Consejo Nacional electoral: un organismo
perverso al servicio de las mafias electorales

 

Es inaceptable que una entidad con semejante responsabilidad opere de esta manera. Además de sus vínculos con las maquinarias en el Congreso para lograr ser elegidos, estos magistrados suelen archivar investigaciones, negar la personería jurídica a movimientos políticos que sí cumplen los requisitos y dilatar procesos de revocatoria para que nunca prosperen, tal como ocurrió con el caso del exalcalde Enrique Peñalosa.

 
Juan Carlos Amador
 
Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (DIE)
 
 

El pasado jueves 23 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer la resolución 0692 del 18 de febrero de 2020, por la cual se formaliza la investigación al líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, por la presunta financiación indebida de su campaña a la presidencia en la primera vuelta. De acuerdo con este organismo, un ciudadano denunció que a esta campaña ingresó dinero irregular procedente de la empresa Monómeros, con sede en Barranquilla, la cual depende de la compañía Pequiven, filial de la petrolera PDVSA. Según el preocupado ciudadano, esto demostraría las afinidades del “Castrochavismo” con los propósitos izquierdistas de Petro. Aunque el CNE no encontró evidencia alguna sobre estas presuntas irregularidades, sí identificó, según la resolución mencionada, que la campaña contó con donaciones de servidores públicos, situación que infringe el artículo 27 de la ley 1475 de 2011 sobre financiación de campañas políticas. La resolución fue firmada por los magistrados Hernán Penagos (presidente), Jorge E. Rozo (vicepresidente) y Renato Rafael Contreras (ponente).

Dado que la ley contempla la responsabilidad solidaria de quienes administran las campañas políticas, se vinculó al proceso por estos mismos hechos a las siguientes personas: Blanca Inés Durán, gerente de la campaña; Dylan Fragua, auditor; y Martha Peralta Epieyú, representante legal del partido MAIS, el cual avaló la candidatura presidencial. Por otro lado, el CNE compulsó copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pues esta última es el organismo que investiga a los congresistas. El CNE afirmó además que la sanción en contra del senador Petro, la gerente de la campaña y su auditor se calcula entre $13.432.480 y $134.324.804, y que Peralta podría ser destituida del cargo y expulsada del partido, además de las sanciones disciplinarias y penales a las que haya lugar. Aunque no se ha declarado la apertura de investigación alguna contra los seis servidores públicos que presuntamente incurrieron en la financiación indebida, hasta el momento se sabe de tres de ellos: Bertha Isabel Bravo, docente de la Secretaría de Educación de Cartagena, quien donó $95.000; Sandra Mónica Salazar, funcionaria de Talento Humano de la Contraloría General de la Nación, quien donó $120.000; y Gonzalo Pérez Buitrago, profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con una donación de $150.000.

Aunque las críticas al CNE han sido permanentes a lo largo de los últimos años, y aunque existen evidencias de las irregularidades cometidas por este organismo en el manejo de la información de la campaña electoral a la presidencia de 2018, no deja de sorprender lo contenido en esta resolución. Lo primero que salta a la vista es que una resolución firmada en febrero de 2018 haya sido expuesta a la opinión pública solo hasta este momento en el que cada vez más sectores y ciudadanos del común cuestionan la legitimidad de los tres poderes públicos vigentes: ¿Se trata de una cortina de humo para ocultar los graves cuestionamientos a la legitimidad del Gobierno de Iván Duque por la presunta financiación de su campaña por parte del narcotráfico, en el marco de la llamada “Ñeñepolítica”? ¿Es una estrategia mediática para bajarle el tono a las interpelaciones de un sector amplio de la sociedad contra los abusos sexuales por parte del Ejército Nacional? ¿Se trata de ocupar a la opinión pública en un tema insulso para dejar de interrogar la pésima gestión del Fiscal Barbosa, luego de 6 meses de decisiones erráticas y disparatadas? ¿Tiene algo que ver con la vergonzosa elección como presidente del Senado del cuestionado Arturo Char, investigado por presunto fraude electoral y campeón del ausentismo parlamentario?

En segundo lugar, resulta sorprendente que luego de fracasar en el interés de demostrar la supuesta financiación de la campaña de la Colombia Humana por parte de la “Revolución Bolivariana de corte madurista”, la investigación del CNE haya descubierto por casualidad que seis personas del común (servidores públicos) hicieron donaciones que oscilan entre los $95.000 y los $150.000. Al respecto, si bien el artículo 27 de la ley 1475 de 2011 plantea que se prohíbe la financiación de campañas políticas procedentes de personas que desempeñen funciones públicas, en este caso parece necesario preguntar: los $95.000 que aparentemente donó la profesora de Cartagena, los cuales hacen parte de su remuneración salarial, ¿Son recursos que proceden del Estado? ¿El ciudadano que trabaja en una entidad pública está impedido, en contravía de su autonomía y libre desarrollo de la personalidad, a hacer donaciones a una campaña política? ¿Los montos de dinero confirmados representan la sospecha de una financiación indebida? ¿Los recursos ofrecidos por estas personas representan simbólicamente lo mismo que las sumas de dinero entregadas por empresarios, banqueros y gremios a la campaña Duque presidente?

