Transición de verdad y verdades en trance (I)

 

Es tal la avalancha de declaraciones y revelaciones sobre nuestra realidad política, que es casi imposible discernir la verdad o la mentira contenida en ellas. Pero, sin lugar a duda, las más inquietantes corren a cargo de una pareja de protagonistas de la vida política nacional: Aida Merlano y Álvaro Uribe Vélez.

 
Hernando Llano Ángel
 
Profesor Departamento de Ciencia Jurídica y Política, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Javeriana de Cali
 
 

Es tal la avalancha de declaraciones y revelaciones sobre nuestra realidad política, que es casi imposible discernir la verdad o la mentira contenida en ellas. Pero, sin lugar a duda, las más inquietantes corren a cargo de una pareja de protagonistas de la vida política nacional: Aida Merlano y Álvaro Uribe Vélez. No obstante, la distancia insalvable que los separa por sus ejecutorias políticas, ambos tienen en común dos hechos irrefutables, de carácter público. El primero, sus líos con la justicia y, el segundo, que sus declaraciones nos parezcan al conjunto de los colombianos inverosímiles, aunque los dos sostengan que dicen toda la verdad y que así es la realidad.

La declaración de Renta de Uribe

Para empezar, tenemos la Declaración de Renta de 2018 del senador Álvaro Uribe Vélez, hecha pública en virtud de la ley que a regañadientes aprobó el Congreso, forzado por los cerca de 12 millones de ciudadanos que lo exigimos en la Consulta Anticorrupción. En ella aparece que no tuvo que pagar un solo peso por concepto de impuestos, no obstante que su patrimonio bruto es superior a 12 mil millones de pesos, que sus ingresos brutos alcanzaron la suma de casi 457 millones de pesos y además percibió 51 millones por pensión, que no es objeto de gravamen. Pero, según la verdad tributaria, claramente explicada por contadores profesionales consultados por Portafolio, ello no solo es legal, sino que también se corresponde con la realidad de nuestro régimen tributario, “pues los contribuyentes todos los años declaran un anticipo de impuestos de la renta del año siguiente, de los cuáles él ya había pagado como anticipo, en su declaración de 2017: $18’757.000”. Además, “su contador descuenta estos anticipos que ya había declarado y pagado en el 2017 y adicionalmente descuenta las retenciones que le hicieron, mes a mes, como anticipo de renta por lo que su saldo final quedó en ceros”1.

Todo parece indicar que la declaración de renta del senador Uribe es tan tributariamente correcta como injusta e indignante para la inmensa mayoría de colombianos, especialmente para una clase media que paga cada año impuestos con ingresos muy inferiores y con un pírrico patrimonio. Vergüenza debería sentir el senador Uribe por desconocer, en forma tan legal como ostensible, el numeral 9 del artículo 95 de nuestra Constitución Política: “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”. Con mayor razón cuando en el punto 100 de su Manifiesto Democrático pregonó: “Aspiro a ser presidente para jugarme los años que Dios me depare en la tarea de ayudar a entregar una Nación mejor a quienes vienen detrás. No quiero morir con la vergüenza de no dar hasta la última lucha para que mi generación pueda tranquilamente esperar el juicio de la historia”. Al conocer su inmenso patrimonio, sus considerables ingresos y los impuestos pagados, ya no tenemos que esperar el juicio de la historia. Cada ciudadano, al menos en el campo tributario, puede emitir un juicio sobre la autenticidad y el abnegado patriotismo del expresidente y senador Uribe.

Por revelaciones como las anteriores es que estamos viviendo una coyuntura política de verdades infamantes e insostenibles, no sólo en el ámbito de lo tributario, sino en el más doloroso y grave del conflicto armado interno, en el que tiene como presidente de la “seguridad democrática” aún más responsabilidad histórica, pues una consecuencia letal de la misma fueron los “falsos positivos”. Más ahora que el general (R) Mario Montoya ante la JEP soslayó su responsabilidad como comandante del Ejército en su ejecución y los atribuyó a: “soldados muy pobres, ignorantes, que no entendían la diferencia entre resultados y bajas, por eso cometieron los falsos positivos”.

Una normativa inicua y criminal

Pero, así como las normas tributarias explican el aberrante caso de inequidad fiscal a favor del senador Uribe, la Directiva 029 de 2005 de la “seguridad democrática” también explica legalmente la barbarie de los “falsos positivos”, con la firma del entonces ministro de defensa Camilo Ospina y la dirección militar del comandante del Ejército, general Mario Montoya. Frente a estas horrendas verdades, revestidas de legalidad tributaria y marcial, los delitos de Aida Merlano parecen prácticas usuales y leves en la dinámica política y electoral de nuestra simulada democracia. Y, por escandaloso que suene, tal es la verdad al lado de las numerosas masacres de los grupos paramilitares aliados con senadores y representantes condenados por parapolítica, como puede consultarse en Verdad Abierta: “De la curul a la cárcel”. Representantes y senadores a quienes exhortaba el entonces presidente Uribe a que “votaran sus proyectos de ley antes de ir a la cárcel”2. Por todo ello, se puede decir que estamos viviendo una transición de verdad que nos revela muchas verdades en trance. Una de esas verdades es la de Aida Merlano que, por su gravedad y aparente espontaneidad, merece un tratamiento especial en una próxima entrega, para no incurrir en la ligereza de banalizar y mucho menos justificar sus éxitos electorales y los de sus distinguidos mentores y patrocinadores como algo propio de la democracia.

Edición 670 – Semana del 22 al de 28 febrero de 2020
   
 
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