Convocados por las verdades,
la justicia y la reconciliación política (II)

 

En nuestra realidad política hay, sin duda, muchas más verdades en disputa. No se trata solo de la verdad oficial, de la insurgente o la paramilitar, sino de innumerables verdades de incontables víctimas, causadas precisamente por la insana pretensión de imponer una sola verdad a toda una sociedad, aniquilando violenta o simbólicamente a los portadores de otras verdades y otras identidades.

 
Hernando Llano Ángel
 
Profesor Departamento de Ciencia Jurídica y Política,
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Javeriana de Cali
 
 

Peor que Hiroshima y Nagasaki

Se atribuye a Confucio este sabio proverbio: “En todo litigio hay por lo menos tres verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad”. En nuestra realidad política hay, sin duda, muchas más verdades en disputa. No se trata solo de la verdad oficial, de la insurgente o la paramilitar, sino de innumerables verdades de incontables víctimas, causadas precisamente por la insana pretensión de imponer una sola verdad a toda una sociedad, aniquilando violenta o simbólicamente a los portadores de otras verdades y otras identidades. De allí también la validez del proverbio inglés que nos recuerda que la primera baja en toda guerra es la verdad. En efecto, todas las guerras tienen en común que niegan la humanidad del contrario y lo convierten en un monstruoso enemigo que hay que eliminar, antes de que imponga su victoria y su verdad sobre nuestra vida y libertad. Con esta lógica se estimula frecuentemente un heroísmo criminal. Tanto desde la derecha como de la izquierda. En muchas ocasiones en nombre de la Patria y elevados ideales como la libertad, la seguridad y la democracia. En otras, invocando mentiras totalitarias como supuestas supremacías raciales (nazismo), de clase (comunismo) o ideologías políticas hegemónicas (liberalismo), que incluso llevaron a Francis Fukuyama en 1989 a proclamar el “fin de la historia”. Irónicamente un politólogo norteamericano de ascendencia japonesa, cuyos antepasados conocieron el fin de sus vidas con las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Fue así como Harry S. Truman ordenó lanzarlas con la mejor buena conciencia e intención, supuestamente para evitar la prolongación de la segunda guerra mundial y poner fin a su incalculable estela de víctimas. Todavía hoy algunos celebran semejante carnicería como una proeza militar, cuando se trató de una de las más vergonzosas masacres contra civiles inermes, con cerca de 250.000 víctimas mortales. Todo ello en nombre del “mundo libre y la democracia”. Este breve recuento histórico, a propósito de los 75 años de su lanzamiento, es para poner de presente la maleable letalidad de las verdades y mentiras políticas, cuya narrativa solo develamos y comprendemos mucho tiempo después sobre millones de víctimas, cuando ya no hay forma de hacer justicia institucional y mucho menos de reparar sus vidas aniquiladas. Solo nos queda nuestra memoria y responsabilidad, parafraseando a José Saramago, para que semejantes apocalipsis no vuelvan a repetirse. Pero entre nosotros ellos se repiten cotidianamente, desde hace por lo menos 50 años, con un número incluso mayor de víctimas históricas1 que las de Hiroshima y Nagasaki, porque hemos ido perdiendo nuestra capacidad de sentir el sufrimiento de quienes no son de nuestra familia y entorno político, social o racial, negándoles el derecho a vivir dignamente. Hemos llegado al extremo de justificar, legitimar o hasta negar sus vidas, bajo expresiones como “limpieza social”, “seguridad democrática” y “falsos positivos”. También, desde la otra orilla, la semántica de la vida política ha sido pervertida, llamando retención al secuestro, ajusticiamiento al asesinato y “Ejército del Pueblo” al reclutamiento forzado de miles de menores de edad.

