El ocaso de la televisión abierta, pública y comunitaria

 

En los dieciséis años de los gobiernos de Santos y Uribe se consolidaron los monopolios en televisión y en telecomunicaciones, las nuevas tecnologías y las redes sociales fueron cooptadas por los mismos actores, el costo de la televisión paga y de internet creció más que en el resto de países latinoamericanos, la televisión abierta y la televisión pública decayeron en audiencias y en calidad y la televisión institucional se consolidó como un instrumento de propaganda al servicio de los funcionarios de turno.

 
Eduardo Noriega De La Hoz
 
Ex Comisionado Nacional de Televisión
 
 

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC del actual Gobierno presentó ante el Congreso el “Proyecto de Ley No.152” cuyo texto ella apenas alcanzó a leer luego de posesionarse y, dada su importancia vital para cerrar la Brecha Digital, eliminar la Autoridad Nacional de Televisión y garantizar la Convergencia Tecnológica en el país, a los pocos días, presentó Mensaje de Urgencia al Congreso para garantizar así un trámite ágil y seguro.

De la lectura del texto y su exposición de motivos no es posible concluir que exista coherencia entre los espurios objetivos declarados del Proyecto y las modificaciones que con él se introducen a la industria y al servicio público de las telecomunicaciones de los que hacen parte la comunicación por audio, datos y video, la comunicación satelital, inalámbrica y por cable, la telefonía fija y celular, internet, la radio y la televisión. Por el contrario, es posible identificar con claridad que con el Proyecto se pretende favorecer a la industria de televisión cerrada y de telefonía móvil en detrimento de la televisión abierta, en especial de la televisión pública y del Canal Uno.

La televisión, en especial la televisión abierta (radiodifundida) que llega a todos los ciudadanos de manera gratuita, por ser el medio de comunicación que mayor impacto causa en la generación de opinión y de hábitos de consumo, mereció tratamiento especial del Constituyente de 1991 que la definió como un servicio público, sometido a un régimen autonómico para preservarla de la interferencia de los grupos económicos, de los políticos y del gobierno de turno. El legislador, Ley 182 de 1995, diseño un modelo de televisión al servicio de la consolidación de la democracia como instrumento de formación, educativo y cultural.

A partir del primer gobierno del presidente Álvaro Uribe y hasta el final de su segundo periodo se intentó, sin suerte, modificar el régimen jurídico de la Televisión en Colombia con el argumento de que el ente constitucional, debía dar paso a un organismo dependiente del gobierno y el sector debía, en virtud de la convergencia tecnológica, ser manejado por un sólo organismo sin tantos poderes como los entregados por el legislador del año 1995 a la Comisión Nacional de Televisión.

En el Gobierno de Juan Manuel Santos se esgrimieron argumentos muy parecidos a los del Gobierno de Uribe, a los que se le adicionaron la inevitable muerte de la televisión que daría paso al imperio de Netflix, YouTube y Facebook y la urgencia de desregular el sector para propiciar su desarrollo. La Comisión Nacional de Televisión fue eliminada mediante el Acto Legislativo 01 de 2012 y luego se expidió la Ley 1507 de 2012 que creó la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, y entregó funciones de regulación en televisión a la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC y a la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.

En los Gobiernos de Santos, no obstante, los cambios institucionales adoptados, nada importante ocurrió en el sector de televisión aún frente del cambio tecnológico que dan todos los países con el paso de televisión analógica a televisión digital terrestre (TDT). Con ocasión de los cambios institucionales lo cierto es que ninguna función importante ha cumplido la nueva Autoridad de Televisión; la CRC y la SIC no estrenaron sus nuevas funciones en Televisión y en la industria de telecomunicaciones. A pesar de la notoria expansión del sector y del crecimiento de las utilidades de los operadores, no fue posible cerrar la brecha digital ni abaratar las tarifas por los servicios de internet y de telefonía celular.

