Del control al descontrol

 

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) señaló que en los primeros 100 días del 2020 se devastaron 75.000 hectáreas en la selva amazónica, 19.000 hectáreas (ha) más que el año pasado en la misma época. Hasta el 15 de abril los departamentos con mayor devastación fueron Caquetá (25.876 ha), Meta (22.869 ha), Guaviare (18. 498 ha). La deforestación viene acompañada con la construcción de vías rudimentarias ilegales…

 
Jaime H. Díaz A.
 
Director Corporación Podion
 
 

Los grandes hatos y haciendas de la Orinoquía Colombiana se hicieron a punta del despojo a sus legítimos habitantes –las comunidades indígenas–, de la tala de bosques, de la compra a precios irrisorios, de adentrarse más en la geografía y “domesticar” más llanura y selva, domándola a punta de vacas que “gozan” de inmensos territorios para pastar y necesitan poco personal para su manejo. La ganadería la habían comenzado los Jesuitas con las Encomiendas que tenían a su cargo desde 1598, ese modelo lo perpetuarían los “geófagos” o devoradores de tierra, que como las langostas no calman su ambición por la tierra. Se dio con frecuencia el paso de terratenientes pobres que vendieron a terratenientes ricos. Entre tanto las poblaciones originarias, fueron arrinconadas y empujadas “más adentro”. Los tiempos idílicos en que los indígenas vivían de la caza y de la pesca, además de una agricultura rudimentaria fueron desapareciendo. Sin duda la introducción del ganado vacuno transformó profundamente el paisaje.

Una violencia había acaballado a otra violencia y como en el mito del eterno retorno continúa la desaforada ambición por la tierra. Aunque el tráfico de tierras nunca cesó en vastos territorios, con el ingreso de narcos, paramilitares, esmeralderos, pero también de personajes de otros pelambres, vestidos de empresarios, uniformes, o “finos padres de la patria”, ese tráfico se ha incrementado después de culminar las negociaciones entre Gobierno y Farc. Ahora se extiende peligrosamente hacia la Amazonía.

Sin duda la presencia de la guerrilla de las Farc había sido muro de contención hacia inmensos territorios de la Orinoquía y especialmente de la Amazonía. Pero como con el pistoletazo que da inició a la carrera, las motosierras y las quemas indiscriminadas se lanzaron a arrasar miles de hectáreas, una vez la guerrilla cumpliendo con los acuerdos, dejaran los territorios. Claro, las llamadas “disidencias de las Farc”, que no se sometieron a los acuerdos y que hacen del narcotráfico su fuente de financiación, están ahora detrás de gran parte de la deforestación de la Amazonía y de la llamada praderización que busca “domesticar” la tierra para el ganado y adelantar cultivos de coca, palma aceitera y últimamente de eucalipto, produciendo daños ambientales incalculables. Cesar Humberto Meléndez, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), señala: “Yo creo que cuando se estaban negociando los acuerdos de paz, nadie estudió que íbamos a tener una hecatombe ambiental. No sé si se habrá valorado la función ambiental que cumplía la guerrilla en estas zonas, porque ellos sí tenían presencia en el territorio. El Estado no tiene capacidad de estar finca a finca. Ahora, los que quedan son los delincuentes”1. Aquí se pude decir que se pasó del control de la guerrilla al descontrol del Estado.

Nebio Echeverry quien ha ocupado en dos periodos la Gobernación del Guaviare, la última acaba de terminar (2016 – 2019), ha sido unos de los mayores impulsores de la deforestación y praderización de ese departamento, su gran proyecto ha sido impulsar la ganadería y la palma aceitera, a costa de tumbar la selva. De esta forma paso de ser un pobre hombre de machete en mano a una persona con una inmensa fortuna. Se le señala de estar detrás de muchos campesinos que talan y queman la selva. Como este individuo existen otros geófagos como los que buscan que las esmeraldas que vieron brillar en Boyacá se conviertan en inmensos territorios en la Amazonía y Orinoquía Colombiana.

