Tres grados de preescolar en colegios oficiales con planta docente oficial: el derecho de la niñez y el acuerdo a cumplir

 

La intencionalidad neoliberal es subordinar la educación preescolar a la ley de infancia y, ésta a su vez, limitarse principalmente a los “asuntos del cuidado”, intentando convertir en innecesaria la profesión docente, desestimando la función social de la escuela y debilitando la educación formal.

 
Miguel Ángel Pardo Romero1
 
Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE
 
 

El desconocimiento del derecho de niños y niñas a cursar tres grados de preescolar, a cargo el Estado en los colegios oficiales en la Colombia neoliberal, ha tenido rango constitucional. Así lo dispuso la Carta expedida en 1991, al consignar en su artículo 67 que “… el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. La Constitución Nacional, expedida dizque para recibir el siglo XXI, embolataba así el derecho de toda persona mayor de tres años, a tener garantizados, por lo menos, los primeros 14 grados de escolaridad. ¡Que ignominia!

La segunda versión, estuvo a cargo de las reformas constitucionales de 2001 y 2007, a través de los Actos Legislativos 01 y 04, respectivamente, cuyo objetivo principal fue un brutal recorte de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP que a costo presente, representan trescientos cuarenta y ocho (348) billones de pesos; de los cuales al sector educación le suprimieron ciento noventa y cinco (195) billones de pesos en estos últimos diez y ocho (18) años, negándole los derechos a la población de los 1.103 municipios de Colombia en salud, educación, saneamiento básico y agua potable.

Los estragos contra la universalización del derecho son inocultables. Los niños y niñas en edad de cursar pre – jardín y jardín (3 y 4 años), están por fuera de las aulas prácticamente en su totalidad, al igual que, el 44.75% en edad de asumir el grado de transición (5 años) y, el 57.2% que debería estar disfrutando la educación media. En las zonas rurales, es terriblemente grave, un 53.08% está excluida del grado de transición y 68.59% de la educación media. No sobra anotar que estos son datos oficiales, consignados en el PND 2018 – 2022.

El vigoroso Movimiento Pedagógico y FECODE en su conjunto, coherente con su compromiso en la elaboración de una propuesta de política educativa pública avanzada, después de un intenso debate y un paro nacional en 1993, logró en el caso que nos ocupa, consignar en el artículo 18 de la Ley General de Educación, la ampliación a los tres grados, una vez el Estado haya garantizado el 80% de la universalización de transición y de la educación básica.

Esta conquista fue el blanco principal de las regresivas reformas constitucionales de 2001 y 2007 ya mencionadas, razón por la cual, no se ha materializado. Pero la Federación y el conjunto del Magisterio, no desistimos y hemos convertido nuestros pliegos de peticiones en síntesis de política educativa avanzada y liderado extraordinarias movilizaciones sociales por el derecho a la educación, tal como se refleja en el acta de acuerdos FECODE – Gobierno, en el Paro Nacional de 2017, como también, en el Acuerdo 2, suscrito entre las partes en la negociación colectiva en mayo de 2019. Éste último, compromete al Gobierno Nacional a la universalización del grado de transición en un 80% en 2021 y en un 100% en 2022. Igualmente, fija porcentajes progresivos para jardín y pre–jardín.

La mayúscula importancia que FECODE le otorga a la universalización de los tres grados de preescolar, se refleja en su pugna por asegurar que, a través de la reforma constitucional al SGP, la educación de los niños y niñas de 3 a 5 se financie completamente con los recursos de la Nación en “…las instituciones educativas oficiales y con planta docente oficial”2.

