Renta básica, necesidad urgente
del estado social de derecho

 

La coyuntura generada por la pandemia del covid-19, es una oportunidad para realizar la reforma que sustente una política social profunda, con un giro total para garantizar al pueblo el goce efectivo de sus derechos constitucionales, superando el minimalismo con que el gobierno Duque ha tratado la crisis sanitaria.

 
José Fredy Aguilera Garavito
 
Director Centro de Promoción de Desarrollo – Ceprod
 
 

La depresión del 29 está considerada como la más devastadora en la historia de la sociedad moderna, las quiebras masivas de empresas, el desempleo y la hambruna golpearon sensiblemente a las naciones y Estados. Keynes, con su teoría económica, se erige en el modelo salvador para la recuperación de la economía, a través de lo que se conoce como capitalismo de Estado, este último, asume el papel de jalonador del desarrollo y el equilibrio de la sociedad. Colombia, en ese entonces, era un país pastoril, cuya economía dependía básicamente del monocultivo del café, principal y creo que único producto de exportación, fue precisamente, una bonanza cafetera en los años 20, provocada por las heladas en Brasil, la que genera las divisas para introducir equipos y maquinarias al país que fortalecen el proceso de acumulación capitalista.

La segunda guerra mundial, destruyó vidas, infraestructuras y económicamente a Europa y otros países, siendo una oportunidad para la globalización del keynesianismo. Los Estados Unidos de América, sale ileso de la conflagración mundial asumiendo el liderazgo del capitalismo orbital; impone mecanismos internacionales para financiar la reconstrucción de las economías devastadas por la guerra, surge el Fondo Monetario Internacional, FMI, Banco Mundial, aunque siendo de carácter multinacional, se convierten en instrumento de la nueva potencia mundial para controlar al resto de países, imponer su moneda y decisiones. El Plan Marshall, sería la estrategia para acometer la labor reconstructora. La sociedad capitalista y el mundo tendrían un nuevo dueño en su fase imperialista; el país del tío Sam.

Al tenor del modelo keynesiano, los europeos, imprimieron gran impulso al “Estado de Bienestar” con políticas sociales y redistributivas agresivas en la garantía de derechos políticos, sociales y económicos que les dieron fuerte estabilidad a sus sociedades. En Colombia, este proceso se conoce como “Sustitución de Importaciones”, se pretendía producir internamente lo que deberíamos importar, para impulsar la industria nacional, ampliar el mercado interno, con un Estado interviniendo en todos los sectores como jalonador del desarrollo, para darle viabilidad y sostenibilidad al modelo. EL arancel, como impuesto y el sometimiento a licencia previa de productos extranjeros para circular en Colombia, fueron mecanismo de protección para nuestra industria, que tenía como principal enemigo el contrabando.

La constitución política de 1886 no incluyó en su contenido y concepción filosófica el concepto Derechos, los colombianos y colombianas no existíamos como sujetos de derecho, éramos más bien beneficiarios de la caridad, la asistencia social o de algún servicio público. Sin embargo, el modelo, de manera maltrecha y por si solo se encargaba de garantizarlos. En consecuencia, el Estado interventor, incursionaba en los puertos, carreteras, bancos, industria, servicios públicos, agropecuario, empresas energéticas, extractivas, etc. Además, existían universidades verdaderamente públicas, red hospitalaria, subsidios al transporte, servicios públicos, apoyo a la economía campesina y al agro a través del Fondo DRI, IDEMA, ICA, etc. El listado es largo, da cuenta que la racionalidad de la economía y la sociedad estaba en manos del Estado.

Empero, muy a pesar del modelo intervencionista de estado, la brecha de la pobreza y la desigualdad se ensanchó en Colombia, América Latina y en todos los denominados países del tercer mundo, en ese entonces. El dominio imperialista, la expoliación de los recursos naturales, la precaria expansión del aparato productivo, la baja capacidad redistributiva de la riqueza y el ingreso, la falta de voluntad para ampliar y profundizar la democracia de las oligarquías de cada país hizo que en los años 60 se despertaran movimientos revolucionarios y de liberación nacional en diferentes partes del planeta. En Colombia, veníamos de la guerra interna generada por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, violencia interpartidista conjurada en principio, por la Junta Militar encabezada por el general Rojas Pinilla y luego con el acuerdo del Frente Nacional, pacto entre oligarcas liberales conservadores para alternarse en la presidencia y repartirse equitativamente el Estado, sin incluir reforma agraria, alivio para las víctimas y políticas sociales de beneficio colectivo. El Frente Nacional, se convirtió en el partido único del establecimiento, sin realizar importantes reformas sociales y económicas de beneficio popular. Son estas las condiciones internas que dan origen a la guerrilla marxista en Colombia, alentada por los vientos revolucionarios que soplaban de Cuba y otras partes del mundo.

