La desobediencia civil ya está ocurriendo

 

Gustavo Petro planteó a través de sus redes sociales y algunos medios de comunicación que la ciudadanía debe iniciar un proceso de desobediencia civil como consecuencia de la ilegitimidad del Gobierno de Iván Duque, luego de que el fin de semana se revelaran nuevos detalles sobre la presunta compra de votos en la segunda vuelta presidencial.

 
Juan Carlos Amador
 
Profesor Universidad Distrital Francisco José de Caldas (DIE)
 
 

El pasado lunes, el senador Gustavo Petro planteó a través de sus redes sociales y algunos medios de comunicación que la ciudadanía debe iniciar un proceso de desobediencia civil como consecuencia de la ilegitimidad del Gobierno de Iván Duque, luego de que el fin de semana se revelaran nuevos detalles sobre la presunta compra de votos en la segunda vuelta presidencial, no solo en la costa Caribe sino también en Santander, en el marco del escándalo de la “Ñeñepolítica”. El líder de la Colombia Humana agregó que, si bien no es posible salir a las calles y poner en riesgo a las personas debido a la emergencia sanitaria, los ciudadanos pueden adoptar acciones de protesta y resistencia como no llevar los niños a los colegios, y no pagar los servicios públicos. Algunas de las razones que respaldan esta declaración se encuentran contenidas en una columna del excandidato presidencial publicada con anterioridad en el portal Cuarto de hora.

En términos generales, en este escrito, Petro sostiene que la “Ñeñepolítica” es un fenómeno que evidencia la compra masiva y sistemática de votos con dineros del narcotráfico en beneficio de la elección de Iván Duque. Aduce que el objetivo de la campaña de Duque para la segunda vuelta fue comprar los votos del electorado de siete departamentos de la costa Caribe, así como de algunas regiones de Santander y Antioquia. Por otro lado, señala que, una vez se obtuvieron los resultados, el registrador de la época no permitió realizar auditoría alguna a la programación de los códigos fuente, los cuales predeterminaron el conteo de votos. En suma, para Petro existen suficientes evidencias que muestran la existencia de un fraude electoral, dado que según su perspectiva los votos de la segunda vuelta no le alcanzaban a Duque para ganar pese al apoyo de los medios de comunicación del establecimiento, los votos de quienes se opusieron a la paz en el plebiscito y la maquinaria del Uribismo. De acuerdo con estas consideraciones, Petro pregunta si es válido reconocer a un presidente que fue elegido con base en el delito.

El llamado a la desobediencia civil fue convertido en escándalo nacional a lo largo de dos días. A modo de ejemplo, la periodista Vicky Dávila, en su programa digital de Semana, promovió un debate sobre el tema con los congresistas Ciro Ramírez y Gabriel Vallejo (del Centro Democrático), María José Pizarro (representante a la Cámara por Decentes) y Rodolfo Hernández (exalcalde Bucaramanga). Mientras que Ciro Ramírez afirmó que la propuesta de Petro es mezquina y miserable dado que llama a la anarquía, Gabriel Vallejo aseguró que este llamado es un acto violento que muestra las intenciones de un comunista disfrazado de progresista. Por su parte, el exalcalde Hernández señaló que es conocido por muchas personas lo de la compra de votos, pero que se requiere realizar la investigación correspondiente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por último, la representante Pizarro, luego de varios ataques e interrupciones en los que le reclamaban que la oposición está llamando al odio de clases, planteó que está de acuerdo con la desobediencia civil no solo por el presunto fraude electoral sino por la implementación de políticas del Gobierno Nacional en este momento de crisis, las cuales son las que realmente propician el odio en medio del desespero de los ciudadanos.

