Perspectivas para un mundo insomne

 

Es imposible alcanzar el desarrollo armónico del país y la paz, sin un compromiso serio del Estado y de sus asociados, para propiciar la redistribución de la riqueza, si no se proyecta la búsqueda del bienestar social para las mayorías, más allá de la simple satisfacción de las necesidades básicas, porque el conocimiento y la cultura deben constituirse en el elemento clave para la formación integral de los seres humanos.

 
Julio César Carrión Castro
 
Universidad del Tolima
 
 

Epílogo del libro “Itinerario de nuestra escuela”

El siglo XX, ha sido testigo del encumbramiento y simultánea decadencia de la Era del capitalismo a nivel mundial.

Enmarcados en las teorías del progreso y al compás del desarrollo del mercado, la expansión de las empresas privadas y el establecimiento de la ciencia y la tecnología como nuevos ídolos de la humanidad, se han ido estructurado también, unos precarios comportamientos y actitudes que descansan en la competitividad, el consumismo y la ideología del éxito, conformando un mundo deshumanizado, plagado de pseudo-concreciones y ajeno a los sentimientos de solidaridad y de comunidad que caracterizaran antaño a las colectividades humanas y que, penosamente, son legitimados por las concepciones políticas y pedagógicas hoy en boga.

Ese masivo avance del capitalismo, con el despliegue de múltiples formas de ciencia positiva, de tecnología y en general, de las más sofisticadas expresiones de la racionalidad instrumental, ha logrado ahogar los intereses emancipatorios y la dimensión estética del hombre, no sólo mediante la exacerbación de los militarismos y los más torpes chovinismos y nacionalismos, sino, por la manipulación creciente de las conciencias y las mentalidades colectivas, hoy sometidas a la uniformidad, a la unificación y a unos estados de ánimo gregarios, favorables tan sólo a los procesos consumistas y mercantilistas y a la formación de esos hombres-masa que convienen a los regímenes autoritarios, totalitarios y fascistas, de tanta presencia durante el siglo XX.

Como lo previeran muchos teóricos e intelectuales comprometidos con el futuro de la especie humana, no sólo no hemos avanzado hacia el reino de la libertad, sino que hemos recaído en nuevas formas de barbarie.

Esta paradoja que implica el incesante desarrollo propuesto por los sistemas económicos y políticos, tanto del capitalismo tardío como del llamado socialismo real, conjuntamente con su incapacidad para hacer retroceder los viejos temores que atenazan a la humanidad, nos convoca a entender que más allá de la embriaguez causada por el consumismo, la tiranía del tiempo, la búsqueda de placeres sin esfuerzo, la monotonía existencial, el aburrimiento cultural y el desencanto espiritual y moral, se encuentra la validez de las utopías realizables, principalmente si la educación se enrumba hacia la construcción de hombres integrales.

En lugar de superar el temor que nos agobia desde la prehistoria, la diosa razón, bajo el estilo instrumental-capitalista, ha logrado ampliar la urdimbre de nuestros seculares miedos, engendrando nuevos pavores que, como lo señalara Stefan Zweig desde 1914, en los inicios de la primera guerra mundial, nos exigen estar despiertos, desvelarnos, vivir un mundo insomne, en prevención del horror institucionalizado, nadie –decía Zweig– tiene derecho a dormir tranquilo, en medio de la exaltación tremenda... nadie permanece frío cuando el mundo está en calentura1.

Y es que las opciones reales de exterminio colectivo no han cesado con la desaparición del campo socialista y la instauración de la unipolaridad capitalista. Las sociedades finiseculares ya ven como posible la realización de las anti-utopías con que nos advirtieron pensadores como Wells, Orwell o Huxley. La amenaza del holocausto nuclear no se ha desvanecido, la depredación ecológica y ambiental es cada vez más grande, la xenofobia creciente, mientras más se enriquecen los países post-industrializados la miseria y las hambrunas golpean al tercer mundo y a Colombia, y así muchos otros miedos como la soledad y la angustia permanentes, acechan a los hombres y mujeres en el incierto siglo XXI.

