Paz en Catatumbo:
el grito que se mantiene a pesar de la guerra

 

El contexto que se presenta actualmente en el Catatumbo no es más que la continuidad de una guerra que parece no tener fin y que está siendo reconfigurada. Desde que inició la guerra entre estas dos insurgencias todos los actores armados legales e ilegales que hacen presencia en el territorio están modificando sus alianzas.

 
Andrea Marcela Cely Forero
 
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
 
 

Paz en Catatumbo es el mensaje que ha enviado la población civil desde hace ya dos años cuando se profundizó el conflicto armado en esta región de país. Desde el paro armado decretado por el EPL en 2018, la organizaciones sociales y comunales se manifestaron abiertamente en un encuentro en el municipio de El Tarra para conformar la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz. A través de este espacio de unidad y de protección se hicieron varias misiones de verificación humanitaria, se mantuvo un relacionamiento intenso con autoridades locales y entidades como la Defensoría del Pueblo y la Oficina de DDHH de la ONU. También se hicieron llamados a las insurgencias y a las fuerzas militares para que no involucraran a civiles en medio del conflicto y buscaran una salida negociada.

Sin embargo, el contexto que se presenta actualmente no es más que la continuidad de una guerra que parece no tener fin y que está siendo reconfigurada. Desde que inició la guerra entre estas dos insurgencias todos los actores armados legales e ilegales que hacen presencia en el territorio están modificando sus alianzas. Por esta razón, se puede entender que a pesar de que la fuerza pública haya aumentado su tropa, no le interese controlar el territorio. Al contrario, está profundizando el conflicto con su acercamiento a una de las partes.

Los recientes paros armados decretados por el ELN y el EPL se entienden en esta región como una nueva declaración de guerra, mientras el frente 33 de las disidencias de las Farc se fortalece y el Ejército desarrolla combates en algunas veredas y posa con sus tanques en vías principales. Tal y como advirtió la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, el aumento de tropa militar en la región sólo desencadenaría en claras afectaciones a la población civil y ninguna respuesta concreta ante la situación, pero en cambio deja muchas dudas de su papel en relación con los diferentes grupos armados que se fortalecen en el territorio.

De acuerdo con el seguimiento hecho en Asociación MINGA, es claro el aumento en los ataques a objetivos militares por parte del ELN y las disidencias de las Farc. De 7 casos registrados durante el primer semestre de 2019, se pasó a 21 casos registrados en prensa hasta diciembre de 2019. La mayoría de estos hechos se presentaron en el municipio de Tibú y llama la atención los 4 casos realizados en la ciudad de Ocaña.

Los municipios que más hechos concentran son Tibú y Hacarí. En este último municipio es claro que se está concentrando gran parte del conflicto armado, al presentar casos de lesión y muertes por uso de minas antipersonales, combates, desplazamientos forzados, ataques a objetivos militares y amenazas a líderes sociales y comunales.

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Otro hecho que preocupa bastante es el desplazamiento masivo que se ha presentado en los municipios de Ábrego y la Playa de Belén como consecuencia del enfrentamiento entre el ELN y el EPL. Durante este periodo se pueden identificar tres momentos claros de desplazamiento. El primero se presentó en el mes de julio, el segundo, entre noviembre y diciembre y el más reciente en el mes de febrero en el municipio de Ábrego. En total, se tiene el registro de más de 1500 personas que se han visto en la obligación de desplazarse de sus viviendas hacia los cascos urbanos y a Ocaña.

En el municipio de Teorama también es claro un incremento en los hechos asociados con el conflicto armado que se reflejan en el aumento de combates, sobretodo en la vereda Piedras de Moler y el ataque a objetivos militares. En los municipios de El Carmen sólo se registra un hecho de sabotaje en contra de la infraestructura petrolera y un atentado, mientras que en el municipio de El Tarra se registra un ataque a objetivo militar y otro hecho de sabotaje.

Finalmente, se registra un aumento en el ataque a bienes civiles, en su mayoría camiones de carga que fueron incinerados por grupos armados ilegales en los municipios de Ábrego, Convención, El Tarra, San Calixto, Sardinata, Tibú y Ocaña. Así mismo se registró la activación de un carro bomba en el municipio de Hacarí y es ésta tal vez la modalidad más recurrente en las últimas semanas. Con la quema de estos vehículos los grupos armados intentan demostrar control territorial e imponer autoridad armada sobre la población en general y, por qué no decirlo, sobre el Ejército que no ha podido controlar estos hechos a pesar del claro aumento de su tropa en toda la región.

De manera simultánea a esta dinámica propia del conflicto armado, las amenazas y asesinatos a líderes sociales y excombatientes no cesan. Sólo en este último periodo es clara la intención amenazante sobre colectivos, iniciativas políticas y defensores de DDHH. Se registran amenaza y atentados contra el delegado de la Red departamental de víctimas, miembros del partido FARC a nivel regional, la representante de la Asociación de Madres, Enrique Pertuz y Nélson Arévalo, ex defensor regional del pueblo. Los docentes y miembros de los puestos de salud también han denunciado amenazas.

En cuanto a los asesinatos que se registran por razones políticas, es alarmante que entre el último semestre de 2019 y los dos primeros meses de 2020, sean7los casos registrados. En su mayoría se dieron hacia la zona del municipio de Tibú y Cúcuta en donde históricamente ha tenido presencia la guerrilla de las FARC. De estos casos,3 asesinatos fueron perpetrados contra miembros del Partido FARC, uno contra el candidato del Partido Conservador a la alcaldía de Tibú y en los dos primeros meses del año contra 3 líderes sociales y comunales. Dos de estos líderes también fueron asesinados en el municipio de Tibú. Uno de ellos miembro de ASCAMCAT y el otro, un líder del Programa de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS). Respecto al caso del reconocido líder comunal del municipio de Convención, Fernando Quintero, es importante mencionar que en el 2018 tuvo que salir de la región porque tropas del Ejército invadieron su finca y dejaron panfletos y señales alusivas a las AUC. En ese momento, se hizo la respectiva denuncia y una misión de verificación acompañada por la Defensoría del Pueblo y la Oficina de DDHH de la Naciones Unidas.

Es este el contexto en el que hoy se viven dos paros armados. La diferencia con el que se decretó hace dos años, es que las comunidades tienen más miedo y no sienten el respaldo del Estado. Se percibe silencio por parte del Gobierno ante una situación de crisis humanitaria evidente. Sólo se escucha su insistencia en la inversión de algunos recursos que están mediados por la inversión extranjera y que excluye las propuestas de las comunidades. Aún así, todas las organizaciones sociales y comunales presentes en la región están dispuestas a insistir en la construcción de paz y buscar salidas negociadas al conflicto. No hay duda en que su resistencia los hará capaces de pasar este momento. La respuesta entonces no puede ser coyuntural.

Edición 669 – Semana del 15 al de 21 febrero de 2020
   
 
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