La jugadita de Uribe

 

Es posible que en 24 o 48 horas el país conozca si el proceso sigue en manos de la Honorable Corte Suprema de Justicia o si pasa a la justicia ordinaria que, en cabeza de un Fiscal General amigo del presidente y cercano a Uribe, es garantía de preclusión de la investigación. Veremos entonces en qué queda esta jugadita de Uribe.

 
Germán Ayala Osorio
 
Comunicador social – periodista y politólogo
 
 

Con la renuncia a su condición de Senador, los abogados de Álvaro Uribe y el propio expresidente buscan zafarse de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y por esa vía, hacer que su caso pase a la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalía General.

Antes de ir a examinar los hechos y las circunstancias sobre y con las cuales la misma Corte Suprema deberá definir si mantiene o no la competencia para seguir investigando a Uribe, hay que señalar que la dimisión del político antioqueño y su condición de reo, ponen a prueba los liderazgos al interior de una colectividad que ha funcionado más como una secta, que como un verdadero Partido Político. El carácter megalómano y autoritario de Uribe es quizás el factor que ha frenado que dentro de la misma bancada uribista en el Congreso sobresalgan otras formas de entender y asumir la política, esto es, más allá de la idolatría que todos profesan hacia este “Mesías”. Así entonces, no se puede esperar que del Centro Democrático emerjan lideresas y líderes distintos, por cuanto han invertido años en adorar a su dios, en lugar de prepararse para asumir la dirección de una fuerza política que hoy tiene, nada menos que en sus manos, el manejo del Estado.

Vamos entonces a los hechos y a las circunstancias. Lo primero que hay que decir es que existe jurisprudencia de la misma Corte Suprema para enfrentar este tipo de argucias. En el contexto de la parapolítica, varios de los congresistas investigados por los entonces magistrados que hacían parte del alto tribunal, renunciaron a su curul, buscando lo mismo que hoy buscan Uribe y sus abogados: liberarse de su juez natural, pensando en buscar y alcanzar beneficios jurídicos en la justicia ordinaria. En esa ocasión, la Corte Suprema continuó procesando y profiriendo condena contra varios congresistas cercanos a Uribe, que aceptaron tener vínculos con grupos paramilitares.

Lo segundo, y ya sobre el caso en particular, la Corte deberá explicar por qué debe mantener la competencia. El primer elemento señala que los delitos por los cuales es investigado y procesado el caballista y exgobernador de Antioquia deben estar anclados a su función de congresista. Y en este punto, hay disímiles lecturas de penalistas. Por supuesto que dentro de la función de este tipo de aforados no está manipular testigos y apelar a prácticas que lo hagan incurrir en fraude procesal. Y aquí vale la pena hacer varias  disquisiciones eminentemente políticas y no jurídicas: estamos ante un operador político y legislativo que traspasó no solo los límites éticos y morales que rodean a la condición de congresista, sino que actuó como congresista, para intentar con evidente celeridad, a juzgar por lo que se conoció del documento que dio vida a la decisión de la Sala de Instrucción, presionar a testigos claves en procesos que reposan en la misma Corte Suprema, relacionados con el paramilitarismo y la comisión de masacres, entre otros delitos.

Hay otro elemento político que me parece clave e incluso de superior jerarquía a todos los que en esta columna se hace referencia: su condición de expresidente y de exjefe de Estado no solo está por encima de su rol como congresista, sino que le exige los más altos estándares de eticidad en su vida pública y privada. Resulta inaceptable para una sociedad moralmente confundida como la colombiana, que un expresidente participe y haga parte de prácticas mafiosas, dolosas y ruines que lo llevaron a que la Sala de Instrucción lo procese hoy por los delitos de fraude procesal y compra y manipulación de testigos y haya considerado su detención domiciliaria, porque concentra poder político y económico para entorpecer la investigación penal que se le adelanta. Resulta repulsivo ver imágenes y escuchar al expresidente rodeado de bandidos, hablando con bandidos e incluso, usando su propio lenguaje.

Ahora bien, hay elementos y factores que, fondeados de manera directa a sus funciones legislativas y de control político, harían posible y viable que la Corte Suprema de Justicia decida mantener la competencia para continuar con el proceso legal. Estos elementos o factores son: el primero, su decisión de demandar al senador Cepeda por supuestamente manipular testigos para que declararan en su contra, se dio en el marco de un debate político, escenario que está directamente relacionado con su función de senador de la República. El segundo, el uso de recursos de su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) para hacer sus “vueltas” con el abogado Cadena. La Corte deberá explicar en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar se dieron esos usos indebidos de su UTL, para enlodar a su contradictor, el senador Iván Cepeda. Estos dos elementos hacen parte sustantiva del cargo y deberían de ser suficientes para que el alto tribunal decida mantener la competencia para seguir adelante con la investigación y en poco tiempo, adoptar la decisión de si llama o no a juicio al ganadero y latifundista.

Hay otro factor que emerge y que podría tener en cuenta la Corte Suprema de Justicia para insistir en la potestad de continuar al frente del caso Uribe. Y este tiene que ver con la posibilidad de que, una vez llamado a juicio por los delitos de fraude procesal y compra de testigos, y declarado culpable, esa circunstancia permita mover y sacudir los folios de cerca de 30 demandas o casos que reposan en ese mismo tribunal, en los que Uribe es sujeto procesal, demandado, investigado o iniciado, por paramilitarismo, la comisión de masacres y homicidio. Es decir, que una vez debilitado política y judicialmente vencido, los magistrados que están por encima de los que hacen parte de la Sala de Instrucción, se llenen de valor para dar trámite y acelerar esos procesos que hoy duermen el sueño de los justos.

Es posible que en 24 o 48 horas el país conozca si el proceso sigue en manos de la Honorable Corte Suprema de Justicia o si pasa a la justicia ordinaria que, en cabeza de un Fiscal General amigo del presidente y cercano a Uribe, es garantía de preclusión de la investigación. Veremos entonces en qué queda esta jugadita de Uribe.

Edición 696 – Semana del 22 al 28 de agosto de 2020
   
 
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