Desde la intelectualidad de América Latina, surgen teorías que buscan darle explicación al estancamiento del aparato fabril nuestro, a la pobreza y falta de desarrollo. Irrumpe, la teoría de la dependencia que tuvo como principales protagonistas a Faletto y a Fernando Enrique Cardozo. En esencia, se trataba de sustentar la imposibilidad de un desarrollo capitalista similar al del primer mundo, mientras persistiera la dependencia de estos países frente a potencias extranjeras, por las condiciones desventajosas que estas imponen. En Colombia, Mario Arrubla, publica su libro “El Subdesarrollo en Colombia”, convirtiéndose en el ABC de la emergente izquierda marxista, la dependencia y la acumulación apropiada por capitalistas criollos y extranjeros generaban una situación de explosión social, estábamos en un “callejón sin salida”, con la revolución a la vuelta de la esquina, sumado la falta de democracia del Frente Nacional, aceleró la conformación de grupos guerrilleros, para forjar desde el monte los cambios que reclamaba la sociedad.

En algunos sectores oligárquicos, existía inconformidad por el estancamiento del campo como productor de materia prima y por falta de demanda de maquinarias, equipos, semillas e insumos agropecuarios que contribuyeran con la dinamización de la estancada industria nacional. Carlos Lleras Restrepo, desde su gobierno y para presionar a terratenientes y ganaderos que modernizaran sus procesos productivos, impulsa la constitución de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Alfonso López Michelsen, en su aspiración presidencial, promete convertir a Colombia en el “Japón de Suramérica”, a partir de diversificar las exportaciones, para que la plusvalía producida internamente se realizara en el mercado internacional, generando divisas para financiar el desarrollo, pues el fantasma de la deuda externa que se hacía cuantiosa e impagable recorría el tercer mundo, hoy países en desarrollo.

En 1989, se produce el llamado “Consenso de Washington”, el modelo Neoliberal, se oficializa con sus políticas de control de mercado por las potencias mundiales, entran en escena los Tratados de Libre Comercio, TLC, los gringos proponen el ALCA, América para los americanos. En la segunda mitad de los 80, Belisario Betancur, en las postrimerías de su gobierno, logra aprobar la reforma de descentralización política, administrativa y fiscal, atribuyendo competencias, traslado de recursos a los municipios y buscando darle oxígeno a la democracia local con la elección popular de alcaldes, JAL, participación ciudadana y contratación comunitaria. Así mismo, en el país se disparan las acciones del narcotráfico de los carteles de Medellín y Cali, pero también, entran en el escenario la salida negociada al conflicto armado interno, concretándose acuerdos de paz con algunos grupos alzados en armas.

El asesinato del candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento, originó el ascenso a la presidencia de César Gaviria Trujillo y con él, la séptima papeleta, movimiento que reclamaba la convocatoria de una constituyente para generar un nuevo pacto social y político para el país. Al tenor de la Apertura Económica y la modernización institucional como política gubernamental, el 4 de julio de 1991, se proclama la nueva constitución política de Colombia. El impulso del modelo, genera consecuencias negativas en el recorte de conquistas laborales de los trabajadores, precariza el empleo, elimina subsidios y el “achicamiento del Estado” se hace realidad a través de las privatizaciones, bajo el argumento que éste es ineficiente, malgastador y mal administrador, “menos Estado y más mercado” se convierte en el coro de moda, pronto los bienes y servicios generados por el modelo sustituto, que de alguna manera, beneficiaban a la población desaparecieron.

Los ideólogos del neoliberalismo, partían del supuesto, que el modelo en su comienzo, generaba profundas desigualdades, por lo que de alivio inventaron las “focalizaciones”, buscando a los más pobres entre los pobres o los jodidos entre los jodidos, como se dice popularmente, para asignar subsidios pírricos como familias en acción, adulto mayor y jóvenes en acción, de esta manera la política social en parte, deja de ser universal, la desaparición de entidades de apoyo a la economía campesina y soporte al sector rural, de los subsidios a servicios públicos y sociales y la precarización del empleo y los salarios entre otras, afectan a una población mucho mayor que la focalizada, especialmente la que se desenvuelve en el marco de la economía informal y del rebusque que evidencia la pobreza y crisis social agudizada por el coronavirus. Por lo tanto, el Estado social de Derecho, pactado constitucionalmente, se convierte en letra muerta, el modelo neoliberal, es perverso y contrario al cumplimiento de su función social y garante de vida digna. Los derechos fueron privatizados y convertidos en negocios en manos de los particulares, en 30 años de vigencia neoliberal la distribución y beneficios sociales que este desgajaba sobre la población no aparecen, todo, por el contrario, existe mayor concentración de la riqueza, la propiedad y el ingreso.