Llano verde, un presente de muerte sin futuro para los jóvenes

Es así como hoy, en redes sociales y versiones periodísticas, se presenta y “justifica” la matanza de cinco adolescentes en Llano Verde en Cali: Luis Fernando Montaño, Jair Andrés Cortes y Álvaro José Caicedo de 14 años, junto a Jean Paul Perlaza y Leyder Cárdenas de 15 años, estigmatizándolos como peligrosos delincuentes, supuestamente vinculados con redes de microtráfico. En lugar de decir verdades, como que Luis Fernando y Jair Andrés pertenecían a procesos sociales y educativos que acompaña el equipo territorial de la Comisión de la Verdad del Valle, pues eran miembros de familias desplazadas por el conflicto armado, como la mayoría de quienes conviven en Llano Verde. Para estos jóvenes, junto a los 185 líderes y lideresas sociales asesinados desde el 1 de enero hasta el 13 de agosto de 2020, según el preciso listado de Indepaz2, el presente fue de muerte y no existió “El futuro es de todos”, la consigna central de este gobierno. Por eso lo que hoy más precisamos para vivir el presente y tener futuro es la verdad. No más eufemismos mortales, como “El futuro es de todos”, cuando sabemos que la violencia ubicua de grupos armados ilegales está matando a cientos de líderes y lideresas, sin que se capture y procese a los autores intelectuales o determinadores detrás de ello. Sin poner fin a tanto desangre, el presente es de muerte y el futuro de impunidad. Ni hablar del eufemismo de “Paz con legalidad”, cuando están siendo asesinados quienes abandonaron las armas para convivir en paz, en un número que ya el 30 de julio de este año llegaba a los 2223 desde la firma del Acuerdo de Paz. Además, qué sentido tiene afirmar que “El futuro es de todos”, cuando el Coronavirus cada día cobra más vidas4 y nos recuerda que lo único seguro que tenemos es la muerte. Cuando sabemos que la forma más eficaz de conservar nuestras vidas y la de los demás no depende tanto del gobierno y su futurista consigna, como de ser plenamente responsables con el cuidado de nuestra salud, usando siempre la mascarilla y siendo compulsivamente escrupulosos con el lavado de nuestras manos. Pero, sobre todo, solo tendremos presente y futuro político cuando seamos más escrupulosos con nuestra conciencia y memoria ciudadana que con nuestras propias manos.

Conciencia y memoria ciudadana

Conciencia y memoria que necesitamos, incluso más que la mascarilla y el jabón, para no confundir la responsabilidad política con la culpabilidad penal. Mientras la primera es de carácter público y tiene que ver con las decisiones que nos afectan a todos, la segunda es de carácter exclusivamente personal y afecta solo a quien es exonerado o vencido en juicio por delitos cometidos y legalmente probados. En una democracia todos los ciudadanos, de alguna manera, son responsables. Tanto cuando eligen gobernantes competentes y honestos como ineptos y corruptos. Con mayor razón, cuando no votan. Ya lo advertía Edmund Burke, con la ironía propia de un irlandés: “Los gobernantes corruptos son elegidos por ciudadanos honestos que no votan”. Quizá por ello en nuestro Congreso existe tan poco interés en promover el voto obligatorio, pues mientras menos electores haya más barato y fácil será comprar votos, bien en efectivo, con prebendas, contratos o favores clientelistas. De esta forma se ha venido consolidando entre nosotros un régimen cleptocrático y corrupto que poco o nada tiene que ver con una democracia, pues quienes legislan y gobiernan no lo hacen siempre legalmente y menos en función del interés público, sino con frecuencia ilegalmente y en favor de sus propios intereses, clientelas y financiadores, sean estos legales (Odebrecht) o ilegales (mafia, ayer proceso 8.000, hoy Ñeñe Hernández). Ese es el régimen al que se refería Álvaro Gómez Hurtado, cuando señalaba que el asunto no eran tumbar a Samper sino a ese régimen sustentando en complicidades, que hoy parece estar más extendido e inexpugnable que antes. Tal paradoja se explica, en parte, porque ese régimen siempre ha favorecido a minorías poderosas. En palabras de Gaitán, otra víctima de ese régimen oligárquico: éste favorecía al “país político” contra el “país nacional”. A esa minoría de banqueros, latifundistas, comerciantes, empresarios y emprendedores ilegales, contra la mayoría de colombianos que, incautamente o por miedo, sin conciencia y sin memoria, todavía elige a los mismos con las mismas. De allí que sea mucho más grave y peligrosa la falta de responsabilidad política ciudadana que la culpabilidad o inocencia de un gobernante. Especialmente en nuestra historia, donde abundan los políticos que, como escribió Nietzsche, “dividen a las personas en dos grupos: en primer lugar, instrumentos; en segundo lugar, enemigos”. En nuestro caso, sería más preciso decir entre cómplices y enemigos.

