Masacre de cinco adolescentes afrodescendientes en llano verde: racismo, indolencia y abandono estatal

 

No es posible afirmar ni sugerir qué grupo está detrás de esta masacre, esa es una función de las autoridades judiciales y de policía. No obstante, las condiciones que rodean estos hechos muestran que estos cinco adolescentes fueron víctimas del racismo, el clasismo y la indolencia del Estado hacia la población afrodescendiente, esto es, “los condenados de la tierra”, al decir de Franz Fanon.

 
Juan Carlos Amador
 
Profesor Universidad Distrital Francisco José de Caldas (DIE)
 
  El pasado 11 de agosto, cinco adolescentes afrodescendientes del barrio Llano Verde (suroriente de Cali) fueron torturados y asesinados en un cañaduzal, ubicado en la vía que conduce al antiguo basurero de Navarro. De acuerdo con versiones de las autoridades, las víctimas, con edades entre los 14 y 16 años, eran Juan Manuel Montaño (15 años), Leyder Cárdenas (15 años), Jean Paul Perlaza (16 años), Jair Andrés Cortez (14 años) y Álvaro José Caicedo (14 años). Luego de que los familiares reportaran a la policía la desaparición de los adolescentes, y luego de que algunos uniformados hicieran presencia en el lugar, los cuerpos fueron hallados en una zanja kilómetro adentro del cañaduzal. Según el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, los jóvenes salieron a volar cometa por esta zona y no regresaron a sus casas. Una de las madres fue informada de que unos jóvenes fueron asesinados en esta zona, se desplazó al lugar y aquí encontraron a sus familiares”. Además de convocar a un consejo extraordinario de seguridad, el alcalde, Jorge Iván Ospina, anunció una recompensa de $200 millones para dar con los responsables de los homicidios.

Al otro día, y sin lograr reponerse del dolor de la masacre, la comunidad de Llano Verde vivió de nuevo la violencia y la confusión. En horas de la tarde, una vez las familias, junto con la comunidad, se disponían a despedir a los jóvenes asesinados en la cancha de futbol del barrio, arribaron funcionarios de Medicina Legal quienes exigían llevarse los cuerpos para practicar nuevas pruebas. Ante este hecho repentino, y luego de confrontaciones verbales entre los funcionarios e integrantes de la comunidad, los familiares decidieron llevarse los cuerpos a sus respectivas viviendas para proceder a la velación. Luego de esta confusa situación, horas después, se escuchó una explosión que sorprendió nuevamente a los lugareños de Llano Verde. Se trataba de un atentado con granada, frente al CAI de la Policía del barrio, que dejó 15 personas heridas y una fallecida. Para el alcalde Ospina, quien habló para los medios luego del atentado, estos dos hechos, los cuales parecen estar relacionados, están dirigidos por organizaciones delincuenciales de amplios alcances de tipo militar y logístico.

Ante la situación, y tras un nuevo consejo de seguridad, se anunciaron varias medidas. En primer lugar, un acompañamiento permanente del Ejército y la Policía Nacional en todo el suroriente de la ciudad. En segundo lugar, el apoyo asistencial por parte de las instituciones de la Alcaldía, dirigido a las familias víctimas. Y, en tercer lugar, inversión de mayores recursos humanos, técnicos, logísticos y administrativos para investigar las causas de los asesinatos, así como la posible relación entre los dos hechos. Al cierre de la rueda de prensa, el primer mandatario de la ciudad advirtió que los autores de estos hechos no vencerán a la ciudad de Cali y que su administración no será inferior a los desafíos en la defensa de la vida de los ciudadanos y el respeto a la institucionalidad. A esto añadió el General Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, que 70 uniformados acompañarán a la comunidad, y que ha informado sobre estos hechos al ministro de Defensa y al presidente de la República. Por último, el General Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó que las organizaciones delincuenciales en la región están reaccionando debido a “la mano dura” de las autoridades en la persecución a cabecillas de grupos armados residuales, que, al parecer, están aliados con el narcotráfico, y que el ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Armadas no permitirán que “las capacidades del mal” sigan afectando a los buenos.

