Aprobadas en tercer debate las sesiones virtuales: ¿Democracia en Riesgo?

 

No cesa la polémica por las sesiones virtuales del Congreso. Mientras varios proyectos han sido aprobados –así como algunos ascensos– algunos congresistas insisten en la ilegalidad de esta mecánica. En medio de esa controversia, la comisión primera del Senado aprobó en penúltimo debate la iniciativa que busca reglamentar las sesiones remotas.

 
Yair Alejandro Parada Díaz
 
Asesor de incidencia y presión política – Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Luego de doce horas de discusión la Comisión Primera del Senado le dio vía libre al proyecto de ley orgánica número 315 de 2020 Senado – 327 de 2020 Cámara, acumulado con el proyecto de ley 328 de 2020 Cámara, el cual le permite al congreso de la republica reformar la ley 5 de 1992 para, de esta manera, sesionar de manera remota o virtual.

El proyecto busca establecer una reforma a la ley 5 de 1992, en la que quede establecido de forma literal la posibilidad de que las sesiones del Congreso de la República se puedan realizar de forma remota o virtual. Y si bien el congreso sesiono de esta manera bajo el decreto legislativo 491 de 2020, este es autónomo de decidir la forma en que puede realizar sus sesiones. Sin necesidad de modificar la ley 5, pues la misma le permite adoptar los protocolos y reglamentos que ya disponga de otras normativas vigentes o que otras ramas del poder público ya hayan puesto en marcha, tal y como lo establece el artículo tercero de la ley 5.

Además, el proyecto de ley parece dejar en claro que su fin es establecer una serie de procedimientos tanto de efecto inmediato, como a futuro, que sirvan de guía ante la posibilidad de que nuevas eventualidades –como la que hoy nos impide reunirnos de manera física– se repitan y se cuente con las herramientas legales tácitas para evitar interpretaciones erróneas de las normas que nos lleven a debates desgastantes y limiten así el funcionamiento de la corporación.

Ahora bien, el proyecto que fue aprobado en tercer debate tiene varios puntos que pueden hacer que este tenga dificultades en su revisión constitucional. El primero de ellos y como lo recalcaron los senadores Gustavo Petro, Rodrigo Lara y Roy Barreras, es que aún se desconoce el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional que derogó el artículo 12 del decreto legislativo 417 de 20201, el cual permitía de forma subsidiaria el funcionamiento remoto de las ramas del poder público y que la Corte resolvió como una intromisión del ejecutivo en las demás ramas del poder público en el país. En este sentido, los congresistas argumentan que es imposible aprobar cualquier proyecto de ley a menos que este se realice de manera presencial, esto incluye que si el legislativo quiere modificar la ley 5 para sesionar de manera remota debe hacerlo de forma presencial.

El segundo problema que puede identificarse del texto aprobado es que no tiene en cuenta la participación ciudadana en los debates de los proyectos. Si bien el proyecto establece que la ciudadanía podrá participar de manera remota en los espacios abiertos por el Congreso de la república para intervenir en los debates de los proyectos –Audiencias públicas– este no tiene en cuenta los procesos de participación informal y de vigilancia que realiza la ciudadanía, el seguimiento a las votaciones, la asistencia de los parlamentarios, el mantenimiento de quorum, la presentación de las proposiciones por parte de organizaciones a través de congresistas, ha conllevado a que este ejercicio –que realizan múltiples organizaciones– se encuentre pausado. Incluso se puede decir que en muchas ocasiones lo que puede hacer la ciudadanía es verificar a través de las transmisiones vía streaming es que los equipos de los parlamentarios se encuentran encendidos, pues en varias ocasiones se ha registrado que los parlamentarios o no prestan atención a lo que están debatiendo o simplemente no se encuentran frente al equipo y se acercan únicamente a votar a pesar de no haber estado en la discusión del proyecto como fue el caso de un congresista que se encontraba realizando sus actividades deportivas en medio de una votación.

