Hiperpresidencialismo y emergencia sanitaria

 

El hiperpresidencialismo que acompaña el estado de excepción no es sorpresivo, es parte de su ADN. Pero en un Estado de derecho el sistema de frenos y contrapesos debe funcionar para que exista control judicial y político de las decisiones dictadas por el presidente en uso de facultades excepcionales.

 
Alejandra Mora y Juan Ospina
 
Investigadora y Asesor de la Comisión Colombiana de juristas
 
 

Desde el 8 de agosto de 2018 y hasta antes del inicio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Gobierno nacional sancionó tan solo 15 leyes que fueron de su iniciativa ante el Congreso de la República. Por su parte, en el primer estado de excepción de emergencia económica y social se expidieron 72 decretos legislativos y en el segundo 42. Es decir, mientras que en un año y medio el Gobierno logró sancionar menos de 20 leyes de su interés, previo trámite en el Congreso, durante los últimos tres meses expidió 114 producto de las facultades extraordinarias derivadas del estado de excepción.

Esto se debe a dos de las tensiones en el funcionamiento del Estado de derecho derivadas de la pandemia. Primera, la situación de funcionamiento adecuado de la separación de poderes en el Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) frente a la evidente concentración de facultades excepcionales del presidente para atender la emergencia. Segunda, la necesidad del uso de poderes extraordinarios de emergencia por parte de las autoridades para atender la emergencia, incluyendo el presidente, frente a la necesidad de evitar el deterioro y promover el fortalecimiento de la democracia.

El lugar del Congreso es esencial en las emergencias. En primer lugar, porque cuentan con facultades para ejercer control político de los poderes extraordinarios del Gobierno, discutiendo y evaluando las medidas adoptadas, y segundo, porque es el espacio democrático para adoptar decisiones en el mediano y largo plazo para atender los efectos de la emergencia. En ambos casos, se asegura que el sistema de frenos y contrapesos funcione aún en situaciones excepcionales.

Sin embargo, el Congreso ha sido el gran ausente de la pandemia. El 16 de marzo el presidente del Senado aplazó hasta el 13 de abril el inicio de actividades del órgano legislativo, lo que impidió el ejercicio de sus funciones durante los primeros 30 días del primer estado de excepción. Luego de iniciar actividades virtuales, previa discusión sobre la viabilidad, conveniencia y legalidad de ello, solo hasta el 11 de mayo inició el control de las decisiones adoptadas por el Gobierno en la emergencia con la creación de la subcomisión para estudiar el informe enviado por este. Para entonces ya el Ministro de Hacienda había anunciado que declararía un segundo estado de excepción.

Por su parte, el Congreso ha seguido una agenda legislativa que parece no percatarse de la profunda crisis económica y social que vive el país y que afrontará, según los expertos, en los años venideros. No hay proyectos legislativos en trámite para atender la emergencia ni para reducir sus efectos, a pesar de que se han radicado 7 iniciativas para modificar o derogar decretos legislativos expedidos durante el primer estado de excepción. Mientras el mundo cambió, el Congreso sigue legislando para que el carriel sea símbolo nacional o para que el populismo penal se lleve por los cuernos la racionalidad legislativa que requiere una vida en sociedad bajo el principio de dignidad humana.

El hiperpresidencialismo que acompaña el estado de excepción no es sorpresivo, es parte de su ADN. Pero en un Estado de derecho el sistema de frenos y contrapesos debe funcionar para que exista control judicial y político de las decisiones dictadas por el presidente en uso de facultades excepcionales. Sin un Congreso que cumpla con su labor democrática, canalizando el apoyo político o el derecho a la sospecha del que gozamos los ciudadanos frente a las decisiones públicas, es imposible lograr construir las condiciones necesarias para superar la emergencia y reducir sus efectos. Sin un contrapeso y con la legislación en manos del Gobierno, parece que solo tenemos a la Corte Constitucional, como el juez Hércules, para controlar judicialmente las decisiones. Ante un Congreso que no legislaba para el Gobierno, por primera vez en su historia, la posibilidad de legislar sin Congreso parece un paraíso.

Edición 686 – Semana del 13 al 19 de junio de 2020
   
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía.
Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
  q
 
 
 
comentarios suministrados por Disqus