Y de las cárceles ¿qué?…

 

Pese a los constantes llamados de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional y algunas ONG defensoras de derechos humanos, al Estado colombiano y a la justicia les quedó grande resolver el problema de las cárceles en el país.

 
Álvaro Ortiz Ramos
 
Editor Semanario Virtual Caja de Herramientas
 
 

“Cada celda estrecha en la que vivimos
es una inmunda y oscura letrina,
y el aliento fétido de la muerte en vida
asfixia cada traje a rayas,
y todo, excepto la lujuria, se convierte en polvo
en la máquina de la humanidad”.
Fragmento de “Balada de la cárcel de Reading” de Oscar Wilde.

Según el Código Penitenciario y Carcelario en su artículo 101: “El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”.

Claro, una cosa es la escrita en el papel y otra la realidad. Pues todos sabemos que no se puede pensar en la resocialización de quienes quebrantan la ley cuando además de ser privados de la libertad son sometidos a condiciones infrahumanas como hacinamiento, maltrato físico-sicológico y el abandono, pues quienes manejan el sistema carcelario están lejos de entender que su misión primaria es la “resocialización” del delincuente, pero no actúan en ese sentido y así desobedecen la propia ley.

De ninguna manera pretendo justificar a nadie, pero ahora puede uno entender que estos seres olvidados –muchos de ellos, vaya uno a saber– que optaron por la delincuencia al no encontrar oportunidades de supervivencia en una sociedad y un Estado que desprecian la pobreza y el hambre, pasen largas horas maquinando oscuros planes de fuga antes que permanecer encerrados en condiciones indignas. Claro, pensarán muchos, se lo tienen merecido por tomar ese camino.

Pese a los constantes llamados de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional y algunas ONG defensoras de derechos humanos, al Estado colombiano y a la justicia les quedó grande resolver el problema de las cárceles en el país. Muchos ministros han pasado por la cartera de Justicia, así como muchos directores del Inpec y nada de soluciones de fondo.

Desmenucemos la problemática para entender de qué estamos hablando.

La crisis de las cárceles colombianas no son un secreto. No estamos descubriendo el agua tibia. De vez en cuando temas como el hacinamiento, la corrupción de funcionarios del Inpec, comida descompuesta y graves hechos de salubridad, aparecen en titulares de prensa…se arma el escándalo, se ofrecen las disculpas, se destituyen funcionarios y ahí para la cosa. Así hasta el próximo escándalo.

Es claro que para conjurar las problemáticas descritas existen soluciones relativamente fáciles: pintamos las paredes de los penales, mejoramos las comidas, mandamos unos médicos para “chequear” a los reclusos, hacemos traslados de funcionarios del Inpec, ampliamos una hora las visitas y así le salimos al paso al problema.

Lo que aún no entiende el conjunto del Estado, es que el problema carcelario no se soluciona con la construcción de nuevos centros penitenciarios tal y como lo propone el Ministerio de Justicia en el documento “Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario en Colombia” en el que plantea –además de otras cosas–estrategias de corto y mediano plazo para dar respuesta a las dificultades mencionadas anteriormente y definieron las siguientes acciones:

– Construir y habilitar infraestructura modular para crear 4.800 cupos (Cúcuta, Vista Hermosa – Cali, Bogotá – La Picota, Bucaramanga, Barranquilla – El Bosque, Cartagena, Itagüí – La Paz, Palmira, Montería y Yarumal).

– Construir infraestructura de cuarta generación iniciados en vigencias anteriores, con los cuales se proyecta entregar durante el cuatrienio un total de 3.860 cupos (Girardot, Ipiales, Girón, Buga, Silvia, Bellavista).

– Entregar obras con un avance del 60% para 6.720cupos (Pereira, Riohacha, Palmira y Sabanas de San Ángel).

– Gestionar los diseños de 12.020 cupos (Apartadó, Puerto Boyacá, Buenaventura/Tumaco, Popayán, La Paz-Itagüí, Neiva, Pitalito/Garzón/La Plata, Pasto, Mocoa, Vista Hermosa –Cali, Puerto Triunfo, Barrancabermeja, Barranquilla).

– Elaboración del Plan Maestro de Infraestructura.

– Realizar el mantenimiento de la infraestructura existente por demanda, transitando a la formulación de planes de mantenimiento correctivos y preventivos.