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) señaló que en los primeros 100 días del 2020 se devastaron 75.000 hectáreas en la selva amazónica, 19.000 hectáreas (ha) más que el año pasado en la misma época. Hasta el 15 de abril los departamentos con mayor devastación fueron Caquetá (25.876 ha), Meta (22.869 ha), Guaviare (18. 498 ha). La deforestación viene acompañada con la construcción de vías rudimentarias ilegales, que permite que se avance de manera irrefrenable en la destrucción de la selva y todo su ecosistema, se calcula que se tienen más de 280 kilómetros de vías en la zona2. En Colombia se están desforestando unas 200.000 hectáreas año, realizándose el 70% en la Amazonía.

No cabe duda de que las asociaciones de ganaderos, a las que han estado vinculados con frecuencia prominentes paramilitares, pero también los ganaderos sueltos tienen al país en jaque con un uso totalmente irracional de la tierra, adquirida no pocas veces de manera fraudulenta, como en el caso de la Amazonía, donde en los últimos cuatro años según el reporte de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) más de 690.000 cabezas de ganado han engrosado el hato ganadero.

Distintas organizaciones ambientalistas, como también autoridades ambientales de la región, como Corpoamazonia han pedido con urgencia a las autoridades nacionales una intervención seria y urgente ante el desastre que no cesa. La cuarentena impuesta por el gobierno nacional por causa de la pandemia ocasionada por el Covid-19 ha sido aprovechada por los depredadores para de manera acelerada quemar y talar. El gobierno nacional poco o nada hace, aunque es grandilocuente en sus declaraciones y el presidente desde mediados de marzo hasta fecha indefinida toma una hora todos los días de la semana para hablar a los colombianos de las maravillas que hace el gobierno para hacer frente a la pandemia. El desastre ambiental que sufre la Amazonía está fuera de su órbita, aunque entidades del propio Estado, como Corpomoamazonia, expresamente se han pronunciado: “Solicitamos que los órganos de control, como la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, realicen presencia y control en las áreas identificadas donde se realizan quemas descontroladas que generan más deforestación”3.

Las comunidades indígenas y las y los líderes ambientalistas que buscan proteger y defender el territorio son atacadas y desplazadas de un lado y del otro perseguidos y asesinados.

Aunque es urgente adelantar campañas nacionales y regionales en defensa del medio ambiente en general y de la Amazonía en particular, dada su importancia biótica, se hace necesario que el gobierno colombiano sea serio y que programas como el acordado desde el 2015 con Alemania, Reino Unido y Noruega, de llevar a cero la deforestación en el 2020, los cumpla. En 2019 se renegoció y se acordó una transferencia de US$ 360 millones si Colombia bajaba la deforestación a 150.000 hectáreas en 2022, no más de 100.000 en 2025 y a cero en 2030. La Comunidad Internacional debe exigir no más burlas y aplazamientos.

Se hace necesario una legislación draconiana contra los deforestadores ilegales, y quienes compran posteriormente esas tierras, o sean sus testaferros, aunque se cubran bajo la sábana de ser “terceros de buena fe”, como ahora pretender legalizar tierras usurpadas congresistas del partido de gobierno. Se deben expropiar sus bienes para tratar de reparar el mal realizado. Altas penas de cárcel, no condonables, ni con casa por cárcel, son necesarias. Los colombianos no podemos seguir viendo el desastre que se está produciendo desde lejos: exigencias, manifestaciones, castigos electorales y búsqueda de reales servidores del bien público debe reemplazar la apatía, la no participación y menos aún el tráfico y la venta de los votos y de las conciencias. Este es el maravilloso país que tenemos y que estamos perdiendo si no reaccionamos. Acompañemos, protejamos y apoyemos a comunidades indígenas y campesinas que luchan protegiendo y aprovechando adecuadamente la Amazonía, a los líderes y lideresas que dan todo por la protección de este bien de todos y de la humanidad misma.

¿Hasta cuándo?

