26 de abril, gran día de democracia popular
por las elecciones comunales en todo el país

 

Hoy la acción comunal desde sus bases libra una lucha muy desigual, por dar el salto histórico que requiere de una relación de utilización con el Estado y los partidos por una relación de poder y de dignidad, lo que implica su fortalecimiento interno a partir del encuentro en torno al conocimiento y ejercicio de derechos.

 
Guillermo A. Cardona Moreno1
 
 

Es un día muy importante para la democracia colombiana, la que se construye desde la base ciudadana, aunque inédito para gran parte de la población. Más de siete millones de personas mayores de catorce años participarán en las elecciones comunales en la mayoría de las veredas, barrios y poblados de Colombia para renovar sesenta y cuatro mil juntas que eligen unos 960.000 dignatarios. Es un proceso electoral bien reglamentado y riguroso gracias a la Ley 743/02 autoría de la propia organización comunal con sus propios testigos electorales y jurados en elecciones secretas de ocho horas en los sesenta y cuatro mil lugares de votación, con total dirección de las comunidades. Para entender la dimensión del ejercicio democrático, téngase en cuenta que en las elecciones territoriales en Colombia existen 11.397 puestos de votación, número muy inferior a los sesenta y cuatro mil comunales. Es de mucha importancia democrática que, en un País tan convulsionado con tan diversos factores de perturbación, se tengan sucesos democráticos de esta trascendencia que merecen mayor visibilización, acompañamiento y respeto desde los medios de comunicación, la academia, los demócratas y en general toda la Nación.

Temores de interferencias en las elecciones comunales: no son nuevos los temores por la interferencia de actores externos a las comunidades ya de la politiquería o de actores ilegales en las elecciones. En realidad, quienes accede a los organismos comunales con este mandado, por falta de constancia y compromiso real con las comunidades, por lo general ni siquiera asumen sus funciones cotidianas abandonando el cargo que retoman los auténticos líderes de las comunidades, por lo que la mejor estrategia es la paciencia, generalmente silenciosa e inteligente que intuitivamente indica el sentido común.

Mitos sobre las juntas de acción comunal: tradicionalmente desde muchos sectores de la opinión y hasta de la academia se tiene una mirada indiferente y despectiva sobre las juntas comunales bajo el pretexto de que son instrumentos del Estado y de los partidos, concepto subjetivo que ignora una compleja realidad sociológica de una organización enraizada con la cotidianeidad de las comunidades y de inmensurables aportes silenciosos al País y que por su compromiso con las buenas causas democráticas, de la paz, la convivencia y del ambiente hoy es la más afectada en homicidios y amenazas, del conjunto de organizaciones sociales. La intermediación política ante el Estado y los partidos es la condición que ha impuesto el establecimiento político a las comunidades y sus organizaciones para buscar o acceder a los beneficios del Estado, dicen sus dirigentes. Preferimos, que esta relación estuviera mediada por la planeación participativa, la presupuestación participativa y la real incidencia ciudadana en las pequeñas y grandes decisiones como lo mandan la Constitución y muchas normas legales, pero los poderes políticos sobre el Estado ignoran y vulneran estos derechos y son recurrente causa de enfrentamiento y afectación contra los comunales.

