¿Bastón de mando o bastión de impunidad?

 

Tal es el trasfondo político e institucional de todos los escándalos en los que periódicamente aparecen implicados altos mandos militares y que, por arte de astucia política y procrastinación leguleya, nunca implica a los civiles, siendo ellos sus superiores jerárquicos, cuando no culmina en la impunidad con el deceso de sus protagonistas.

 
Hernando Llano Ángel
 
Profesor Departamento de Ciencia Jurídica y Política,
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Javeriana – Cali
 
 

Bastón de mando es el nombre de la operación de contrainteligencia del Ejército nacional para depurar de sus filas a los principales responsables de actuaciones ilegales. Y por los resultados hasta la fecha divulgados, más valdría que la denominaran “Bastión de impunidad” por la gravedad de los actos ilícitos revelados y la fina red de complicidades que entraña. Según la revista Semana en su edición número 1985, del 17 al 24 de mayo de 20201, dicha operación de contrainteligencia abarcó cerca de “20 misiones de trabajo, las cuales suman cinco gigas de información que contienen 57.538 documentos, contratos, vídeos y entrevistas”. Entre dichas operaciones, se destaca la denominada Harel, que compromete gravemente a un general “que se retiró hace poco y habría colaborado con las Farc y las disidencias a cambio de dinero”, señala Semana. También informa sobre la operación Grandara, que “descubrió una estructura que direccionaba contratos y se quedaba con recursos destinados a construcciones militares”. La operación Falange, donde “aparecen involucrados dos generales y varios uniformados por una serie de irregularidades en varios contratos”, al igual que en las operaciones Alfil e Isidoro, sobre corrupción administrativa. Y, para coronar la gravedad de ilícitos, la operación Gavilán, que “investigaba la venta de armas y salvoconductos a narcos en la Cuarta Brigada de Medellín y estuvo guardada en la Fiscalía durante más de un año”. Más allá de la depuración de altos oficiales, mandos medios y suboficiales que han sido retirados, lo realmente importante es desentrañar a los máximos responsables, bien por acción u omisión en el control y la supervisión de esa tropa de delincuentes uniformados, si en verdad se quiere transformar y reformar el Ejército, para que éste funcione como una institución legal y no como un poder de facto criminal. De lo contrario, esta sería una operación más de cosmética del poder civil, quirúrgicamente dirigida por el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, para adecentar y ocultar ese horrible rostro de criminalidad, por lo general impune. Algo similar a la profilaxis adelantada por Juan Manuel Santos, entonces ministro de defensa del presidente Uribe, para evitar que los miles de “falsos positivos” continuarán cometiéndose con la anuencia del poder civil en cumplimiento de la Directiva 0292 del anterior ministro de defensa, Camilo Ospina, y como punta de lanza de la eufemística “seguridad democrática”, diseñada por la “inteligencia superior” del máximo comandante constitucional de las Fuerzas Armadas y jefe de Estado, Álvaro Uribe Vélez.

¿Bastón de mando o Bastión de impunidad?

Porque tal es el trasfondo político e institucional de todos los escándalos en los que periódicamente aparecen implicados altos mandos militares y que, por arte de astucia política y procrastinación leguleya, nunca implica a los civiles, siendo ellos sus superiores jerárquicos, cuando no culmina en la impunidad con el deceso de sus protagonistas. Quizá ello tenga origen en la famosa expresión del ilustre jurista liberal, Darío Echandía, que llamó “golpe de opinión” y no militar a la llegada del general Gustavo Rojas Pinilla a la Presidencia de la República en 1953. Desde entonces, y luego con el inmarcesible discurso de Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria en 19583, en la antesala de asumir como primer presidente del Frente Nacional, se han venido consolidando dos grandes mitos que ocultan una larga historia de crímenes impunes. El primero, es el de la acendrada e incuestionable civilidad de nuestros militares y, el segundo, la imperturbable e ininterrumpida institucionalidad democrática de nuestro Estado. Tales mitos probablemente sean revelados por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas, como las dos más grandes y criminales mitomanías de nuestra vida política contemporánea. Bajo el ropaje de dichas mitomanías se cubren impunemente hasta hoy civiles y militares. De allí su enorme interés en desacreditar el trabajo de la JEP y la reducción ostensible de los presupuestos para la Comisión de la Verdad y la invisibilidad a la que tienen condenada la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Para no hablar del intento4 de revisar lo sucedido en las últimas décadas del conflicto armado interno, empezando incluso por cuestionar su existencia, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Más peligrosa que la pandemia del coronavirus Sars-CoV2 es continuar viviendo con la mentira como fundamento institucional y la impunidad como bastión de gobernabilidad. Conocemos el número de víctimas mortales que cada día nos causa la pandemia, pero ignoramos el número de víctimas impunes que nos deja este régimen corrupto y putrefacto, que bien oculta su rostro, como los bandidos, con el tapabocas de la “democracia más antigua y estable de América Latina”. Pero también la más profunda en masacres, incontables secuestros, desaparecidos y fosas comunes. A tal punto que durante el primer cuatrimestre de este año el asesinato de líderes sociales ha aumentado un 53% en relación con 2019. Siendo esta última una letalidad criminal mucho más fácil de combatir y especialmente de identificar que el mismo Sars-Cov2, puesto que la vacuna es el Estado de derecho, pero los encargados de aplicarla son incompetentes o cómplices de la matanza por omisión.

Edición 685 – Semana del 6 al 12 de junio de 2020

2 “Directiva ministerial 029 de 2005”. El Espectador, 1º de noviembre de 2008.

   
 
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