El letal virus del maniqueísmo político

 

La política deja de ser un foro de discusión y debate donde se refutan y mueren las ideas, para convertirse en un campo feroz de aniquilación donde caen derrotados los portadores de estas, en aras de la paz y la legalidad. Por eso la insuperable definición mínima de democracia, atribuida a James Bryce, según la cual es aquella “forma de gobierno que permite contar cabezas en lugar de cortarlas”…

 
Hernando Llano Ángel
 
Profesor Departamento de Ciencia Jurídica y Política, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
 
 

A los colombianos nos está matando un virus más letal y contagioso que el SARS-CoV2. Es el virus del maniqueísmo político y todos estamos expuestos a él. Su peligrosidad deriva de su origen y forma de transmisión, que parece inextinguible pues se reproduce con cada nueva generación. Su origen, obviamente, no es biológico, sino de carácter histórico y religioso, pues se atribuye al príncipe persa Manes (215-276 D.C), cuya doctrina “admite dos principios creadores del mundo, el del bien y el del mal”. Principios que se tornan destructores al trasladarse al mundo político y dividir la humanidad entre buenos y malos, que mutuamente se eliminan con la mejor buena conciencia, pues cada bando reclama ser el único poseedor de la verdad, la justicia y el bien.

El maniqueísmo político

Al mutar esta doctrina religiosa y moralista en ideologías, doctrinas y partidos políticos, quedamos divididos en dos bandos irreconciliables, que toman históricamente las más diversas banderías: patriotas contra traidores; liberales contra conservadores; progresistas contra reaccionarios; demócratas contra comunistas, derecha contra izquierda. Y al ser el campo político siempre contingente, disputado y dinámico, cada bando reclamará para sí ser la encarnación del bien y le atribuirá al adversario la responsabilidad de todo el mal. Emerge así la semilla del fanatismo que, como bien lo expresará Amos Oz, “siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo”. Entonces la política se degrada y se convierte en un campo de batalla mortal, donde ya no es posible ningún acuerdo, pues el bien no puede conciliar con el mal y el autoproclamado demócrata no puede conversar con el estigmatizado terrorista o guerrillero. La política deja de ser un foro de discusión y debate donde se refutan y mueren las ideas, para convertirse en un campo feroz de aniquilación donde caen derrotados los portadores de estas, en aras de la paz y la legalidad. Por eso la insuperable definición mínima de democracia, atribuida a James Bryce, según la cual es aquella “forma de gobierno que permite contar cabezas en lugar de cortarlas”, entre nosotros se ha trocado cruelmente en lo contrario y hoy tenemos una forma de gobierno que permite cortar cabezas sin poder contarlas. Aún es materia de discusión el número de víctimas de la violencia como resultado de las firmes convicciones morales y las creencias políticas de conservadores y liberales, defendidas por cada bando como superiores. Ni hablar del debate actual sobre el número de víctimas en masacres, asesinatos selectivos, “falsos positivos”, violencia sexual, secuestrados, desaparecidos y desplazados, que nos ha dejado este conflicto armado y que no cesa, como el coronavirus, de propiciar más víctimas cada día. Y esa discutible y macabra contabilidad parece estar condenada al fracaso, no tanto porque sea casi imposible discernir cuáles crímenes estuvieron motivados políticamente o fueron cometidos por la codicia de las economías ilícitas y la ambición de las lícitas, sino especialmente porque hay quienes pretende descalificar todo esfuerzo por esclarecer lo sucedido a cargo de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

