Juvenicidio: entre la precariedad,
la estigmatización y la criminalización

 

Ante la falta de una política seria de juventud de este Gobierno, y mientras se hace trizas el Acuerdo de Paz de La Habana por medio de ataques permanentes a la JEP, la Comisión de la Verdad y otras instancias que deben atender de manera integral a las víctimas del conflicto armado, entre ellas a los jóvenes, se requieren iniciativas de la sociedad civil que denuncien estos hechos, se anticipen a los riesgos de la violencia armada y denuncien lo que está aconteciendo.

 
Juan Carlos Amador
 
Profesor Universidad Distrital Francisco José de Caldas (DIE)
 
 

Durante 2020 se han producido 45 masacres en Colombia. De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, una masacre es un asesinato múltiple que se caracteriza por la indefensión de las víctimas y la barbarie de los perpetradores, quienes, en ocasiones, realizan prácticas de tortura previas al acto mortífero. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que una masacre ocurre cuando tres o más personas son asesinadas en un mismo hecho por un perpetrador. Aunque existen diversas causas que pueden explicar esta trágica situación en los ámbitos local y nacional, la cual se ha profundizado en los primeros ocho meses de este año, si se hace un repaso a algunos hechos, como los de Llano Verde, Samaniego, Tumaco, El Caracol, Venecia y Catatumbo, se puede afirmar que la mayor parte de las víctimas eran jóvenes.

Las investigaciones preliminares señalan que esta nueva ola de violencia está relacionada con conflictos emergentes entre paramilitares, guerrillas, narcotraficantes y agentes estatales. Específicamente, en algunas masacres ocurridas entre enero y junio, tales como las de Tarazá (Antioquia, 17 de enero), Cáceres (zona rural de Bajo Cauca, 12 de febrero), el Palmar (corregimiento de Leiva, Nariño, 14 de marzo) y Puerto Santander (corregimiento de Tibú, Norte de Santander), las responsabilidades han sido atribuidas a grupos heterogéneos, entre ellos, al Clan del Golfo, los Caparros, los Rastrojos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Contadores, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Guerrillas Unidas del Pacífico, Gente del Orden, el Frente Oliver Sinisterra y el Frente Estiven González. Estas investigaciones evidencian que la mayoría de las personas asesinadas en estos hechos eran jóvenes rurales que lideraban procesos relacionados con la restitución de tierras y la sustitución pacífica de cultivos para uso ilícito, aunque otros eran estudiantes, deportistas y desempleados.

Si bien algunos analistas han realizado perfiles muy completos de los grupos armados responsables de estas masacres, así como de sus operaciones militares y actividades delincuenciales en diversos territorios de la llamada Colombia profunda, han resultado particularmente impactantes algunas acciones de deshumanización ejecutadas por estos, las cuales se caracterizan por su crueldad y desproporción. A modo de ejemplo, en la masacre de Llano Verde, los cuerpos de los cinco jóvenes afrocolombianos encontrados en aquel cañaduzal, quienes tenían entre 14 y 16 años, fueron identificados con golpes y rayones en los brazos, heridas de arma blanca en el cuello y tiros de gracia en la cabeza. Por su parte, en la masacre de Samaniego (Nariño), versiones del CTI indican que, mientras los jóvenes departían en un asado, aparecieron cuatro hombres armados quienes, luego de separar al grupo, escogieron sin prisa a quienes iban a asesinar para dispararles indiscriminadamente. El relato de un sobreviviente difundido por la Revista Semana señala que los victimarios, quienes lucían prendas militares nuevas, dispararon con sevicia a corta distancia a cada uno de los elegidos. Asimismo, en la masacre de El Caracol (Arauca), en la cual fueron asesinados cinco jóvenes, al parecer de origen venezolano, fue encontrada una nota que decía “estamos asiendo (sic) limpieza con los ladrones…queremos no enlutar las sabanas, pero tenemos que exigir disciplina” (El Tiempo, 24 de agosto, 2020).

