica14 que ha suscitado constantes reparos entre las comunidades15, en particular por la erosión, compactación de los suelos y afectación del nivel freático del agua.

De otro lado, la reinyección de aguas residuales16, está vinculada al fenómeno de la sismicidad inducida cuando se realiza en grandes volúmenes. En Campo Rubiales, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, se presentaron al menos 972 sismos entre abril de 2013 y julio de 2016. Este período coincide con la autorización de la ANLA para la inyección de más de 3.2 millones de barriles de agua residual a pozos exclusivos de disposición. La sismicidad inducida ha sido paralela a la profundización de las fuentes de agua de las comunidades17.

Varias organizaciones y comunidades han manifestado su oposición a la fractura hidráulica o fracking para la extracción en yacimientos no convencionales, solicitando una moratoria hasta tanto no se resuelvan las dudas científicas18 alrededor de: “1) las sustancias químicas que se emplean en el fluido para la fractura, y cómo pueden afectar los diferentes elementos del ambiente y la salud pública; 2) los alcances y manifestaciones de los riesgos y daños potenciales; 3) la efectividad de las medidas y mecanismos para prevenir y mitigar los riesgos e impactos; 4) el estado y funcionamiento de elementos del ambiente que pueden resultar afectados; y 5) las capacidades estatales para el monitoreo y control de la actividad”19. Aunque no existen licencias ambientales que permitan el desarrollo de esta técnica, se han otorgado en concesión seis bloques petroleros en los que se utilizaría.

d. Restricciones a los mecanismos de participación ambiental

Para el ejercicio adecuado del derecho a la participación ambiental la legislación colombiana contempla mecanismos administrativos, políticos y judiciales20, como el de tercero interviniente en licenciamientos ambientales, acción de nulidad, audiencias públicas ambientales21 y la consulta previa, consentimiento libre, previo e informado22 y las consultas populares, mecanismo social utilizado para definir del uso del suelo a nivel municipal. Según la Asociación Colombiana de Petróleos, en total hay 44 iniciativas de consultas populares referidas a actividades minero-energéticas en curso, de las cuales 20 se refieren al sector de hidrocarburos23, y ya se han realizado siete (7) consultas populares donde las comunidades
locales por mayoría absoluta se han manifestado en contra de la realización de
actividades extractivas (mineras y petroleras)24.

A pesar de ser un mecanismo legal (leyes 136 de 1994 y 1757 de 2015) y avalado por la Corte Constitucional25, las jornadas de participación que rechazan las actividades extractivas se ven atacadas y sin el respaldo gubernamental que corresponde26. En lugar de apoyar y facilitar el desarrollo de este mecanismo constitucional de participación ciudadana, el Estado ha emprendido una estrategia de bloqueo contra este mecanismo, que incluye recortes al presupuesto de los municipios (no regalías, no impuestos) de manera que se afecta el cumplimiento de sus fines esenciales, como mecanismo de presión para que las autoridades locales y las comunidades se abstengan de prohibir las actividades extractivas. También incluyen el condicionamiento de las transferencias por regalías y el traslado de recursos para actualización de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), a que estos regulen a favor de la minería, así como la estigmatización de alcaldes y comunidades, y la criminalización de quienes organizan las consultas. Hace pocos días fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que introduce cambios a los procesos de participación ciudadana27. En él se debilita el mecanismo de consulta popular y se propone convertirlo en parte del proceso de licenciamiento ambiental, presionando a las comunidades a conciliar con las empresas y deslegitimando así la naturaleza democrática del mecanismo.

De otro lado, pese a las recomendaciones del CDESC, el Estado Colombiano ha desconocido el derecho a la obtención de consentimiento previo, libre e informado, de las comunidades étnicas. El Ministerio del Interior no cumple adecuadamente con certificar la presencia de pueblos indígenas en áreas de influencia de los proyectos, o su delimitación no corresponde con la comprensión de territorio ancestral, lo cual limita la realización de consultas28. La Corte Constitucional29 ha realizado llamados para la actualización de los protocolos relacionados con la definición de áreas de influencia, pero el Ministerio del Interior continúa postergando esta tarea, alegando, por ejemplo, que las afectaciones espirituales no necesariamente podrían catalogarse como “afectaciones directas”30. De otro lado, los procedimientos no toman en cuenta las asimetrías de poder entre empresas y comunidades, ni el carácter sagrado o esencial de ciertos bienes para las comunidades por lo que su explotación no sería susceptible de consulta.

e. Cambio climático

La política nacional de Colombia frente al cambio climático está conformada por el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático; la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono ECDBC; la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal REDD+; el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en junio de 2017, el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó la Política Nacional de Cambio Climático.

