Dos años de Duque, constituyente y posconflicto

 

Al presidente Duque le suena la Constituyente acotada para reformar la justicia, respaldando el decir y la agitación de la senadora Valencia que no respetó los controles decretados por la alcaldesa Claudia López en Bogotá. Pero, defensores y detractores piensan que el constituyente primario, el real constituyente no está preparado para tan trascendental exigencia.

 
Miguel Ángel Herrera Zgaib
 
PH.D. Director Grupo Presidencialismo y Participación, y Revista Pensamiento de Ruptura
 
 

“…pasamos de la antigua propuesta turbayista de “reducir la corrupción a sus justas proporciones” a plantear que “la corrupción es inherente a la naturaleza humana”.
Vladdo, Punto y aparte

El pasado viernes se cumplieron dos años de la posesión del actual presidente de Colombia, Iván Duque, quien, al enterarse que su mentor político, y principal promotor para reemplazar a Oscar Iván Zuluaga en la aspiración de ocupar el solio de Bolívar, le fue decretada como cautela judicial, la detención preventiva, no tuvo el mayor empacho en poner en duda pública la decisión de la sala de instrucción penal de la Suprema Corte de Justicia.

Por si le quedaran dudas a cualquier connacional, en un largo reportaje acordado con la W, conducido por Julito Sánchez y su equipo, el presidente Duque reiteró su decir, sin ningún arrepentimiento. Más aún, difundió la especie de otra fake news para favorecer al Innombrable.

Entonces acudió a relacionar, como lo hace cualquier hijo de vecino, lo que fuera la libertad condicional para Santrich, quien estuvo un año recluido preventivamente en la Picota, con la detención a su jefe político, en tiempos de pandemia, no en una de las cárceles hacinadas y pandemizadas de Locombia, sino en su propiedad parcelizada en lo familiar, El Ubérrimo, cuya superficie declarada dicen que son 1.750 Has, en las goteras de Montería.

Duque aprovechó también la entrevista para hacerse eco de la campaña de su conmilitona la senadora Paloma Valencia, de familia de terratenientes, quien el mismo día, en el sector de la carrera 7ª con Calle 72, puso el “grito en el cielo”, cuando presidía la protesta “ciudadana”, contra la medida que cobijó al senador Álvaro Uribe Vélez. La víctima “inocente” de una justicia politizada, con antecedentes de corrupción como lo probaban los casos de Leonidas Bustos y sus entenados.

Al mismo tiempo, haciéndose el desentendido, revisó la conveniencia de hacer una constituyente acotada para reformar la justicia. Para, por fin, romper el cerrojo del Congreso, que según la clique del CD no la permite el cerrero Congreso, que el chalán presidente, discípulo de Fabio Ochoa Vásquez, en esa y otras materias vaqueriles, tampoco logró domar cuando estuvo en libertad en los pasados 20 años.

Régimen Parapresidencial y excepcionalidad

“Como la CSJ sacrificada en el Palacio de Justicia, pese a las amenazas, no tumbó el tratado de extradición, la siguiente –con un conjuez– sí lo hizo, aduciendo que el acto aprobatorio del tratado lo había firmado el ministro delegatario Germán Zea, no el presidente titular; que el vicio era subsanable…”
Alfonso Gómez Méndez, Vicios de Forma.

El 29 de julio, un exprocurador liberal. Alfonso Gómez Méndez, en su consabida columna editorial, escribía sobre el control constitucional de la emergencia; uno de los estados de excepción establecidos en la Constitución de 1991. Un adefesio que poco y nada le gusta a la reacción organizada como Centro Democrático.

El gracioso discípulo chaparraluno de López Michelsen, recordó cómo el tratado de extradición de Turbay Ayala se cayó, porque lo había firmado Germán Zea, hasta quedar sin vigencia, hasta que lo firmó otro presidente, Virgilio Barco, y 6 meses después, la misma CSJ, lo declaró inexequible, y nadie “fastidió” a Benjamín López, quien fuera el secretario jurídico del presidente del estatuto de seguridad.

Pero, el ilustre jurista del Externado nada dice, en cambio, que, en el entretanto, esto es desde el siglo pasado, se sigue extraditando, prolongando la excepcionalidad de hecho, a miles de colombianos, a los Estados Unidos, incluidos varios guerrilleros; y cómo el mismo Jesús Santrich, cuando huyó, iba a ser objeto del mismo procedimiento administrativo encubridor con el racional de combatir bajo el mismo racero, y equiparar a la delincuencia común y política.

