¡Qué la pandemia no nos arrebate nuestros derechos!

 

Desde Conciudadanía nos hemos propuesto históricamente impulsar la construcción de una red ciudadana de control social en Antioquia, con el objetivo de motivar a la ciudadanía a hacerle veeduría a la gestión pública, especialmente ahora, cuando el Estado ha adquirido potestades extraordinarias para el ejercicio de sus funciones, a raíz de la Pandemia.

 
Gloria Alzate Castaño
 
Coordinadora Democracia Local Corporación Conciudadanía
 
 

Ciudadanías activas

Son muchas las preocupaciones ciudadanas por causa del manejo de los recursos públicos por parte de funcionarios del Estado y de particulares, que se lucran con los contratos de obra o servicios que el Gobierno demanda para garantizar los derechos, realizar obras y posibilitar mejores condiciones de vida a la población. Es por esto, que desde Conciudadanía nos hemos propuesto históricamente impulsar la construcción de una red ciudadana de control social en Antioquia, con el objetivo de motivar a la ciudadanía a hacerle veeduría a la gestión pública, especialmente ahora, cuando el Estado ha adquirido potestades extraordinarias para el ejercicio de sus funciones, a raíz de la Pandemia.

“De acuerdo con un informe de Asobancaria, en el mundo la corrupción está costando alrededor del 2% del PIB global, pero para Colombia esta cifra alcanza el 5% del PIB local”1. Así mismo, según la organización Transparencia por Colombia, en el Informe Elecciones y Contratos (2016 – 2018), son alarmantes las cifras de corrupción en nuestro país. Entre enero de 2016 y diciembre de 2018, por ejemplo, los corruptos se apoderaron de 18 billones de pesos, que representan 16.424 millones al día, es decir, 785 millones de pesos por hora… El estudio refleja que, además de los 327 hechos de corrupción identificados, el 69% de éstos tiene un alcance municipal, el 25% departamental y 6% nacional2.

De hecho, cualquier sector al que se le ponga la lupa tiene casos aberrantes de corrupción. En Colombia se roban los dineros para la salud, la educación, la fuerza pública, los restaurantes escolares, las obras de infraestructura, los programas para potenciar la producción agrícola, la reparación a las víctimas, la justicia y, más recientemente, los recursos para ayudar a la población más vulnerable en tiempos de Covid-19. Es indudable que, desde las ciudades capitales hasta los municipios más pequeños, pobres y rurales, todos son víctimas de este delito: con los recursos públicos no hay piedad.

Dice el Informe, que “en los 125 municipios de Antioquia se ubica la mayor parte de los contratos celebrados con financiadores de campañas municipales en 2015”, sumando 3.067 contratos por valores que superaron el billón y medio de pesos, lo que sitúa a este departamento en el “primer lugar tanto de número de contratos celebrados, como de montos de estos”. Esto, prioritariamente bajo la modalidad de contratación directa, la cual es la más utilizada por alcaldes y concejales. Esta situación no es gratuita, pues existe un círculo vicioso e histórico en la gestión de lo público que funciona perfectamente y que, acorde con el informe “Elecciones y contratos, de Transparencia por Colombia 2019”3, desarrolla con mucha claridad la relación entre la política, el dinero y la corrupción; relación que se evidenció, fruto de un ejercicio comparativo de datos entre la financiación de campañas políticas y el acceso público a los procesos de toma de decisiones que realizó esta institución. Entre las conclusiones más relevantes del mismo, en Colombia “no es ilegal financiar la política y al tiempo obtener contratos públicos. Las irregularidades se encuentran cuando la entrega de aportes para apoyar las campañas y los partidos políticos está condicionada a la obtención de beneficios particulares”, lo cual restringe la autonomía y la capacidad del o la gobernante, de tomar decisiones en pro de intereses generales que beneficien a toda la población.

