9S: la noche de la furia

 

Es indispensable que la opinión pública conozca quiénes son los responsables de los asesinatos de las 13 personas que fallecieron en los hechos del 9 y 10 de septiembre, así como los nombres de quienes dieron la orden de disparar. De lo contrario, como gesto de respeto a la sociedad y al Estado de Derecho, el Gobierno de Iván Duque debe exigir la renuncia inmediata del ministro de Defensa y del comandante de la Policía.

 
Juan Carlos Amador
 
Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (DIE)
 
 

“Por favor, por favor, ya, ya, no más, me ahogo” fueron las palabras que repitió insistentemente Javier Ordoñez a la madrugada del pasado 9 de septiembre, durante un periodo de cerca de 5 minutos, en el cual dos policías del cuadrante del barrio Villa Luz de Bogotá descargaron repetidamente choques eléctricos con pistolas taser sobre su humanidad, lo golpearon en el cuerpo y ejercieron técnicas de inmovilización presionando su espalda y cuello. Ante el evidente hecho de tortura en pleno espacio público, un amigo de Ordoñez, llamado Juan David Uribe, decidió grabar en video los hechos mientras reclamaba con rabia: “hace rato dijo que por favor y está quieto, no lo agredan más, los estamos grabando”. El escándalo hizo que varios vecinos salieran a las ventanas y se sumaran al clamor por la vida de Ordoñez, pues era evidente que sufría y luchaba por mantenerse consciente. Luego de tres minutos, apareció otro policía, quien decidió interrumpir el acto de tortura y procedió a levantar a Ordoñez del suelo con el fin de llevarlo a una patrulla que también apareció en ese momento. Al tiempo, mientras un vecino también grababa lo que estaba ocurriendo, un policía le quitó el celular, lo golpeó y lo capturó. Los dos hombres fueron llevados al CAI de Villa Luz. Horas después, Ordoñez fue conducido a la clínica Santa María del Lago, a donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con El Espectador, las primeras investigaciones indican que el hombre de 45 años murió a causa de un golpe en la cabeza con objeto contundente. Los golpes, al parecer, fueron propinados tanto en la patrulla como en el CAI.

El mismo día, como consecuencia de la divulgación masiva del video y la noticia, creció la indignación y muchas personas y organizaciones promovieron movilizaciones ante este hecho de brutalidad policial. Rápidamente, muchos internautas, políticos de oposición y medios de comunicación alternativos recordaron hechos recientes con modus operandi similares, por ejemplo, el asesinato de Dilan Cruz el 25 de noviembre de 2019 por parte del capitán del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) Manuel Cubillos, quien le disparó a la cabeza con una recalzada, un proyectil de fabricación artesanal, en el marco de las protestas del paro nacional. También fue recordado el asesinato de Anderson Arboleda en Puerto Tejada (Cauca) el pasado 19 de mayo, quien fue víctima de una brutal golpiza por parte de un policía, quien empleó su bolillo de dotación mientras le decía que no podía salir a la calle sin tapabocas. Además de estos casos, muchos recordaron que, durante 2020, y en pleno confinamiento, el país ha pasado por 53 masacres, las cuales, según el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, son consecuencia de “las inconsistencias” del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las antiguas Farc.

Por otro lado, a lo largo de la jornada, y mientras los ánimos se exacerbaban, el presidente Iván Duque, en una de sus desatinadas declaraciones, afirmó que los colombianos no podemos tener tolerancia con los abusos de miembros de la fuerza pública, que los integrantes de la Policía han sido históricamente gallardos, entregados y patriotas, y que los ciudadanos los quieren y admiran. Sin aludir al nombre de la víctima y sin presentar gesto alguno de compasión hacia su familia, el obediente representante de la extrema derecha hoy convertido en presidente cerró su intervención diciendo: “hemos visto la actitud gallarda y férrea no solamente de los comandantes de la Policía sino también del señor ministro de la Defensa y de toda la institucionalidad para que se hagan las investigaciones y para que se apliquen las normas como tienen que ser”. Como complemento, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que los dos agentes de la Policía son objeto de investigación disciplinaria y penal, y que la institucionalidad prestará “colaboración” para que la autoridad competente actúe. Por último, la alcaldesa, Claudia López, sostuvo que se prestará asistencia psicosocial y judicial a las víctimas, así como las acciones institucionales necesarias para que haya una reforma estructural en la Policía con el fin de prevenir y sancionar los abusos.