Méritos históricos de las juntas comunales: en la década del sesenta fueron el punto de encuentro e interlocución, para superar los sangrientos enfrentamientos entre liberales y conservadores; fueron estrategia esencial de aclimatación de la paz de entonces; hoy en medio de las zonas de mayor conflicto siguen siendo el lugar de convergencia de diversos actores políticos en la perspectiva de las soluciones comunes en el territorio; son una escuela de formación de miles de dirigentes sociales y políticos. De hecho hoy la mayoría de organizaciones campesinas se alimentan o constituyen partir de las juntas y dignatarios comunales; igual muchas otras organizaciones sociales se nutren de la acción comunal; en un País que no cuenta con partidos políticos democráticamente estructurados, los procesos electorales de renovación de las llamadas instituciones democráticas, en especial en los municipios de categoría quinta y sexta, se realiza a hombros de los organismos y dignatarios comunales, otra realidad es que los partidos y el propio Estado los use y luego deseche cuando están en el poder, pero es una realidad incontrovertible; tal vez nadie en Colombia ha hecho tanto por el desarrollo de los mecanismos constitucionales y legales de participación como los organismos de acción comunal, desafortunadamente esa participación es poco incidente tanto por las normas como por la cultura hegemónica, antidemocrática y excluyente de la clase política; hoy la principal estrategia de convocatoria y reuniones comunales gira en torno a eventos, foros, talleres o conferencias de formación; hoy cerca del 35% de consejeros de planeación territorial son comunales; semanalmente en Colombia se realizan entre cinco y ocho mil reuniones, asambleas, foros, convites, construyendo soluciones pacíficas y organizadas a las necesidades y aspiraciones de las comunidades, nadie ni el Estado hacen tanto y de manera cotidiana y silenciosa por la convivencia, la paz y el desarrollo del País, aunque los comunales son poco invitados y reconocidos en los grandes eventos de la paz en los grandes recintos públicos o privados. Son quienes animan y mantienen viva desde la base social las expresiones culturales autóctonas del lugar y los primeros respondientes en los casos de emergencia. Gracias a organizaciones como estas, en medio de tanta violencia, descomposición social e irresponsabilidad gubernamental y de los partidos, el País aún tiene niveles de convivencia en muchas regiones. Según el documento CONPES 3955 de 2018, las juntas de acción comunal han construido con su trabajo y/o en acuerdos con el Estado cerca del 33% de la infraestructura física rural y de barrios y veredas. ¿Cómo olvidar desde este espacio a los comunales del municipio de Argelia del Oriente Antioqueño que llevan dos años construyendo una carrera a pica y pala, con tamales, bazares y empanadas para que los comunique con su municipio vecino Nariño, de la que llevan ya 18 kilómetros de los 20 requeridos?; o ¿cómo olvidar a los miles de comunales de base que enseñan con orgullo como lograron legalizar su barrio, llevarle servicios, construir la escuela, el centro de salud y pavimentar las calles con su trabajo, a veces apoyado desde el Estado?; o ¿cómo olvidar a los miles de comunales que semanalmente salen en minga o convite a arreglar las carreteras y caminos veredales e intermunicipales porque ya no existe Caminos Vecinales con recursos suficientes del Estado para estas obras, pues los grandes presupuestos públicos se destinan a las obras 4G y por allí a los contratos de la corrupción?. En esta base social, diversa, silenciosa y pluralista, está vivo, sigue vivo el espíritu solidario que se debe animar, apoyar y estimular pues será la principal opción de supervivencia de la convivencia, de la democracia y de las mayorías nacionales y mundiales en momentos de insaciable concentración de capitales e ingresos por efectos de la robotización y el control de la ciencia y de la técnica en muy pocos.

Hoy la acción comunal desde sus bases libra una lucha muy desigual, por dar el salto histórico que requiere de una relación de utilización con el Estado y los partidos por una relación de poder y de dignidad, lo que implica su fortalecimiento interno a partir del encuentro en torno al conocimiento y ejercicio de derechos.

Por todo eso, es necesario, es urgente hacer de estos procesos de renovación y fortalecimiento de los organismos comunales de Colombia un propósito nacional de los sectores democráticos; de los medios de comunicación masiva para que le dedique muchos espacios a partir de sus auténticos dirigentes; de la academia para que convoque muchos eventos, foros, talleres de información y formación; de las demás organizaciones ciudadanas para que acompañen solidariamente este proceso y un llamado a las instituciones de inspección, control, vigilancia y promoción, del Estado para que superando su etapa funcional sobre estas organizaciones avanzando hacia su función constitucional y misional de estimularlas, apoyarlas, fomentarlas para que de manera libre y democrática ejerzan sus derechos, en el marco del Artículo 103 de la Constitución y de la Sentencia C-1260/2000, de la H. Corte Constitucional.

1 Autor de la Ley 743 o Ley de la Acción Comunal. Escritor ensayista sobre estos y otros temas de planeación participativa.

Edición 672 – Semana del 7 al 13 de marzo de 2020
   
 
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