En relación con lo expuesto, es importante hacer una reflexión objetiva sobre la desobediencia civil, el llamado a ejercerla en este momento y sus alcances frente a la crisis que padece la sociedad colombiana como consecuencia de la emergencia sanitaria por el Covid-19, la desprotección de los ciudadanos a raíz de la mercantilización de la seguridad social y los serios cuestionamientos al Gobierno del presidente Duque ya mencionados. Al respecto, se puede afirmar, de acuerdo con John Rawls, que la desobediencia civil es un acto público no violento, consciente y político, contrario a la ley, cuyo objetivo es alcanzar un cambio en la ley o en los programas de Gobierno. Se trata de un desconocimiento de la ley por medio de acciones pacíficas, las cuales están claramente dirigidas hacia la clase política y la ciudadanía en general. De este modo, al alcanzar una reflexión colectiva en la sociedad, será posible no solo tumbar la ley injusta sino alcanzar altos niveles de reflexión y consciencia en la ciudadanía para tomar decisiones de resistencia ante futuras medidas injustas y antidemocráticas.

De acuerdo con Ronald Dworkin, la defensa de los derechos, en un sentido amplio del término, puede llevar a los ciudadanos a desobedecer la ley si es necesario. Por su parte Henry David Thoureau admitió que el Gobierno no puede tener más poder que aquel que los ciudadanos estén dispuestos a concederle, situación que cuestionó en su época prácticas coloniales como el esclavismo. Con base en estos antecedentes, se puede interpretar que, cuando la ley invade y atenta claramente los derechos de los ciudadanos, la desobediencia civil es legal y legítima. Algunos ejemplos conocidos sobre el uso de este dispositivo simbólico de la democracia se encuentran en Nelson Mandela, en Sudáfrica, Mahatma Gandhi, en la India, y Martin Luther King, en Estados Unidos. Mandela, desde 1942, combatió las prácticas xenofóbicas del régimen colonial en Sudáfrica por medio del llamado a la desobediencia civil, situación que lo llevó a la cárcel por casi tres décadas y luego a su elección como presidente. Por su parte, Gandhi cuestionó los privilegios de la sociedad de castas en la India a partir de un modelo de desobediencia civil basado en el ayuno y la espiritualidad. Por último, King, ante el desafío de construir una sociedad justa, sin racismo y con oportunidades para todos, propuso la no violencia y la desobediencia civil como un instrumento legítimo para alcanzar estos objetivos.

A partir del sucinto resumen expuesto sobre este tema, es importante preguntar: ¿es legal y legítima la desobediencia civil en Colombia? ¿existen hechos injustos que atentan contra los derechos humanos, los cuales justifican la desobediencia civil en Colombia? ¿es viable adelantar prácticas de protesta y resistencia en este momento de crisis? Al respecto, se puede señalar que la desobediencia civil es un instrumento de la democracia que está amparado en la Constitución y la ley, y por normas internacionales. El derecho a su ejercicio se basa, a la vez, en otros derechos: libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión y libertad de asociación. Cuando un grupo de ciudadanos ejerce la desobediencia civil por medio de su libertad de expresión se está pronunciando frente a la injusticia, la cual es aún más cuestionable cuando procede del Gobierno.

Por otro lado, se puede decir que actualmente es válido hacer un llamado a la desobediencia civil por dos razones. En primer lugar, ante la sospecha de un fraude electoral orquestado por el partido de Gobierno y el narcotráfico, la sociedad necesita garantías para que los organismos e instancias competentes realicen las investigaciones del caso. Sin embargo, como se ha evidenciado, el Fiscal Francisco Barbosa, amigo personal del presidente Duque, quien ordenó la captura de los investigadores del CTI que interceptaron los audios de la llamada “Ñeñepolítica”, en lugar de los implicados directos, como “la Caya” Daza y otras figuras políticas que posaban en fotografías con el lugarteniente del confeso criminal Marquitos Figueroa, no ofrece garantías para adelantar una investigación penal seria sobre estos hechos. Por otro lado, en cuanto a las investigaciones de la Procuraduría por estos hechos, vale decir que estas brillan por su ausencia. Y, ni qué decir de la Comisión de Acusaciones, la cual, históricamente, ha sido incapaz de juzgar a presidente alguno pese a evidencias públicas, como el conocido Proceso 8.000, en tiempos de Samper, y la compra de la aprobación legislativa de la reelección presidencial en la era de Uribe. Además, en la actualidad, es una instancia controlada por representantes del partido de Gobierno.