Sin embargo hoy, en los umbrales del tercer milenio, cuando sobre el planeta entero se despliega la amenaza cierta de una tramposa globalización de la economía y la mundialización de una cultura, cuando se impone una visión unipolar del mundo, que se nos presenta como única opción para el futuro, como el resultado de una pretendida superación final de las confrontaciones ideológicas y como una aparente realización del fin de la historia, cuando para muchos pareciera inevitable la desaparición de las fronteras nacionales e indiscutible el triunfo de la economía de mercado, cuando un espantoso Apocalipsis pareciera imponerse sobre todo lo humano y lo sensible, vemos que, por el contrario, a despecho de los profetas del neoliberalismo, a nivel mundial son cada vez más fuertes las identidades colectivas, la insubordinación de los imaginarios, de las mentalidades y culturas populares, y los sentimientos de soberanía y arraigo nacional persisten, a pesar de la transnacionalización de los conocimientos y de la imposición, sobre los pueblos vencidos y subdesarrollados, de extrañas teorías socioeducativas, diseñadas desde la ya estrecha racionalidad de un capitalismo tardío, a pesar de todo el peso propagandístico de la unidimensionalidad y del totalitarismo tecnocrático, ha sido imposible el desmonte de la plural utopía humanística de la educación, como proyecto de liberación.

La política neoliberal, que como la espada de Damocles, pende sobre las economías y culturas del Tercer mundo, estableciendo ajustes estructurales y adecuaciones tendientes a estimular el desarrollo de una propiedad privada sin compromisos sociales y una inversión extranjera que exige la puesta en marcha de redes de servicio eficientes para sus exclusivas necesidades, como chantaje por el flujo de sus capitales, pero que sin embargo, paradójicamente, impone drásticos controles sobre la distribución de bienes y servicios a los pobladores de los países dependientes, así como el desmantelamiento general de las funciones públicas de los estados, que les obliga incluso a recurrir al autoritarismo y a la represión, a favor de unas reformas económicas inhumanas, toda esta política, que hace ya algún tiempo se viene aplicando en nuestros países, ha entrado en crisis, demostrándose el fracaso que para estas sociedades tienen todos aquellos proyectos que intentan desmontar los compromisos sociales del estado y su obligación histórica con el pluralismo, la justicia y la equidad.

Por supuesto es también claro para todos que, dadas las fallas estructurales, el desorden administrativo y la carencia de participación mostrada por los sistemas políticos y estatales de América Latina, incluso aquellos que insisten en denominarse “democráticos”, se hace indispensable reglamentar, no sólo las funciones organizadoras y reguladoras de los estados, sino la propia interacción que se da entre los sectores gubernamentales, empresariales y laborales o la relación existente entre la administración política de estas naciones y una precaria sociedad civil que, desorganizada, no conoce a plenitud sus derechos, posibilidades y responsabilidades, respecto a la construcción del orden social anhelado y a la estructuración de las propias identidades políticas y culturales.

Pero a pesar de todas estas carencias y en medio de las dificultades y las vicisitudes, es evidente que en los países latinoamericanos y particularmente en Colombia, el Estado ha sido históricamente el principal promotor del desarrollo social económico; también es cierto que muchos vicios impuestos por las rancias oligarquías que han ejercido la hegemonía política y cultural desde el período de la independencia, se han ido incorporando en su estructura, negando su eficiencia e instaurando la incompetencia, el burocratismo y la corrupción, en el lugar que debieran ocupar el servicio y la participación.

De allí que, paralelo a la exigencia de impulsar un crecimiento económico que lleve al mejoramiento de los procesos productivos y a la inserción competitiva de nuestro país en el mercado mundial, surja también la ineludible necesidad de propiciar procesos pedagógicos conducentes a la refundación de la política, al establecimiento de una ética de lo público y a garantizar la más amplia participación ciudadana en la administración y gestión del Estado.

Acorde con este imperativo categórico, debemos entender como una burla histórica lo que con tanto ahínco se afirma: que la educación se ha convertido, en el mundo contemporáneo, en la más clara posibilidad de desarrollo económico, social y cultural para nuestros pueblos, superando esos vagos condicionamientos que antes se percibían fundamentales, como las riquezas naturales, las propias condiciones económicas y demás ventajas históricas, geográficas o situacionales.