Más grave la impunidad política que la penal

Por eso lo verdaderamente desconcertante y abismal entre nosotros, no es tanto que alguien pretenda estar por encima de la ley, sino más bien que logre situarse por encima de la conciencia moral y de aquello que cualquier ser humano considera justo o injusto, tolerable o intolerable. Incluso que sea respaldado y vitoreado por millones de personas, convirtiéndolo en una especie de ídolo salvador, intocable, porque defendió sus derechos e intereses por encima de todo, sin límite legal alguno, o vengó las ofensas y crímenes de sus victimarios. Esto es lo que parece acontecer con los partidarios de Uribe y también con algunos dirigentes del partido Farc que tratan de evadir en la JEP sus plenas responsabilidades por los crímenes cometidos. En ambos casos, están haciendo trizas la paz, pues ésta solo será estable y duradera cuando se forje sobre la verdad que dignifica y repara a todas las víctimas, sean de derecha o izquierda, oficiales o insurgentes, y ponga fin a la repetición de más mentiras e ignominias que pretenden legitimar y justificar lo inadmisible. Sobre la verdad, más que sobre condenas draconianas o irredimibles, porque no hay penas para reparar lo irreparable: las desapariciones forzadas, los asesinatos, los falsos positivos y, en general, crímenes de guerra como el reclutamiento forzado de menores, las violaciones sexuales y los delitos sistemáticos contra la población civil como el secuestro. De allí que la justicia transicional termine siendo más lúcida y menos ciega que la ordinaria, pues no se agota en las condenas, sino que se empeña en el descubrimiento de todas las verdades, en el pleno reconocimiento de ellas por parte de todos los responsables de tantos crímenes atroces y en evitar su repetición como la más valiosa forma de reparación. Esa justicia suele depender más de la memoria y la conciencia de los ciudadanos, que de las penas o exoneraciones de los jueces y los tribunales. De nosotros depende si continuamos o no eligiendo y legitimando como gobernantes y representantes a responsables políticos de miles de crímenes, por su acción u omisión, así sean exonerados por la justicia ordinaria o la transicional. Quizá, entonces, tengamos una forma de justicia ciudadana superior a la judicial. Aquella que condena al ostracismo y expulsa de la política a todos los responsables de crímenes de guerra, sean institucionales o insurgentes. Pero esta justicia parece ir en contra del principio de realidad, pues ninguno de estos actores protagónicos acepta vivir fuera del escenario político y son renuentes a reconocer plenamente sus crímenes que, cuando más, llaman errores y no horrores, como en efecto lo son para todas sus víctimas, familiares sobrevivientes y la sociedad. Para una sociedad democrática, una valiosa contribución que podrían hacer Álvaro Uribe y Rodrigo Londoño sería que ambos comparecieran a la Comisión de la Verdad y reconocieran todas sus responsabilidades en la degradación de nuestro conflicto armado interno. Luego se retirarán al campo y aceptaran que su combate y cosecha de odio ya terminó. Que sus banderas de “seguridad democrática” y “justicia social” terminaron demasiado ensangrentadas y son una ofensa para millones de víctimas que las sigan enarbolando. Pero como no lo van a hacer, nos queda a los ciudadanos la posibilidad de expresar nuestro veredicto en las próximas elecciones, con plena conciencia y buena memoria de sus ejecutorias y enormes responsabilidades en el dolor y el sufrimiento de millones de víctimas.

Edición 697 – Semana del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2020

1 Según el Centro Nacional de Memoria Histórica el número de víctimas mortales por el conflicto armado interno sobrepasa las 220.000 y a ellas hay que sumar al menos 80.000 desaparecidos: Bases de datos ¡Basta ya! Centro de Memoria Histórica.

   
 
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