Estos ejemplos, entre otros, evidencian que la presencia de los jóvenes en estas masacres no es un asunto excepcional o accidental. Varios detalles revelan que los victimarios los declararon objetivo militar, y que las acciones de perpetración sobre sus cuerpos se constituyen en textos de terror, tal como lo afirmó hace algún tiempo María Victoria Uribe. La exposición de los cuerpos torturados y mutilados en la esfera pública hacen parte de una estrategia de control social y necropolítico para intimidar a las comunidades, ejecutar daños de tipo moral, psicológico, político y cultural en los sobrevivientes, así como quebrantar valores como el reconocimiento, la solidaridad y la gestión colectiva en los territorios. Adicionalmente, teniendo en cuenta que los asesinados eran principalmente jóvenes, se puede decir que la sociedad colombiana enfrenta en este momento un fenómeno de juvenicidio, tan grave como los feminicidios y los etnocidios padecidos históricamente, el cual requiere atención por sus efectos en la mayor parte del territorio nacional y la indolencia del Estado y de buena parte de la sociedad civil.

Tal como lo he señalado en otras columnas, y basado en las investigaciones de Muñoz (2015) y Valenzuela (2015), se puede afirmar que el juvenicidio es una situación límite, en la cual se asesina a sectores o grupos específicos de la población joven. Este escenario se complejiza a partir del señalamiento permanente de las instituciones, medios de comunicación hegemónicos y sectores de ultraderecha, los cuales asocian intencionalmente a las personas jóvenes con ámbitos privilegiados de la muerte, el narcomundo y el despliegue de la corrupción, la impunidad, la violencia y el delito (Muñoz, 2015; Valenzuela, 2015). Además de la deshumanización y el desecho de los cuerpos elegidos por los opresores, el juvenicidio ocurre en contextos de precarización económica y social, de estigmatización y criminalización de grupos, sectores o identidades juveniles desacreditadas, y de banalización del mal o fractura de marcos axiológicos. Al respecto, es importante revisar de manera panorámica la situación sociodemográfica de los jóvenes en Colombia.

De acuerdo con el Cinep, 2 de cada 10 jóvenes colombianos son jóvenes rurales. Según Educapaz, el 21 por ciento de los estudiantes rurales se desplaza entre media hora y dos horas para poder hacer tareas por Internet, mientras que el 63 por ciento, luego de la escuela, dedican tiempo a las labores económicas y familiares. Datos del Ministerio de Educación Nacional indican que solo el 39 por ciento de jóvenes accede a Educación Superior luego de culminar la educación media. Por su parte, el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas señala que hay 1.4 millones de jóvenes desempleados (cerca del 30 por ciento de la población desempleada del país), y que el 20.8 por ciento de estos ni estudian ni trabajan (29.7 por ciento entre las mujeres y 12 por ciento para los hombres). Por último, informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) plantean que más de 17.000 niños han sido utilizados para ser parte del conflicto colombiano y que el 28.9 por ciento de las mujeres jóvenes desplazadas declaran haber sido víctimas de violencia sexual.

Frente a este panorama, es posible distinguir al menos dos grandes narrativas explicativas sobre lo que está ocurriendo con los jóvenes en Colombia: la del Gobierno y la de los propios jóvenes. En relación con la primera narrativa, lo primero que resulta llamativo para la sociedad, a la vez que ofensivo para las víctimas, es el eufemismo expuesto por el presidente Iván Duque luego de su visita a Samaniego (Nariño) el pasado fin de semana: “En Colombia no hay masacres sino homicidios colectivos” (DW, 23 de agosto, 2020). Vale recordar que, en su periplo por el municipio, mientras que la población lo abucheaba y le reclamaba acciones de paz, el primer mandatario vitoreaba con el puño arriba. Esta acción se complementó con un trino publicado desde su cuenta de Twitter en la que decía “Entre 2010 y 2018, nuestro país vivió 189 homicidios colectivos, y entre 2019 y 2020, 34 hechos de esa naturaleza. Seguiremos combatiendo a disidencias…” (agosto 22, 2020). Por último, con motivo de la visita del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a Arauca, el jefe de esta cartera, en tono desafiante señaló que no acepta las críticas que se le hacen al Gobierno por estos “homicidios colectivos”, y que por esta razón se requiere avanzar en las aspersiones con glifosato, puesto que estos actos están relacionados con el negocio del narcotráfico.