Esto se traduce, en palabras del Banco Mundial, en algo así como una “captura del Estado”, donde se resalta el rol que tienen los individuos y los grupos o firmas del sector privado, que influyen en la formulación de normas, decretos, políticas del gobierno y en las decisiones de inversión y adjudicación presupuestal (Banco Mundial. 2000. En: 2017). O, como lo diría la Misión de Observación Electoral – MOE, la nuestra es una “democracia empeñada”4, haciendo alusión a la misma relación entre campañas políticas y contratistas. Esta es la verdadera y permanente pandemia que vivimos en Colombia, con una amplia base de la población que la ha normalizado, como si fuera la manera natural de establecer una relación con lo público.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que los recursos públicos tienen origen en los impuestos que, de múltiples formas, los/as colombianos/as debemos pagar para el funcionamiento del Estado, la defraudación, malversación o robo de estos implica que nos están robando a cerca de 50 millones de personas y que los fines del Estado serán imposibles de cumplir.

Ante este panorama, queda acudir a las ciudadanías activas, ya que más allá de nuestra condición como ciudadanos/as portadores de una cédula que nos acredita como sujetos con capacidad para decidir, la ciudadanía activa es movimiento, es acción, un compromiso del uno con el otro y, a su vez, con lo público. Tal como lo dice Adela Cortina, una ciudadanía está “dispuesta a reclamar sus derechos y a ejercerlos, a pechar con sus responsabilidades y a construir, participando en ella, la vida en común”5.

Por suerte, de estos/as ciudadanos/as también tenemos en nuestros territorios: hay muchos/as líderes/as que, a pesar de los riesgos que significa su labor social o política, actúan en sus comunidades promoviendo procesos colectivos y el control social a la gestión pública, que demanda mucho valor para sobreponerse a la estigmatización de la cual son víctimas. Esto, a pesar de que su labor ciudadana está amparada y sustentada en derechos fundamentales como lo es el derecho a la participación, desarrollado en la ley 1757 de 2015 o el acceso a la información pública, que se consagra como un derecho en la Constitución de Colombia –artículo 74– y que también se destaca en la Ley 1712 de 2014, en la cual se integra totalmente a la Política de Gobierno Digital.

Y es que el control social, entendido como “una modalidad de participación ciudadana autónoma e independiente del control interno del Estado, que evalúa la eficiencia y transparencia de la gestión que hacen, tanto entidades públicas como privadas, de los recursos públicos”6, es el camino que le queda a la ciudadanía para ser proactiva y aportar a la lucha contra la corrupción del país, en todo momento y en cualquier contexto. Especialmente ahora que, a raíz de la contingencia ocasionada por la pandemia, el Gobierno ha destinado 14.8 billones de pesos para atender sus efectos, pero, lo que en realidad estamos viendo, es cómo este dinero se desvía y se desvanece con los actos de corrupción de los que día a día informan los medios de comunicación.

Las preguntas que surgen ante esta situación son múltiples: ¿qué está pasando con estos recursos en los municipios en de Antioquia?, ¿cuáles son las prioridades de los entes territoriales?, ¿quién se está beneficiando de la contratación?, ¿cuál es el manejo que se le está dando a estos recursos?, ¿sí se está cumpliendo con el propósito para el cual fueron asignados?

Por lo anterior, preocupados por estas preguntas y con experiencias previas de control social, varios líderes y lideresas de los municipios de Oriente, Suroeste, Occidente y Nordeste antioqueños, regiones donde Conciudadanía acompaña procesos, están proyectando la creación de una red de control social que les permita, además de evidenciar los malos o buenos resultados de la gestión pública en sus municipios, hacer acciones colectivas para propiciar medidas de protección y tranquilidad.

La invitación pues, es a luchar porque la pandemia no nos arrebate nuestros derechos, a que comprendamos que estar en cuarentena no significa estar desconectados y desinformados, sino a que mantengamos los vínculos que se fortalecen con tareas como lo es el control social, de manera que, de forma colectiva y articulada, generemos acciones concretas, serias y documentadas para hacer visible ante la sociedad y/o ante los entes de control del Estado, lo que ocurre en nuestros territorios con los recursos públicos, como un acto de corresponsabilidad y compromiso con la vida en común.

Edición 681 – Semana del 9 al 15 de mayo de 2020

3 Véase: Informe Elecciones y Contratos. Transparencia por Colombia 2016 – 2018.

5 Ver: “Educar para una ciudadanía activa”. Adela Cortina 2006, El País.

6 Véase: “Control social a la gestión pública”. Revista Pactemos No. 44. Corporación Conciudadanía.

   
 
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