Mucho menos hay memoria de los fugitivos valederos del régimen parapresidencial que todavía siguen refugiándose en el exterior, sin haber pagado un solo día de cárcel, y que cuando regresan, la pagan en las instalaciones militares dispuestas para ellos, como en el caso de Andrés Felipe Arias, el mago de AIS, quien espera un favorecimiento de la malahada Corte, ahora que conforme al nuevo procedimiento consagra la doble instancia, que obrará también en el caso que Álvaro Uribe Vélez fuera sentenciado. Lo cual está por verse.

El argumento del jurista Gómez viaja en otra dirección. Advertía por interpuesta persona que el flamante presidente no postulara en su terna para magistrados de la Corte Constitucional a su escudera jurídica, Clara María González, quien viene respaldando el pandemonium de decretos expedidos por el ejecutivo durante la pandemia del virus Corona que ya son cerca de 200.

Al decirlo, él sabía, estaba igualmente prevenido de qué pasaría con el reemplazo del Defensor del Pueblo, Carlos Negret, puesto que después el presidente Duque presentó el pasado jueves la terna, donde la defensa de D.H., como práctica brilla por su ausencia en el C.V. de los tres nominados: Carlos Camargo, Elizabeth Martínez y Myriam Martínez, de los que la Cámara escogerá uno, para que entre en funciones el próximo 1º de septiembre. Todo parece indicar que el escogido será, el compañero de Universidad del presidente.

Con estas situaciones de la última semana, aparece claro, que el régimen parapresidencial es sacudido por la decisión de las medidas cautelares contra el expresidente de la seguridad democrática, cuyo prontuario delictivo hasta la fecha no se ha podido probar; pero quien, por segunda vez, tiene un pare por parte de la rama jurisdiccional del poder público.

La primera vez fue a cargo de la Corte Constitucional que le impidió la segunda reelección. Era la siguiente modificación de la Constitución, que le iría a permitir tener los veinte años in a row, para refundar a Colombia, que tenía dos vías, la legal, y la de hecho, a través del pacto de Ralito, que se fraguó en su gobernación y se oficializó en la presidencia de Andrés Pastrana. Así veía la luz nacionalmente, el régimen para-presidencial, mientras dizque discutían la suerte de la negociación de paz con las Farc – EP en San Vicente del Caguán.

La segunda acaba de ocurrir esta semana, con la orden de detención preventiva, decretada por otra Corte, la Suprema de Justicia, en su sala de instrucción, que cumple Uribe Vélez aquejado por el virus Corona, en el “encierro de oro” de su propiedad. Una sala que entre otras fue creada para ayudar a la causa de revisar el juicio condenatorio de Andrés Felipe Arias.

Este segundo episodio, en el que ha sido protagonista el senador Iván Cepeda, quien había sido atacado por el expresidente Uribe ante la Corte, acusándolo de sobornar testigos entre otros cargos, valiéndose de Diego Cadena, y Samuel Sánchez, en la línea de combate. Porque ellos son quienes hacen los trabajos non sancto para las eminencias grises encargadas de su defensa a lo largo de estos años.

El abogado Miguel Ángel del Río en interlocución con Iván Cancino, perdedor en la causa de defender de la detención preventiva a su apoderado Diego Cadena, en el programa de María Jimena Duzán alertó a la opinión pública de la estratagema que quiere descargar en Cadena la responsabilidad de la ayuda “humanitaria” pactada y no cumplida de $200 millones, con el testigo de cargo, Vélez, quien alcanzó a recibir casi $40 millones por diferentes conductos, con miras a que declarara en contra del senador Cepeda.

El mismo jurista insistió que tal es el proceder del fiscal Daniel Hernández, quien de pasada en la audiencia trató de “limpiar” de toda culpa al senador Uribe Vélez, depositando el Inri de la bondad humanitaria en Cadena, acreditado defensor de procesados por narcotráfico en Colombia y Estados Unidos.

¿De qué Constituyente hablamos?

De vez en cuando, unos y otros hablan de Constituyente luego de 1991, después que para hacer ejercicios constituyentes el procedimiento se llenó de grilletes, para tornar la soberanía del pueblo, conforme al artículo 3, de la C. Nacional, una empresa casi imposible. Entre dimes y diretes, regresándola en lo posible a algo parecido a las cláusulas pétreas, puesto que exige, entre otras cosas, que una tercera parte de los votantes, conforme al censo actual, lo hagan, y que de estos una mayoría lo apruebe.