La segunda razón está relacionada con las formas de violencia directa y simbólica que ejerce el Gobierno de Iván Duque hacia los ciudadanos. En primer lugar, es claro que desde el inicio de este Gobierno existe una campaña sistemática para deslegitimar el Acuerdo de Paz firmado con las Farc, especialmente en lo que concierne al desprestigio de instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entre ellas, la JEP y la Comisión de la Verdad. Este aspecto se complementa con la política de erradicación manual de cultivos para uso ilícito en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Meta y Antioquia, situación que ha traído consigo ejecuciones extrajudiciales de campesinos por parte del Ejército Nacional, así como detenciones ilegales de líderes que se oponen a estas medidas implementadas a sangre y fuego. Estos hechos fueron explicados en detalle en la columna del 27 de junio pasado.

Esta forma de violencia de Estado se desarrolla también a partir de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis por la pandemia del Covid-19. Dentro de estas medidas, se destaca la captación de recursos para atender la emergencia, la cual, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, llega a $117 billones (aproximadamente 11% del PIB), de los cuales se han ejecutado $3.6 billones. Sin embargo, a la fecha no se han habilitado nuevas unidades de cuidados intensivos, aún hay personal médico con salarios pendientes desde 2019 y se sigue dilatando la obligación de una renta básica para los más pobres. Estas formas de violencia simbólica y directa, originadas por el establecimiento, deben ser cuestionadas a partir de actos de desobediencia civil.

Por último, al preguntar si es viable adelantar actos de desobediencia civil en este momento de crisis, se puede decir que estas ya están siendo agenciadas por organizaciones sociales, colectivos de base y ciudadanos comunes. Algunos ejemplos de estas iniciativas son las acciones colectivas de campesinos organizados, quienes, arriesgando sus vidas, han denunciado y demostrado públicamente acciones delictivas procedentes del Ejército Nacional, en el marco de la erradicación forzada de cultivos para uso ilícito. También se destacan los actos de protesta promovidos por colectivos de mujeres frente al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda) y otras guarniciones militares, quienes, por medio de acciones performáticas, gritan a los uniformados “El violador eres tú”, luego de las denuncias conocidas por la violación de la niña indígena Embera. La desobediencia civil también se refleja en la demanda interpuesta por dos estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional, ante el Consejo de Estado, debido a la ilegalidad en la definición del periodo del Fiscal Barbosa, conocido no solo por su cercanía con el partido de Gobierno, sino también por su falta de ética pública al ser cuestionado por el viaje que realizó con su familia hace quince días a San Andrés. Por último, la desobediencia civil también se evidencia en las declaraciones públicas del arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, quien denunció “la venganza genocida” del Gobierno de Duque contra el Acuerdo de Paz. Este último hecho no solo delata la política de muerte de este Gobierno, sino que también desafía al sector oficial y maniqueo de la Iglesia Católica.

Por todo lo anteriormente expuesto, es inadmisible asegurar que el llamado a la desobediencia civil es un acto de anarquía, irresponsable, violento y procedente del comunismo “neochavista”, tal como lo aseguran los políticos del partido de Gobierno. Asimismo, es inaceptable que, mientras en el 2016, el Uribismo llamó a la desobediencia civil debido a su oposición al proceso de paz, basado en la idea que esta hace parte de la institucionalidad democrática, ahora salga a decir que esto es un acto abominable y miserable, entre delito y pecado, que está orientado por la izquierda. Por otro lado, si bien Petro tiene argumentos contundentes para convocar a la desobediencia civil, es importante que reconozca que esta ya se está adelantando, y que contiene un universo de estrategias de acción colectiva y conectiva, las cuales coinciden en denunciar el carácter ilegítimo del Gobierno Nacional. La acción colectiva y conectiva en contra del régimen genocida del Gobierno Duque ya está en curso, no depende de un líder carismático que la declare. En consecuencia, tanto Petro y otros líderes que se oponen a esta violencia de Estado como los colectivos de ciudadanos organizados, deben analizar si es válido sostener a este Gobierno por dos años más. Si la repuesta es negativa, es necesario pensar las acciones de desobediencia civil no violentas que se deben poner en curso para parar la guerra y el agravio sistemático a la sociedad civil.

Edición 690 – Semana del 11 al 17 de julio de 2020
   
 
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