En materia de mitigación la ECDBC y REDD+ son consideradas piezas clave para la reducción de emisiones de GEI (Gases efecto invernadero)31. Se han creado ocho planes de acción sectoriales (PAS) con los principales sectores emisores, identificando una serie de políticas, programas y acciones encaminadas a reducir los porcentajes de contaminantes establecidos en el Protocolo de Kyoto y la Convención Marco de Naciones Unidas para cambio climático. Adicional a esto el país trabaja en la creación e implementación de al rededor de 17 NAMAS (Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación) que desarrollan acciones concretas de reducción de emisiones y establecen sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV) para las mismas. Por otro lado, el Estado colombiano se ha comprometido a reducir en un 20% sus emisiones de GEI para el año 2030.

El acaparamiento de tierras y el aumento en los cambios de los usos del suelo para actividades como ganadería y siembra de agrocombustibles que expanden la frontera agrícola y las actividades extractivas, derivan en pérdida de biodiversidad y afectación de cuencas hidrográficas, entre otros. Factores como la superposición de títulos para actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos en zonas estratégicas como la Amazonia o el Pacífico, ponen de relieve la falta de coordinación institucional y el desmedido interés por obtener recursos minerales aun en zonas protegidas como parques nacionales, páramos, reservas naturales, resguardos indígenas, consejos comunitarios, entre otros.

Finalmente, no existen políticas integrales orientadas a la sustitución de la economía rentista de combustibles fósiles por otra matriz de desarrollo de energías limpias, lo cual limita ampliamente la efectividad de una Política Nacional de Cambio Climático como la que se propone implementar.

Edición 614 – Semana del 16 al 22 de noviembre de 2018

1 Contraloría General de la República. Minería en Colombia - Fundamentos para superar el modelo extractivista, mayo de 2013, p. 119.

2 La Constitución Política de 1991 establece igualmente como obligaciones estatales: 1) proteger la diversidad e integridad (art. 8); 2) salvaguardar las riquezas naturales (art. 80); 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica (art. 79); 4) fomentar la educación ambiental (arts. 67 y 79); 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (art.80); 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental (art. 80); 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente (art. 80) y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera (art. 80).

3 Pérez-Rincón, M. (2014). Conflictos ambientales en Colombia: inventario, caracterización y análisis. Estudio para 72 casos de injusticia ambiental. Univalle, Cinara y Ejolt. Documento de trabajo.

6 Ver las Resoluciones 180742 de 2012, 90341 de 2014 y 0421 de 2014, emitidas por el ministerio de Minas.

7 El fracking es una “técnica para extraer hidrocarburos no convencionales como el gas y el petróleo de esquisto (shale gas o shale oil por sus nombres en inglés), el gas en arenas compactas y el gas de carbón. Consiste en taladrar verticalmente bajo tierra y luego horizontalmente e inyectar a muy alta presión un fluido para fracturar rocas que contienen hidrocarburos de difícil acceso y liberarlos” AIDA (2016).

8 La información que se expone en este informe ha sido consultada del documento “Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto”. Informe de la Contraloría General de la República. 2014. Puede consultar “Atlas de Justicia Ambiental” un inventario de los principales conflictos del país.

9 Corte Constitucional. Sentencia C-389/16. M.P. María Victoria Calle.

10 El Tiempo, “La minería criminal va a generar más violencia”: Luis Jorge Garay, 12 de agosto de 2014. Citado en: Alejo Pulido. Problemática minera en Colombia: Conflictos y alternativas al modelo extractivo. Bogotá: PCDHDD, 2016.

11 Rodrigo Negrete. Derechos, minería y conflictos. Aspectos Normativos. En: Minería en Colombia. CGR. Bogotá. 2013. Citado en: Alejo Pulido, cit.

12 El Espectador. Cuestionan seguridad estatal a Drummond y otras transnacionales. 8 de enero de 2014. Citado en: Alejo Pulido, cit.

