Legalización en camino

 

Ya está en la Comisión Primera del Senado un proyecto que “establece un marco de regulación y control del cannabis” para uso de los adultos, liderado por los Senadores Gustavo Bolívar y Katherine Miranda. Cuenta con el apoyo de cerca de cincuenta senadores de todos los sectores políticos, salvo el Centro Democrático y el Partido Conservador.

 
Patricia Lara Salive
 
Escritora, periodista y activista por la paz – Tomado de El Espectador
 
 

Parece que por fin podremos ganar esta guerra contra las drogas, perdida, impagable y dolorosa: por una parte, ya está en la Comisión Primera del Senado un proyecto que “establece un marco de regulación y control del cannabis” para uso de los adultos, liderado por los Senadores Gustavo Bolívar y Katherine Miranda. Cuenta con el apoyo de cerca de cincuenta senadores de todos los sectores políticos, salvo el Centro Democrático y el Partido Conservador. De modo que, ahora, se podría armar la misma coalición que hundió las objeciones presidenciales a la JEP, integrada por los partidos de oposición, más Cambio Radical y los partidos Liberal y de la U, para sacar adelante este proyecto. Por otra parte, la semana entrante, el Senador Iván Marulanda, con el casi seguro apoyo del Senador indígena Feliciano Valencia y de 22 congresistas más, también de todos los partidos salvo el Centro Democrático y el Partido Conservador, presentará un interesante proyecto que regula la hoja de coca y sus derivados y que está siendo concertado con los pueblos indígenas.

En esencia, el proyecto de legalización de la marihuana busca desestimular el consumo en los menores; regularlo en los adultos; proteger su salud; y beneficiar a los pequeños productores, a las víctimas del conflicto, a las madres cabeza de familia e, incluso, a quienes se han acogido a la sustitución de cultivos, de modo que tengan acceso preferencial al negocio. Además, establece que 50% de los impuestos generados por el cannabis se destine a la sustitución de cultivos y el desarrollo sostenible; 25% al funcionamiento del Instituto de Regulación de Sustancias Psicoactivas y 25% a la prevención del consumo.

Y el proyecto de regulación de la hoja de coca propone que el Estado compre toda la cosecha, según el inventario realizado por la ONU en 2019. El Senador Marulanda explica que, de esa manera, se beneficiarían las cien mil familias cocaleras, y con la hoja de coca se fabricarían productos derivados que no tienen limitaciones, como te, cosméticos y alimentos. Por otro lado, el Estado produciría una cocaína de alta pureza, que les suministraría, previa autorización médica, en una dosis personal que no podría pasar de un gramo por semana, a los consumidores colombianos. A los adictos se les haría un acompañamiento médico y psiquiátrico. Y a los consumidores recreativos también se les haría un seguimiento de manera que no perdieran el control y, si lo perdieran, tuvieran asistencia. Otra parte de la cocaína producida se les suministraría a algunos países que quieren atender a sus consumidores, pero no tienen cómo hacerlo porque no hay quién los provea de manera legal. Lo demás se destinaría a la investigación científica y a la fabricación de anestésicos y otros productos medicinales. Y la coca sobrante se destruiría.

Según el Senador Marulanda, “comprar esa cosecha le cuesta a Colombia entre 2 billones 300 y 2 billones 600. Y la actual política de erradicación de la coca nos cuesta lo mismo”. Se trata de cambiar el destino de unos recursos que se están utilizando en destruir los cultivos, con toda la violencia y la corrupción que eso genera, para usarlos en beneficiar a los campesinos.

Es un primer paso. A lo mejor el año entrante tendremos marihuana legal. Lo de la coca es más difícil. Pero lo importante es armar el debate para que, lo más pronto posible, le demos un uso inteligente a la coca y dejemos atrás esta guerra absurda, torpe y sin fin.

www.patricialarasalive.com – @patricialarasa

Edición 693 – Semana del 1º al 7 de agosto de 2020
   
 
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