En los dos periodos de Santos fueron prorrogadas las concesiones entregadas a los operadores de televisión abierta nacional Caracol y RCN y CityTV en Bogotá, se consolidó el monopolio de Claro en televisión cerrada y crecieron Movistar y DIRECTV. Se rebajaron en cerca del 70% las tarifas que pagan los operadores de televisión abierta y cerrada al Estado, se entregaron los espacios de televisión del Canal Uno a tres de los cuatro concesionarios que los explotaban desde el año 2003 y Netflix, YouTube y Facebook no desplazaron las audiencias de televisión abierta y cerrada ni la pauta publicitaria en estos medios cayó de manera abrupta tal como lo habían vaticinado.

En los dieciséis años de los gobiernos de Santos y Uribe se consolidaron los monopolios en televisión y en telecomunicaciones, las nuevas tecnologías y las redes sociales fueron cooptadas por los mismos actores, el costo de la televisión paga y de internet creció más que en el resto de países latinoamericanos, la televisión abierta y la televisión pública decayeron en audiencias y en calidad y la televisión institucional se consolidó como un instrumento de propaganda al servicio de los funcionarios de turno.

La desregulación en estos dieciséis años se hizo realidad, la mayoría de los operadores de televisión y telecomunicaciones actuaron sin vigilancia y sin control e interfirieron los procesos políticos y electorales. Ocurrieron interceptaciones ilegales realizadas por agentes del Gobierno y los actores armados. Durante este periodo no se conocen ni procesos sancionatorios ni sanciones adelantadas o aplicadas por la CRC, la SIC o la ANTV por estos hechos.

Durante estos 16 años los cuantiosos recursos que recibió el sector por cuenta de las rebajadas contraprestaciones que pagaron los operadores de televisión y telecomunicaciones fueron malbaratadas en computadores y tabletas que, distribuidas para satisfacer clientelas políticas regionales,  pronto se tornaron desuetas tecnológicamente o nunca recibieron conexión a Internet; se realizó una gigantesca inversión en Televisión Digital Terrestre sin lograr la cobertura universal lograda en otros países y por lo tanto sin posibilidades reales del apagón analógico anunciado para el año 2019. No se adquirieron satélites de observación o comunicaciones y por lo tanto no se usaron o explotaron los derechos en nuestra órbita geoestacionaria, se extendió con un sobrecosto importante un cable de fibra óptica por todo el país con la pretensión de conectar más de 700 municipios que hoy día permanecen sin servicio de Internet porque no se resolvió técnicamente la conexión de última milla.

Frente al balance negativo antes citado, el primer objetivo declarado del Proyecto de Ley No. 152 de 2018 es el de “alinear los incentivos de los agentes y autoridades del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y aumentar su certidumbre jurídica”: Resulta cínico que en una ley relativa a un servicio público el primer objetivo este referido a los “AGENTES” y no a los usuarios. Ese objetivo es realmente contradictorio puesto que nos encontramos frente a un sector que durante 16 años recibió multimillonarias rebajas en las contraprestaciones que pagaban al Estado, se les quitó la obligación de revertir bienes y fue objeto de beneficios generados por la desregulación y  la tolerancia total de los organismos responsables del sector que para el caso de televisión no produjeron un solo acto administrativo de regulación que no fuera para rebajar las tarifas pagadas por los operadores al Estado o para desmontar los instrumentos de control que habían sido diseñados desde la expedición de la Ley 182 del año 1995.

Plasmar en una ley que su propósito es el de incentivar una industria que ha recibido durante los últimos años todos los beneficios económicos y regulatorios y que desde su inicio ha crecido en porcentajes más elevados que el resto de la economía, resulta realmente contradictorio cuando en el sector se viven necesidades de carácter prioritario de las poblaciones que hoy no son atendidas.

Los incentivos previstos en el Proyecto en efecto son muchísimos, pero el más destacado y descarado es el de una nueva y sustancial rebaja al valor de la contraprestación que actualmente pagan los operadores de telecomunicaciones y televisión al Estado. Si se tiene en cuenta que los operadores de telecomunicaciones usan las mismas redes y la misma tecnología de una infraestructura que el Estado ya les pagó y cuya reversión fue revocada y nunca ha sido cancelada al Estado y que la contraprestación que estos pagan al Estado es menor que la que esas mismas trasnacionales pagan en otros países, este beneficio aparece infundado.