Hacia las horas de la tarde, luego de que la familia de Ordoñez citara a los vecinos en el CAI de Villa Luz para realizar un acto de vigilia, progresivamente fueron haciendo presencia en el lugar centenares de personas para protestar por lo ocurrido. Poco a poco, la protesta se volvió más agresiva y varios asistentes empezaron a atacar las instalaciones del CAI, así como algunos vehículos oficiales. Esto hizo que el Esmad se presentara en el sector y se iniciara un fuerte enfrentamiento entre las partes. Mientras que esto ocurría, se desataron hechos similares frente a los CAI de El Codito (Usaquén), la Soledad (Teusaquillo), la Gaitana (Suba), Castilla, Tintal y Ciudad Roma (Kennedy) y Ciudad Berna (Antonio Nariño), así como en lugares públicos de las localidades de Usme y Bosa. Asimismo, fueron quemados buses del servicio de Transmilenio y del SITP y se saquearon algunos establecimientos comerciales. Gracias a la transmisión de videos realizados en tiempo real por medio de redes sociales, muchas personas observaron cómo, en medio del caos, policías de las localidades afectadas y personal de la Fuerza Disponible utilizaron indiscriminadamente sus armas de dotación en contra de los civiles. Incluso, se conoció un video en el que un grupo de policías, luego de haber disparado contra la humanidad de un joven, arrastran el cadáver en el asfalto y luego lo abandonan. El resultado de esta trágica noche fue la muerte de diez civiles, todos con impactos de bala, así como 140 personas heridas, entre ellas, civiles y policías.

Al otro día, el ministro Holmes Trujillo sostuvo que los hechos de violencia del 9 de septiembre son actos vandálicos organizados, que no obedecen a situaciones espontaneas de ciudadanos y que no representan ningún tipo de inconformidad. En tono desafiante y camorrero, el jefe de la cartera de Defensa señaló que los desmanes vividos en Bogotá y otras ciudades hacen parte de una estrategia internacional de desestabilización de la democracia. Por esta razón, ofreció una recompensa de $50 millones con el fin de dar con el paradero y la identificación de los responsables. Además de señalar a políticos de oposición como promotores de estos hechos de violencia, Trujillo aseguró que la organización internacional que está detrás de estos hechos está relacionada con el acrónimo ACAB, el cual apareció en varios grafitis. Por último, afirmó que el centro cibernético de la Policía ha identificado perfiles de personas y grupos, quienes, por medio de redes sociales, incitaron a la violencia, los cuales están ampliamente relacionados con lo ocurrido en noviembre de 2019. Estas declaraciones contrastaron con la posición de la alcaldesa, Claudia López, quien luego de un consejo de seguridad señaló que es necesario hacer una reestructuración de la Policía, especialmente si se tiene en cuenta que mientras que su administración tiene un reporte de 137 casos de abuso policial en 2020, esta institución solo tiene datos de 30 casos que se encuentran “en investigación”. La noche del 10 de septiembre se repitieron las protestas y hubo 3 personas fallecidas adicionales, así como varios heridos.

El anterior panorama puede ser analizado desde tres puntos de vista: la respuesta de la ciudadanía ante estos hechos; el carácter indolente, desafiante y errático del Gobierno Nacional; y la necesidad de recuperar el carácter civil de la Policía. En relación con el primer aspecto, se puede señalar que el asesinato de Javier Ordoñez a manos de la Policía fue el hecho que despertó la furia de miles de personas en Colombia, especialmente jóvenes, quienes han sido víctimas de abusos sistemáticos por parte de integrantes de esta entidad del Estado no solo en lo que refiere a la violencia desmedida que suelen ejercer ante las protestas, sino también por los robos, las extorsiones, los secuestros y los asesinatos de los que han hecho parte. Existen evidencias empíricas que involucran a muchos miembros de la Policía (no a unas cuantas manzanas podridas como suelen decir) con bandas criminales, narcotraficantes, paramilitares y trata de personas. De hecho, muchas personas del común en los barrios de las ciudades y en las zonas rurales les tienen miedo porque en lugar de proteger a la ciudadanía agreden, roban y asesinan.