Ahora que nos toca a nivel planetario y doméstico, vivir y padecer una pandemia que puede aparecer por donde uno menos se imagina, surgen las más elementales y complejas manifestaciones del ser humano: la solidaridad, el cuidado, el respeto a sí mismo y al otro, pero también, la mezquindad, el egoísmo, el irrespeto a sí y al otro. Nos encontramos frente a lo que es fundamental y necesario o delante de lo accesorio y superfluo. Valoramos la importancia de la salud y nos damos cuenta del valor de sus servidores, pero también aparecen las evidencias de las carencias y retrasos históricos del sistema de salud y de la prestación de este servicio. Los gobernantes ejercen su papel de servicio o se colocan delante del espejo para mostrar sus vanidades y confundir autoridad con autoritarismo.

Los alimentos los volvemos a poner en el primer lugar de las necesidades y entre ellos los más sanos y directos que provienen de la huerta y de la pequeña parcela. El país descubre que los pequeños y medianos campesinos son realmente quienes procuran el alimento a los colombianos, de tal manera que teniendo tan solo el 19% de la tierra producen el 78% de lo que comemos. Además, estos campesinos muestran que pueden llevar directamente a las casas o al pequeño mercado los frutos de su labor. La concentración de la tierra en el país vuelve a aparecer como uno de los primeros lastres que padecemos. Los grandes e innecesarios latifundios y entre ellos de manera particular las haciendas ganaderas evidencian la inequidad y muestran su ineficiencia, además gran parte de ellas se han establecido por el despojo y la violencia.  Veintiséis (26) millones de cabezas de ganado pastan en 40 millones de hectáreas, con impuestos irrisorios, cuando podrían hacerlo en 10 millones, dejando el resto para cultivos silvopastoriles amigables con el ambiente4.

La tenencia de la tierra ha sido uno de los principales motores del conflicto en el país. Desde siempre se ha hecho necesaria una justa y necesaria reforma agraria. Los acuerdos llegados entre el gobierno anterior y la guerrilla de las Farc apuntaban tímidamente en ese sentido, pero el gobierno actual se opone firmemente a ella, además busca legalizar el despojo de las últimas décadas, bajo un proyecto de ley que tramita el partido de gobierno que pretende titular tierras despojadas y usurpadas, a los “terceros de buena fe”. Además, da impulso a las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y social (Zidres), que busca entregar tierras del Estado (nuestra última reserva agrícola) estimada en cerca de 8 millones de hectáreas a financistas y empresarios.

Se impone un cambio radical de políticas de desarrollo económico, que resuelva problemas estructurales que tiene el país en el sector rural. El profesor Alejandro Reyes Posada sostiene que para ello es necesario comenzar “por un sistema claro y seguro de derechos de propiedad sobre la tierra, aquejados por los dos extremos de un gran campesinado arrinconado en tierras informales y una minoría rentista que acapara, muchas veces de manera ilegal, la mayor parte de la tierra productiva y que no tributa como debería para financiar los servicios de los municipios”5.

El partido Conservador ha buscado manejar el Ministerio de Agricultura en casi todos los gobiernos. Ha sido históricamente el partido de los terratenientes. El actual ministro tiene ese origen. De esta manera puede entenderse el torpedo impuesto a cualquier asomo de reforma agraria que se quiera establecer, pero también como se busca y se realiza el apoyo al gran latifundio y al empresariado agrícola. Durante el gobierno Uribe fue muy conocido el programa Agro Ingreso Seguro, destinado a pequeños y medianos campesinos, pero entregado a grandes y poderosos señores del campo, pero, además, el ministro de la época (Andrés Felipe Arias) buscaba eventuales beneficios para una soñada campaña presidencial. Hoy este exministro está en prisión, aunque su partido en el gobierno hace lo posible por librarlo de ella y lo unge como un mártir de la democracia, injustamente juzgado y castigado.