Otro descomunal beneficio que sin fundamentación alguna se concede en el nuevo Proyecto, es el del otorgamiento de las concesiones de manera automática y gratuita por treinta (30) años adicionales a todos los operadores de televisión y telecomunicaciones actuales. Si tenemos en cuenta que algunos de estos operadores disfrutan de sus concesiones desde finales de la década de años los 90 y que nuevamente se prevé el derecho a prorroga de dichas concesiones tendríamos que tales operadores tendrían derecho a explotar el espectro electromagnético por más de cien años. Es decir, “casi a perpetuidad” disfrutarán de en un bien escaso y finito que es de todos los colombianos por definición contenida en el artículo 75 de nuestra Constitución Política.

El objetivo declarado del Proyecto de Ley del Gobierno Nacional de modernizar el sector está referido a aspectos institucionales: Se abandona la idea de un regulador único, convergente y autónomo y se concentran funciones de regulación, control, inspección y vigilancia y definición de política en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se crea un Fondo único de Televisión y Telecomunicaciones en el que se fusionan los recursos que antes estaban en los Fondos TIC (a cargo del Mintic) y de Televisión (a cargo de la ANTV) para evitar que los recursos de televisión se concentren en televisión. Se mantienen funciones regulatorias y de inspección en la SIC y en la CRC y se le asignan recursos del Fondo Único a estas entidades para la atención de sus funciones.

La modernización del sector de manera contradictoria comporta el desmonte definitivo del régimen autonómico previsto por el constituyente de 1991 y no se atienden por ejemplo las recomendaciones de la OCDE en relación con la autonomía que deben tener los organismos reguladores en este sector. El control de contenidos queda en poder del Gobierno, en manos de un sector político que en relación con los medios de comunicación ha dado muestras de ejercer el veto, la censura y la manipulación.

Con el objeto de focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y potenciar la vinculación del sector privado en el desarrollo de los proyectos asociados se prevé un instrumento que ya en el pasado ha fracasado, pero si actúa en favor de las utilidades de los operadores privados. Se les permitirá a los operadores de telefonía móvil pagar el espectro que del dividendo digital se les entregará a ellos, en especie y este será el mecanismo para que el servicio llegue a los ciudadanos de zonas rurales apartadas y pobres de las ciudades.

El Gobierno repite que con el Proyecto se fortalecerá la televisión pública, lo cual es falso. Por el contrario, el Proyecto dispone que la Televisión Pública quedará bajo el control absoluto de Ministerio de TIC lo cual la debilita y en relación con su financiamiento simplemente se prevé en el proyecto que mantendrán los recursos que históricamente les han sido asignados, que durante los últimos años han sido insuficientes y han marcado su estancamiento. En general, debido a la rebaja a los operadores privados de las tarifas que pagan al Estado, los recursos del sector disminuirán sustancialmente.

El Proyecto de Ley elimina la autonomía de la que hoy goza la televisión regional y sus recursos para inversión y administración de la red de transmisión dependerán totalmente de la asignación anual que le haga el MINTIC. No queda claro de donde provendrán los recursos de financiamiento de los canales regionales y si se tiene en cuenta que en algunos de ellos el aporte de las entidades territoriales es escaso, su funcionamiento dependerá de lo que logren obtener por pauta publicitaria.

Entregar al Ministerio TIC el manejo de los canales regionales es someterlos a la dependencia total del gobierno nacional en relación con la definición de los contenidos que estos ofrecen a su teleaudiencia. Hoy es evidente que el canal institucional, Señal Colombia y el manejo de los espacios institucionales en los canales nacionales privados de televisión abierta y en el Canal Uno depende del Gobierno Nacional y son usados con fines propagandísticos de las políticas del Gobierno central y para posicionar la imagen pública y política de los funcionarios nacionales.