Pero ¿que pasa con las causas estructurales de la crisis?, ¿que pasa con la política criminal colombiana (esa que define ¿qué conducta es un delito?, ¿cuál es su pena?, ¿cómo es judicializada y cómo se ejecuta la pena?). El problema está en que el Estado tiende a utilizar la prisión como cura para combatir los problemas sociales, que en muchos casos son la raíz de los actos delincuenciales. Esto, sin lugar a duda, ha llevado el sistema al colapso. La razón es muy simple, al aumentar las penas y el número de conductas castigadas con prisión, pues lógicamente entran más personas a la cárcel de las que salen.

Históricamente hablando

Para hacernos una idea y entender la crisis que hoy enfrentan las cárceles en el país, es necesario remontarnos al año 1998, año en el que la Corte Constitucional –en una clara y sabia decisión– mediante la Sentencia T-153/982 declaró el “estado de cosas inconstitucional en las prisiones”.

“Las condiciones de hacinamiento impiden brindarles a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Con todo, la Corte quiere concentrar su atención en una consecuencia que considera de mucha gravedad, cual es la de que la sobrepoblación carcelaria impide la separación de los internos por categorías. En efecto, la ley ordena que los sindicados estén separados de los condenados; que los reincidentes de los primarios, los miembros de la Fuerza Pública, los funcionarios públicos y los indígenas de los demás reclusos, etc.”. Señaló la Corte al evidenciar que los centros de reclusión del país violaban de manera generalizada y masiva los derechos de las personas privadas de la libertad, por lo que declararía la existencia de una falla estructural en el sistema penitenciario.

Cárceles abandonadas por el Estado, reflejados en la falta de mantenimiento y expansión de la infraestructura, violencia generalizada, ineficiencia en la prestación de servicios de salud, y una violación generalizada de la dignidad humana, motivaron el duro pronunciamiento de la Corte.

El presente de la crisis

Mientras en el país crece cada vez más la “sensación” –que hace rato dejo de ser “sensación”– de inseguridad, especialmente por delitos como el hurto callejero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reveló una cifra que preocupa: la reincidencia en el país sigue en aumento. “En los últimos siete años el número de detenidos que tras recuperar la libertad vuelven a cometer delitos creció más del 110%”.

El revelador y preocupante informe del Inpec, enviado al Congreso de la República para un debate de control político, indica que actualmente se encuentran detenidas 22.507 personas que reincidieron en sus delitos, mientras que en 2012 esta población era de 10.592 detenidos.

La reincidencia, ni más ni menos, hace referencia a aquellos individuos que, en ocasiones anteriores habiendo sido condenados, han vuelto a ser privados de la libertad y se encuentran en condición de condenados por la comisión de nuevos delitos. Más grave aún es que los reincidentes –que tienen casa por cárcel o vigilancia electrónica– llegan al 22%. Todo a sabiendas, según el Inpec, de que se comprobó su tendencia a seguir delinquiendo.

Así las cosas, la población reincidente, según el informe, está distribuida así: en centros penitenciarios el 77,5% (17.435), con detención domiciliaria 19,7% (4.443) y con vigilancia electrónica 2,8% (629)3.

Existen 134 establecimientos carcelarios en el país con capacidad para 80.400 reclusos, pero con una población real de 123.063. esto quiere decir que existe una sobrepoblación de 42.663 reclusos… un hacinamiento del 53,06%.

Según el Inpec, las cárceles para mujeres tienen capacidad para 6.304 cupos. Actualmente su población es de 8.792 reclusas, con una sobrepoblación de 2.410. Esto quiere decir que existe un %37,77 de su capacidad total.

Existen 67.238 personas con detención domiciliaria, de estas 56.304 son hombres y 10.934 son mujeres. 5.271 tiene dispositivo de seguridad, los famosos brazaletes…

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En cuanto a los presos extranjeros, el Inpec indica que existen 2031 de ellos 1487 son de nacionalidad venezolana…

Así las cosas, mientras el gobierno de una vez por todas soluciona la grave crisis carcelaria, sería bueno que los condenados –mientras tanto– tuvieran por lo menos: mejores condiciones de vida, respeto a los derechos humanos, acceso al servicio de justicia y respeto al debido proceso, derecho al trabajo, adecuada alimentación, asistencia jurídica, derecho al deporte y la recreación y mejor trato a las visitas.

Amanecerá y veremos…

Edición 670 – Semana del 22 al de 28 febrero de 2020
   
 
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