De acuerdo con un análisis sobre estos hechos, registrado por El Espectador, existen tres hipótesis que pueden explicar esta masacre. La primera, que los adolescentes eran víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. La segunda, que eran parte de una pandilla del barrio y que resultaron muertos como consecuencia de ajustes de cuentas y acciones ilegales de justicia por propia mano. Y la tercera, que fueron víctimas de un atraco mientras iban a volar cometa. Según este diario, esta última versión es defendida por los familiares. Por su parte, según un experto en seguridad ciudadana, quien no se identificó, consultado por la Revista Semana, estos asesinatos se produjeron debido a hechos de intolerancia, a disputas entre bandas de pandilleros que matan porque cruzan fronteras imaginarias, por sicariato y por robo. A esto añade el reportaje que, en Llano Verde y otros barrios vulnerables, las muertes violentas no son algo que produzca asombro, y que la comunidad ha aprendido a normalizar estos asesinatos.

Al respecto, surgen varias inquietudes relacionadas con los móviles de estos lamentables hechos, las respuestas institucionales y los prejuicios evidenciados en los análisis registrados por algunos medios de comunicación. En primer lugar, resulta inexplicable cómo un grupo delincuencial se ensaña contra la vida de cinco adolescentes que, según los familiares, no pertenecían a ninguna pandilla u organización armada, tal como lo sugieren algunos medios, incluso algunos concejales de Cali. A modo de ejemplo, Jair Andrés Cortez, según su hermana, era un joven casero, que no consumía sustancias psicoactivas, que jugaba futbol y que practicaba danza urbana. Incluso, para algunos era evidente el compromiso de este adolescente con la comunidad, cuya familia pertenece a la Asociación Nacional de Afrocolombianos (Afrodés), una organización que desde hace años ha denunciado la persecución y criminalización de niños y jóvenes en el sector. Específicamente, en 2019, integrantes de esta organización asistieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Estados Unidos, con el fin de denunciar acciones de reclutamiento forzado y “limpieza social”. A partir de esta denuncia, a finales de 2019, Patricia Lombard, embajadora de la Unión Europea, hizo presencia en el barrio y se comprometió con recursos para apoyar a la comunidad.

En relación con las repuestas institucionales, también resultan llamativos los anuncios del alcalde Ospina y los comandantes del Ejército y la Policía Nacional. Por un lado, se entiende que una de las medidas sea introducir más pie de fuerza en la zona, dado que se trata de acciones de bandas armadas organizadas que, al parecer, no solo reclutan jóvenes, sino que controlan parte de la movilidad humana en el suroriente de la ciudad. Sin embargo, una cosa es prestar más seguridad en el territorio y otra asumir que por medio de la presencia de la fuerza militar y policial se da respuesta oportuna a problemáticas estructurales de esta comunidad. Al respecto, según Afrodés, la mayoría de los habitantes de esta zona son desplazados por el conflicto armado, que proceden de varias regiones del Pacífico colombiano. Por otro lado, existe un alto porcentaje de trabajadores informales de bajos ingresos y población desempleada, situación que se agrava ante la falta de servicios públicos básicos y de saneamiento. En consecuencia, los anuncios del alcalde son insuficientes, pues se requiere apoyo psicosocial, alimentario y monetario para las familias víctimas. Asimismo, se requiere una oferta educativa y cultural que permita a estos niños, adolescentes y jóvenes desarrollar sus talentos por medio de acciones sostenibles de tipo recreativo, artístico y comunitario. Por último, es reprochable la actitud indolente del Gobierno Nacional, el cual asume que por medio de militares y policías resuelve su ausencia histórica en el aseguramiento de los derechos de estas comunidades. El presidente Iván Duque no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto, probablemente está concentrado en el libreto que le toca decir en su desgastado programa televisivo.