“Errare humanum est, perseverare autem diabolicum”6, decía Séneca, senador y filósofo estoico de la antigua Roma. Todo indica que como en esa época, el gobierno que hoy cursa en Colombia es cínico. El Ministerio de Agricultura a través de Finagro montó un proyecto a imagen y semejanza de Agro Ingreso Seguro, que denominó “Colombia Agro-Produce”, supuestamente para apoyar especialmente a pequeños y medianos agricultores. Pero no se había acabado de publicar esta línea de crédito del Ministerio, cuando ya había sido adjudicada casi en su totalidad a 77 grandes empresarios del campo. Se anunció con bombos y platillos que, para hacer frente a la pandemia, se otorgarían créditos favorables por 1,5 billones de pesos, aunque en la práctica lo que el gobierno se proponía era apalancar ante los bancos esos recursos, con $50.000 millones para el subsidio de los intereses. Una fuente de la Casa de Nariño señaló con franqueza que el anuncio del presidente Duque respondía más a un tema de marketing político que al estreno de una política técnica, rigurosa y que tenía como principal objetivo proteger a los productores. Recordemos que en ese momento el presidente en las encuestas estaba cayendo vertiginosamente y necesita venderse mejor, de tal manera que además de esta jugada, hizo financiar con Fondos para la Paz, una campaña para mejorar su imagen.

Veamos en breve este asunto: el 27 de marzo (viernes) se aprobó una línea especial de créditos blandos (LEC) denominada Colombia Agro Produce, destinada a apoyar la producción en el campo. El 31 de marzo (martes), es decir un día hábil después, la casi totalidad de los recursos disponibles en ese momento de una cantidad de $226 mil millones de pesos habían sido entregados $213 mil millones (94%) a grandes empresarios (casi todas comercializadores, ni siquiera productores, a donde se decía estaba destinados los recursos), el 4% para medianos y tan sólo el 2% para verdaderos campesinos, como señaló el propio Contralor General, Carlos Felipe Córdoba.

La componenda se desbarató cuando un campesino preocupado por los riesgos para su cadena productiva hizo la denuncia, en la que aseguró que apenas dos horas después de que comenzó a operar el crédito de Finagro los subsidios se agotaron en manos de grandes productores. Blu Radio, divulgó parte de la denuncia: “Es sospechoso que después de la apertura de la línea de crédito Finagro hubiese redescontado más de veinte créditos en un tiempo récord para asignarle a 20 grandes industrias del país, con ventas anuales entre 100.000 millones de pesos y 1.2 billones, subsidios que no los necesitaban y que debieron ser asignados a pequeños y medianos productores del campo”. Bueno, es sabido que en Colombia muchas licitaciones públicas se hacen con cartas marcadas y además previamente informadas para una adjudicación preferente y adobada con dinero bajo la mesa.

Ante hechos protuberantes no valieron datos como que el mayor número de adjudicaciones eran para los pequeños, en un total de 1.182 y 208 para los medianos, y tan solo 77 eran los grandes, pues la burla estaba en que los pequeños recibieron el 2%, los medianos el 4% y los grandes el 94%. Y aún más entre los grandes existen los más grandes, tal como la Empresa Avícola Avidesa, del Sr. William Serrano que recibió dos créditos cada uno de 10.000 millones de pesos, para un total de 20 mil millones destinados en buena parte para la importación de alimentos para sus pollos y gallinas, asunto no considerado en la línea de crédito. Un dato más se estipulaba que el subsidio máximo por beneficiario era de 250 millones de pesos.

Ante tamaña denuncia difundida por distintos medios, los entes de Control e Investigación señalaron que adelantarían investigaciones. El Ministerio de Agricultura, Finagro y los grandes empresarios, temiendo un nuevo Agro Ingreso Seguro, rápidamente trataron de enmendar el entuerto. El presidente de Finagro, Dairo Estrada apareció diciendo que varios de los beneficiarios ya reversaron el crédito para evitar un “desgaste reputacional”. Por poco deberíamos pedirles excusas. Y el Ministro de Agricultura, como si nada hubiera pasado, permanece en su cargo.

Es absolutamente clara el origen y la política del gobierno actual: favorecer a terratenientes, empresarios y a entes y organismos financieros. El gran problema es que esta política se hace sobre los hombros de las mayorías. Estamos en un proceso de aumento de la pobreza y de agudización de la inequidad en el país.

Con todo, como señalamos al principio de este aparte, los campesinos pobres y medianos son quienes en un 78% suministran los alimentos que llevamos a la mesa.