Mientras en otras latitudes del mundo, la aparición de la pandemia covid-19, produce reflexiones a todos los niveles clamando cambios que hagan más énfasis en lo social, el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Duque, utiliza la declaratoria de la emergencia social, económica y ecológica para fortalecer el modelo neoliberal, antes que ofrecer medidas para dar respuesta a las necesidades de las mayorías nacionales. Así por lo menos, creo el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, con recursos de municipios y departamentos para darle mayor liquidez a los bancos y créditos para empresarios, liberó parte del encaje bancario para que los bancos obtengan intereses por más de 500.000 millones de peso, a través de Finagro se ofertó crédito para el sector agropecuario, por valor 222.000 millones de pesos, recursos que fueron absorbidos en un 94% por grandes inversionistas, ganaderos y empresarios agrícolas. Trasladó 20.000 cotizantes de pensión con salario mínimo de los Fondos Privados para Colpensiones, liberando a los primeros de esa carga y que la asuma la nación, mientras esto sucede decide crear el ingreso solidario, 160.000 pesos para familias que están fuera de los programas de focalizaciones, políticas con el criterio del menor costo sin solución a fondo, para que las personas cumplan de manera disciplinada la cuarentena. Si agregamos las exenciones de impuestos a las empresas y dueños del capital, podemos decir que los recursos públicos funcionan en favor de estos últimos y no es que el Estado ya no sea interventor, es que ahora, sólo lo hace para los grandes ricos, dueños del capital y de las tierras.

En consecuencia, hay que invertir la pirámide de intervención del Estado, para que los recursos públicos beneficien, a través de la política social a la población pobre y vulnerable que son las grandes mayorías. Desde esta perspectiva, es que cobra importancia y validez la propuesta de establecer una renta básica ciudadana. 54 senadores de la república radicaron el pasado 27 de mayo un proyecto de ley para reformar el decreto ley 518 que crea el pírrico ingreso ciudadano, para beneficiar a más del 50% de los colombianos y colombianas, una política social agresiva que recupera la capacidad redistributiva del Estado. Mientras se estudia la posibilidad de hacerla permanente, de emergencia se busca garantizar un salario mínimo mensual ($ 877.803), por tres meses para 6.8 millones de pobres, 2.2 millones de trabajadores independientes y empresarios micro para abarcar a 9 millones de hogares, más de 30 millones de colombianos. Los expertos calculan que el costo sería de 23.7 billones de pesos, equivalente al 2.3% del PIB, descontando los recursos de los subsidios focalizados a los cuales solo se les complementa, la inversión se reduce a un 2% del Producto Interno Bruto, en otros países, destinan el 8 y hasta el 10% de su PIB.

La renta básica, es pertinente porque incrementa la demanda agregada, dinamiza el mercado, la producción, el empleo y el ingreso, estabiliza socioeconómicamente a 9 millones de hogares, facilitando el cumplimiento de la cuarentena para evitar la expansión del virus, recupera la capacidad social y redistributiva del Estado ante los sectores pobres y vulnerables, genera procesos de bancarización de la población excluida de los circuitos económicos, equilibra salarialmente a hombres y mujeres, generando equidad, es complementaria y potencia el crecimiento personal, familiar y social, sobre todo, promueve el ejercicio de la libertad, los ciudadanos y ciudadanas deciden libremente la inversión del ingreso sin ataduras clientelistas. Además, la producción es un proceso social, por lo que el conjunto de la sociedad debe percibir sus beneficios.

La viabilidad financiera de la renta básica, asunto de debate y diferencias. Sin embargo, los expertos con claridad ponen sobre la mesa las siguientes opciones: Crédito al banco de la república, mediante emisión, utilización de parte de las reservas internacionales, que en estos momentos sobre pasan los 50.000 millones de dólares, eliminar las exenciones de impuestos a grandes empresarios nacionales y extranjeros contenido en la última reforma tributaria, crear un nuevo impuesto para grandes empresas y personas naturales ricas y súper ricas, o suspender el pago del servicio de la deuda externa por un tiempo, hay para escoger sólo falta la voluntad política del gobierno, el ministro Carrasquilla, al ser interrogado sobre el tema, respondió con la misma ortodoxia de las focalizaciones.

En conclusión, la coyuntura generada por la pandemia del covid-19, es una oportunidad para realizar la reforma que sustente una política social profunda, con un giro total para garantizar al pueblo el goce efectivo de sus derechos constitucionales, superando el minimalismo con que el gobierno Duque ha tratado la crisis sanitaria. En otras palabras, es recuperar y hacer sostenible el Estado Social de Derecho, como fuente de justicia social y de paz, hoy reducido y castrado por el modelo neoliberal.

Bibliografía

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Edición 687 – Semana del 20 al 26 de junio de 2020
   
 
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