El debate acerca de la educación es, pues, urgente y perentorio, y debe comprometer, dentro del respeto por la pluralidad, a todos los sectores, ya que como lo ha expresado Juan Carlos Tedesco, director del Instituto Internacional de Planeamiento de la educación y consultor de la UNESCO: Hay que romper tanto con los esquemas tradicionales, según los cuales, la educación es un problema sólo del gobierno, como con los esquemas supuestamente modernos, según los cuales la educación es un asunto privado que debe ser regulado de conformidad con las leyes del mercado. La educación para retomar la fórmula consagrada por la Conferencia de educación para todos, que se realizara en Jomtiem en 1990, es responsabilidad de todos y en consecuencia debe ser un objeto privilegiado de los procesos de concertación y de negociación democrática”2.

Así que (sin considerar que se trate de una panacea) es imprescindible reconocer, en todo caso, el carácter estratégico de la educación pública, superando en esta compresión, no sólo los desuetos paradigmas que la vinculaban a viejas mentalidades, a confesionalismos o a determinadas militancias y opciones políticas, sino las mismas nociones funcionalistas que atrapaban la escuela en la definición de simple aparato ideológico al servicio de los intereses de dominio.

Se trata de romper también con las recientes hipótesis y teorías que, desde un optimismo fácil, se proponen hacernos creer en las bondades de una pretendida Sociedad del conocimiento, de carácter internacional, que estaría más allá de los intereses de dominación de las grandes potencias.

Si bien es cierto han sido criterios de hegemonía cultural los que por mucho tiempo han definido los quehaceres pedagógicos y educativos, también lo es el hecho de que, en un país multiétnico y pluricultural, como el nuestro, es la diversidad y la pluralidad lo que más fuerza y sentido dan al horizonte educativo.

En toda formación económico-social existen múltiples tensiones e interacciones, que se entrecruzan y articulan dentro de un entramado ideológico, político y social, que define el universo de sus actividades prácticas y de sus proyecciones y estrategias culturales. Tensiones como las que se presentan entre las diversas clases y sectores sociales, entre lo público y lo privado, entre lo nacional, lo regional y lo local, entre el capital y el trabajo, lo urbano y lo rural, entre los distintos intereses étnicos, políticos y religiosos, y en general entre las diversas mentalidades que circulan en la estructura social y que están condicionadas por el miedo y la esperanza.

De ahí nace la importancia de impulsar una educación pública que se sustente en el debate, resulta crucial, por ello, –ha dicho Juan Carlos Tedesco– reflexionar desde la duda, desde los interrogantes y no, como estamos acostumbrados desde la pretensión de brindar una respuesta única y categórica a los problemas que enfrentan nuestras sociedades. No aceptar la duda, no aceptar que puede existir más de una solución al mismo problema, está provocando la expansión de fundamentalismos de diversos tipos, que dan lugar tanto a visiones que nos aseguran un destino maravilloso, como a visiones que nos preanuncian catástrofes apocalípticas. Aceptar la duda, la incertidumbre y la necesidad de diversificar las soluciones, es un principio necesario no sólo a nivel individual sino institucional3.

Estas diversas tensiones, relaciones e interacciones, convocan permanentemente al encuentro entre los organismos políticos y gubernamentales encargados del fomento y desarrollo del servicio educativo, con la comunidad educativa y en general con el conjunto de la llamada sociedad civil. Estas relaciones expresan, siempre, además, el debate, las esperanzas y las incertidumbres existentes entre las diversas clases, sectores, gremios y organizaciones de la sociedad, la confrontación de sus mentalidades, de sus ideales políticos y aspiraciones, máxime si se comprende, como esperanzadamente se ha dicho, que la educación es la posibilidad más cierta de desarrollo humano para el conjunto de la sociedad.

Ya es hora de superar las viejas concepciones sobre la educación y la escuela que la veían sólo como formadora de buenos cristianos, reproductora de procesos productivos, como eficaz calificadora de mano de obra o como perpetuadora de un sistema estatuido de discriminación y selectividad social, muchas veces establecido por mandatos internacionales. Los nuevos procesos educativos exigen no sólo mejorar nuestras capacidades tecnológicas y educativas, haciéndonos, como desean muchos, competitivos dentro de una economía globalizada, facilitándonos el acceso a los esquivos bienes y servicios que enmarcan nuestra condición de pueblos subdesarrollados, sino que se establezcan también las posibilidades de nuestro crecimiento espiritual, mediante el reconocimiento de la multidimensionalidad humanista, cognitiva, sensitiva, ética, lúdica y estética de los seres humanos.