La narrativa de los jóvenes sobre estos hechos es distinta. De acuerdo con el joven Diego Marín, columnista del portal El Comején, en la actualidad existe una guerra contra la juventud. Según Marín, con el Proceso de Paz de la Habana se fue consolidando una ciudadanía activa y crítica liderada por los jóvenes, lo cual se evidenció en acciones como salir a las calles luego de los resultados del plebiscito por la paz, llevar a segunda vuelta por primera vez a un candidato presidencial de corte progresista, impulsar la consulta anticorrupción, denunciar la muerte de niños reclutados por un grupo armado en el Caquetá, quienes luego fueron bombardeados por el Ejército Nacional, así como participar de manera protagónica en el paro nacional de 2019, el cual puso contra las cuerdas al Gobierno de Iván Duque. Según esta columna, en un país decente el presidente hubiera llamado a la unidad y a la movilización contra la violencia, en lugar de justificarse y responder con recompensas y eufemismos. Por último, Marín explica: “Estas nuevas generaciones se perfilan como un factor de cambio y por eso la guerra se dirige en su contra. Deben ser inoculadas con el miedo que paralizó a sus padres”.

La diferencia entre las dos narrativas es evidente. Mientras que el Gobierno mancilla la memoria de los jóvenes asesinados y la de sus familias inventando términos para minimizar la gravedad de los hechos, como “homicidios colectivos”, exponiendo cifras estadísticamente improcedentes, como comparar hechos de violencia de un periodo de ocho años con otro de dos años, así como aprovechar la crisis para impulsar su política de sustitución de cultivos con glifosato y a sangre y fuego, los jóvenes plantean el problema de otra manera. Se trata de una generación que perdió el miedo, y de un grupo social que está harto de la falta de oportunidades para estudiar y trabajar, que está dispuesto a denunciar acciones de injusticia, que tiene claro que debe movilizarse ante la situación de precariedad estructural padecida, y que sabe muy bien que es objetivo militar no solo de grupos armados ilegales, sino de un sector de la sociedad que quiere conservar sus privilegios y continuar ejerciendo políticas de estigmatización, criminalización y exterminio de jóvenes, indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres, niños, personas LGBTIQ, sindicalistas, profesores y defensores de la naturaleza.

Ante la falta de una política seria de juventud de este Gobierno, y mientras se hace trizas el Acuerdo de Paz de La Habana por medio de ataques permanentes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y otras instancias que deben atender de manera integral a las víctimas del conflicto armado, entre ellas a los jóvenes, se requiere de iniciativas de la sociedad civil que denuncien estos hechos, se anticipen de manera inteligente a los riesgos de la violencia armada y denuncien en instancias internacionales lo que está aconteciendo. Por esta razón, algunos colectivos de jóvenes, organizaciones comunitarias y grupos de investigación dedicados a temas de juventud, entre ellos el grupo al que pertenezco, Jóvenes, Culturas y Poderes, estamos buscando el fortalecimiento de la Red Internacional contra el Juvenicidio.

De acuerdo con Muñoz, el objetivo de la red es “escuchar la disforia, repensar el horror, iluminar una zona opaca de violencia y, tal vez, nombrar lo innombrable”. Por esta razón, buscamos gestionar un sistema de información que nos permita conocer lo que pasa con los jóvenes en las geografías violentadas del país, contribuir al fortalecimiento del sistema de alertas temprana de la Defensoría del Pueblo, así como denunciar en instancias internacionales lo que está ocurriendo. Hacemos un llamado a las fuerzas vivas del país y a los sectores que están comprometidos con la paz y la democracia para que nos apoyen en este compromiso ético, político y humanitario. En el transcurso de las próximas semanas difundiremos las actividades de la red por distintos medios sociales. Ojalá nos puedan acompañar.

Edición 697 – Semana del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2020
   
 
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