La ineludible y dolorosa búsqueda de verdades

Una ineludible y dolorosa búsqueda de verdades que nuestra sociedad nunca ha tenido el valor de asumir, emplazando a sus principales protagonistas y antagonistas para que todos escuchemos y conozcamos sus versiones de tantas violencias y atrocidades. Pero, especialmente, contando con la memoria, las voces y sufrimientos de las innumerables víctimas a quienes como sociedad debemos la verdad, pues sin ella jamás habrá justicia y reparación. Mucho menos podríamos nosotros seguir viviendo sin sentir la vergüenza de haberlas condenado al olvido y la injusticia, siendo casi cómplices de tanta ignominia. Estamos llegando a la hora de las verdades, la hora de conocer todas las atrocidades, sin temor a revelar la identidad de quienes las hayan ordenado, consentido o cometido, sean de izquierda o derecha, rebeldes o gobernantes, más allá del juicio maniqueo sobre el bien y el mal o las buenas o malas intenciones con que las hayan cometido. En algunos casos, incluso, en nombre de la democracia, la seguridad, la tradición, la familia y la propiedad. En otros, promoviendo la revolución, la justicia o la igualdad. Y, quizá, en la mayoría de los casos, en nombre de pasiones prosaicas, como la codicia propia de las economías ilegales o la de los intereses muy legales de las ganancias insaciables de los mercaderes y exitosos emprendedores. En fin, que crezca la curva del consumo sin IVA y las ganancias del mercado, mientras el contagio del Covid-19 aplana y sepulta la de las pérdidas irreparables.

Verdades más allá del bien y del mal

Por eso es tan desafortunado el trino del exministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, al referirse a la Comisión de la Verdad y afirmar que “la mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”. Así como lo fue la campaña sistemática por las redes sociales para desacreditar a la JEP, en un principio estigmatizada porque sus magistrados eran promotores y defensores de derechos humanos. Sindicación tan absurda para deslegitimar a que quienes defienden la vida y la dignidad humana tildándolos de izquierdistas o “mamertos”, como sería la de tachar de derechistas o “paracos” a quienes promueven la seguridad pública contra la criminalidad. Obviamente una sociedad que se deja dividir y polarizar en esos dos bandos por líderes “furibundos” o “iluminados”, difícilmente puede comprender que la esencia del Acuerdo de Paz era y sigue siendo la consolidación de un Estado de derecho democrático. De un Estado legítimo, capaz de garantizar la vida, la dignidad y la seguridad de todos, más allá de ese juicio maniqueo que nos divide entre buenos y malos colombianos, unos defensores de la paz y otros promotores de la guerra. Por eso el Acuerdo de Paz requiere muchas verdades más allá del bien y del mal. De allí que el desafío de la Comisión de la Verdad sea inmenso y no pueda ser deslegitimada por trinos destemplados inspirados en prejuicios personales o intereses electorales. Su mayor desafío es entregarnos una versión de nuestra historia y del terrible conflicto armado que nos permita superar esa “federación de odios” que somos, según la lucida expresión de Belisario Betancur, para empezar a forjar una nación de ciudadanos y ciudadanas donde la política sea una actividad generadora de democracia y supere su actual deleznable condición de celestina de la ilegalidad, el crimen y la iniquidad.

Una verdad reconciliadora

Una verdad capaz de reconciliarnos porque expresará todas las voces, desde la de los victimarios y las víctimas sin excepción alguna; porque expresará desde los motivos del odio de los ofensores hasta el sufrimiento infinito de los ofendidos; desde la vergüenza de los victimarios hasta la rabia y el dolor de las víctimas. Pero, sobre todo, porque será una verdad que nos revelará todas las imposturas y mentiras que no estamos dispuestos a volver aceptar y mucho menos legitimar. Como la de continuar viviendo en un Estado incapaz de impedir el asesinato de quienes luchan por una democracia auténtica, donde el goce de los derechos humanos sea una realidad social vital y no solo letra muerta en una Constitución nominal. Una verdad que nos comprometa a todos con un orden político, social y económico donde jamás vuelvan a existir condiciones para el surgimiento de nuevas víctimas y victimarios y donde los contrarios políticos se reconozcan como adversarios y no como enemigos que se descalifican furiosamente como “mamertos” o “paracos”. En fin, una verdad que nos permita vivir una democracia ciudadana y social, antes que, de partidos políticos y clientelas, con igualdad de oportunidades para todos y todas, sin necesidad de líderes providenciales, o de incontables héroes uniformados para defenderla y mucho menos de nuevas generaciones de rebeldes y comandantes para promoverla o de vengadores civiles y paramilitares para sepultarla, jamás refundarla.

Edición 692 – Semana del 25 al 31 de julio de 2020
   
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía.
Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
 
 
 
comentarios suministrados por Disqus