Ejército Nacional: ¿una fuerza letal
en contra de la sociedad civil?

 

Muchos integrantes de esta fuerza del Estado, al parecer, están convencidos que el poder de las armas les da licencia para matar, secuestrar, retener y violar. Varios integrantes del Gobierno y sectores de ultraderecha que hoy gozan de privilegios, basados en el populismo punitivo, alientan de manera disimulada y explícita estas prácticas, en nombre de la seguridad.

 
Juan Carlos Amador
 
Profesor Universidad Distrital Francisco José de Caldas (DIE)
 
 

Mientras que la sociedad colombiana se encuentra en una de sus peores crisis en la historia reciente por cuenta de la emergencia sanitaria, originada por el Covid-19, y luego de la implementación de una serie de decretos, planes y medidas por parte del Gobierno Nacional para atenuar sus efectos en la salud, la economía y el trabajo, los cuales han sido puestos en duda por su improvisación y mediocridad, durante los últimos tres meses se ha dado a conocer una serie de acciones represivas y destructivas del Ejército Nacional hacia la sociedad civil, en contravía de lo establecido en la Constitución y la ley. Estas acciones de daño hacia los ciudadanos, que van en contra de los principios del Estado Social de Derecho, se pueden resumir en cuatro tipos de actos delictivos: interceptaciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y violencia sexual.

En relación con las intercepciones, a inicios del mes de mayo se dio a conocer por medio de la Revista Semana una serie de perfilamientos producidos por el Ejército Nacional, dirigidos hacia periodistas, políticos de oposición, exministros y sindicalistas, realizados de manera ilegal. La operación, la cual se venía realizando desde que inició el actual Gobierno, incluyó a 130 personas, a quienes se les interceptó sus teléfonos, correos electrónicos, redes sociales y datos de familiares y amigos. El procedimiento ilegal, el cual fue adelantando por algunos batallones de ciberinteligencia (Bacib), que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), se apoyó en los recursos suministrados por una agencia de los Estados Unidos. Luego del escándalo, el presidente de la República, Iván Duque, y el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestaron que no habían ordenado estas acciones y que el Gobierno no conocía estos hechos.

Días después, algunos medios independientes informaron que el Ejército Nacional adelanta una campaña de erradicación forzada y violenta de cultivos para uso ilícito, en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Nariño, Putumayo y Meta. Los operativos, los cuales consisten en introducir batallones de soldados en territorios con presencia de cultivos para uso ilícito, han traído consigo acciones violentas por parte del Ejército hacia los campesinos, quienes han denunciado el uso de la violencia y de armas de alto calibre para contrarrestar las protestas. En este contexto, de acuerdo con el portal Pares (Fundación Paz y Reconciliación), el 26 de marzo fue asesinado Alejandro Carvajal en la vereda Guayacanes, en zona rural de Sardinata (Norte de Santander). Asimismo, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denunció que el 18 de mayo fue asesinado Emérito Digno Buendía, miembro de la guardia campesina de este territorio. Por último, la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa denunció que el 31 de mayo fue asesinado Joel Villamizar, quien era coordinador de educación de la Nación U’wa. En los tres casos, los campesinos refieren a asesinatos perpetrados por integrantes del Ejército Nacional, quienes aducen que las víctimas fueron dadas de baja por ser parte de grupos armados organizados residuales o de disidencias.

Más adelante, en los inicios del mes de junio, se dio a conocer, por medio de portales de prensa independientes, que el Ejército Nacional viene ejecutando detenciones ilegales hacia líderes sociales en varias comunidades. Al parecer, las detenciones están relacionadas con la participación de estas personas en iniciativas comunitarias a favor de la sustitución no violenta de cultivos para uso ilícito y en procesos de restitución de tierras. Al respecto, la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Río Colorado, ubicada en el municipio de Chitagá (Norte de Santander), denunció la ejecución por parte del Ejército de allanamientos y capturas sin justificación alguna, tanto de la presidenta de la JAC como de tres líderes sociales. De acuerdo con declaraciones de integrantes de la JAC y de la vereda, los militares han planteado abiertamente que la erradicación forzada es una orden de la Presidencia de la República, y que “los operativos van porque van”. En entrevista al Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, realizada por el diario El Tiempo, el funcionario aduce que no se está atacando a la población civil, que los operativos están siendo realizados por cerca de 13.000 uniformados y que pronto llegará la aspersión con glifosato, dado que “dicha aspersión es necesaria y exitosa, tal como lo demuestra la experiencia histórica que tenemos”.

Por último, la Autoridad Tradicional de Pueblo Rico (Risaralda) denunció que el pasado 21 de junio una niña de 12 años, quien hace parte de la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio, fue secuestrada y abusada sexualmente por siete integrantes del Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda). Dado el escándalo por medios y redes sociales, el presidente, Iván Duque, declaró que se trata de un caso doloroso para el país y para los familiares de los soldados, y que si era necesario se aplicará la cadena perpetua a estos presuntos violadores. Como respuesta, ordenó al comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, hacer presencia en la zona, y dio instrucciones para que el ICBF procediera a la restitución de derechos de la niña víctima. El jueves, en horas de la tarde, se dio a conocer que los siete soldados se declararon culpables (6 con acciones directas y uno como cómplice), que la Fiscalía les imputó el delito de acceso carnal abusivo, y que estos serían recluidos en una guarnición militar.