En lugar de regular la manera como se definen hoy los contenidos de la televisión pública nacional en cabeza del Ministerio TIC para evitar su captura por parte de los actores políticos gubernamentales, se pretende ahora entregar a este la conducción de la televisión regional. Por supuesto evitar la manipulación de la televisión regional por parte de los actores políticos regionales debería ser otro reto de una reforma al sector.

Los Canales Regionales son en la actualidad la única expresión de una televisión pública independiente y constituyen el único instrumento de comunicación con el cuentan las regiones para expresar y difundir su identidad cultural. Es a través de ellos que las regiones pueden ofrecer una información producida por ellos que expresa la realidad de estas regiones que no interesa como contenido a los canales comerciales de operación nacional.

Sólo en virtud de un reciente fallo de la Corte Constitucional, una ciudadana de San Andrés Isla logró que la totalidad de canales regionales sean incorporados a la totalidad de las parrillas de programación de los operadores de televisión por suscripción y este hecho constituye un reto para que estos canales mejoren sustancialmente su programación que podrá ser vista en todo el territorio nacional, lo que se traducirá en una mayor oferta de contenidos para los colombianos pero además en una inigualable herramienta de consolidación de nuestra identidad cultural nacional. Ver hoy en los canales regionales Televentas o programas de telemercadeo es el síntoma claro de que los recursos que se les ofrecen son insuficientes.

En el Proyecto se introducen cambios importantes en relación con la Televisión Comunitaria y aparentemente se le concede una exención del pago de la tarifa al estado por tres años, lo cual resulta plausible. Sin embargo, se vincula esta posibilidad a que se acojan al régimen de habilitación general con lo cual se acaba la regulación especial a la que hoy están sujetos, lo que en la practica se traduce en eliminar este importante sector que les ha permitido a comunidades de zonas rurales apartadas y sectores populares urbanos la auto provisión del servicio de televisión cerrada a bajos costos.

Una falla del Proyecto es que nada se regula en relación con las conocidas como OTT (over-the-top) o contenidos de libre transmisión en internet que, como NETFLIX, FACEBOOK y YOU TUBE o CLARO VIDEO, se apropian de un importante segmento de la audiencia y del mercado de publicidad sin pagar, en Colombia, contraprestaciones al Estado. Similar beneficio tiene los proveedores de contenidos extranjeros en televisión cerrada y las empresas extranjeras que prestan este servicio. Tampoco se resuelve el conflicto surgido entre los operadores privados de televisión abierta y los cable operadores en relación con la pauta publicitaria y con los derechos de transmisión. No se promueven los contenidos dirigidos a los niñas, niños y adolescentes ni se protege a esta población de contenidos nocivos.

Lo anterior es parte de un evidente sesgo que tiene el Proyecto en favor de la televisión cerrada y de los contenidos pagos por internet, con lo cual se beneficia a los operadores privados de estos servicios en detrimento de la televisión abierta y de la televisión pública del país. En televisión abierta aún contamos con normas protectoras de la industria nacional en un negocio que tiene que ver con contenidos, educación, cultura y democracia. Es muy grave que se propenda por el marchitamiento de los canales nacionales, regionales y locales, públicos y privados, en favor de operadores privados de la industria de telecomunicaciones que cada vez concentran más sus inversiones y utilidades y consolidan y perpetúan sus monopolios.

Principios como el pluralismo, el derecho de los colombianos a acceder al espectro electromagnético, a informar y fundar medios de comunicación se satisfacen principalmente en televisión abierta radiodifundida por lo que la misma demanda una protección especial y el Proyecto no desarrolla estos principios. No se regula nada en relación con la expansión de la oferta en televisión abierta ni con el apagón analógico previsto para el año entrante y que en Colombia al contrario de lo que ocurre en otros países, significará una reducción de la cobertura y de la oferta televisión abierta pública y privada.

Ojalá el Proyecto 152, a punto de convertirse en Ley, se hunda por el rechazo ciudadano y las fuerzas alternativas del Congreso. Si pasa, nos queda aún la instancia de la Corte Constitucional para evitar así que esta iniciativa de muerte a la televisión abierta y hiera a nuestra democracia.

Edición 618 – Semana del 14 de diciembre al 17 de enero de 2018
   
 
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