Javier Ordóñez: un crimen oficial

 

El crimen de Javier Ordóñez no solo es responsabilidad de los dos uniformados electrocutadores, sino del Estado en su conjunto, pero en particular, del actual gobierno de Iván Duque, quien, como Uribe, sigue sobrevalorando a las instituciones armadas y por esa vía, minimizando los abusos en los que incurren los uniformados.

 
Germán Ayala Osorio
 
Comunicador social-periodista y politólogo
 
 

Los desafueros, las acciones temerarias y el uso excesivo, doloso y criminal de miembros de la Policía Nacional se volvieron paisaje. Y es así, por las nulas acciones emprendidas por la propia dirección de la Policía Nacional y del propio Ejecutivo, para modificar la formación de los policiales, que actúan más como enemigos de la ciudadanía, que como sus guardianes y protectores.

El crimen de Javier Ordóñez a manos de policiales que lo sujetaron, inmovilizaron y electrocutaron con un taser, es hoy el hecho que tiene a la institución armada en el ojo del huracán. En redes sociales los epítetos no se hicieron esperar, en rechazo a la manera violenta con la que reaccionaron los dos policías que ultrajaron a Ordóñez, hasta matarlo: sicarios, asesinos, matones, bandidos y bestias son algunos de los calificativos que en las redes sociales recibieron los dos uniformados.

En el comportamiento de los dos agentes o patrulleros confluyen varios asuntos o elementos que hacen parte de nuestra realidad socio-política. El primero de estos elementos está atado al excesivo reconocimiento que el gobierno y una parte importante de la sociedad le viene otorgando a las Fuerzas Armadas. Al ser ese reconocimiento descomunal, el proceder violento y criminal de los uniformados termina siendo validado por el propio Gobierno de Iván Duque, que en lugar de condenar el actuar de los dos policías, elogia las actitudes asumidas por los comandantes de esa fuerza y la del propio ministro de la Defensa, por haber salido al paso a lo sucedido, para plantear lo de siempre: una exhaustiva investigación y un rechazo institucional a las acciones individuales de las “eternas manzanas podridas”.

En su cuenta de twitter, el ungido de Uribe Vélez señaló: “Los miembros de nuestra Fuerza Pública son patriotas abnegados y de respeto a los ciudadanos. Pero debemos tener cero tolerancias con quienes deshonran el uniforme y abusan. Con los últimos hechos, debe haber investigaciones rápidas y que se apliquen las normas como tiene que ser”.

Nótese, en primer lugar, que Duque Márquez evita reconocer a la víctima, es decir, a Javier Ordóñez. Al obviar su nombre, intenta minimizar el impacto social y político del crimen. Además, antes de hace referencia al hecho, califica a los uniformados, incluyendo a los dos policiales comprometidos en el fatal desenlace del operativo, como “patriotas abnegados”. El acto de habla de Iván Duque no solo deviene jerarquizado, primero los uniformados y después los ciudadanos, sino altamente minimizante, pues optó por no precisar a qué hechos se refiere y por negar la identidad y la condición de ser humano al abogado víctima de dos policiales orgánicos de la Policía de Bogotá.

El segundo elemento tiene que ver con el origen socio cultural y la formación de los policiales. No es un secreto que hacer parte de la Policía, en particular en los rangos inferiores, es la única opción que tienen cientos de miles de colombianos que no pueden acceder a la Universidad. Eso sí, hay que decir que también hay un número importante de ese grupo de ciudadanos que visualizan en el porte de ese uniforme, la oportunidad para sacar a flote sus propias frustraciones, el macho violento y opresor y en general, una débil o nula estructura ética y moral.

Y un tercer y último elemento que aparece es la soterrada complacencia que al interior de la Policía hay alrededor de este tipo de operativos. Es decir, puede haber dentro de la línea de mando una especie de “código legitimador” de este tipo de excesos. Y es posible que así sea, a juzgar por la inexistencia de un proceso de reorientación misional de la Policía Nacional. Y una primera acción-decisión a tomar debería ser, sacar a esa institución del Ministerio de la Defensa, para que sea de exclusivo manejo del Ministerio del Interior. Así entonces, el crimen de Javier Ordóñez no solo es responsabilidad de los dos uniformados electrocutadores, sino del Estado en su conjunto, pero en particular, del actual gobierno de Iván Duque, quien, como Uribe, sigue sobrevalorando a las instituciones armadas y por esa vía, minimizando los abusos en los que incurren los uniformados.

Y las consecuencias son claras: se desprestigia la Policía, pierde legitimidad y coadyuva al malestar social que genera la presencia en la calle de los Policías. Están pasando de ser “abnegados patriotas”, a matones con uniforme.

Adenda: al pasar el caso de Dilán Cruz, asesinado por un oficial de la Policía Nacional, a la Justicia Penal Militar (JPM), se podría estar garantizando impunidad. Si, por el contrario, el oficial es condenado, esa decisión podría terminar generando malestar entre la Policía y los jueces militares. En cualquier sentido, el caso de Cruz debió asumirlo la justicia ordinaria y la propia Policía Nacional, institución que parece interesada en echar en el olvido el crimen del estudiante.

Edición 699 – Semana del 12 al 18 de septiembre de 2020
   
 
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