De fantoche a tenebroso

Colombia es un estado presidencialista en exceso, por eso en la Constitución del 91 se buscó que el Fiscal General fuera independiente del Gobierno. Para ello, es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el presidente de la república, para el tiempo correspondiente al siguiente del periodo presidencial. Pero los constituyentes no previeron que en el camino se iba atravesar la reelección presidencial no acordada en la Constitución, llevada a cabo en reforma constitucional “de dudosa ortografía”, que permitió la reelección del presidente Uribe y después la de Santos, poniendo patas arriba el equilibrio de poderes, en este como en otros casos. Ahora de nuevo, no es posible la reelección presidencial, pero el mal está hecho. Es justo decir, que también ante las renuncias antes de culminar el periodo por parte de algunos fiscales, como ha sido el caso del inmediatamente anterior al presente, las reglas de juego también se ven alteradas.

Le correspondió al presidente Duque, nominar al fiscal que estará durante casi todo su periodo presidencial. El sagaz presidente hizo una terna (de subalternos), y marcó las cartas. Juristas respetados llamaron la atención y señalaron francamente el daño que se podía correr. El respetado y juicioso jurista, Rodrigo Uprimny, manifestó que “un fiscal dependiente del gobierno era muy peligroso, pues se volvería una especie de detective incondicional del presidente, dispuesto a perseguir a los opositores y a cubrir los eventuales delitos gubernamentales”7. Lamentablemente sus palabras cada día se confirman con el fiscal nombrado.

Duque nominó a su compañero de estudios universitarios al Sr. Francisco Barbosa, que en expresión de otros compañeros recuerdan: “Duque era el del carro y Barbosa el de las tareas”. En el argot popular se dice era “el carga ladrillos”. En todo caso desde su época juvenil en el reconocido claustro universitario del conservadurismo “Sergio Arboleda”, han y siguen siendo muy amigos.

Barbosa, en las primeras de cambio, quiso desmarcarse y hablar de su independencia, pero a reglón seguido mostro su infinito agradecimiento y fidelidad al presidente. En las primeras declaraciones, sin ton ni son, se fue lanza en ristre contra el gobierno de Venezuela, cuando nadie lo estaba llamando a ese momento a hablar al respecto, pero Duque tenía una pelea casada con el gobierno del vecino país. Barbosa ha demostrado no poder dar un paso, sin que le siga un tropiezo.

Si antes del gobierno Duque había manifestado su apoyo y aprecio al proceso de paz (llevado a cabo entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc), una vez instalado el gobierno, paso a la ofensiva contra ese proceso. Si había manifestado públicamente su defensa de la justicia transicional pasó al ataque a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Duque al comenzar su gobierno nombro a Barbosa al frente de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos en donde, tal como señala “La Silla Vacía”, se adaptó a lo que el presidente quería; “él siempre se adapta. Es flexible”, dice la publicación8. Sobre su papel al frente de esa Consejería, Umprimny dice: “mientras fue consejero de Derechos Humanos dedicó sus esfuerzos más a proteger la imagen y gestión presidenciales, manipulando, por ejemplo, las cifras sobre muertes de líderes sociales, que a promover y defender realmente los derechos humanos. Incluso se jactaba en ciertas reuniones sociales de ser el escudero del presidente, por su condición de amigos cercanos”9.

Instalado en la Fiscalía, su egolatría se le subió a la cabeza. Desde su ínsula Barataria (San Andrés) a donde fue de puente con su familia en el avión de la fiscalía a pesar de la cuarentena –y que ese avión no debe cumplir el papel de vehículo familiar–, se declaró textualmente ostentar “el segundo cargo más importante de esta nación”, además poco le falto para describirse el primer cerebro de este reino, considerándose una de las personas más preparadas que tiene Colombia; además considera que está haciendo la mejor fiscalía que se tenga historia. Los hechos están mostrando lo contrario: es una fiscalía cargada a favor de unos y en contra de otros, mostrando a su paso crasos errores jurídicos, afanado por mostrarse en la pantalla y teniendo como escudo su precario conocimiento en temas penales.

