“Quédate en casa”, si tienes

 

Es imperativo considerar la situación de la población migrante que en esta situación de emergencia sanitaria y que se encuentra aislada de su familia por voluntad o por el cierre de la frontera y en condiciones indignas de subsistencia. Adoptar medidas para su protección, tender la mano a quienes más lo necesitan, debe ser una exigencia social al Gobierno.

 
Alejandra Mora
 
Profesional en relaciones internacionales
 
 

En un momento en el que constantemente somos bombardeados con noticias acerca de la propagación del coronavirus, nos olvidamos de otras problemáticas que pueden acentuarse y que terminan afectando los derechos de los más vulnerables.

La actual emergencia de salud pública, ocasionada por el coronavirus, ha impulsado a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas para detener la propagación de este, como: el cierre de fronteras, el aislamiento obligatorio o el distanciamiento social. Colombia, sin ser ajeno a esta emergencia, comenzó a cerrar sus fronteras el pasado 16 de marzo, siendo el paso fronterizo con Venezuela el primero en ordenarse. Esto ocasionó que cientos de personas quedarán encerradas a uno u otro lado de la frontera, obligándolas a cruzar por alguno de los 150 pasos fronterizos ilegales que se conocen.

Caso similar ocurrió en la frontera con Ecuador en donde alrededor de 400 personas de diferentes nacionalidades quedaron varadas en el Puente Internacional Rumichaca. Quienes quedaron allí atrapados lo hicieron careciendo de alimento, agua, recursos y alojamiento. La falta de condiciones permitió incluso que algunos de los migrantes intentaran cruzar por la fuerza, saltando las vallas o utilizando los pasos ilegales.

Si bien el cierre de fronteras busca disminuir los contagios por coronavirus en el país, este tiene falencias de efectividad por varias razones, la principal es que Colombia no tiene control absoluto de sus fronteras. Debido a esto, a diario continúan pasando migrantes en busca de servicios médicos y alimentos que no encuentran en sus países, exponiéndolos no solo a los grupos ilegales que controlan estos pasos, sino también al posible contagio y a la propagación del virus.

Sin embargo, eso no es lo más preocupante. Tan sólo un día después del cierre de las fronteras, el gobierno decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica en el país. Declaración producto de la cual, desde el 25 de marzo hasta el próximo 13 de abril, Colombia se encontrará en aislamiento obligatorio. Esta medida ha realzado la situación en la que se encuentra la población migrante en el país, pues a tan sólo unas horas de que el decreto comenzara a implementarse, diferentes ciudades se encontraron con grupos de personas migrantes que reclamaban ayuda y asistencia institucional para poder afrontar el periodo de aislamiento.

Los reclamos de esta población están justificados y demuestran que dentro de las medidas de atención a la población vulnerable que se han tomado en ocasión a la emergencia no han sido tenidos en cuenta. De esta forma, se ignora que gran parte de esta población vive en condiciones de vulnerabilidad extrema y muchos de ellos, incluso, se encuentran en situación de calle o en la informalidad para sobrevivir. Adicionalmente, muchos no cuentan con afiliación al sistema de salud o a los programas de atención a la población vulnerable que tiene el Estado.

A pesar de que, en ciudades como Bogotá, se han habilitado espacios para atender a la población en situación de calle o para alimentar a quienes más lo necesitan, los cupos en estos espacios conllevan trámites que en ocasiones no son de conocimiento general. Sin embargo, estos espacios son insuficientes para atender a toda la población que lo necesita, lo cual deja un número importante de esta a la intemperie en medio de una pandemia que ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo.

Ante este panorama, es imperativo considerar la situación de la población migrante que en esta situación de emergencia sanitaria se encuentra aislada de su familia por voluntad o por el cierre de la frontera y en condiciones indignas de subsistencia. Adoptar medidas para su protección, tender la mano a quienes más lo necesitan, debe ser una exigencia social al Gobierno en tiempos de pandemia. Mientras que, como nos pide el Gobierno y lo transmiten los medios, algunos podemos quedarnos en casa cómodamente, otros no podrán hacerlo y deberán afrontar la cara más dura de la emergencia: la indiferencia.

Edición 675 – Semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2020
   
 
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