Por otra parte, se puede afirmar que los hechos del 9 y 10 de septiembre también son el síntoma del inconformismo y el hartazgo de muchos jóvenes frente a una clase política indolente, cínica y criminal que no garantiza oportunidades para que estos puedan estudiar o trabajar de manera digna, que les niega la matrícula Cero para que muchos pueden continuar con sus estudios universitarios en un momento de crisis económica tan grave como el actual, que niega una renta básica a sus familias mientras se recaudan billones de pesos por medio de decretos inconstitucionales, y que además los convierten en objetivo militar por medio de estrategias de estigmatización, racialización y criminalización, tal como ocurrió recientemente con los jóvenes de Llano Verde en Cali y los jóvenes de Samaniego en Nariño. Por su parte, los ataques a las instalaciones de los CAI son simbólicamente especiales, pues es sabido que en algunos de estos sitios han sido torturadas y hasta violadas personas con la connivencia de altos mandos.

En relación con la posición del Gobierno Nacional, se puede señalar que ya no resulta extraño evidenciar la torpeza y frivolidad de este presidente, quien, en medio del problema, lo primero que se le ocurre es felicitar a la Policía y asegurar que la ciudadanía admira a esta caterva de maleantes. Por otro lado, aunque ya se conoce la narrativa del Uribismo en torno a las expresiones de oposición e inconformidad a su doctrina, es muy llamativa la hipótesis del ministro Trujillo sobre la supuesta organización internacional que, en cuestión de horas, hizo posible que el 9 de septiembre miles de personas en Bogotá se organizaran y salieran a protestar. De acuerdo con un tweet de la senadora María Fernanda Cabal, existen milicias urbanas de ACAB que reclutan personas para odiar y destruir. No obstante, para información de estos energúmenos representantes del partido de Gobierno, es importante decir que este acrónimo significa “All Cops Are Bastards” (“Todos los policías son bastardos”), el cual surgió en Reino Unido desde la década de 1970, especialmente tras las acciones contraculturales del movimiento punk. Aunque ha tenido diversas apropiaciones en varios países, hechos desarrollados en 2011, como las revueltas árabes, el movimiento Occupy Wall Street y el llamado M-15 en España, así como las protestas por el asesinato de George Floyd en 2020, lo vienen usando de distintas maneras tanto en las redes sociales como en las calles. En consecuencia, la narrativa internacionalista y Castro-chavista no funciona en este caso.

Por último, es claro que existe un problema estructural en la Policía relacionado con su teleología. En el caso de Colombia, según la norma, se trata de un ente autónomo que se reforma y se controla a sí mismo, y que, al depender del Ministerio de Defensa, se asume como una fuerza militar que encuentra en la protesta social, los derechos humanos y la diferencia una especie de amenaza subversiva. Este problema tiene que ver con su tránsito de un cuerpo civil a un cuerpo militar en la defensa del Estado, como consecuencia de la prolongación y degradación del conflicto armado. Aunque hay quienes defienden esta figura, dado que la Policía ha apoyado acciones de defensa del Estado en contra de grupos insurgentes, lo cierto es que este grado de insubordinación al poder civil hace que muchos de sus integrantes desprecien los principios del Estado de Derecho y abusen del monopolio de las armas. De manera análoga, tal como lo explican Fals, Umaña y Guzmán en el libro La Violencia en Colombia, la policía política en la Violencia de la década de 1950, también llamada Chulavita, salió a las calles a masacrar a personas indefensas porque supuestamente eran “enemigos del Gobierno”.

Al cerrar esta columna, los medios dieron a conocer que el comandante de la Policía Nacional, General Gustavo Moreno, y el Ministro de Defensa pidieron perdón a la familia de Javier Ordoñez y a la sociedad por los hechos ocurridos. También aseguraron que se están adelantando las investigaciones a siete policías y que se están analizando las responsabilidades de la línea de mando. Este gesto es un paso importante hacia la reconciliación y la construcción de un pacto por la paz, a propósito de estos lamentables sucesos. Sin embargo, es importante que el Gobierno Nacional se comprometa en dos asuntos fundamentales. Por un lado, en hacer una reestructuración a fondo de la Policía, empezando por su reconfiguración como fuerza civil al servicio de la sociedad y garante de los derechos humanos. Por otro lado, es indispensable que la opinión pública conozca quiénes son los responsables de los asesinatos de las 13 personas que fallecieron en los hechos del 9 y 10 de septiembre, así como los nombres de quienes dieron la orden de disparar. De lo contrario, como gesto de respeto a la sociedad y al Estado de Derecho, el Gobierno de Iván Duque debe exigir la renuncia inmediata del ministro de Defensa y del comandante de la Policía.

Edición 699 – Semana del 12 al 18 de septiembre de 2020
   
 
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