Por la defensa del territorio:
no al progreso y el falso desarrollo

 

Las grandes empresas y el gobierno están aprovechando la pandemia y la emergencia sanitaria para hacer prevalecer sus intereses. Mientras la población está encerrada, ellos adelantan sus proyectos, con la implementación de pilotos de fracking. Los movimientos sociales y de resistencia nos estamos movilizando para no permitir que estos proyectos, que afectan la vida de los ecosistemas y de la población de esta región nororiental, se instalen.

 
Julián Soto
 
Observatorio de Conflictos Ambientales – Corporación COMPROMISO
 
 

El Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso entregó el pasado 13 de agosto en Bucaramanga, el tercer informe 2019 – 2020, en el que presenta los conflictos ambientales de Santander, identificando las causas, los actores, las razones técnicas y consecuencias ambientales, los daños y delitos ambientales que recorren parte de la geografía santandereana, por causa de la imposición de megaproyectos extractivistas petroleros, mineros o de vías de cuarta generación.

El departamento de Santander está pasando por una grave situación en el tema ambiental, un departamento desamparado, sin autoridad ambiental confiable, ni gobernabilidad que defiendan el territorio santandereano y los campesinos que lo habitan. Existe fuerte presión externa del gobierno y de la empresa minera Minesa para meterse al territorio del Páramo de Santurban a explotar oro y otros minerales. Igualmente existe la presión del gobierno central, de la ministra de minas y energía, la presidencia de Ecopetrol por realizar fracking en el territorio santandereano, y todos los graves impactos ambientales que se han presentado tras la construcción de las vías como la Ruta del Cacao y la conectante Floridablanca a Cúcuta.

Hoy las grandes empresas y el gobierno están aprovechando la pandemia y la emergencia sanitaria para hacer prevalecer sus intereses. Mientras la población está encerrada, ellos adelantan sus proyectos, con la implementación de los pilotos del fracking, la elaboración de la licencia ambiental para Minesa, la construcción del basurero en Chocoa entre otros. También los movimientos sociales y de resistencia nos estamos movilizando para no permitir que estos proyectos que afectan la vida de los ecosistemas y de la población de esta región nororiental se instalen.

Conflictos por el agua: La crisis de abastecimiento de agua en 50 municipios del departamento de Santander; la intención de explotar oro en el Páramo de Santurbán; la pretensión del gobierno nacional de hacer pruebas pilotos de fracking en el territorio santandereano; la arrasadora proyección de concesiones mineras y bloques petroleros para la Provincia Guanentina; la consecuencia de la contaminación de cadmio en el cacao.

Conflictos ambientales: las afectaciones de la Ruta del Cacao; la problemática ambiental y las graves consecuencias que siguen padeciendo los campesinos y pescadores afectados por la construcción de la hidroeléctrica del Río Sogamoso; la grave propuesta del gobierno de reiniciar la fumigación de cultivos ilícitos con el uso del glifosato; y las amenazas y asesinato de los líderes sociales y ambientales que defienden el territorio.

Propuestas y protagonistas: los custodios que trabajan en la recuperación y conservación de las semillas criollas; los “ecomercados” y los mercados campesinos; el Big Day en Santander (investigación y avistamiento de aves en las entrañas de Colombia, en el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies, experiencias de resistencia y defensa del territorio, de ordenamiento del territorio, de transición agroecológica y energética; y expresiones de trabajo y resistencias de las organizaciones ambientales, sociales y comunitarias.

Solicitudes de títulos mineros y bloques petroleros de la provincia de Guanentá

El departamento de Santander tiene un área de 3’055.841 de hectáreas (ha), en donde se ubican 703 títulos mineros que ocupan 307.850,06 ha (10.07 % del territorio del departamento), a fecha julio 13 de 2015, hay 398 solicitudes de títulos mineros que ocupan un área de 412.143,72 ha (13.71 % del territorio del departamento); de estas solicitudes, 17 se ubican con la modalidad de autorización temporal y 381 con la modalidad de contrato de concesión, donde la solicitud más antigua es de agosto de 2013. A 2019 la Agencia Nacional de Minería volvió a abrir su ventanilla para brindar nuevas solicitudes mineras, lo que representa que este panorama minero se va a profundizar en el departamento.

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La provincia de Guanentá, Santander, refleja que a futuro la expansión petrolera llegará a esta región. Nadie se podía imaginar que en estas tierras –dedicadas a la producción agropecuaria, al turismo y otras actividades de servicios– las cosas, si las comunidades y los santandereanos lo permiten, podrán cambiar muy pronto. Frente a esto, el gobierno nacional por medio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, pretende desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales y no convencionales. De hecho, ya comenzaron los acercamientos, como sucedió con el municipio de Onzaga, o exploraciones en otros territorios según manifestaciones de las comunidades. Debido a la falta de acceso a información sobre estas actividades exploratorias, las comunidades no suelen identificar si las personas externas que comienzan a hacer presencia en el territorio están realizando este tipo de actividades exploratorias que impactan sus recursos naturales desde esta etapa inicial.

Estas actividades petroleras cambiarán la dinámica cultural, social y económica del territorio e impactarán negativamente el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad. Cabe mencionar que las actividades económicas anteriormente señaladas entrarán en una competencia directa por el agua, además se impactará negativamente el turismo, el paisaje y la biodiversidad, actividades económicas que representan el sustento de varias poblaciones de estos sectores.

En los datos de la ANH, se puede observar que el 38% de la provincia Guanentá será impactada directamente con estas actividades de hidrocarburos y las demás zonas aledañas, asimismo quedarán municipios completamente ocupados por esta actividad invasiva como lo es el fracking en San Gil, Barichara, Pinchote, Villanueva, Cabrera, Ocamonte, Páramo y Valle de San José, lo que representa un cambio en sus economías, la pérdida de tierras para la sostenibilidad ambiental, compra de terrenos a precios muy por debajo de su valor comercial ya que, al ser actividad extractiva de interés general y nacional, los predios se adquieren desde el valor catastral, desconociendo el valor de los cultivos y las mejoras en vivienda.

La legislación colombiana establece, mediante la Ley 1274 de 2009, que la industria petrolera es una actividad de interés público y que, por tal motivo, el interés particular del titular de cualquier derecho real sobre un inmueble debe ceder, en virtud del principio de función social de la propiedad, al interés general para el desarrollo de la mencionada actividad (Sentencia C-641/10).

Por último, se extiende una invitación a los santandereanos a consultar sobre los avances de la industria extractiva en las zonas de producción agropecuaria, ecosistemas estratégicos y zonas de riqueza hídrica. Como sociedad, como población y como habitantes de este planeta, es nuestro deber detener el avance arrasador de la mega minería contaminante y la explotación de yacimientos no convencionales por medio del fracking.

Porque nuestros recursos naturales, nuestra agua y nuestros ecosistemas son infinitamente más valiosos que las migajas que nos deja la industria extractiva a nombre del progreso y el falso desarrollo.

Edición 695 – Semana del 15 al 21 de agosto de 2020
   
 
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