13 Un caso entre otros puede ser documentado en: Las preguntas detrás de AngloGold Ashanti. La Silla Vacía. 30 de junio de 2011. Citado en: Alejo Pulido, cit.

14 La exploración sísmica es el método geofísico principal de exploración de reservas de hidrocarburos (petróleo, gas y carbón) a través de la generación artificial de ondas sonoras (sísmicas) – por fuente de energía impulsiva o vibratoria, generalmente causada por la detonación de dinamita a profundidad en la tierra. En: Carta petrolera – Edición 118. Ecopetrol.

16 La reinyección consiste en la inyección a presión de aguas de producción petrolera en capas bajo la tierra a profundidades cercanas a los 790 m, con el único propósito de deshacerse de ellas.

17 Cfr. Federación Internacional de Derechos Humanos – FIDH; PASO Internacional y Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR. Ver: “El costo humano del petróleo: Estudio de impacto en los derechos humanos de la industria petrolera en Puerto Gaitán”. 2016, p. 50.

18 Países como Francia, Escocia y Holanda; a nivel subnacional, de los estados de Nueva York, Maryland y Vermont en EE.UU., la provincia de Quebec en Canadá y más de 50 municipios de Argentina, Brasil y Uruguay han prohibido o declarado moratoria por éstas mismas preocupaciones. AIDA (2016).

19 Cfr. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente – AIDA. Ver: “Principio de Precaución: Herramienta jurídica ante los impactos del Fracking”. (2016) pág. 9.

20 Al respecto ver Lora, A. M., Muñoz, L. M., Rodríguez, G. A. (2008). Manual de Acceso a la Información y a la Participación Ambiental en Colombia. Primera edición. Bogotá: Universidad del Rosario.

21 Al respecto ver artículo 2.2.2.4.1.1. y ss. Decreto 1076 de 2017.

22 Al respecto ver Convenio 169 de la OIT de 1989 en sus artículos 6, 7 y 15, ratificado mediante la Ley 21 de 1991 y desarrollado posteriormente en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 reglamentada mediante el Decreto 1320 de 1998 y el Decreto Ley 200 de 2003.

24 Revista Semana Sostenible, ver: El agua le ganó al oro: Cajamarca le dijo no a “La Colosa”, 26 de marzo de 2017.

25 La Corte Constitucional en la Sentencia T-445 de 2016 indicó que los municipios pueden adelantar realizar consultas populares sobre la minería debido a que cuentan con autonomía territorial, pueden decidir sobre su propia forma de desarrollo, son copropietarios del subsuelo donde se encuentran los minerales, cuentan con la facultad para reglamentar los usos del suelo y les corresponde la defensa del patrimonio ecológico y cultural. Aunado a la comprobación de las graves afectaciones sociales y ambientales que ocasiona la minería en el territorio municipal (Sentencias C-339/02, C-123/14; C-035/16, C-273/16, C-389/16, T-445/16, T-704/16).

26 Ver también: El Espectador, “Consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley”: Gobierno, 27 de marzo de 2017.

27 Proyecto de Ley 99/17 Senado, radicado el 23 de agosto de 2017.

28 Así, se ha sostenido que: “debido al sentido particular que tiene para los pueblos indígenas la tierra, la protección de su territorio no se limita a aquellos que se encuentran titularizados, sino que se trata de un concepto jurídico que se extiende a toda la zona indispensable para garantizar el pleno y libre ejercicio de sus actividades culturales, religiosas y económicas, de acuerdo con como las han venido desarrollando de forma ancestral”. Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-849 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

29 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T 693 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y sentencia T 764 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En igual sentido, se ha pronunciado en el caso de las afectaciones al Resguardo indígena de Awalibá por la empresa Hocol –filial de Ecopetrol, en donde ha emitido medidas provisionales mientras resuelve el caso de fondo.

30 Al respecto, se ha sostenido que el criterio esencial para evidenciar la necesidad de una consulta previa, conforme al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, no se limita a determinar geográficamente la zona de influencia afectada, sino que debe mirar si las “secuelas recaen de forma particular sobre la comunidad, su nicho y los recursos que le constituyen, dado que los elementos que representan su cosmovisión son efectivamente y representativamente limitados por las consecuencias que resultan del proyecto”. Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

   
 
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