En tiempos de pandemia, regiones exigen democracia, financiación y derechos a educación y salud

 

Será la fortaleza del pueblo la que permitirá superar la pandemia. FECODE, como parte de éste, leal a su historia de 61 años de existencia, seguirá siendo un baluarte de la movilización social en defensa de la vida, la paz, la democracia y el conjunto de los derechos.

 
Miguel Ángel Pardo Romero
 
Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE
 
 

En un lapso de 48 horas, el Gobierno Nacional procedió en dos ocasiones contra las debilitadas finanzas de las regiones, vulnerando una vez, más los derechos fundamentales a la población de Colombia distribuida en 1.103 municipios.

Duque capturó recursos de las entidades territoriales, equivalentes a 14.8 billones de pesos, mediante el decreto 444 de 17 de marzo 2020 que creó el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME, poniéndolos a discreción del poder ejecutivo y del insaciable sistema bancario. Tal como lo estipula el artículo 4°, éstos pueden ser utilizados como …apoyo de liquidez transitoria del sector financiero o de las empresas privadas… Lo anterior significa que, a los alcaldes y gobernadores, se les redujo aún más, el margen de acción para garantizar salud y alimentación, requisitos indispensables para hacer efectiva la cuarentena y, por esa vía, el derecho a la vida.

El hecho reviste una gravedad mayúscula por sí sólo. Pero a su vez, se convirtió en el prolegómeno de otro suceso cuyo propósito pretende destrozar la esperanzadora posibilidad de las regiones de asegurar los recursos suficientes para la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, mediante una reforma constitucional que aumente de manera real y progresiva, los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP.

El segundo ataque contra las regiones ocurrió al día siguiente de expedido el decreto 444 de 2020 y corrió a cargo del Ministerio de Educación – MEN. Durante 6 horas, en momentos de forma altanera, en la Mesa Técnica de Educación que discute la urgente reforma constitucional al SGP, exigió la terminación definitiva de sus sesiones.

FECODE rechazó de manera firme los términos del Gobierno Nacional, a la vez que dejó absolutamente claro que sus fórmulas de “incremento” del presupuesto, no cerraban las 6 brechas en educación acordadas a saber: acceso universal para todos los niños, niñas y jóvenes; canasta educativa; implementación de la jornada única; infraestructura; relaciones técnicas alumno – docente – estudiante grupo y educación rural. El MEN tampoco aclaró las fuentes de financiación que soportaban su propuesta, algunas altamente inciertas que, al no concretarse, seguirán impidiendo a las entidades territoriales garantizar los derechos fundamentales de su población.

El planteamiento gubernamental de la “confluencia de fuentes”, le obligaba, a establecer el monto que aportaría a la per cápita en cada brecha, fuente por fuente y año tras año, asunto que tampoco respondió. Aclarando que no coincidíamos en el valor per cápita de la canasta planteado por el Ministerio de Educación porque el nuestro es más alto, FECODE, hizo la observación sobre que, los recursos proyectados a 2034, dejarían sin cubrir 800.000 estudiantes. Frente a lo cual, el Gobierno Nacional procedió de manera atropellada, a disminuir la proyección de la matrícula para el mencionado año de 8.842.000 a 8.426.235 estudiantes y, a reducir aún más, el valor propuesto de la canasta per cápita de $7.101.000 a $6.400.000. Lo anterior, ahondó las diferencias, dejó claro la pretensión de buscar respaldo a su perversa y enclenque propuesta para que el Ministerio de Hacienda hiciera de las suyas, arropado en una supuesta unanimidad.

Ante la ausencia de los representantes legales de Federación de Departamentos, la Federación de Municipios y de ASOCAPITALES, el gobierno tuvo que aplazar la decisión. Pero el 3 de abril, el MEN aplicó el mecanismo de la “consulta”, con las entidades que integran la Mesa de Educación para dar por terminadas sus sesiones, en contravía del criterio del consenso que le exige lo acordado con FECODE y lo consignado en el artículo 188 del Plan Nacional de Desarrollo.

Es imposible negar la relación de este suceso con la expedición del decreto 444, emitido en la víspera, dejando al descubierto el premeditado proceder gubernamental.

Viejas y nuevas advertencias se desprenden de los hechos registrados:

1) La Constitución Nacional de 1991 desafortunadamente descentralizó los gastos y no la democracia, obligando a las entidades territoriales a asumirlos. Así lo sintetizó el informe Wiesner – Bird de 1981: “… lo que necesitan las grandes ciudades no son mayores transferencias del Tesoro Nacional sino una mayor autonomía para disponer de la facultad discrecional de imponer y recaudar sus propios recursos…”. El regresivo orden territorial en el esquema de finanzas y de la tributación, se profundizó con los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 que terminó por empobrecer a la población de todos los municipios.

2) Las tensiones entre el Gobierno Nacional y las regiones aumentaron con la pandemia, especialmente, con las administraciones locales que priorizaron la vida sobre los negocios. El enorme reto que hoy tienen los mandatarios seccionales es exigir que se cumpla el papel del Estado central en la redistribución de los ingresos, como también, el reconocimiento de las autonomías locales y regionales con base en la democracia para contribuir a materializar los derechos de la población.

3) La reforma constitucional es más vigente y urgente que nunca. FECODE lideró una gigantesca movilización social en 2017 y una negociación colectiva en 2019, comprometiendo al Gobierno Nacional a consensuar un proyecto de acto legislativo que garantice los derechos con base en la adecuada financiación estatal. Su importancia es mayúscula si recordamos los enormes estragos del brutal recorte de 348 billones de pesos del Sistema General de Participaciones – SGP.

Los enormes recursos entregados por el Gobierno al opulento sector financiero durante la pandemia demuestran que no hay excusa para frustrar el aumento real y progresivo de los recursos. Los sucesos de la Mesa de Educación nos alertan, pero en ningún caso, exonera al gobierno del cumplimiento de los Acuerdos en favor de los derechos de las regiones, de la Nación, de los niños, niñas, jóvenes y del conjunto de la población.

4) La pandemia confirmó el carácter funesto del actual régimen y el establecimiento neoliberal. Mientras que la especie busca sobrevivir, el neoliberalismo salva sus negocios. La versión criolla, es aún más agresiva. Las limitaciones que impone la cuarentena a la movilización social son aprovechadas por el establecimiento para conspirar contra los derechos de la población y no para protegerla de la expansión del contagio del Covid-19.

El poder Ejecutivo entraba el funcionamiento del Congreso, el Ejército ejecuta un programa de seguimiento informático contra periodistas, políticos, sindicalistas e integrantes de ONG. Mientras que los territorios son martirizados, con el asesinato de más de 86 líderes y lideresas sociales, como también, de excombatientes. La campaña de desprestigio y ensañamiento contra la educación pública, el Magisterio y FECODE, hacen parte de las prioridades de un régimen que acude al horror y desprecia la vida.

Será la fortaleza del pueblo la que permitirá superar la pandemia. FECODE, como parte de éste, leal a su historia de 61 años de existencia, seguirá siendo un baluarte de la movilización social en defensa de la vida, la paz, la democracia y el conjunto de los derechos.

Edición 681 – Semana del 9 al 15 de mayo de 2020
   
 
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