Este es quizá el principal reto que se abre en el actual debate sobre la educación y la cultura en Colombia; debemos alcanzar el crecimiento económico y la modernidad, sin renunciar, como en el pacto mefistofélico, a las posibilidades del espíritu. Superar el círculo infernal de la producción y el consumismo, abriéndonos a las enormes posibilidades de esa formación integral que nos permita consolidar una noción más clara de la “democracia”, fortalecer los sentimientos de comunidad, impulsar un desarrollo sostenible sin detrimento del ambiente, reconocer y respetar la diversidad étnica, cultural y regional y, por supuesto, alcanzar la equidad, la justicia social y el bienestar entre seres humanos formados como ciudadanos, comprometidos en la construcción del nuevo ordenamiento social y cultural que reclama nuestra nación.

Es válido advertir que si bien es cierto la educación no es un recurso resolutorio de los múltiples problemas de injusticia e inequidad social y cultural que se padecen, también es cierto que el proyecto educativo de un país, no se puede desligar del propio proyecto de nación que se pretende construir y que, si bien la educación por sí misma no produce el cambio, ningún cambio social es posible sin la educación.

La compleja situación de violencia que atraviesa Colombia exige una seria agenda de negociaciones, no sólo con las fuerzas insurgentes, sino con el conjunto de la sociedad. es imprescindible establecer un nuevo pacto social que, enfatizando en la unidad nacional, reconozca y respete la diversidad cultural y regional, promueva la superación de la injusticia y de las inequidades sociales heredadas desde los orígenes mismos de nuestra nacionalidad, genere compromisos para reformar el actual modelo económico y las estructuras políticas y sociales, confronte los altísimos índices de impunidad que nos desprestigian ante el mundo y la vergonzosa utilización de los bienes públicos para beneficio privado como práctica inveterada establecida por las burocracias estatales, que acuerde enfrentar la hidra del militarismo y el paramilitarismo que, instalados en la estructura misma del Estado, atentan en general contra toda la organización de la sociedad. En fin, los esfuerzos por aclimatar la paz en nuestro territorio reclaman no sólo la más auténtica participación y movilización ciudadanas, sino abrir espacios para la imaginación y la esperanza. Es allí en donde tiene competencia y compromiso una nueva educación pública para la Colombia del siglo XXI.

La educación en Colombia, con la efectiva participación de todos los grupos y estamentos de la sociedad, debe tratar de armonizar la democracia política con la equidad social y el crecimiento económico, en busca de la cohesión social que ha sido tan precaria en nuestra patria. empresarios y trabajadores, credos religiosos y partidos políticos, Estado y sociedad civil, sin menoscabo de sus particulares intereses, tienen en la perspectiva de elaborar una nueva legislación educativa sustentada particularmente en las intencionalidades, proyectos, objetivos, metas y estrategias establecidos por la Constitución Política de 1991, por la Ley general de educación y por los lineamientos y propósitos del Plan decenal de desarrollo educativo y otras normas, un nuevo proyecto político-pedagógico, un claro horizonte de posibilidades y una estrategia de largo aliento, en donde se pudieran reflejar sus compromisos con el bienestar de las personas y el futuro del país, mediante el cual fuese posible la realización de la utopía, y en fin, como lo planteara en su momento el exministro Jaime Niño Díez: “Razón, libertad e igualdad han de conducir a una ética que transforme nuestra manera de ser y de relacionarnos y que promueva la solución racional de los conflictos. Una ética de respeto a la vida y a la integridad física y moral; de respeto a los derechos humanos; de exaltación de la autoestima personal, familiar y comunitaria; de valoración del trabajo del hombre y de su permanente dignificación; de rechazo a toda forma de violencia física, de coacción moral, de dominación cultural, de discriminación social, de explotación económica y de miseria. En fin un código de ética de los colombianos que penetre todo el tejido social, que oriente todas sus acciones y posibilite la reconversión de nuestra vida social hacia un nuevo y creador momento de nuestra historia”4.

En todo caso la educación ha de ser entendida como un derecho y una actividad social que convoca, en su debate, a todo el país nacional, sin distinciones y sin exclusiones, asunto este tan válido, como las propias negociaciones entre el gobierno, la hoy ambigua sociedad civil y la insurgencia armada para la superación del ya viejo conflicto armado que tan alto costo social ha tenido en Colombia.