En esta línea de reflexión, llama la atención que dentro de las 100 empresas que financiaron la campaña Duque presidente en 2018, se destaquen Asofondos (Asociación Colombiana de Fondos y Pensiones), el grupo Aval, el Consejo Nacional Gremial, la Asociación Colombiana de Petróleo y la Sociedad de Agricultores de Colombia, entre otras. Si se analiza con atención, este tipo de empresas, aunque son privadas, trabajan con recursos públicos, son operadoras del Estado en muchas actividades de la función pública y han sido decisoras de muchas políticas que han afectado terriblemente a los ciudadanos, especialmente en lo que concierne a la salud, las pensiones, la educación, los impuestos y el bienestar social. Esto sin entrar en detalles sobre la cantidad de funcionarios del Estado, ubicados en regiones dominadas por caciques pertenecientes a los clanes políticos ya conocidos, quienes al verse presionados en época de elecciones han tenido que apoyar, y hasta ofrecer recursos económicos a estas organizaciones mafiosas, para conservar sus contratos de prestación de servicios.

En tercer lugar, algunos analistas coinciden en que esta decisión es una persecución política orientada desde el CNE y el Gobierno nacional. Más allá de hacer una defensa de Petro, situación que, según declaró el senador afectado, será presentada en instancias internacionales, es importante hacer una breve revisión de este organismo, así como de la lógica politiquera perversa con la que ha funcionado desde su creación. Según la normatividad, el CNE es un organismo autónomo e independiente cuya misión es hacer control a los partidos políticos y regular toda la actividad electoral en Colombia, junto a la Registraduría Nacional. Está conformado por nueve magistrados, quienes son elegidos por el Congreso de la República para un periodo de 4 años. Dentro de sus objetivos se destacan: “Impulsar decididamente la eficiencia y la eficacia del sistema electoral (…); garantizar la participación equitativa y soberana de todos los colombianos; y garantizar calidad y transparencia en los eventos electorales” (Web CNE).

De acuerdo con el exmagistrado Armando Novoa (CNE 2014-2018), este organismo es una entidad tan poderosa que, en el marco de su “autonomía”, no hay quien la controle, pues según la ley no le debe rendir cuentas a ninguna otra instancia. Además de lo poco ético que resulta la elección de estos magistrados por parte de unos congresistas que están cuidando sus privilegios, es muy cuestionable que estas personas provengan de partidos políticos y se les permita hacer lobby para lograr ser elegidos. A modo de ejemplo, el magistrado Hernán Penagos, uno de los que firma la resolución, fue congresista por el Uribismo entre 2002 y 2006, y resultó ser una ficha clave para el entonces presidente Álvaro Uribe, pues hizo parte de la célebre Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la cual exoneró de responsabilidades al primer mandatario por las acciones de cohecho para lograr la aprobación de la reelección en el marco de la llamada “Yidispolítica”. Por su parte, en cuanto al magistrado ponente Renato Rafael Contreras, son evidentes los vínculos de este prominente abogado de Puerto Colombia con el Uribismo, quien fue elegido para el periodo 2018 – 2020, gracias al apoyo de la senadora de extrema derecha Paola Holguín, líder de “Los Paolos”.

Por estas razones, es inaceptable que una entidad con semejante responsabilidad opere de esta manera. Además de sus vínculos con las maquinarias en el Congreso para lograr ser elegidos, estos magistrados suelen archivar investigaciones, negar la personería jurídica a movimientos políticos que sí cumplen los requisitos y dilatar procesos de revocatoria para que nunca prosperen, tal como ocurrió con el caso del exalcalde Enrique Peñalosa. En relación con este último caso, luego de que la Registraduría avalara las 700 mil firmas que exigían la revocatoria de este alcalde, los magistrados del CNE hicieron todo lo posible para prolongar el proceso y hasta terminaron multando e investigando al comité promotor. De acuerdo con el exmagistrado Novoa, mientras este organismo sea más invisible y esté menos expuesto al escrutinio público, tendrá más libertad y discrecionalidad para que no censuren sus inconsistencias y su falta de transparencia.

Por último, estos magistrados, cuestionados además por su falta de conocimiento en el campo del derecho electoral, quienes ganan $32 millones al mes, y elegidos sin criterio meritocrático alguno, en el fondo no representan a sus partidos, sino que son cómplices de un sistema perverso que protege a las mafias electorales y destruye los proyectos alternativos o de oposición. Si algo de ética tienen los magistrados que conforman esta entidad, así como iniciaron investigación contra Petro por estos hechos, deben dar apertura inmediata a una investigación contra Duque y su grupo por la presunta financiación de su campaña por parte del narcotraficante Ñeñe Hernández, tal como se ha conocido públicamente durante los últimos meses. Si los señores magistrados no cuentan con pruebas, y si la Fiscalía no les presta colaboración para este objetivo, dados los vínculos de Barbosa con el Uribismo, pueden utilizar las evidencias que han circulado por distintos medios y que están custodiados fuera del país, tal como lo ha declarado Gonzalo Guillén en la Nueva prensa, María Jimena Duzán en Semana y algunos periodistas de Noticias Uno.

Edición 692 – Semana del 25 al 31 de julio de 2020
   
 
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