En lo que concierne al discurso producido por algunos medios frente a estos trágicos hechos, también resultan problemáticos los estigmas y prejuicios empleados en reportajes y notas de prensa. Con frecuencia estos aluden a la lucha entre pandillas, a la invasión de fronteras invisibles y a la limpieza social entre delincuentes. Esta ligereza con la que estos medios se refieren a estos adolescentes no solo mancilla su memoria y estigmatiza a quienes viven en el barrio, sino que produce formas de revictimización en las familias y en el pueblo afrodescendiente. En el fondo, parece que se justificaran estas acciones no solo porque los muertos eran jóvenes, sino también porque eran pobres y negros. Se trata de un mecanismo utilizado por el discurso blanco – mestizo, el cual suele emplear recursos lingüísticos con el fin de exponer ante la opinión pública que este tipo de hechos son producto de una fatalidad o un infortunio, dada la ignorancia y la pobreza de estas poblaciones, y no una expresión de la injusticia social de un país que tiene una deuda histórica innegable con este pueblo.

En esta línea de reflexión, vale la pena analizar el contenido de una nota escrita por el equipo de la línea de Conflicto y Paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), publicada en su portal. Esta plantea que la masacre obedece a factores relacionados con el racismo estructural y la segregación, dado que el barrio Llano Verde es un proyecto de urbanización, surgido en el Gobierno Santos, ubicado intencionalmente en un sector periférico de la ciudad (al lado de un basurero). Esta situación deja a su población apartada de la vida social, política y cultural de Cali, al reducir sus posibilidades de acceso al centro de la ciudad, a los nodos económicos y a las zonas de servicios (salud, educación, recreación, trámites administrativos). Por otro lado, según conceptos técnicos de urbanistas consultados, Llano Verde presenta un déficit de mobiliario urbano, parques, vegetación y arborización en un clima como el de Cali, que es extremadamente caluroso. Vale recordar que las víctimas estaban buscando calmar su sed, por lo que decidieron ingresar a un cañaduzal que era propiedad privada.

Esta situación de racismo estructural, relacionada con unas políticas de lugar (Escobar, 2005), que pretenden dejar ancladas a estas poblaciones en el olvido, el déficit y la marginalidad, se profundiza a partir de una serie de acciones que naturalizan la relación entre pobreza y violencia con la vida de los afrodescendientes. Tanto las repuestas institucionales locales como los discursos explicativos de varios medios y el silencio perverso del Gobierno Nacional evidencian la indolencia y el desprecio por la vida de los niños, adolescentes y jóvenes afrodescendientes en Colombia. Por otro lado, se trata de una problemática que tiene su génesis en la propia fundación del barrio Llano Verde, desde hace tres años, pues familias blanco – mestizas, propietarios de haciendas productoras de caña de azúcar y otros “sectores de bien” de la ciudad de Cali, al parecer, se opusieron a este proyecto de vivienda, e incluso fomentaron consignas relacionadas con la necesidad de hacer “limpieza social” como estrategia de seguridad. Esta idea se complementa recientemente con las narrativas de la institucionalidad y de los medios, las cuales aluden a la indisciplina social de los pobres y los negros en tiempos de pandemia.

No es posible afirmar ni sugerir qué grupo está detrás de esta masacre, esa es una función de las autoridades judiciales y de policía. No obstante, las condiciones que rodean estos hechos muestran que estos cinco adolescentes fueron víctimas del racismo, el clasismo y la indolencia del Estado hacia la población afrodescendiente, esto es, “los condenados de la tierra”, al decir de Franz Fanon. Para el pensador martiniqueño, el mundo colonial en la región no finalizó con las declaraciones de independencia del siglo XIX. Antes bien, el mundo colonial es una forma de ver el mundo que habita los cuerpos y las mentes de personas y grupos que presumen superioridad por ser blancos o mestizos. Esta idea de inferiorizar al otro, entendido como un ser viviente dominado, a partir de estrategias de racialización, justifica la deshumanización por parte de quienes ostentan el poder. Para Fanon, la respuesta de los pueblos oprimidos a estas formas de violencia maniquea descansa en la construcción de un proyecto que restaure la dignidad: “devolver la dignidad a cada ciudadano, poblar los cerebros, llenar los ojos de cosas humanas, desarrollar un panorama humano, habitado por hombres conscientes y soberanos”.

Edición 695 – Semana del 15 al 21 de agosto de 2020
   
 
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