Colombia: La “democracia”
asesina más estable de América Latina

 

El reto para reconstruir esta sociedad en clave de democraciaEsta “democracia” ha matado más personas por motivos políticos, que todas las dictaduras del cono sur juntas.Esta “democracia” ha matado más personas por motivos políticos, que todas las dictaduras del cono sur juntas. no puede desconocer la importancia del fortalecimiento institucional, pero no basta con las formas, también se debe pensar qué es lo que se debe cambiar de fondo, si no, se corre el enorme riesgo de lo que se denomina el gatopardismo, que todo cambie en apariencia, para que todo siga igual.

 
Adelaida Jaramillo
 
Politóloga
 
 

Una constante en los debates sobre la caracterización del régimen político colombiano es su definición como un régimen autoritario con formas democráticas, o una democracia restringida con graves rasgos autoritarios. Más allá de las nominaciones hay una evidencia empírica que es irrefutable, y es que en el país conviven prácticas formales democráticas como la realización periódica e ininterrumpida de elecciones, la existencia de sistemas de pesos y contrapesos institucionales, garantías para la existencia de la oposición, y cierta libertad de prensa, junto con un proceso permanente, sistemático y masivo de asesinato de personas por pertenecer a partidos políticos de izquierda, movimientos sociales, periodistas críticos, o defensores de derechos humanos. En términos cuantitativos, esta “democracia” ha matado más personas por motivos políticos, que todas las dictaduras del cono sur juntas.

Lo grave de esta conducta es que una buena parte de ella tiene como responsables a agentes estatales o a grupos paramilitares y criminales que actúan en concertación con ellos. Por eso es cuestionable el atributo de democrático al régimen político, no es un problema de una institucionalidad débil sometida al arbitrio de los poderes armados, es más una institucionalidad corrupta, aliada con criminales, para instaurar un orden corporativo en la sociedad. Y no sólo de integrantes de la fuerza pública, es una densa trama de favorecimiento institucional a las alianzas entre políticos, elites y mafias del narcotráfico; que son los sectores que detentan el poder actualmente en el país.

Las otras dos dimensiones preocupantes de esta situación son, de un lado, la ineficacia de la institucionalidad por fuera del ejecutivo para contener la barbarie. Ni sectores de oposición del parlamento colombiano, ni de las administraciones locales, ni del ministerio público ni de la rama judicial, parecen tener posibilidades reales de afectar estas conductas. Se quedan en los pronunciamientos, los llamados, las invitaciones, pero sin poder real para generar nada significativo. La iniciativa y decisión está en manos de los sectores en el poder, que no solo desafían cualquier control, sino que hacen un uso ostentoso de su dominio, en medio de la mayor impunidad.

Por otro lado, la sociedad colombiana se ha acostumbrado a esta barbarie. Entre la resignación y la seducción autoritaria, una parte muy significativa de la sociedad respalda y legitima la violencia institucional. Y claro, también por momentos, sucumbe ante el encanto de los disturbios vengadores. Una sociedad que ha vivido durante décadas ciclos sucesivos de violencia degrada y generalizada, que ha visto en la inmensa mayoría de medios de comunicación masiva la repetición sistemática de la construcción de la imagen de un enemigo subversivo, comunista, castrochavista, terrorista, animal, y que excusa y atenúa la violencia institucional, difícilmente puede estar inmune al contagio del virus autoritario.

El reto para reconstruir esta sociedad en clave de democracia no puede desconocer la importancia del fortalecimiento institucional, pero no basta con las formas, también se debe pensar qué es lo que se debe cambiar de fondo, si no, se corre el enorme riesgo de lo que se denomina el gatopardismo, que todo cambie en apariencia, para que todo siga igual.

Edición 699 – Semana del 12 al 18 de septiembre de 2020
   
 
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