El tercer problema que identificamos es el tema de la seguridad del medio que han empleado los parlamentarios para sesionar de manera remota pues el Congreso ha sesionado a través de la plataforma Zoom que es una red social de video llamadas grupales. Como recalcaron varios parlamentarios durante el debate la seguridad de la plataforma es débil y puede incluso representar peligros para el congreso de la republica y la aprobación de normas, pues la plataforma ha sido objeto de ataques cibernéticos y hackeos en el mundo. Ante lo cual, se presentaron dos proposiciones de los senadores Barreras y Lara quienes solicitaban que los actos legislativos, leyes estatutarias y leyes orgánicas no pudiesen ser aprobadas de manera remota, dicha proposición fue negada por la célula legislativa. Sin embargo, fue aprobada otra proposición que prohíbe que sean votadas y discutidas iniciativas que modifiquen las leyes expedidas y que tengan una conexión directa con el Acuerdo de Paz.

El cuarto problema que presenta el proyecto es que no establece una herramienta que le permita a los congresistas sesionar de manera remota a través de una plataforma institucional que reconozca de manera biométrica o de reconocimiento de identidad que no sea exclusivamente la cámara a pesar de las dificultades de conexión que puedan atravesar los parlamentarios que residen en regiones donde la cobertura de la red de internet es deficiente o presenta intermitencias. Es decir, el proyecto no tiene en cuenta la posibilidad de que algunos parlamentarios no tengan una conexión estable a internet y de esta forma no puedan ejercer su derecho parlamentario a votar y encontrarse en los debates tanto de las comisiones como de las plenarias.

El quinto y ultimo problema tiene que ver con un asunto de procedimiento pues el senador Gustavo Bolívar presentó una proposición a la célula que fue adherida por varios congresistas de esta, la cual buscaba que quienes sesionaran de manera remota debían renunciar a los gastos de representación que le son pagados, pues estos corresponden a desplazamientos, arrendamientos de inmuebles y alimentación de los congresistas. Sin embargo, cuando se votó la proposición quedó 8 a 8, es decir, un empate, por lo que los congresistas discutieron el procedimiento que se debía llevar a cabo para dar continuidad al debate. Según el artículo 135 de la Ley Quinta, que rige el Congreso, que expresa que “En caso de empate o igualdad en la votación de un proyecto, se procederá a una segunda votación en la misma o en sesión posterior, según lo estime la Presidencia”, es decir, obligaría a que la votación deba repetirse. Pero el presidente de la comisión Miguel Pinto, tomo la decisión de dar por negada la proposición basado en el artículo 151 de la Constitución, que dice que “las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara”. Pero esto abre un debate si al negar dicha proposición el presidente de la comisión no incurrió en un vicio de trámite, pues si bien la constitución establece que debe ser aprobada la proposición con la mayoría de los miembros de una cámara, la ley quinta reglamenta esta materia y establece que en este caso debería darse la repetición de la votación, situación que pone en discusión si la norma presenta vicios de procedimiento.

Finalmente, es importante recordar que la Constitución expresa los consensos políticos fundantes del ordenamiento jurídico, elemento que tiene hondas repercusiones en la vida social de millones de personas, razón por la cual el mismo constituyente consagró diversos mecanismos para que dichos consensos no fueran modificados de forma arbitraria, no sólo mediante la exigencia de mayoría absoluta sino también mediante tiempos y procedimientos específicos, procurando que dichas reformas sean producto de debates verdaderamente democráticos y con plena observancia y participación de la ciudadanía, elementos que como ha quedado demostrado no garantiza la virtualidad absoluta. En este sentido, el proyecto no solo presenta riesgos gravísimos que pueden llevar a que se declare su inconstitucionalidad por parte de la Corte, sino que además, de ser aprobado, se limitaría en sobre medida la capacidad del congreso para desempeñar sus funciones de forma segura y legal, por no decirlo menos, se podrían en riesgo también la seguridad jurídica de proyectos que deben ser tramitados por esta corporación y que hoy en el marco de la emergencia que ha generado la pandemia, deben tramitarse de manera ágil y rápida por el Congreso de la República.

Edición 693 – Semana del 1º al 7 de agosto de 2020
   
 
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