El antecedente territorial más importante, indiscutiblemente lo ha tenido Bogotá, a iniciativa de la ADE y del sector educativo durante los gobiernos alternativos con base en recursos propios. Antecedido por el proyecto 901, el numerado como 1050 se propuso avanzar progresivamente en la ampliación del preescolar a tres grados en los colegios oficiales con profesores titulares de aula, educación física y artística, especialmente en pre – jardín y jardín. Sin embargo, Peñalosa apenas se cruzó la banda como alcalde, procedió a suprimir el pre –jardín y ejecutar un perturbador y regresivo abordaje por las cajas de compensación que no respetan la intencionalidad pedagógica del PEI, obligan a los colegios en muchas ocasiones a subordinarse a actividades ajenas al currículo, desconociendo la planeación de las educadoras del colegio y alterando la organización escolar3.

La injustificada contratación de los gobiernos neoliberales con operarios privados e instituciones diferentes a la escuela, desconocen los objetivos y los fines de la educación preescolar, consignados en la Ley General de Educación y en sus reglamentarios, especialmente, el decreto 2247 de 1997; como también, el papel determinante de la autonomía y el gobierno escolar en el rumbo académico.

La intencionalidad neoliberal es subordinar la educación preescolar a la ley de infancia y, ésta a su vez, limitarse principalmente a los “asuntos del cuidado”, intentando convertir en innecesaria la profesión docente, desestimando la función social de la escuela y debilitando la educación formal.

El perverso objetivo de “cuadrar caja” a costa de semejante despropósito, ajeno a la pedagogía, ha terminado por profundizar las desigualdades socio –culturales e intelectuales en los niños y niñas de Colombia, a quienes durante 8 años se les despoja de su derecho a los tres grados de preescolar y, a lo largo de toda la educación primaria, se les niega el nombramiento de sus docentes de educación física y artística, tecnología e informática, segunda lengua y orientación escolar.

La diversidad de artículos contendidos en la edición 136 de la Revista Educación y Cultura, contribuyen aún más, a develar con suficiencia la gravedad, el fracaso y carácter regresivo de la actual política gubernamental practicada durante mas de un cuarto de siglo.

Es una villanía adicional del Gobierno Nacional, aprovechar la pandemia para seguir birlando el derecho de la niñez a una educación en condiciones dignas y, peor aún, restarles presupuesto y endosarles responsabilidades a las entidades territoriales.

En virtud de lo cual, respaldado en la normatividad conquistada y en el Movimiento Pedagógico, FECODE, reitera su invitación al conjunto de la comunidad académica, al sector educativo y a los gobiernos locales para hacer causa común en la materialización de lo conquistado por el Magisterio en la Ley 115 de 1994 y en los Acuerdos suscritos en 2017 y 2019; tanto en la universalización de los tres grados de educación prescolar, como también, en el acto legislativo que aumente de manera real y progresiva los recursos del SGP.

Las Administraciones alternativas elegidas, tienen una oportunidad histórica y, en el caso del Distrito Capital, de retomar el rumbo en favor de los niños y las niñas, el derecho a la educación, la profesión docente y la escuela pública oficial4.

Finalmente, nuestro reconocimiento a las maestras y maestros de preescolar porque durante esta pandemia le han puesto “…alma, conocimiento y alegría a la formación de nuestros niños y niñas”5.

Edición 689 – Semana del 4 al 10 de julio de 2020

1 Artículo basado en el Editorial de la Revista Educación y Cultura de FECODE #136 año 2020.

2 Acta de Acuerdos Negociación Colectivo entre FECODE – Gobierno Nacional, Acuerdo #2. mayo 15 de 2019.

3 Carta a la secretaria de los docentes de titulares de preescolar y del proyecto 1050 (901) de la SED, a la Secretaría de educación de Bogotá, Doctora Edna Bonilla Sebá. Bogotá, mayo de 2020.

4 Ver puntos 1, 2, 9 y 12, entre otros, de los aún vigentes Acuerdos suscritos entre la SED y la ADE – SINDODIC en octubre de 2014.

5 Carta a la secretaria de los docentes de titulares de preescolar y del proyecto 1050 (901) de la SED, a la Secretaría de educación de Bogotá, Doctora Edna Bonilla Sebá. Bogotá, mayo de 2020.

   
 
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