La punta del iceberg

 

Puede argumentarse que no infringieron la privacidad de quienes estaban perfilando, ya que no interceptaron sus teléfonos ni hurgaron en sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, hicieron algo que implica un reproche legal similar: defraudaron la misión de la institución que los cobija.

 
David Cruz
 
Abogado de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas
 
 

En nuestros tiempos es normal tener información en la red que proyecta nuestra personalidad. Subimos fotos, información sobre nuestros gustos, nuestros perfiles profesionales, y compartimos nuestras opiniones sobre lo que nos interesa. Esta información normalmente es publica o semi-publica. Su acceso, en consecuencia, no es restringido legalmente, por lo que muchos usuarios de la red pueden acceder a esta sin muchos problemas. Bastan acciones sencillas para lograrlo, como introducir el nombre de la persona en Google, o en cualquier red social para encontrar los insumos suficientes que permitan construir un perfil sobre una persona. De hecho, es normal que en diferentes campos se realice una búsqueda de información de esta naturaleza sin que resulte cuestionable en términos legales.

Por ejemplo, es común que se realice una búsqueda online previa a la realización de una entrevista para acopiar información adicional sobre los candidatos que pueden ocupar un trabajo. De igual forma, es común que busquemos información a través de diferentes portales sobre personas que suscitan nuestro interés. Estas prácticas no resultan cuestionables. En gran medida porque al subir información a la web entendemos implícitamente que no solo es posible, sino que el objetivo de que esta información este ahí es que sea accesible a otras personas. En otras palabras, que esta información comunique. No obstante, esto no habilita automáticamente a que organizaciones públicas como el Ejercito puedan dedicar parte de su capacidad operativa a construir perfiles con este tipo de información. Por el contrario, cuando esto ocurre genera serios cuestionamientos legales.

El punto central del cuestionamiento es que toda actividad que realice una organización pública debe estar soportada razonablemente, tener una relación con la misión de la entidad y atender a un fin constitucional o legal valioso. Perfilar a periodistas, funcionarios públicos y defensores de derechos humanos sin que exista una sospecha de peso para esto no persigue ningún fin valioso; por el contrario, evidencia un desbordamiento del Ejército. Dicho en otras palabras, es difícil encontrar un fundamento constitucional y legal sobre el cual sea admisible que miembros del ejército puedan dedicarse a acopiar información sobre civiles que no representan ningún peligro. La contradicción resulta evidente: el ejército debe proteger la población civil y mantener su soberanía, más no vigilarla sin fundamentos.

Claro, puede argumentarse que no infringieron la privacidad de quienes estaban perfilando, ya que no interceptaron sus teléfonos ni hurgaron en sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, hicieron algo que implica un reproche legal similar: defraudaron la misión de la institución que los cobija. El ejército es el garante de la soberanía de la nación. Es decir, es la fuerza que respalda la existencia y autonomía de la comunidad política a la que llamamos Colombia. Si esta autonomía se encuentra amenazada, el Ejército debe actuar para neutralizarla. Bajo ningún otro presupuesto se puede movilizar la capacidad operativa y técnica de esta institución, menos contra sus ciudadanos. Por esto, difícilmente se puede argumentar que perfilar a periodistas, senadores y abogados de derechos humanos que no han cometido ningún delito, sino que tienen posiciones políticas distantes a las del gobierno, se encuentra dentro de las actividades que puedan realizar lícitamente. La carga argumentativa necesaria para respaldar tal actividad debe ser tan aguda que supone develar cómo el grupo de personas que estaba siendo investigada constituyen una amenaza contra la soberanía, las instituciones democráticas o los recursos naturales o económicos de la nación (siguiendo el marco legal del artículo 4 de la Ley 1621 de 2013). Algo que difícilmente va a suceder.

Lo que resulta preocupante es que perfilar sea la punta del iceberg. Que si inspeccionamos con rigurosidad cómo se movilizan los recursos técnicos del Ejercito descubramos una profunda madriguera. Un fenómeno tan hondo que termine de hundir nuestra ilusión democrática.

Edición 683 – Semana del 23 al 29 de mayo de 2020
   
 
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