El trato que le está dando a la llamada “Ñeñe política”, que podría mostrar corrupción en la elección de Duque a la presidencia, por compra y tráfico de votos, es altamente preocupante, de tal manera que desde distintos sectores se llama a la Corte Suprema de Justicia que nombre un Fiscal Ad Hoc y se pide al Fiscal apartarse de este caso, por haber mostrado una posición cargada. Por ejemplo, apareció raudo en la televisión cuando se enteró que en un audio se nombraba a Gustavo Petro (candidato opositor a Duque, en la segunda y última vuelta presidencial), declarando que “se ha abierto esa veta investigativa, para que sea en un momento determinado una investigación paralela (porque) por parte de ese señor Hernández (el Ñeñe) con otra persona se habla de una presunta financiación de empresas mineras a la campaña de Gustavo Petro en La Guajira”. Claro el sr. Fiscal no se tomó la molestia de escuchar con corazón tranquilo la grabación hecha al Ñeñe, al día siguiente de las elecciones, que, al dirigirse a un amigo, le dice: “Y Petro le ganó en la Guajira, por esos hijoeputas mineros”. Es decir, de los trabajadores de las minas del Cerrejón, no las “empresas mineras” en la cabeza acalorada del fiscal. Petro con toda razón reaccionó inmediatamente: “Mucha bellaquería la de Barbosa, que, buscando defender a su amigo íntimo Duque en el proceso que evidencia dineros de narcos comprándole votos, trate de vincularme penalmente, a mí y a mi gerente de campaña, por este audio del Ñeñe”. Acto seguido, reveló el audio de la interceptación donde no se habla de plata para su campaña. Barbosa, en programa radial tuvo que decir “Aquí no hay investigaciones contra Gustavo Petro”10. Otros asuntos, como abrir investigaciones y poner bajo las rejas a quienes cumpliendo su deber hicieron las interceptaciones al actuar delictivo del Ñeñe, y no entregar todos los audios en cuestión, etc., muestran a una fiscalía con las cartas cargadas.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, ha sido crítica en muchas ocasiones de la manera como Duque ha asumido el manejo de la Pandemia y sin duda le ha robado el liderazgo con sus posturas claras y oportunas. Ante una imprudencia tonta de la alcaldesa, que salió con su esposa a comprar víveres en un supermercado a la vuelta de su apartamento, cuando ella misma había ordenado que solamente una persona por familia podía salir de compras, el fiscal quiso “aconductar” a la contradictora de su amigo presidente, de tal manera que salió a toda prisa ante los medios a decir que abría una investigación penal contra la señora alcaldesa y su esposa senadora. Los magistrados señalaron al respecto, que el caso sí mucho daba para una multa policial. Como había procedido a cancelar la senadora Lozano (compañera de Claudia).

Mencionamos dos de muchos casos en los que el fiscal, con poco juicio, animo vindicativo y deseo de mostrarse apunta a una fiscalía desastrosa, llegando a ser peligrosa. Lamentablemente este tipo de casos se repiten con distintos niveles de importancia y gravedad con mucha frecuencia ante el deseo del señor fiscal de mostrarse en los noticieros ante los colombianos, mientras cada vez más sus intervenciones son vistas con razonable desconfianza.

Edición 691 – Semana del 18 al 24 de julio de 2020

1 Pardo Ibarra, Tatiana, “Para coger a los grandes deforestadores se necesitan operativos militares”, entrevista a César Humberto Meléndez, Director del CDA, en el diario El Tiempo, 28 de mayo de 2019, pág. 2.6.

2 Cfr. Rojas Hernández, Tatiana, En 4 meses arrasaron con 75.000 hectáreas de bosque en Colombia, en El Tiempo, 2 de junio 2020, pág. 2.5.

3 La deforestación no guarda cuarentena, en Revista Semana, edición 1990, 21 a 28 de junio de 2020, pag. 42.

4 Reyes Posada, Alejandro, “Repensar el desarrollo desde lo rural”, en El Espectador, 8 de junio 2020, pág. 8.

5 Reyes Posada, Alejandro: “La hibernación del crecimiento y el desarrollo del campo”. El espectador, abril 3 de 2020.

6 Errar es humano, pero perseverar es diabólico.

7 Uprimny, Rodrigo, La difícil independencia de la Fiscalía, en El Espectador, 16 de febrero, pág. 39.

9 Ibidem.

10 Cfr. El fiscal bajo fuego, en Semana, Edición 1989, 14 de junio a 21 de junio 2020, pág. 20

   
 
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