EPM, partidismo y gobierno corporativo

 

El partidismo que ha secuestrado la discusión actúa en contra de la calidad del debate y convierte a la ciudadanía en mera portadora de consignas. Estar en un bando impide pensar como sociedad qué significa e implica preservar “las buenas prácticas de gobierno corporativo” y por lo tanto nos impide adquirir consciencia de las ventajas, pero también de los costos que tiene este modelo de gestión empresarial.

 
Juan Carlos Arenas Gómez
 
IEP – Universidad de Antioquia
 
 

“En el ayer que me tocó, la gente era ingenua; creía que una mercadería
era buena porque así lo afirmaba y lo repetía su propio fabricante”.

Jorge Luis Borges

El debate sobre las Empresas Públicas de Medellín es complejo y de una relevancia capital para el funcionamiento de la ciudad. El meollo de la discusión está en la idea que se tiene de lo público en una democracia respetuosa de las instituciones y en la manera como esa democracia admite la gestión y la tensión de intereses que pueden entrar en conflicto. Entender este asunto es urgente pero difícil en medio de la algarabía de bandos que están interesados en que el debate sea confuso porque la situación les facilita sacar partido en medio de la turbulencia.

La escucha paciente de lo que se ha dicho desde una y otra orilla permite identificar tanto el sesgo como la intensión de sacar ventaja por parte de los principales emprendedores políticos de la ciudad. De una parte, imprudencia, precipitación y un especial gusto por Twitter o por la red como la instancia prioritaria de comunicación directa con la muchedumbre y unas consejerías tan invisibles como indescifrables. Esto ha implicado para el gobierno local más de un tropiezo en decisiones relevantes para el desempeño de la administración local.

De otra parte, la diversidad de voces con intenciones igualmente inconfesadas. Un exalcalde, por ejemplo, lanza argumentos enredados y tendenciosos que se ocupan de construir un “enemigo de papel” fácilmente derrotable, cosa que el actual gobernante facilita enormemente. Muchas de estas voces, participan de una confusión que simplifica burdamente la discusión y, de paso, permiten que muchos de los involucrados eludan responsabilidades frente al patrimonio público mientras intentan engordar su capital político.

El partidismo que ha secuestrado la discusión actúa en contra de la calidad del debate y convierte a la ciudadanía en mera portadora de consignas. Estar en un bando impide pensar como sociedad qué significa e implica preservar “las buenas prácticas de gobierno corporativo” y por lo tanto nos impide adquirir consciencia de las ventajas, pero también de los costos que tiene este modelo de gestión empresarial.

En medio del partidismo también se hace más difícil una reflexión genuina sobre la incidencia en lo público de ciertos poderes, cuya legitimidad radica en el prestigio personal, el abolengo o el éxito empresarial; una legitimidad que evidentemente dista mucho de aquella que confiere el voto ciudadano en las urnas. Durante mucho tiempo hemos percibido como natural la incidencia de personalidades del sector privado en los destinos del erario, en la producción de bienes colectivos y en las decisiones de gobierno. Pero no hay razones para suponer que las prácticas empresariales no deban someterse, al menos periódicamente, al escrutinio público. Excluirlas de este escrutinio es abonar el terreno para que los intereses particulares primen y desplacen el imperativo que compromete al gobierno democrático con la creación y preservación de bienes públicos.

La claridad del debate sobre aquello que debemos proteger como sociedad mejora siempre y cuando a la buena fe se le agregue información de calidad. Valdría la pena, por ejemplo, que en este momento fuera conocido el recorrido de los integrantes de las juntas de estas entidades, las redes de negocios de las cuales participan y los nodos en los cuales tienen un papel protagónico, así como el ámbito en el cual han construido su experiencia y su reputación y sus eventuales conflictos de intereses. Oportunamente podríamos activar así algunas alertas cuando se encuentre en duda la finalidad pública o se sospeche de una búsqueda genuina de bienes democráticamente defendibles. Esto ayudaría a que la seriedad de la junta no se reduzca a un mero acto de fe y que, eventualmente, se puedan efectuar acciones de veeduría por parte de sectores más amplios de la sociedad, portadores no solo de los legítimos intereses que los empresarios representan, sino que también se puedan oír las voces de otros sectores con anclajes más allá del mundo de la iniciativa privada o en otro tipo de intereses organizados de la sociedad que también aspiran a ser oídos y a incidir directamente en la ordenación de la gestión y en la distribución de las pérdidas y de las ganancias de la actividad empresarial o comercial del Estado.

Que la ciudadanía pueda hacer veeduría no debe reducirse a una participación ocasional cuando el partidismo y las tensiones de intereses ponen en riesgo el acumulado histórico de Empresas Públicas de Medellín. Debería ser parte sustancial de código de buen gobierno corporativo que hoy se reclama y defiende. En esta perspectiva, no parece razonable que toda la sociedad tenga que verse subsumida en la presión que ejercen los intereses más poderosos de la sociedad, por más altruistas que puedan ser sus representantes. Según como afrontemos este debate estaremos ante la defensa de modelos burocráticos responsables o simplemente ante la defensa de un patrimonialismo funcional pero criticable.

Edición 696 – Semana del 22 al 28 de agosto de 2020
   
 
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