Unos y otros, liberales, reaccionarios, conservadores, derechistas, y algunos progresistas, han hablado del poder constituyente con cajas destempladas, y pensándolo, las más de las veces como una retaliación de la reacción orquestada y representada por el CD y su coalición, cuando propone que la Corte sea una, y pare de contar.

Constitucionalistas liberales como Rodrigo Uprimny han insistido en que no es el tiempo propicio para una Constituyente, y que el derecho constitucional comparado no valida que tener una o varias cortes, sea la garantía para que el ejercicio de la justicia marche viento en popa.

Al presidente Duque le suena la Constituyente acotada para reformar la justicia, respaldando el decir y la agitación de la senadora Valencia que no respetó los controles decretados por la alcaldesa Claudia López en Bogotá. Pero, defensores y detractores piensan que el constituyente primario, el real constituyente no está preparado para tan trascendental exigencia.

Al hacerlo, queda claro, que la disposición para el ejercicio democrático no es el evangelio hegemónico en la elite dominante, porque hasta los reaccionarios quieren ponerle cortapisas a ese ejercicio, aunque como lo hiciera Uribe, hablen de vez en cuando del estado de opinión, cuando lo favorecía en los tiempos de la ley marcial, conocida como seguridad democrática.

A contravía, lo cierto es que el poder constituyente, la potencia constituyente es indivisible y soberano, en tanto y cuanto no reconoce un superior a él. Lo otro es el embeleco, el adocenamiento liberal de la participación reducida a su mínima expresión.

Dicho lo cual, conviene recordar, cómo el último ejercicio constituyente de Colombia, que es probablemente el único hecho con la potencial participación de toda la ciudadanía, porque ninguno de los hechos en el siglo XIX lo fuera, estuvo limitado, en verdad, porque no exigió el refrendo por parte del constituyente mismo. Terminó la nueva Constitución siendo sometida a la autoridad de una pequeña “constituyente”, la representación congresional y la rama jurisdiccional del poder público. Esto sí sucedió, para contrastarlo, con la llamada dictadura venezolana, donde la Constitución de la República Bolivariana fue refrendada por la mayoría de la ciudadanía que eligió a los delegatarios que la dictaron.

Antesala para una Constituyente y el Posconflicto

Pues, bien. A hoy, no hay duda de que es tiempo propicio para un ejercicio constituyente, que, en primer lugar, establezca una forma inmediata de autogestión de la pandemia, donde haya la representación directa de la ciudadanía de todas las circunscripciones departamentales que ejercite la veeduría del trámite de la pandemia en tiempos de constituyente, acompañando el quehacer del Congreso y del Ejecutivo.

Mientras que se preparan las elecciones de los potenciales delegatarios, los aspirantes, con la correspondiente organización, se prueban en la implementación del temario de las reformas que exige el agenciamiento efectivo de lo pactado en los Acuerdos de Paz, cuyo cumplimiento apenas si llega al 10 por ciento de lo pactado; a la vez que se activa el proceso de elección de los 16 congresistas, que quedó bloqueado acudiendo a argucias ilegales e inconstitucionales.

Igualmente, con presencia activa y directa de la ciudadanía se reanuda el proceso de negociación de la paz con el ELN, el EPL, y los acuerdos respectivos con las Bacrim/Autodefensas, que establezcan las bases para un ejercicio electoral limpio en el nuevo ciclo electoral presidencial.

La Constituyente de la que hablamos no solamente tomará en consideración el asunto de la reforma a la justicia, sino que en su agenda le dará cabida, igualmente, a la Constituyente Social, que le de por fin contenido, a lo dispuesto en el artículo 13, C. Nal., que establece como compromiso fundamental del nuevo estado social el promover que la igualdad sea real y efectiva, con atención especial de las minorías.

Tales son premisas que le dan curso a la tantas veces interrumpida revolución democrática en Colombia, y cuyos animadores principales son, los grupos y clases subalternas, la multitud subalterna, que, para ejercer la democracia verdadera, la única posible, exige y requiere condiciones para su ejercicio.

Esta es su cuota fundamental en el desenlace de la crisis de hegemonía, que por lo pronto se inclina del lado de la reacción que se vale del régimen para-presidencial para extender ad infinitum si pudiera la agonía del régimen parapresidencial con toda la tragedia que entraña, y que la pandemia ha mostrado ante toda la nación, sin excepción.

Edición 694 – Semana del 8 al 14 de agosto de 2020
   
 
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