Gobierno y empresarios pretenden asaltar las parafiscales de Sena, ICBF y cajas

 

Se está legislando para los empresarios aprovechando la pandemia, para desmontar los derechos de los trabajadores. La crisis está siendo descargada sobre los trabajadores y la población, para salvar al gran capital nacional y extranjero. Están presionando un estallido social.

 
Fabio Arias
 
Fiscal nacional de la CUT – Tomado de CUT
 
 

No satisfechos con los $70 billones que ha dispuesto el gobierno para liquidez financiera de las empresas, contando también con el silencio cómplice de Mintrabajo frente a despidos, licencias, suspensión de contratos, vacaciones en confinamiento y reducción de salarios, los socios ricos de este país preparan un nuevo zarpazo a las rentas parafiscales, justificándolas en la crisis del coronavirus.

En la reforma tributaria del 2012 los socios de ese momento, gobierno de Santos y empresarios lograron con sus socios mayoritarios del congreso exonerar al empresariado de pagar las parafiscales del 8% de salud, 3% de ICBF y el 2% del Sena para todas las empresas privadas hasta 10 salarios mínimos. A partir de 2013 y hasta hoy ha significado que los empresarios se han embolsillado $11,5 billones año tras año, sin que hayan generado empleo ni mejoras en los salarios, como demagógicamente se justificó la medida.

Hoy pretenden asaltar nuevamente las rentas parafiscales del 2% del Sena, 3% del ICBF y 4% de las cajas, para seguirle aliviando las cargas a los empresarios, en esta oportunidad sin que tenga que pasar por el congreso, pues aprovechando la crisis del coronavirus al amparo de la cual se llenaron de facultades extraordinarias para legislar.

Con un solo plumazo de decreto legislativo piensan suspender el pago de dichas contribuciones que equivalen a casi $1 billón mensual. Dinero que seguiría quedando en los bolsillos de los socios del gobierno, los empresarios. Sin saberse por cuánto tiempo.

Con ello se sigue desmantelando el salario social que las rentas y parafiscales representan, y así mismo van quedando reducidas las funciones sociales de dichas empresas colocándolas al borde del cierre, sin que, por ello, igual que en el 2012, adquieran ninguna responsabilidad.

Y en esta dirección también está la decisión unilateral de Sena y empresarios de suspender de manera ilegal 26 mil contratos de aprendizaje, de los 108 mil que hasta hoy existían, aduciendo fuerza mayor, cuestión que solo puede determinar un juez laboral.

Así las cosas, se está legislando para los empresarios aprovechando la pandemia, para desmontar los derechos de los trabajadores.

La crisis está siendo descargada sobre los trabajadores y la población, para salvar al gran capital nacional y extranjero. Están presionando un estallido social.

Edición 676 – Semana del 4 al 10 de abril de 2020
   
 
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