El impulso del desarrollo y la adecuación del Estado y sus instituciones a la conformación democrática de la sociedad, exigen este referendo permanente en materia educativa y, por supuesto, el impulso de las ciencias y las tecnologías, buscando en serio la construcción de saberes propios, sin caer en los enmascaramientos o simulaciones que han signado el quehacer político y cultural de nuestra nación, o en las simples adscripciones a los intereses y estrategias de las transnacionales del conocimiento que pretenden imponernos como insoslayable el paradigma de desarrollo y modernidad que ellos mismos han extendido a todo el orbe, con el uniformismo y la monotonía cultural y bajo el chantaje del holocausto nuclear, que ha trocado los sueños en pesadillas invivibles.

El siglo XXI nos convoca a escudriñar perspectivas que nos permitan develar las tinieblas del futuro y a reencontrar el espíritu del hombre, perdido en la devastación cultural de este mundo insomne.

Innovar en pedagogía ha de significar, entonces, superar el dependentismo, los adoctrinamientos políticos y religiosos, la mera transmisión de saberes acumulados y las concepciones utilitaristas y pragmáticas de la educación, logrando acuerdos creativos entre las diversas expresiones de la sociedad; se trata de buscar un encuentro de utopías, mediando esta interacción con los valores del respeto por las diferencias, pero también con los de la equidad y la justicia social.

Compete al Estado propiciar el desarrollo a escala humana. Pensar no sólo en el desarrollo económico y tecnológico, sino trabajar por la construcción de una mayor democratización de la sociedad, abrirse a la participación comunitaria, ocuparse del mejoramiento de las condiciones y de la calidad de vida y revertir su rol paternalista por acciones que faciliten la fusión y revisión crítica de los procesos internacionales, con los particulares quehaceres y comportamientos regionales y locales, congruentes, en todo caso, con los más altos intereses de los individuos. Las responsabilidades del Estado en materia educativa no pueden reducirse, como lo propone el neoliberalismo, a simples políticas compensatorias que pretenden subsidiar o subvencionar a los “más necesitados”, con cupos y becas que les permitan el ingreso a instituciones educativas de carácter privado y marcadas por la competencia del mercado; por el contrario, desde el Estado se deben proyectar acciones para la expansión y el fortalecimiento de una educación pública que llegue a las mayorías nacionales.

Por todo ello podemos decir, como lo ha expresado Abel Rodríguez Céspedes, que hemos alcanzado un amplio consenso acerca de la importancia de la educación como factor de desarrollo económico social y cultural y como medio para mejorar la calidad de vida de la población, en particular de los grupos excluidos de la riqueza. Esta comprensión explica por qué se han venido popularizando rápidamente expresiones como “la educación un asunto de todos”, “la educación un propósito nacional”, etc. Sin embargo, todavía existe una gran distancia entre el discurso y el comportamiento práctico entre quienes tienen el poder de decisión, tanto a nivel del Estado, como de la sociedad civil5.

En resumen: es imposible alcanzar el desarrollo armónico del país y la paz, sin un compromiso serio del Estado y de sus asociados, para propiciar la redistribución de la riqueza, si no se proyecta la búsqueda del bienestar social para las mayorías nacionales, más allá de la simple satisfacción de las necesidades básicas, porque el conocimiento y la cultura deben constituirse en Colombia, no sólo en la principal herramienta para el acceso al bienestar y la competitividad, sino en el elemento clave para la formación integral de los seres humanos.

Edición 696 – Semana del 22 al 28 de agosto de 2020

1 Zweig. Stefan. El mundo insomne. Edit. Claridad. Buenos Aires. Argentina 1940. p. 33 ss.

2 Tedesco, Juan Carlos. Educación, mercado y ciudadanía. Ponencia presentada en el Segundo Foro Nacional de educación. Memorias del Foro. Ministerio de educación Nacional. Bogotá junio de 1998. p. 273.

3 Ibíd.

4 Niño Díez. Jaime. Hacia una nueva educación. Edit. UNESCO – Convenio Andrés Bello. Bogotá, 1998. p. 30.

5 Rodríguez Céspedes. Abel. La agenda educativa del país para el primer decenio del nuevo siglo. Borrador de discusión.

   
 
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