Como se puede apreciar, las acciones descritas hacen parte de un modus operandi de esta fuerza armada del Estado. En el primer caso, llama la atención que el Gobierno afirme que no conocía sobre los perfilamientos, pues los recursos económicos y logísticos para llevar a cabo una acción de este tipo no podrían ser asumidos por un grupo de oficiales que, de repente, se les ocurrió perseguir a personas de la oposición. En el segundo y tercer caso, es claro que existe una política orientada desde arriba para actuar deliberadamente por la fuerza y, si es necesario, empleando las armas, en contra de comunidades organizadas. Asimismo, se evidencia que se está produciendo una persecución sistemática a líderes de las comunidades y personas que manifiestan su inconformidad frente a la erradicación forzada y otros modos de proceder violentos por parte de este grupo armado del Estado, el cual, parece, se está convirtiendo progresivamente en una fuerza letal para los ciudadanos.

En relación con el cuarto caso, llaman la atención varios asuntos. Por un lado, es improcedente que el Gobierno Nacional envíe al comandante del Ejército, representante simbólico de los perpetradores, a la zona con el fin de “apoyar a la comunidad”, en lugar de haber enviado a un equipo de soporte psicosocial y comunitario para atender la problemática. Por otro lado, en declaraciones para la W radio, la directora del ICBF, Liliana Pulido, manifestó que la niña víctima será entregada a un hogar sustituto como parte de las medidas de restablecimiento de sus derechos, decisión que la apartará de su familia y comunidad. Por último, en lugar de imputar el delito de acceso carnal violento, la Fiscalía imputó a los siete militares el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. De hecho, frente a la polémica desatada por este último aspecto, varios políticos del partido de Gobierno, periodistas cercanos al establecimiento y seguidores del Uribismo plantearon que, generalmente, las niñas indígenas acceden voluntariamente a este tipo de actos, por lo que la responsabilidad no es exclusiva de los siete militares.

Al respecto, vale señalar que no es la primera vez que integrantes del Ejército cometen este tipo de delitos sexuales. En septiembre de 2019, Maritza Soto denunció el acoso laboral y sexual del que fue objeto por parte tres integrantes de la institución y de su superior, un comandante de una Fuerza de Despliegue Rápido. En junio de 2019, se informó que, en enero de 2006, el oficial Nicacio Martínez agredió física y sexualmente a Irene López y Ligia Cambar. En 2017, un soldado denunció al sargento Dixon Velásquez por abuso sexual, quien además intentó sobornarlo para que guardara silencio. En ese mismo año, en Fuente Oro (Meta), una niña de cuatro meses fue abusada sexualmente por un soldado. En 2012, la Fiscalía condenó a 60 años de cárcel al subteniente Raúl Muñoz por su responsabilidad en la doble violación y triple homicidio de tres niños en Tame (Arauca). Y la lista continúa.

Por lo que se sabe, la formación militar es un proceso que se ha profesionalizado durante los últimos años. A partir de 2018, en oposición a la llamada Doctrina Damasco, implementada en 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, el Ejército adoptó una nueva doctrina que se anticipa a las amenazas. Según el portal web de esta entidad, este nuevo enfoque comprende un conjunto de capacidades efectivas para dar respuesta a “potenciales amenazas internas y externas, antrópicas y no antrópicas”. Según el Ejército Nacional, esta doctrina se orienta a una reorganización efectiva del material y el equipo, el personal, la infraestructura, el liderazgo, la educación y el mantenimiento con el fin de alcanzar la transformación institucional. Además de dar respuesta a las supuestas amenazas de desestabilización de la fuerza militar, esta doctrina retornó a la teoría del enemigo interno, el anticomunismo y la seguridad nacional, vigentes en tiempos de la Guerra Fría y hábilmente utilizada en los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe, en el marco de la recordada seguridad democrática.

Por estas razones, es inadmisible aceptar que estas acciones obedecen a casos aislados (manzanas podridas), que el Ejército es una institución honorable y que sus integrantes son héroes de la patria. Las evidencias muestran que hay problemas de fondo en la formación de oficiales, suboficiales y soldados, y que aquellos que se encargan de educar a estas personas están induciendo a estos individuos a ejercer poder sin respeto algunos por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los principios básicos del derecho internacional humanitario. Se trata de un poder que no solo opera contra sospechosos de ser parte de grupos armados ilegales, sino también de una forma de dominación hacia campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, jóvenes y niños y niñas, basados en lógicas de deshumanización, alimentadas por el clasismo, el racismo, el sexismo y el patriarcado.

Muchos de los integrantes de esta fuerza del Estado, al parecer, están convencidos que el poder de las armas les da licencia para matar, secuestrar, retener y violar. Varios integrantes del Gobierno y sectores de ultraderecha que hoy gozan de privilegios, basados en el populismo punitivo, alientan de manera disimulada y explícita estas prácticas, en nombre de la seguridad. De hecho, muchos piensan que estar en la oposición, protestar, ser parte de un sindicato, pertenecer a un resguardo indígena o movilizarse por las víctimas o por el reconocimiento de las reservas campesinas es un delito. Este imaginario, extendido en varios sectores de la sociedad, también induce a la fuerza pública a reprimir, violentar y hasta desaparecer a quienes se constituyen en su amenaza, al mejor estilo del colonizador. Si aún le queda algo de dignidad a este Gobierno, el cual pierde legitimidad progresivamente hasta en los sectores más retardatarios, y si aún tiene algo de respeto por el Estado Social de Derecho, debe comprometerse con una reforma de fondo al Ejército, especialmente en lo que concierne a la educación de sus integrantes. Urge formarlos atendiendo a la perspectiva de derechos y al enfoque diferencial.

Edición 688 – Semana del 27 de junio al 3 de julio de 2020
   
 
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